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Propuesta de solución sobre la negativa de la Comisión Europea a dar acceso público a los documentos relativos al consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria cerámica notificados en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (asunto 2000/2022/PVV)

Elaborado de conformidad con el artículo 2, apartado 10, del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo [1]

Antecedentes de la denuncia

1. Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la UE estableció un régimen [2] para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (el «Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea» - «RCDE UE»). El RCDE UE tiene por objeto apoyar reducciones rentables de las emisiones y promover inversiones hipocarbónicas.

2. La Comisión Europea tiene la tarea de adoptar medidas de ejecución plenamente armonizadas a escala de la UE para asignar derechos de emisión «gratuitos». A tal fin, la Comisión debe establecer de antemano parámetros de referencia sectoriales utilizando como punto de partida el rendimiento medio del 10 % de las instalaciones más eficientes de un sector o subsector. A tal fin, los Estados miembros de la UE deben notificar [3] a la Comisión una lista de todas las instalaciones incluidas en el RCDE UE en su territorio y la cantidad preliminar de derechos de emisión gratuitos que deben asignarse a dichas instalaciones durante un período determinado. Estas notificaciones se conocen como «medidas nacionales de aplicación» o «medidas nacionales de aplicación».

3. En noviembre de 2021, el denunciante, una organización medioambiental, presentó una solicitud de acceso público a la Comisión, solicitando

i) los datos (específicos de la planta o del proceso) obtenidos en virtud de la Directiva RCDE en relación con el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria cerámica y sobre técnicas, procesos, costes, beneficios y técnicas de descarbonización,

ii) una lista de instalaciones cerámicas cuyo rendimiento se utilizó como base para el valor de referencia de los derechos de emisión gratuitos del RCDE UE,

iii) los posibles intercambios con los Estados miembros en el contexto del proceso de fijación del valor de referencia para la industria cerámica, y

iv) otros documentos recibidos de las partes interesadas en este contexto (incluidos los correos electrónicos).

4. La Comisión identificó veinticuatro documentos, a saber, veintitrés notificaciones de MNA preliminares presentadas por los Estados miembros de la UE y un documento de posición sobre la actualización de los índices de referencia por parte de una parte interesada privada. La Comisión dio al denunciante pleno acceso al documento de posición, pero denegó el acceso a los veintitrés documentos restantes. Al denegar el acceso, la Comisión se basó en la necesidad de proteger los intereses comerciales de los fabricantes de cerámica afectados [4]. La Comisión añadió que la información contenida en estos veintitrés documentos no se limitaba al sector de la cerámica, de modo que gran parte de los documentos quedan fuera del ámbito de aplicación de la solicitud de acceso del denunciante.

5. En marzo de 2022, el denunciante pidió a la Comisión que revisara su decisión (presentando una «solicitud confirmatoria»). En concreto, el denunciante impugnó la negativa de la Comisión a divulgar las veintitrés notificaciones en cuestión. Además, el denunciante expresó su preocupación por el hecho de que la Comisión no identificara ningún intercambio de correos electrónicos con los Estados miembros.

6. En agosto de 2022, la Comisión respondió confirmando su negativa a dar acceso a las veintitrés notificaciones. La Comisión también identificó un documento adicional, a saber, una hoja de cálculo Excel que contenía una lista del 10 % de las instalaciones más eficientes relacionadas con cuatro referencias de producto (ladrillos frontales, adoquines, tejas y polvo secado por pulverización). La Comisión se negó a dar acceso a este documento sobre la base de la misma excepción y explicó que no había más documentos incluidos en el ámbito de aplicación de la solicitud. No identificó ningún intercambio de correos electrónicos con los Estados miembros y dijo que dichos intercambios se referían a cuestiones técnicas relativas a las MNA que no cumplen los criterios de registro en su política de gestión de registros debido a su carácter efímero.

7. Insatisfecho con la respuesta confirmatoria de la Comisión, el reclamante se dirigió al Defensor del Pueblo el 8 de noviembre de 2022.

La investigación

8. La Defensora del Pueblo inició una investigación sobre la negativa de la Comisión a dar acceso público a los veinticuatro documentos en cuestión y sobre su supuesta falta de identificación de todos los documentos que entran en el ámbito de aplicación de la solicitud de acceso del reclamante.

9. En el curso de la investigación, el equipo de investigación del Defensor del Pueblo inspeccionó los documentos, así como documentos adicionales relativos a la tramitación de una solicitud de acceso público anterior y similar que había dado lugar a una sentencia judicial («Rogesa»)[5]. La Comisión consideró que esta sentencia podía aplicarse por analogía al caso que nos ocupa. La Comisión también facilitó al Defensor del Pueblo explicaciones adicionales sobre la tramitación de esta solicitud de acceso anterior y sobre sus intercambios con las autoridades de los Estados miembros sobre las notificaciones en cuestión.

Argumentos presentados

10. El denunciante alegó que la Comisión no había identificado un perjuicio específico que provocaría la divulgación, negando que la divulgación perjudicaría los intereses comerciales de los fabricantes afectados. En opinión del denunciante, la información en cuestión no es de naturaleza comercialmente sensible, porque todas las instalaciones estarían igualmente afectadas y porque parte de la información ya tiene más de cinco años y, por lo tanto, debe considerarse «histórica». El denunciante también declaró que, contrariamente a la demandante en el asunto Rogesa, no es competidor de los fabricantes afectados y, además, está dispuesto a firmar un acuerdo por el que se compromete a no divulgar más los documentos.

11. El denunciante consideró que la información contenida en los documentos se considera «información medioambiental» o incluso «información relacionada con las emisiones al medio ambiente» en el sentido del Reglamento Aarhus [6] y, por tanto, que existe un interés público superior en la divulgación. En concreto, por lo que se refiere al RCDE UE, el denunciante declaró que la divulgación permitiría al público verificar si las emisiones de gases de efecto invernadero notificadas por las instalaciones en cuestión son correctas. Esto, dijo, es importante ya que los datos incorrectos podrían conducir a un aumento en lugar de una reducción de tales emisiones. También permitiría al público verificar la base de los índices de referencia pertinentes y cómo se asignan los derechos de emisión «gratuitos». Esto, a su vez, proporcionaría información sobre la posible fuga de carbono de una instalación. El denunciante añadió que, a la luz del impacto ya significativo del cambio climático, sería crucial que el público determinara cuánto emiten las instalaciones específicas de CO2 «gratuitas», en particular porque el RCDE UE permite a los fabricantes evadir el principio de «quien contamina paga», en la medida en que se les asignan derechos de emisión de CO2 gratuitos.

12. Además, la información contenida en los documentos permitiría al denunciante participar de manera significativa en la revisión en curso del documento de referencia de la UE sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para la fabricación de cerámica (CER BREF)[7], un proceso que establece la norma de comportamiento medioambiental que deben cumplir las instalaciones en la UE, como los límites de emisiones, independientemente del nivel de precios del carbono.

13. La Comisión alegó que los documentos divulgados en virtud del Reglamento 1049/2001 se divulgan al público en general («erga omnes») y que, por lo tanto, el denunciante no podía comprometerse válidamente a no difundir más documentos recibidos en virtud de una solicitud de acceso público.

14. Por lo que se refiere a la excepción invocada, la Comisión dijo que los documentos contienen información comercial confidencial, como datos sobre la actividad de producción, el consumo de energía, los balances de calor, la atribución de emisiones a nivel de subinstalación y el tipo y la cantidad de productos producidos durante los cinco años anteriores a la presentación de las notificaciones por los Estados miembros. Consideró que la divulgación de esta información revelaría la situación de las instalaciones en el contexto actual del mercado.

15. La Comisión también se refirió a la sentencia del Tribunal General en el asunto Rogesa [8], que, según ella, se refería a documentos similares, es decir, gráficos que mostraban la cantidad de emisiones de CO2 por tonelada de producto producida por empresas que operan en un sector distinto de la industria cerámica. En su opinión, esta sentencia podría aplicarse por analogía. En ese caso, el tribunal había concluido que conocer volúmenes específicos de emisiones de CO2 por tonelada permite a terceros extraer conclusiones sobre la situación competitiva y la eficiencia de carbono de una empresa. Por lo tanto, había llegado a la conclusión de que esta información era delicada desde el punto de vista comercial.

16. La Comisión alegó que, en este caso, la divulgación también permitiría a terceros (al menos a aquellos con conocimientos especializados) extraer conclusiones detalladas sobre el proceso de producción de las instalaciones afectadas, sus potenciales de reducción, su posición competitiva y su estructura de costes.

17. En cuanto al documento recientemente identificado, la Comisión dijo que la divulgación revelaría la identidad y la eficiencia en carbono de las instalaciones en cuestión. También permitiría a terceros determinar la cantidad de productos producidos por año y el número de derechos de emisión gratuitos que recibe una instalación. La Comisión añadió que el documento contenía información sobre las instalaciones que habían sido excluidas y las razones de ello.

18. La Comisión concluyó que la divulgación afectaría a la posición competitiva de las instalaciones afectadas, ya que la información en cuestión refleja su situación actual en el mercado y permitiría extraer conclusiones sobre la organización y las estrategias de los fabricantes respectivos.

19. Por lo que se refiere a la existencia de un posible interés público superior, la Comisión reconoció que la información contenida en los documentos puede calificarse de «información medioambiental» en el sentido del Reglamento Aarhus. Sin embargo, dijo que la información relativa a las emisiones reales de las instalaciones ya es de dominio público [9]. Por lo tanto, la Comisión ya pone a disposición del público una cantidad sustancial de información de forma proactiva.

20. Por lo que se refiere a la información restante de las notificaciones, como los datos sobre el consumo de energía y la cantidad de energía calculada por producto, la Comisión sostuvo que esta información «no se considera información relativa a las emisiones al medio ambiente» con arreglo al Reglamento Aarhus. Este concepto comprende únicamente la información que permite al público conocer «lo que se libera realmente en el medio ambiente o lo que puede preverse que se liberará en el medio ambiente (...)». [10] La Comisión hizo referencia al asunto Rogesa, en el que, según dijo, el tribunal lo confirmó en relación con documentos similares. Sobre esta base, cuando los documentos controvertidos no contienen «información relativa a las emisiones al medio ambiente», la Comisión precisó que no existe presunción de un interés público superior en la divulgación.

21. La Comisión concluyó que, si bien existe un interés público en relación con el tema de las asignaciones de derechos de emisión gratuitos, este interés no supera los intereses comerciales en juego. En cuanto al interés perseguido por el denunciante de poder participar plenamente en el proceso de revisión del documento de referencia de la UE sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para la fabricación de cerámica (BREF CER)[11], la Comisión alegó que era de naturaleza privada (en lugar de pública). En consecuencia, el denunciante no había demostrado una necesidad apremiante de divulgación de los documentos en cuestión.

22. Por lo que se refiere a los intercambios con las autoridades de los Estados miembros, la Comisión alegó que no estaba obligada a conservar todos y cada uno de los documentos, sino únicamente los documentos que contienen información importante que no es de corta duración o que requiere seguimiento. Cualquier intercambio de correos electrónicos con los Estados miembros en este caso se refería a «cuestiones técnicas destinadas a corregir y aclarar los datos presentados con las MNA. Estos intercambios no son documentos que cumplan los criterios de registro, debido a su corta duración». En sus explicaciones adicionales al Defensor del Pueblo, la Comisión se refirió a los «controles de coherencia» que presenta a los Estados miembros cuando verifica sus presentaciones con arreglo a la Directiva RCDE. La Comisión excluyó estos controles del ámbito de aplicación de la solicitud porque «se refieren a una gran cantidad de instalaciones, así como a datos incluidos en las listas de MNA presentadas» que no afectan específicamente al sector cerámico.

Evaluación del Defensor del Pueblo

Sobre el alcance de la solicitud de acceso y el efecto erga omnes del Reglamento 1049/2001

23. La solicitud de acceso público del denunciante se refiere únicamente a documentos que contienen datos relacionados con la industria cerámica. La Comisión ha declarado que gran parte de las notificaciones de MNA identificadas quedan fuera del ámbito de aplicación de la solicitud. Una vez revisados los documentos, el Defensor del Pueblo puede confirmar que la información que contienen no se limita al sector de la cerámica. Por lo tanto, la afirmación de la Comisión de que gran parte de las notificaciones no están cubiertas por la solicitud de acceso del denunciante es exacta.

24. Además, la Comisión explicó correctamente que una decisión de divulgar documentos en virtud del Reglamento 1049/2001 los hace accesibles al público y que, por lo tanto, los solicitantes no pueden comprometerse válidamente a no seguir difundiendo los documentos que reciben a raíz de una solicitud de acceso público.

Sobre la protección de los intereses comerciales de las personas jurídicas

25. La Comisión podrá denegar legítimamente el acceso público a los documentos cuando dicha divulgación suponga un perjuicio para la protección de los intereses comerciales de una persona física o jurídica, incluida la propiedad intelectual. No obstante, la Comisión debe acreditar un perjuicio real y específico para el interés que debe protegerse que sea razonablemente previsible y no meramente hipotético.

26. Al denegar el acceso, la Comisión alegó que la divulgación socavaría los intereses comerciales legítimos de las empresas que explotan las instalaciones en cuestión [12]. En concreto, la información permitiría extraer conclusiones, por ejemplo, sobre el proceso de producción de las instalaciones en cuestión, su estructura de costes y su posición competitiva. La Comisión añadió que la información refleja la situación de las empresas en el contexto actual del mercado.

27. La revisión de los documentos puso de manifiesto que, efectivamente, contienen información muy detallada y no anonimizada, por ejemplo, sobre el consumo de energía y las emisiones de CO2 por tonelada de producto de las instalaciones y subinstalaciones en cuestión. También demostró que los documentos contenían tipos de información similares a los documentos controvertidos en la sentencia Rogesa [13], aunque eran mucho menos detallados (pero también anonimizados). A pesar de ello, el tribunal confirmó que la información contenida en ella es sensible desde el punto de vista comercial y que, por lo tanto, era razonable que la Comisión aplicara la excepción de intereses comerciales en ese momento.

28. En vista de ello, el Defensor del Pueblo considera que la Comisión estaba justificada al basarse en la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales en este caso. La Comisión ha explicado con precisión la naturaleza de la información contenida en los documentos y ha demostrado el perjuicio específico y real a los intereses comerciales de las empresas que explotan las instalaciones afectadas en caso de que estos documentos fueran divulgados. El Defensor del Pueblo considera que la Comisión estaba justificada al basarse en la sentencia del tribunal de Rogesa, sobre la base de la naturaleza de los documentos en cuestión y de la evaluación del perjuicio realizada por el tribunal.

29. Por lo que se refiere a la alegación del denunciante de que la información es de naturaleza «histórica», el órgano jurisdiccional ha declarado que, en los casos en que la información tiene más de cinco años, existe una presunción refutable de que ya no es confidencial.[14] La Comisión ha proporcionado una explicación razonable en su respuesta confirmatoria de por qué la información que data de 2014 a 2018 sigue siendo confidencial, en la medida en que sigue constituyendo la base del valor de referencia actual para las asignaciones gratuitas de derechos de emisión en la industria cerámica (entre 2021 y 2025).

Sobre la aplicación del Reglamento Aarhus y la existencia de un interés público superior

30. Cuando la Comisión haya determinado que conceder acceso público a los documentos solicitados supondría un perjuicio para la protección de los intereses comerciales, debe denegar el acceso a menos que la divulgación revista un interés público superior [15].

31. El Reglamento de Aarhus tiene por objeto garantizar que la «información medioambiental» se ponga progresivamente a disposición del público y se difunda al público [16]. El objetivo del acceso a esta información es promover la participación del público en el proceso de toma de decisiones, aumentando así la rendición de cuentas de la toma de decisiones y contribuyendo a la sensibilización del público y al apoyo a las decisiones adoptadas. Por lo tanto, se considera que existe un interés público en acceder a la «información medioambiental» y la Comisión debe tenerlo en cuenta a la hora de evaluar las solicitudes de acceso público [17].

32. Este interés público en acceder a la «información medioambiental» no prevalece automáticamente sobre el interés que debe protegerse mediante la no divulgación de los documentos solicitados, sino que debe evaluarse sobre la base de un examen individual de los documentos y del contexto.[18] Esto es diferente cuando se trata de un tipo específico de «información medioambiental», es decir, información que «se refiere a las emisiones al medio ambiente». Para este tipo específico de información medioambiental, se presume que existe un interés público superior en virtud del Reglamento Aarhus en lo que respecta a la excepción relativa a los intereses comerciales [19].

33. El denunciante alega que los documentos solicitados contienen información «relativa a las emisiones al medio ambiente» y que, por lo tanto, su divulgación reviste un interés público superior. La Comisión acepta que la información contenida en los documentos es «información medioambiental», pero no está claro si considera que esta información se refiere a «emisiones al medio ambiente».

34. La Defensora del Pueblo observa que los documentos controvertidos contienen, en parte, el valor total de las emisiones de CO2 de cada instalación afectada para los años 2014 a 2018. Es difícil ver cómo estos datos no constituyen información «relacionada con las emisiones al medio ambiente» con arreglo al Reglamento Aarhus. Esta información permitiría al público conocer «lo que se libera realmente en el medio ambiente o lo que puede preverse que se liberará en el medio ambiente (...)». [20] El Defensor del Pueblo no puede estar de acuerdo con la afirmación de la Comisión de que, dado que los documentos son similares a los del caso Rogesa, «no contienen información sobre la cantidad total de CO2 emitido por una instalación determinada». En efecto, la Comisión reconoce en su decisión confirmatoria que los documentos solicitados «[contienen] la cantidad total de CO2 emitida por una instalación determinada».

35. Si bien la Defensora del Pueblo acepta que los datos sobre el valor total de las emisiones de CO2 ya se han publicado de forma proactiva (tanto para los años en cuestión como para los años 2019 a 2022),[21] señala, como declaró la propia Comisión en su decisión confirmatoria y en sus explicaciones adicionales, que «[dichos] datos son más amplios que los datos que se encuentran públicamente en el Diario de Transacciones de la Unión Europea» y son «mucho más detallados» que en el asunto Rogesa. También en el asunto Rogesa, la Comisión reconoció que la información públicamente disponible no se corresponde plenamente con la información más precisa de que dispone la Comisión. Por ejemplo, la información públicamente disponible a menudo se limita a un número global para las empresas que gestionan varias instalaciones [22].

36. En vista de lo anterior, el Defensor del Pueblo propone que la Comisión reconsidere su evaluación de la información contenida en los documentos en cuestión, en la medida en que «contienen [...] la cantidad total de CO2 emitida por una instalación determinada». Si la Comisión está de acuerdo en que se trata de información «relacionada con las emisiones al medio ambiente», debe facilitar el acceso a las partes pertinentes de los documentos, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento Aarhus. Con carácter subsidiario, la Comisión debería explicar con más detalle por qué esta información no «se refiere a las emisiones al medio ambiente».

37. La Defensora del Pueblo observa además que los documentos en cuestión también contienen información sobre la cantidad de CO2 que se emite durante la producción de una tonelada de producto y otra información, como «datos sobre la actividad de producción, el consumo de energía, los balances de calor, la atribución de emisiones a nivel de subinstalación y el tipo y la cantidad de productos producidos durante los cinco años anteriores a la presentación». Como dictaminó el tribunal en el caso Rogesa, esta información puede utilizarse para extraer conclusiones sobre la eficiencia de carbono de una instalación y sus costos de producción y, como tal, puede considerarse confidencial. El Defensor del Pueblo coincide con la Comisión en que esta información no permite al público informarse sobre las emisiones reales o previsibles de las instalaciones afectadas. Por lo tanto, esta información no constituye información «relacionada con las emisiones al medio ambiente» con arreglo al Reglamento Aarhus [23].

38. Como consecuencia de ello, y a diferencia del valor total de las emisiones de CO2 de cada instalación, no existe, por tanto, un supuesto interés superior en la divulgación de esta información.

39. El denunciante trató de demostrar un interés público en la divulgación de esta información. Alegó que la divulgación sería necesaria «para garantizar y corroborar el buen funcionamiento del RCDE, como base para los derechos de emisión gratuitos, y para comprender mejor qué instalaciones en qué países de la [UE] contribuyen más a los niveles de CO2 existentes». La divulgación también «mejoraría el seguimiento y la supervisión del comercio financiero de derechos de emisión, especialmente en lo que respecta a las asignaciones gratuitas, y ayudaría a garantizar que el RCDE esté empujando eficazmente a la industria hacia materiales y procesos más ecológicos que permitan a la UE alcanzar sus objetivos de descarbonización». La divulgación también garantizaría «el buen funcionamiento del denominado «proceso de Sevilla», que permite el intercambio de información entre [expertos de los Estados miembros], la industria y las organizaciones medioambientales, lo que da lugar a documentos de referencia MTD (BREF) y conclusiones sobre las MTD, que se utilizan como referencia para establecer las condiciones del permiso».

40. El Defensor del Pueblo no está convencido de que la información contenida en los documentos en cuestión siga siendo tan sensible que el interés en su protección prevalezca sobre los intereses públicos alegados por el demandante. Si bien es cierto que una cantidad significativa de información relacionada con el RCDE [24] ya está a disposición del público, la Comisión no ha explicado de manera convincente por qué no existe un interés público superior en la divulgación. El único razonamiento expuesto por la Comisión es que el denunciante, al solicitar el acceso a los documentos controvertidos, persigue un interés privado. El Defensor del Pueblo no está de acuerdo. El artículo 13 de la Directiva sobre las emisiones industriales establece que «con el fin de elaborar, revisar y, en caso necesario, actualizar los documentos de referencia MTD, la Comisión organizará un intercambio de información entre los Estados miembros, las industrias afectadas, las organizaciones no gubernamentales que promueven la protección del medio ambiente y la Comisión».[25] El denunciante afirma que, en la revisión en curso del «Documento de referencia de la UE sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para la fabricación de cerámica» (CER BREF), representa a las organizaciones no gubernamentales que promueven la protección del medio ambiente. Esto no puede considerarse un interés privado.

41. La Comisión también alega que se requiere una menor apertura porque los documentos se refieren a un procedimiento administrativo. Si bien es cierto que los procesos legislativos exigen un mayor nivel de apertura, el Reglamento Aarhus tiene por objeto garantizar que la «información medioambiental» se ponga progresivamente a disposición del público y se difunda al público con el fin de lograr su disponibilidad y difusión sistemáticas lo más amplias posibles. Por lo tanto, se considera que existe un interés público en acceder a la «información medioambiental» y el Defensor del Pueblo considera que el reclamante ha presentado circunstancias suficientemente específicas para justificar la divulgación de la información en cuestión [26]. En particular, el acceso podría garantizar que el «proceso de Sevilla», que es a su vez una forma de consulta pública y participación en la toma de decisiones medioambientales, tenga lugar con igualdad de acceso a la información para los diferentes agentes implicados, incluidos los representantes de la sociedad civil.

42. Por lo tanto, la Defensora del Pueblo propone que la Comisión vuelva a evaluar si existe un interés público superior en la divulgación de la «información medioambiental» contenida en los documentos, sobre la base de los argumentos específicos de interés público presentados por el reclamante, y que proporcione un razonamiento detallado y coherente para su evaluación. En particular, la Comisión debe considerar si el interés público de permitir al público «verificar la base del índice de referencia y [...] las emisiones reales de GEI notificadas por instalación» y el correcto funcionamiento del «proceso de Sevilla» prevalecen sobre el interés que debe protegerse.

 Sobre los intercambios de la Comisión con los Estados miembros

43. El denunciante también solicitó acceso público a otros documentos, como los intercambios con las autoridades de los Estados miembros. En respuesta, la Comisión alegó que los intercambios de correos electrónicos que tuvieron lugar con los Estados miembros se referían a cuestiones técnicas y no cumplían los criterios de registro de sus documentos debido a su corta duración. Por lo tanto, estos intercambios no se identificaron como documentos incluidos en el ámbito de aplicación de la solicitud del denunciante.

44. Como ha subrayado reiteradamente el Defensor del Pueblo,[27] un «documento» en virtud del Reglamento 1049/2001 se refiere a «cualquier contenido, cualquiera que sea su soporte [...] dentro del ámbito de responsabilidad de la institución». [28] El hecho de que los documentos se registren posteriormente en el sistema de gestión de documentos de la institución de que se trate no es, desde el punto de vista jurídico, pertinente a efectos de la definición de «documento» en virtud del Reglamento 1049/2001.

45. Por lo tanto, el carácter técnico y el carácter efímero de los intercambios de correos electrónicos con los Estados miembros no los excluyen de ser «documentos» en virtud del Reglamento (CE) n.o 1049/2001. Además, aunque los «controles de coherencia» para verificar las observaciones de los Estados miembros con arreglo a la Directiva RCDE no afectan específicamente al sector cerámico, sí incluyen las instalaciones cerámicas.

46. En vista de lo anterior, el Defensor del Pueblo propone que la Comisión vuelva a evaluar si existen documentos adicionales que entren en el ámbito de aplicación de la solicitud de acceso del reclamante, en la medida en que sigan existiendo.

La propuesta de solución

Sobre la base de las conclusiones anteriores, la Defensora del Pueblo propone que la Comisión Europea:

1) reconsidere su apreciación de la información contenida en los documentos controvertidos, en la medida en que «contienen [...] la cantidad total de CO2 emitida por una instalación determinada». Si la Comisión está de acuerdo en que se trata de información «relacionada con las emisiones al medio ambiente», debe facilitar el acceso a las partes pertinentes de los documentos, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento Aarhus. Con carácter subsidiario, la Comisión debería explicar con más detalle por qué esta información no «se refiere a las emisiones al medio ambiente».

2) reevaluar si existe un interés público superior en la divulgación de la «información medioambiental» contenida en los documentos, sobre la base de los argumentos específicos de interés público presentados por el denunciante, y proporcionar un razonamiento detallado y coherente para su evaluación.

3) reevaluar si existen documentos adicionales que entren en el ámbito de aplicación de la solicitud de acceso del reclamante, en la medida en que sigan existiendo.

Se invita a la Comisión a que informe a la Defensora del Pueblo, a más tardar el 7 de agosto de 2023, de cualquier medida que haya adoptado en relación con la propuesta de solución de referencia.

 

Emily O'Reilly Defensora del Pueblo
Europeo


Estrasburgo, 5 de mayo de 2023



[2] Véase la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20230301 (última versión consolidada).

[3] Por lo que respecta al período 2013-2020, de conformidad con el artículo 15 de la Decisión 2011/278/UE de la Comisión, por la que se determinan las normas transitorias de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32011D0278.

[4] De conformidad con el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento 1049/2001.

[5] Sentencia del Tribunal General de 11 de julio de 2018, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Comisión, T-643/13:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203910&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4600.

[6] Reglamento (CE) n.o 1367/2006 relativo a la aplicación de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente a las instituciones y organismos comunitarios: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/oj.

[7] Para obtener más información sobre los documentos de referencia MTD y el BREF CER, visite: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference.

[8] Véase la nota 5 supra.

[10] Véase la nota 5 supra, apartado 103.

[12] De conformidad con el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento 1049/2001.

[13] Véase la nota 5 supra.

[15] De conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento 1049/2001.

[16] Artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1367/2006.

[17] Véase también la Decisión del Defensor del Pueblo en los asuntos 1132/2022/OAM y 1374/2022/OAM (https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/168684), apartado 34.

[18] Véase también la Decisión del Defensor del Pueblo en los asuntos 1132/2022/OAM y 1374/2022/OAM (https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/168684), apartado 35.

[19] De conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1367/2006.

[20] Véase la nota 5 supra, apartado 103.

[22] Véase la nota 5 supra, apartado 88.

[23] Véase la nota 5 supra, apartado 103.

[25] Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN.

[26] Véase la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 14 de noviembre de 2013, LPN y Finlandia/Comisión, C-514/11 P y C-605/11 P, apartados 93 y 94: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=0E7DD62A8879CB06AA6E455856939BF8?text=&docid=144492&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=974910 y la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 1 de febrero de 2023, ClientEarth/Comisión, T-354/21: https://curia.europa.eu/juris/document/jsf; jsessionid=220D7344D99BDDA184E0113506A47CE6?text=&docid=270046&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2499112, apartados 94-96. En esta última sentencia, el tribunal consideró que un interés público en participar efectivamente en el debate legislativo sobre cuestiones medioambientales puede ser demasiado general para constituir un interés público superior que justifique la divulgación. Sin embargo, la información en este caso permitiría al público participar en el intercambio previsto explícitamente en el artículo 13 de la Directiva sobre las emisiones industriales.

[27] Véanse también la Recomendación del Defensor del Pueblo en el asunto 1316/2021/MIG (https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/151678) y la Decisión del Defensor del Pueblo en el asunto 211/2022/TM (https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/157768).

[28] De conformidad con el artículo 3, letra a), del Reglamento 1049/2001.

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