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¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

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Informe especial del Defensor del Pueblo al Parlamento Europeo elaborado tras el proyecto de recomendación al Consejo de la Unión Europea sobre la reclamación 1487/2005/GAG

(realizado de conformidad con el artículo 3, apartado 7, del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo [1])

Introducción

El Defensor del Pueblo considera que el presente asunto versa sobre dos importantes cuestiones de principio, a saber, (1) la cuestión de las lenguas que deben utilizarse en las presentaciones en Internet de la Presidencia de la UE y (2) la cuestión de si se puede considerar al Consejo responsable de los sitios web de su Presidencia. En vista de la importancia de la función desempeñada por la Presidencia, el Defensor del Pueblo considera que es importante garantizar que la información publicada en su sitio web sea accesible al mayor número posible de ciudadanos. Idealmente, esta información debería publicarse en todas las lenguas oficiales de la Comunidad. Sin embargo, si ha de limitarse el número de lenguas para la presentación de los sitios web de la Presidencia, la elección de las que vayan a usarse debe basarse en consideraciones objetivas y razonables. Dado que el Consejo se ha negado hasta ahora a evaluar la cuestión en absoluto, el Defensor del Pueblo no está en condiciones de determinar si la elección realizada por las Presidencias cumple tales condiciones. El Defensor del Pueblo considera, pues, que la cuestión debe someterse al Parlamento Europeo.

Se antoja conveniente señalar que, tras el proyecto de recomendación que el Defensor del Pueblo elaboró a propósito del presente asunto, varios diputados al Parlamento Europeo italianos y uno español preguntaron al Defensor del Pueblo por qué su proyecto de recomendación sólo se refería al alemán y no a otras lenguas comunitarias. En su respuesta, el Defensor del Pueblo señaló que el caso del demandante sólo se refería a la cuestión de si las presentaciones en Internet de la Presidencia deberían ofrecerse en alemán. El Defensor del Pueblo explicó que, por lo tanto, no hubo de abordar la cuestión de si otras o todas las lenguas oficiales de la UE deberían utilizarse asimismo para ese fin.

Con el fin de evitar la posibilidad de que se produjera un malentendido, el Defensor del Pueblo se dirigió también a la Presidencia el 8 de junio de 2006. En dicha carta, el Defensor del Pueblo explicó que, a su juicio, la mejor respuesta posible al proyecto de recomendación consistiría en que el Consejo decidiera ofrecer los sitios web de la Presidencia en todas las lenguas.

La reclamación

El siguiente resumen se limitará a la cuestión fundamental planteada por el demandante. Es posible obtener datos adicionales e información sobre los antecedentes en el proyecto de recomendación elaborado por el Defensor del Pueblo Europeo sobre este asunto [2].

En el curso de 2004, el demandante (una asociación para la defensa de la lengua alemana) escribió a los gobiernos neerlandés y luxemburgués para solicitarles que ofrecieran las presentaciones en Internet que publicaran durante el ejercicio de la Presidencia no sólo en inglés y francés sino, asimismo, en alemán. El demandante señaló que había más ciudadanos de la UE tenían el alemán como lengua materna que cualquier otra lengua comunitaria y que, tras la adhesión de los nuevos Estados miembros, el alemán se situaría en segundo lugar, si se considera el número de ciudadanos de la UE que hablan un idioma como lengua materna o como lengua extranjera. Hizo hincapié en que, junto al inglés, el alemán era, pues, la lengua que más ciudadanos de la UE comprendían. El demandante afirmó además que las comunicaciones de las instituciones de la UE que se dirigen principalmente a la ciudadanía deben ser accesibles al mayor número posible de ciudadanos de la UE. De limitarse el número de lenguas utilizadas, la elección correspondiente, en opinión del demandante, debe basarse en el peso demográfico de tales lenguas. Por ende, el demandante consideró que no era comprensible que la Presidencia soliera utilizar únicamente el inglés y el francés, además de la lengua del país en cuestión, para sus presentaciones en Internet. En opinión del demandante, su reivindicación del uso del alemán se sustentaba asimismo en la necesidad de legitimación democrática de la UE.

Tanto el Gobierno neerlandés como el luxemburgués rechazaron la petición del demandante.

El 22 de enero de 2005, el demandante escribió al Consejo para solicitarle que garantizara que las presentaciones en Internet de la Presidencia estuvieran disponibles en alemán.

En su respuesta, de 4 de marzo de 2005, el Consejo confirmó que, funcionalmente, la Presidencia formaba parte del mismo. Indicó, sin embargo, que ello no significaba que el sitio web de la Presidencia estuviera sujeto a las mismas condiciones que el del Consejo. El Estado miembro que ejerciera la Presidencia sería el único responsable de la información publicada en su sitio web. Según el Consejo, los sitios web de la Presidencia sólo complementan la información que las instituciones comunitarias ponen a disposición de los ciudadanos en todas las lenguas oficiales. En este contexto, el Consejo se refirió a su propio sitio web y a la serie documentos disponibles en el mismo. También se refirió al Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión[3]("Reglamento (CE) nº 1049/2001") y a las posibilidades que aquél ofrecía.

El Consejo tomó nota de que el Defensor del Pueblo ya había tenido ocasión de abordar el tema de las prácticas lingüísticas de la Presidencia y de la Comisión. El asunto 939/99/ME versaba sobre el hecho de que el calendario de la Comisión incluido en el sitio web "Europa" sólo estuviera disponible en francés. La Comisión había alegado que este documento estaba destinado exclusivamente a la prensa. En su decisión de 14 de junio de 2000, el Defensor del Pueblo expresó la siguiente opinión: "El Defensor del Pueblo señala que en la Unión Europea hay 11 lenguas oficiales y 12 lenguas del Tratado. Ciertos documentos, por lo tanto, deben elaborarse en todos los idiomas. Sin embargo, la Comisión no está obligada a presentar todos los documentos en varias lenguas cuando ello no parece necesario para el fin del documento. El Defensor del Pueblo no tiene conocimiento de que las disposiciones del Derecho comunitario sobre el uso de las lenguas puedan impedir a una institución o un organismo comunitario la publicación en un sitio web de documentos en el idioma en que estén redactados. Si bien es esencial que la Comisión informe a los ciudadanos de su labor en todos los idiomas, la práctica de la Comisión en el presente asunto no ha revelado ningún incumplimiento de las obligaciones que incumben a la institución.

En 2001, un ciudadano italiano denunció que el contenido de la presentación en Internet de la Presidencia belga sólo se ofreciera en neerlandés, inglés, francés y alemán (asunto 1146/2001/IP). En su decisión de 10 de septiembre de 2002, el Defensor del Pueblo consideró que, en la medida de lo posible, las instituciones y los organismos de la Unión deben proporcionar información a los ciudadanos en su propia lengua. Añadió, sin embargo, que no tenía conocimiento de ninguna norma o principio que les prohibiera publicar información en sus sitios web en menos lenguas de las que componen el número total de lenguas oficiales.

El Consejo indicó que el marco jurídico correspondiente no había cambiado desde el momento en que se adoptaron estas decisiones, pero que el número de lenguas oficiales se había incrementado a 21, lo que suponía un aumento de los problemas de índole logística relativos al régimen lingüístico. Añadió que tanto la propia institución como las respectivas Presidencias estaban haciendo cuanto estaba en su mano para garantizar que los ciudadanos recibieran cuanta información y en cuantos idiomas fuera posible. El Consejo subrayó, sin embargo, que no ejercía influencia alguna en la elección de las lenguas en las que la Presidencia ofreciera su propia información.

El 1 de abril de 2005, el demandante presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo. El demandante alegó que la incapacidad del Consejo de garantizar que las presentaciones en Internet de la Presidencia se ofrecieran en alemán constituía un caso de mala administración. Afirmó que el Consejo debería velar por que las presentaciones en Internet de la Presidencia se ofrecieran, en lo sucesivo, en alemán.

La investigación

Informe del Consejo

En su informe, el Consejo formuló las siguientes observaciones:

El artículo 203 del Tratado CE establece que "[l]a presidencia se ejercerá por rotación por cada Estado miembro en el Consejo durante un período de seis meses según un orden que determinará el Consejo por unanimidad" (énfasis añadido).

El sitio web de la Presidencia lo organizó y gestionó el ministerio competente del Estado miembro en cuestión. Ello quedaba claro en los propios sitios web. El objeto de éstos no consistía en sustituir al sitio web y al registro de documentos del Consejo sino en complementarlos. Facilitaban información práctica sobre las actividades propias de cada Presidencia, como, por ejemplo, reuniones informales, actos culturales y otras actividades e iniciativas de la Presidencia.

Es cierto que los documentos de la Presidencia se consideraban documentos del Consejo a efectos de la aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/2001. Tal circunstancia, sin embargo, era completamente independiente y no implicaba, en modo alguno, que el sitio web de la Presidencia se hallara bajo el control del Consejo.

El demandante alegó que ninguna disposición del Reglamento del Consejo corroboraba la opinión de que la Presidencia fuera la única responsable de la información contenida en su sitio web. Cabía interpretar esa misma circunstancia, sin embargo, en sentido contrario: sencillamente, el Consejo, no tenía poder para ordenar a un Estado miembro que organizara sus sitios web de una manera particular. De ello se desprendía que, independientemente de la cuestión de fondo de si el sitio web de la Presidencia debería haber proporcionado información en alemán (una cuestión que atañe al Derecho y la práctica del Estado miembro y que deben decidir las instituciones nacionales correspondientes), no podía haberse dado un caso de mala administración por parte del Consejo, ya que esta institución no tenía responsabilidad alguna en relación con el sitio web de la Presidencia

Por estas razones, la reclamación se consideró infundada.

Observaciones del demandante

En sus observaciones, el demandante formuló los siguientes comentarios:

La Presidencia no podía ser parte del Consejo sin tener que responder ante el mismo.

El contenido del sitio web de la Presidencia, no sólo complementaba el del sitio web del Consejo, sino que iba mucho más allá del mismo.

El Consejo reconoció que los documentos de la Presidencia eran documentos del Consejo en el sentido del Reglamento (CE) nº 1049/2001. Sin embargo, puesto que los contenidos del sitio web de la Presidencia eran documentos en el sentido del artículo 3, letra a) de dicho Reglamento y, por ende, documentos del Consejo, la postura de éste se traduciría en que la institución no ejercía control sobre sus propios documentos. Se trataría, pues, de una situación manifiestamente absurda.

El presente caso no se refería a un Estado miembro y "sus" sitios web (es decir, los sitios nacionales), sino a los sitios web creados por un Estado miembro en su calidad de titular de la Presidencia. El Derecho y la práctica de los Estados miembros sólo podían ser pertinentes en relación con las actividades que no estuvieran vinculadas a la Presidencia.

El argumento del Consejo de que no estaba en condiciones de ejercer influencia en su Presidencia, es decir, en una parte de sí mismo, parecía no tener sentido. Desafiaba cualquier consideración razonable que el Consejo no fuera capaz de dirigir, por ejemplo, una solicitud o una recomendación a su propia Presidencia.

El artículo 195 del Tratado CE establece que el mandato del Defensor del Pueblo comprende la totalidad de las instituciones y los órganos comunitarios, con exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia. Salvo esta excepción, no debe existir ningún ámbito que no pueda ser objeto de una reclamación. Por lo tanto, tenía que ser posible presentar una reclamación acerca de la Presidencia, ya sea por medio de una reclamación contra el Consejo, o bien directamente en contra de la primera.

Esfuerzos del Defensor del Pueblo por encontrar una solución amistosa

Después de haber analizado atentamente la opinión y las observaciones, el Defensor del Pueblo no quedó convencido de que el Consejo hubiera dado una respuesta adecuada a la reclamación.

Propuesta de solución amistosa

Así pues, el 20 de octubre de 2005, el Defensor del Pueblo presentó la siguiente propuesta de solución amistosa al Consejo.

El Consejo podría considerar la petición del demandante de que las presentaciones en Internet de la Presidencia también se ofrezcan en alemán.

Informe del Consejo

En su informe, el Consejo formuló las siguientes observaciones:

Sólo podía existir mala administración por parte del Consejo si se hubiera aplicado erróneamente una norma comunitaria vigente. No podía haber sucedido así en un caso en el que el Consejo no era responsable de la acción objeto de la reclamación.

El razonamiento del Defensor del Pueblo era incorrecto. El artículo 203 del Tratado CE establece que la Presidencia se ejerce por rotación por cada Estado miembro. Obviamente, ello no implica que el Estado miembro en cuestión pase a formar parte del Consejo más que cualquier otro Estado miembro de la Unión. Simplemente implica que dicho Estado miembro (como tal, no como miembro del Consejo) se encarga de la organización de las reuniones del Consejo y de las actividades conexas.

A lo largo de las últimas décadas, se había ido desarrollado una práctica conforme a la cual los Estados miembro que ejercían la Presidencia aprovechaban dicho período para promocionarse y organizar otras actividades, que podían estar relacionadas con la labor del Consejo o no. A modo de ejemplo, muchos Estados miembros, al ocupar la Presidencia, organizaron actividades culturales. Dichas actividades, y la información correspondiente, fueron responsabilidad del Estado miembro (que ocupara la Presidencia) como tal. Obviamente, no cabía considerarlas actividades del Consejo.

Del mismo modo, los sitios web administrados por el Estado miembro y/o por sus ministerios nacionales se crearon, financiaron y gestionaron bajo la responsabilidad del Estado miembro (que ocupara la Presidencia) como tal. No fueron financiados ni gestionados por el Consejo. Como el Consejo ya había señalado, tal circunstancia se puso de manifiesto mediante cláusulas de exención de la responsabilidad contenidas en los sitios web en cuestión.

El Defensor del Pueblo afirmó en su propuesta de solución amistosa que no tenía conocimiento de ninguna norma o principio que pudiera impedir que el Consejo debatiera o llegara a un acuerdo sobre los aspectos formales de estos sitios. No podía tratarse de una observación de índole jurídica, ya que podría vulnerar un principio fundamental del Derecho de la UE. De conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Tratado CE, "[c]ada institución actuará dentro de los límites de las competencias atribuidas por el presente Tratado". No existía disposición alguna que permitiera al Consejo pronunciarse sobre el régimen lingüístico aplicado por un Estado miembro determinado. En efecto, el Defensor del Pueblo no había identificado ninguna. El Reglamento del Consejo no contenía, ciertamente, tales disposiciones.

En resumen, el hecho de que a estos sitios web se les denominara "sitios web de la Presidencia" no significaba que estuvieran en modo alguno bajo la supervisión del Consejo. Los sitios web no los mantendría la Presidencia sino, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Tratado CE, el Estado miembro que ejerciera la Presidencia. No existía fundamento jurídico alguno que permitiera al Consejo obligar a los Estados miembros a aplicar un régimen lingüístico particular.

El Consejo concluyó afirmando que, por consiguiente, no podía tener en cuenta la propuesta de solución amistosa del Defensor del Pueblo o adoptar una posición sobre el fondo de la cuestión, ya que ésta quedaba fuera de su ámbito de competencias.

Observaciones del demandante

En sus observaciones, el demandante mantuvo su reclamación.

Evaluación del Defensor del Pueblo Europeo

Sobre la base de la opinión del Consejo y de las observaciones del demandante al respecto, el Defensor del Pueblo concluyó que no podría lograrse una solución amistosa.

Proyecto de recomendación del Defensor del Pueblo Europeo

El proyecto de recomendación

El 21 de marzo de 2006, el Defensor del Pueblo dirigió el siguiente proyecto de recomendación al Consejo, de conformidad con el artículo 3, apartado 6, de su Estatuto:

"El Consejo debería considerar la petición del demandante de que las presentaciones en Internet de la Presidencia también se ofrezcan en alemán."

Este proyecto de recomendación se basó en las siguientes consideraciones:

1 El Defensor del Pueblo considera que las alegaciones de las partes en el presente caso hacen necesario abordar tres cuestiones distintas, a saber, (1) las circunstancias en que se pueden identificar casos de mala administración, (2) si se puede hacer responsable al Consejo, en alguna circunstancia, de los sitios web de su Presidencia, y (3) si la elección de las lenguas de estos sitios web es compatible con los principios de buena administración.

2 En lo que respecta a la primera cuestión, el Defensor del Pueblo señala que el Consejo afirmó que sólo podría identificarse una mala administración si se hubiera aplicado erróneamente una norma vigente. Sin embargo, esta interpretación es demasiado estrecha y no corresponde al concepto de "mala administración" establecido en el artículo 195 del Tratado CE. El Defensor del Pueblo considera que se da una mala administración cuando un organismo público no obra de conformidad con una norma o principio vinculante para aquél[4]. Esta definición ha sido respaldada por el Parlamento Europeo[5]. En contra de la suposición del Consejo, puede darse una mala administración no sólo en los casos en que se infrinja una norma.

3 En lo que respecta a la segunda cuestión, cabe señalar que el artículo 203 del Tratado CE establece que "[l]a presidencia se ejercerá por rotación por cada Estado miembro en el Consejo durante un período de seis meses según un orden que determinará el Consejo por unanimidad". Tal como observó acertadamente el Consejo en su informe sobre la propuesta de solución amistosa del Defensor del Pueblo, ello no significa que el Estado miembro, como tal, pase a formar parte del Consejo. Cuando un Estado miembro ejerce la Presidencia, ello significa que ese Estado miembro desempeña, durante un período limitado de tiempo, el cargo de presidir el Consejo. En este sentido, sin embargo, la Presidencia es, claramente, parte del Consejo. El Defensor del Pueblo señala que el propio Consejo declaró, en su carta al demandante de 4 de marzo de 2005, que no se discutía que la Presidencia fuera, funcionalmente, parte del Consejo.

4 El Defensor del Pueblo considera que, siendo funcionalmente parte del Consejo, la Presidencia debe estar sometida a las mismas obligaciones que aquél, salvo que existan razones específicas por las que esas obligaciones no deban aplicarse a la Presidencia.

5 Es evidente que esta conclusión sólo se aplica en la medida en que el Estado miembro en cuestión esté ejerciendo la Presidencia del Consejo. Como observó acertadamente el Consejo en su informe sobre la propuesta de solución amistosa del Defensor del Pueblo, el hecho de que un Estado miembro que ejerza la Presidencia organice actividades culturales durante la misma, no entraña que aquéllas deban considerarse actividades del Consejo. De hecho, estas actividades son responsabilidad del Estado miembro como tal.

6 El Defensor del Pueblo considera, sin embargo, que estaría justificado llegar a una conclusión distinta en lo que atañe a los sitios web gestionados por la Presidencia.

7 El Consejo sostiene que la cuestión de qué idiomas se deben utilizar en los sitios web de la Presidencia es un asunto que determina la legislación y la práctica del Estado miembro que ejerce la Presidencia. Según el Consejo, la Presidencia es la única responsable de la información publicada en estos sitios web.

8 Evidentemente, los Estados miembros gozan de libertad para crear todos los sitios web que deseen, con sujeción únicamente a las limitaciones que puedan desprenderse de la legislación nacional. Cabe señalar, sin embargo, que los sitios web afectados por el presente caso están claramente identificados y se crearon con el objeto servir de sitios web de la Presidencia. Estos sitios web proporcionan información acerca de la labor de la Presidencia, en cumplimiento de las funciones que le confiere el Derecho comunitario. En opinión del Defensor del Pueblo, estos sitios web no pueden considerarse "nacionales", fuera del ámbito de aplicación del Derecho comunitario. Esto es así especialmente en vista de la importancia que el propio Consejo atribuye a la labor de la Presidencia. En su propio sitio web (www.consilium.europa.eu), el Consejo formula la siguiente declaración en el epígrafe "Sitios web de la Presidencia": "La Presidencia del Consejo desempeña una función vital en la organización de los trabajos de la institución y actúa, en concreto, como fuerza motriz del proceso de toma de decisiones legislativas y políticas. Le corresponde organizar y presidir todas las reuniones y alcanzar transacciones capaces de resolver dificultades."

9 El hecho de que estos sitios web los mantengan las autoridades del Estado miembro en cuestión y de que contengan referencias expresas a tal efecto no afecta a la conclusión anterior. Dado que el artículo 203 del Tratado CE establece que la presidencia se ejercerá por rotación por cada Estado miembro, parece natural que los sitios web de la Presidencia los mantengan las autoridades del Estado miembro que ejerza la Presidencia. El Defensor del Pueblo tampoco considera pertinente que, en apariencia, los costes de estos sitios web los sufrague el Estado miembro de que se trate. Este hecho no demostraría que la actividad en cuestión no pueda considerarse una actividad de la Presidencia, que actuaría en calidad de parte del Consejo. No existe, por otra parte, indicio alguno que sugiera que tales costes los tienen que sufragar necesariamente los Estados miembros. Dado que la Presidencia es, funcionalmente, parte del Consejo, no parece descartable que los costes de los sitios web correspondientes corran a cargo del presupuesto comunitario.

10 El argumento principal del Consejo parece consistir en que, en su opinión, no está facultado para ordenar a un Estado miembro que ejerza la Presidencia que organice sus sitios web de una manera particular y que, por tanto, no tiene responsabilidad alguna sobre estos sitios web. En su informe sobre la propuesta de solución amistosa del Defensor del Pueblo el Consejo llegó a afirmar que la postura contraria podría vulnerar un principio fundamental del Derecho comunitario, a saber, el que se establece en el artículo 7, apartado 1, del Tratado CE, con arreglo al que "[c]ada institución actuará dentro de los límites de las competencias atribuidas por el presente Tratado".

11 Al Defensor del Pueblo sigue sin convencerle dicho argumento. Cuando un Estado miembro ofrece un sitio web, en su calidad de titular de la Presidencia, actúa como parte del Consejo. Dado que la cuestión planteada en la presente reclamación se refiere a la relación entre el Consejo y su Presidencia, es decir, a una parte de dicho Consejo, el Defensor del Pueblo no alcanza a comprender cómo la posición adoptada por él podría entrar en conflicto con el principio enunciado en el artículo 7, apartado 1, del Tratado CE. El Defensor del Pueblo está de acuerdo en que corresponde fundamentalmente al Estado miembro que ejerza la Presidencia el decidir sobre los contenidos que desee ofrecer en un sitio web de este tipo. Sin embargo, el Defensor del Pueblo no tiene conocimiento de ninguna norma o principio que pudiera impedir que el Consejo debatiera y llegara a un acuerdo sobre los aspectos formales de las presentaciones en Internet, con miras a hacer de la información ofrecida lo más accesible posible debatiendo y estableciendo, por ejemplo, qué lenguas deberían utilizarse en estos sitios web. Dado que el artículo 203 del Tratado CE establece una Presidencia rotatoria (entre todos los Estados miembros), tales aspectos formales no sólo incumbirían a un determinado Estado miembro sino que serían de interés para todos ellos.

12 En vista de lo anterior, el Defensor del Pueblo sigue creyendo que al Consejo puede, en principio, considerársele responsable en lo que atañe a los sitios web de su Presidencia.

13 En lo que respecta a la tercera de las cuestiones antes mencionadas, cabe señalar que el Defensor del Pueblo ya ha tenido ocasión de tratar la cuestión de la elección de las lenguas en lo que concierne a la información publicada por las instituciones y los órganos comunitarios.

14 En su decisión de 14 de junio de 2000 sobre asunto 939/99/ME[6], el Defensor del Pueblo hizo hincapié en que es esencial que los documentos dirigidos a personas ajenas a las instituciones comunitarias estén disponibles en tantos idiomas como sea posible. En la actualidad, uno de los medios más importantes para el suministro de información al público es Internet. En opinión del Defensor del Pueblo, es, pues, particularmente importante garantizar que los sitios web públicos creados por las instituciones y los órganos de la Comunidad sean accesibles a los ciudadanos y que se ofrezcan en tantos idiomas como sea posible.

15 En su informe, el Consejo argumentó que los sitios web de la Presidencia no tienen por objeto sustituir al sitio web del Consejo, que está disponible en todas las lenguas comunitarias, y al registro de documentos, sino complementarlos. Parece que el Consejo deseaba dar a entender que no había necesidad de examinar la cuestión de fondo planteada por el demandante.

16 Tras haber visitado algunos de los sitios web correspondientes, el Defensor del Pueblo considera que el argumento del demandante según el cual estos sitios web no sólo complementan el sitio web del Consejo, sino que van mucho más allá del contenido de este último, no parece estar exento de fundamento. El propio Consejo declaró en su informe que tales sitios web facilitan información práctica sobre las actividades propias de cada Presidencia, como, por ejemplo, reuniones informales, actos culturales y otras actividades e iniciativas de la Presidencia. Dicha información no se ofrece necesariamente en la página web del Consejo. Sin embargo, incluso si los sitios web de la Presidencia sólo proporcionaran información adicional, esta información sería de interés para el público y por lo tanto debería dársele la difusión más amplia y adecuada posible.

En vista de la importancia de la función desempeñada por la Presidencia, se antoja tanto más importante garantizar que la información publicada en su sitio web sea accesible al mayor número posible de ciudadanos. Conviene subrayar una vez más que el presente caso no versa sobre el contenido de estas páginas, es decir, sobre la cuestión de qué información ofrece la Presidencia, sino sobre la presentación de esta información, es decir, la cuestión de si la información debe estar disponible en determinadas lenguas.

17 En su decisión de 10 de septiembre de 2002 sobre el asunto 1146/2001/IP[7], el Defensor del Pueblo consideró que, en la medida de lo posible, las instituciones y los organismos de la UE deben proporcionar información a los ciudadanos en su propia lengua. El Defensor del Pueblo añadió, sin embargo, que no tenía conocimiento de ninguna norma o principio que les prohibiera publicar información en sus sitios web en menos lenguas de las que componen el número total de lenguas oficiales. Especialmente en vista de que el número de lenguas oficiales de la UE ha aumentado a 20, puede haber, en efecto, razones legítimas para limitar el número de lenguas en las que se ofrecen al público los sitios web de la Presidencia.

18 El Defensor del Pueblo considera, sin embargo, que si el número de lenguas para la presentación de los sitios web de la Presidencia ha de limitarse, la elección de las lenguas que vayan a usarse debe basarse en consideraciones objetivas y razonables. Cabe señalar que, en su sentencia en el asunto C-361/01 P Kik contra OAMI (que se refería a las lenguas que se emplean en los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior), el Tribunal de Justicia señaló que, aunque el Reglamento correspondiente trataba las lenguas oficiales de la Comunidad de manera distinta, el Consejo adoptó "una decisión apropiada y proporcionada al limitar su elección a las lenguas cuyo conocimiento está más extendido en la Comunidad Europea".[8] El demandante ha presentado lo que se antojan unos argumentos de peso para sustentar su opinión de que, después de la ampliación de 2004, el alemán se ha convertido en la segunda lengua más utilizada en la UE. En opinión del demandante, los sitios web de la Presidencia deberían ofrecerse, por consiguiente, en alemán. A la luz de estos argumentos, el Defensor del Pueblo considera que la elección de las lenguas de los sitios web de la Presidencia debería, en efecto, reconsiderarse.

19 El Defensor del Pueblo observa, sin embargo, que el Consejo se ha abstenido hasta la fecha de adoptar una postura sobre el fondo de las alegaciones del demandante.

20 En vista de lo anterior, el Defensor del Pueblo llega a la conclusión de que la negativa del Consejo a considerar el fondo de la petición del demandante de que los sitios web de la Presidencia también se ofrezcan en alemán constituye mala administración.

 

Informe detallado del Consejo

Después de haber recibido el proyecto de recomendación, y de conformidad con el artículo 3, apartado 6, del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, el Consejo envió un informe detallado el 7 de junio de 2006.

En su informe detallado, el Consejo formuló las siguientes observaciones:

Era de lamentar que el Defensor del Pueblo pareciera haber adoptado ya una postura definitiva sobre el asunto al haber emitido un comunicado de prensa. De este modo, las observaciones detalladas que se invitó a presentar al Consejo y que constituyen una garantía procesal establecida en el artículo 195, apartado 1, del Tratado CE, habrían perdido su pertinencia en gran medida.

En cuanto al fondo, el Consejo había explicado ya por qué no tiene ninguna responsabilidad sobre los sitios web gestionados bajo la autoridad de un Estado miembro. Aunque el Consejo apoyara el multilingüismo como una importante contribución a una mejor comunicación con los ciudadanos, se manifestó dispuesto a informar a los Estados miembros en cuestión de los puntos de vista del Defensor del Pueblo sobre el asunto. Sin embargo, el Consejo no se consideró en condiciones de dar seguimiento al proyecto de recomendación de otro modo razonable.

Por último, en ausencia de una mala administración por parte de una institución o un organismo comunitario, esta cuestión quedaba fuera del ámbito de competencia del Defensor del Pueblo.

Observaciones del demandante

En sus observaciones, el demandante mantuvo su reclamación. Afirmó que la elección de las lenguas de los sitios web de la Presidencia no se basaba en consideraciones objetivas y razonables. El demandante argumentó que el potencial de comunicación (es decir, el número de ciudadanos al que se puede llegar mediante el uso de una lengua determinada), constituía tal criterio objetivo y razonable. El demandante alegó que, por lo tanto, la Presidencia debía utilizar el alemán para la presentación de sus sitios web en todos los casos en los que el inglés no se empleara como lengua única.

En opinión del demandante, el planteamiento del Consejo con respecto presente asunto era inaceptable.

Evaluación del Defensor del Pueblo del informe detallado del Consejo

El Defensor del Pueblo considera que el informe detallado del Consejo no presenta ningún argumento nuevo que pueda afectar a la evaluación que llevó a cabo en su proyecto de recomendación.

El único argumento nuevo que el Consejo presentó en el informe detallado en cuestión se refería a lo que la institución pareció considerar como una violación de sus derechos procesales por parte del Defensor del Pueblo. El Consejo parece ser de la opinión de que, antes de que el Defensor del Pueblo pueda formarse una opinión definitiva sobre si existe o no mala administración, este último tendría que aguardar a la presentación del informe detallado en respuesta a su proyecto de recomendación. En dicho contexto, el Consejo se remite al artículo 195, apartado 1, del Tratado CE. Sin embargo, el artículo 195, apartado 1, establece que, cuando el Defensor del Pueblo "haya comprobado" un caso de mala administración, lo pondrá en conocimiento de la institución interesada, que dispondrá de un plazo de tres meses para exponer su posición al Defensor del Pueblo. Asimismo, el artículo 3, apartado 6, del Estatuto del Defensor del Pueblo establece que cuando éste "constatare" un caso de mala administración, se dirigirá a la institución u órgano afectado "formulando, en su caso, proyectos de recomendaciones". Por tanto, queda suficientemente claro que un proyecto de recomendación sólo puede elaborarse después de que el Defensor del Pueblo se haya formado la opinión de que existe mala administración.

El Defensor del Pueblo considera conveniente señalar que, antes de abordar la elaboración de un proyecto de recomendación al Consejo, dio a éste dos oportunidades para expresar sus puntos de vista sobre el asunto: en primer lugar cuando envió la reclamación para que la institución enviara su informe y, posteriormente, cuando pidió al Consejo que formulara observaciones sobre su propuesta de solución amistosa. La sugerencia del Consejo de que se vulneró su derecho a ser oído en el presente asunto es, pues, manifiestamente infundada.

No cabe descartar que, después de haber identificado una mala administración en un proyecto de recomendación, el Defensor del Pueblo podría revisar este punto de vista si la institución propone, en su informe detallado, razones convincentes que hacen necesaria dicha reconsideración. El Consejo tiene, pues, razón en que el Defensor del Pueblo no adopta una opinión "definitiva" hasta que ha recibido y examinado el informe detallado o hasta que ha vencido el plazo para la presentación del informe detallado. Así pues, el Defensor del Pueblo examina cuidadosamente las observaciones presentadas en el informe detallado antes de decidir sobre cómo proceder en un asunto determinado. Sin embargo, tal como se ha indicado anteriormente, el Consejo no ha aportado en el asunto presente ningún argumento nuevo en cuanto al fondo en su informe detallado.

 

Recomendación del Defensor del Pueblo

Habida cuenta de lo anterior, el Defensor del Pueblo concluye lo siguiente:

i) el Consejo es responsable de las lenguas utilizadas en los sitios web de su Presidencia;

ii) la información contenida en el sitio web de la Presidencia del Consejo debería ofrecerse, idealmente, en todas las lenguas oficiales de la Comunidad;

iii) si ha de limitarse el número de lenguas empleadas en el sitio web de la Presidencia, la elección de las que vayan a usarse debe basarse en consideraciones objetivas y razonables; y

iv) la negativa del Consejo a tratar el fondo del asunto, es decir, la solicitud del demandante de que las presentaciones en Internet de la Presidencia se ofrezcan también en alemán, no está justificada y constituye una mala administración.

El Defensor del Pueblo reitera, pues, lo expuesto en su proyecto de recomendación como recomendación al Consejo, a saber:

El Consejo debería considerar la petición del demandante de que las presentaciones en Internet de la Presidencia también se ofrezcan en alemán.

El Parlamento Europeo podría considerar la adopción de una resolución en ese sentido.

Estrasburgo, 30 de noviembre de 2006

 

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


[1] Decisión del Parlamento Europeo de 9 de marzo de 1994 sobre el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones, DO 1994 L 113, p. 15.

[2] Disponible en el sitio web del Defensor del Pueblo (http://www.ombudsman.europa.eu).

[3] DO 2001 L 145, p. 43.

[4] Véase el Informe Anual de 1997, p. 22.

[5] Véase el Informe Anual de 1998, p. 17.

[6] Disponible en el sitio web del Defensor del Pueblo (http://www.ombudsman.europa.eu).

[7] Disponible en el sitio web del Defensor del Pueblo (http://www.ombudsman.europa.eu).

[8] Asunto C-361/01 P Kik contra Oficina de Armonización del Mercado Interior [2003] Rec. I-8283, apartado 94.