El denunciante trabajó como experto para un contratista externo de la UE en un proyecto financiado por la UE en Tanzania gestionado por la Delegación de la Unión Europea en Tanzania y la Comunidad del África Oriental. El autor alegó que el contratista infringió la legislación de Tanzanía al no registrarse en Tanzanía, lo que le impidió obtener un permiso de trabajo válido. Posteriormente, el contratista informó al reclamante de su decisión de rescindir su contrato, teniendo en cuenta las preocupaciones sobre el trabajo del reclamante planteadas por la Delegación de la UE.

La Defensora del Pueblo inició una investigación sobre las preocupaciones del reclamante acerca de la forma en que la Delegación trató ambos asuntos. A este respecto, la Defensora del Pueblo se refirió a su opinión reiterada de que, cuando las instituciones de la UE buscan la sustitución de expertos que trabajan en proyectos de la UE, estas personas deben ser oídas antes de ser sustituidas. Si bien la Comisión alegó que no había solicitado la sustitución del experto, el Defensor del Pueblo constató que la Comisión había participado en la decisión de sustitución. Así pues, el Defensor del Pueblo constató que la Comisión no garantizó que se respetara el derecho del demandante a ser oído antes de su sustitución, lo que equivalía a una mala administración.  Hizo una sugerencia de mejora destinada a evitar que el problema se produjera en el futuro. 

Además, el Defensor del Pueblo constató que, dado que se había rescindido el contrato del reclamante, no se justificaban nuevas investigaciones sobre la cuestión del permiso de trabajo. No obstante, hizo una sugerencia de mejora a la Comisión, invitándola a verificar el asunto, ya que puede afectar a otros expertos que trabajan en el proyecto de la UE. 

 

El asunto se refería a la decisión de la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA) de no conceder un «sello de excelencia» a una propuesta de financiación de la UE en el marco de una convocatoria de propuestas de 2023 para la beca postdoctoral Marie Sklodowska-Curie (MSCA-PF), que forma parte del programa Horizonte Europa de la UE. REA se había negado a conceder el sello de excelencia a la propuesta porque la demandante tenía su sede en el Reino Unido.

La Defensora del Pueblo constató que la AEI había facilitado una explicación razonable de su decisión y había actuado de conformidad con las normas aplicables. Como tal, cerró la investigación con la conclusión de que no había mala administración. Sin embargo, hizo una sugerencia de mejora a la AEI para que facilitara al denunciante y a otros solicitantes con sede en el Reino Unido que se encontraran en la misma situación una nota explicativa o publicara una declaración pública que aclarara la situación específica de los solicitantes con sede en el Reino Unido en las convocatorias de propuestas de las ACEM-PF de 2023, en particular en relación con el sello de excelencia.

El asunto se refería a la decisión de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA) de recuperar los fondos abonados a una organización sin ánimo de lucro para un proyecto financiado en el marco del programa Europa para los Ciudadanos.

La EACEA rechazó la solicitud del denunciante de una prórroga del proyecto y consideró no subvencionables determinados costes reclamados por el denunciante, ya que se referían a actividades ejecutadas después de la fecha de finalización del proyecto o a actividades con un número insuficiente de participantes.

En el curso de la investigación, la EACEA reconoció que había deficiencias en la forma en que se comunicó con el denunciante en relación con la posible ampliación del proyecto, y se ofreció a compensar al denunciante por ello. El Defensor del Pueblo acogió con satisfacción este hecho.

La Defensora del Pueblo consideró que la posición de la EACEA sobre la ampliación del proyecto y sobre la recuperación de fondos era razonable y estaba en consonancia con las normas aplicables. Por lo tanto, el asunto se archivó con la conclusión de que no había mala administración por parte de la EACEA.

El 14 de junio de 2023, un buque pesquero (el Adriana) que transportaba unos 750 migrantes naufragó y se hundió en aguas internacionales frente a la costa de Pylos (Grecia). En la posterior operación de búsqueda y rescate (SAR), 104 personas fueron rescatadas y 82 cuerpos fueron recuperados. Los pasajeros restantes se presumen muertos. Si bien anteriormente se habían producido numerosos naufragios de barcos que transportaban migrantes a la Unión Europea, incluido un naufragio en Crotone (Italia) el 26 de febrero de 2023, cuando murieron unas 100 personas, la tragedia de Adriana se considera la más mortífera y provocó protestas internacionales.

El incidente generó preocupación pública sobre el papel y las responsabilidades de la UE en la protección de vidas en el contexto de sus políticas migratorias y fronterizas. Se han hecho acusaciones de que las acciones de la Guardia Costera Helénica (HCG) contribuyeron directa o indirectamente a la volcadura. Existen diferentes investigaciones nacionales sobre el papel de la HCG, incluida una investigación en curso del Defensor del Pueblo griego, iniciada después de que la HCG decidiera no iniciar su propia investigación disciplinaria interna.

Dado que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), a través de sus operaciones conjuntas y actividades de vigilancia, a menudo participa en cierta medida en la respuesta a las emergencias marítimas, es comprensible que la inquietud pública se extienda a su papel. En respuesta a la tragedia de Pylos, el Defensor del Pueblo decidió abrir una investigación por iniciativa propia.

La investigación concluyó que Frontex había seguido las normas y protocolos aplicables, pero demostró deficiencias en la forma en que reacciona en situaciones de emergencia marítima en las que participa, ya sea en el contexto de operaciones marítimas conjuntas o de sus actividades de vigilancia aérea polivalentes separadas.

Estas incluyen orientaciones inadecuadas sobre cómo deben responder las unidades de Frontex cuando detectan embarcaciones en posibles situaciones de emergencia en el contexto de sus actividades específicas y únicas, también en lo que respecta a la emisión de señales de emergencia. La investigación también demostró la necesidad de una mayor claridad sobre las funciones y responsabilidades y, lo que es más importante, sobre la naturaleza de la cooperación de Frontex con las autoridades nacionales.

La investigación también puso de manifiesto que no se garantizaba que los observadores de los derechos fundamentales de Frontex estuvieran suficientemente implicados en la toma de decisiones sobre emergencias marítimas detectadas durante las actividades de vigilancia de Frontex.

Para subsanar estas deficiencias, el Defensor del Pueblo formuló una serie de sugerencias. Sin embargo, la Defensora del Pueblo subrayó que estas sugerencias sobre aspectos específicos del trabajo de Frontex no son suficientes para colmar la gran brecha que deja la ausencia de búsqueda y salvamento proactivos en la UE, en particular cuando se combinan con repetidas acusaciones sobre la conducta de las autoridades en determinados Estados miembros.

 A tal fin, el Defensor del Pueblo sugirió que, cuando las autoridades nacionales no cumplan adecuadamente sus obligaciones en materia de búsqueda y salvamento, o estén implicadas de otro modo en violaciones de los derechos fundamentales, o cuando las autoridades nacionales limiten el papel y la capacidad de búsqueda y salvamento de Frontex, esto debería llevar al director ejecutivo a reconsiderar si Frontex debe continuar sus actividades en dicho Estado miembro.

El asunto se refería a la decisión de la Comisión Europea de recuperar fondos del coordinador de un proyecto financiado por la UE, llevado a cabo con otros siete socios del proyecto.

Tras una auditoría externa, la Comisión decidió recuperar del denunciante, como coordinador del proyecto, todos los costes no subvencionables identificados en el informe de auditoría para todos los socios del proyecto afectados.

En el contexto de la investigación, la Comisión decidió anular la «orden de recuperación» emitida al denunciante y, en su lugar, recuperar los fondos pertinentes de cada socio del proyecto afectado. La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción la decisión de la Comisión y dio por concluida la investigación con la conclusión de que el asunto había quedado resuelto.

El asunto se refería a la negativa de la Delegación de la UE en Argelia a pagar los costes adicionales en que incurrió un contratista durante la pandemia de COVID-19. Como resultado de un «procedimiento de solución amistosa» sobre el asunto, la Delegación de la UE confirmó que algunos costes podían reembolsarse al reclamante, pero sostuvo que otros costes incurridos no podían.  

El Defensor del Pueblo constató que el demandante y la Comisión Europea discrepaban esencialmente sobre la interpretación de las disposiciones contractuales aplicables. En tales casos, no corresponde al Defensor del Pueblo determinar cómo debe interpretarse el contrato, sino más bien a un tribunal. El Defensor del Pueblo consideró que la posición de la Comisión no era irrazonable. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo archivó el asunto con la conclusión de que no había mala administración.