El denunciante trabajó como experto para un contratista externo de la UE en un proyecto financiado por la UE en Tanzania gestionado por la Delegación de la Unión Europea en Tanzania y la Comunidad del África Oriental. El autor alegó que el contratista infringió la legislación de Tanzanía al no registrarse en Tanzanía, lo que le impidió obtener un permiso de trabajo válido. Posteriormente, el contratista informó al reclamante de su decisión de rescindir su contrato, teniendo en cuenta las preocupaciones sobre el trabajo del reclamante planteadas por la Delegación de la UE.

La Defensora del Pueblo inició una investigación sobre las preocupaciones del reclamante acerca de la forma en que la Delegación trató ambos asuntos. A este respecto, la Defensora del Pueblo se refirió a su opinión reiterada de que, cuando las instituciones de la UE buscan la sustitución de expertos que trabajan en proyectos de la UE, estas personas deben ser oídas antes de ser sustituidas. Si bien la Comisión alegó que no había solicitado la sustitución del experto, el Defensor del Pueblo constató que la Comisión había participado en la decisión de sustitución. Así pues, el Defensor del Pueblo constató que la Comisión no garantizó que se respetara el derecho del demandante a ser oído antes de su sustitución, lo que equivalía a una mala administración.  Hizo una sugerencia de mejora destinada a evitar que el problema se produjera en el futuro. 

Además, el Defensor del Pueblo constató que, dado que se había rescindido el contrato del reclamante, no se justificaban nuevas investigaciones sobre la cuestión del permiso de trabajo. No obstante, hizo una sugerencia de mejora a la Comisión, invitándola a verificar el asunto, ya que puede afectar a otros expertos que trabajan en el proyecto de la UE. 

 

El asunto se refería a la decisión de la Comisión Europea de dejar de colaborar con un trabajador interino en sus servicios de guardería. El demandante fue contratado a través de un contratista externo con contratos semanales. Siguiendo las instrucciones de la Comisión, el contratista informó a la reclamante de que la Comisión ya no solicitaría sus servicios. La demandante se dirigió al Defensor del Pueblo alegando que la Comisión no le había proporcionado motivos justificados para su decisión.

El Defensor del Pueblo ha considerado reiteradamente que, cuando las instituciones de la UE soliciten la rescisión del contrato de una persona con un contratista externo, deben proporcionar razones justas y objetivas para justificar la rescisión, informar a la persona afectada y garantizar que se le dé la posibilidad de presentar observaciones antes de la rescisión. El carácter precario de la situación de un trabajador interino implica que la Comisión tiene el deber de ser justa y transparente, incluso en ausencia de una relación contractual. En este caso, la Comisión no garantizó que se concediera al denunciante una audiencia y la oportunidad de comentar los motivos expuestos por la Comisión antes de que decidiera dejar de solicitar los servicios del denunciante. Si bien esto es lamentable, el Defensor del Pueblo señala que el reclamante debe haber sido informado de algunos de los problemas en la semana previa a la decisión de la Comisión. Sin embargo, debido a la falta de registros, el Defensor del Pueblo no está en condiciones de verificar si el personal de la Comisión debatió las cuestiones con el reclamante. No obstante, el Defensor del Pueblo acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión reconociera que podría haber explicado con más detalle su razonamiento al demandante en este caso.

Sobre esta base, el Defensor del Pueblo considera que no están justificadas más investigaciones y da por concluido el asunto.  

El caso se refería a una empresa consultora que estaba siendo investigada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) por presuntas irregularidades en proyectos financiados por la UE. La OLAF informó a la empresa de que había cerrado la investigación y presentó recomendaciones financieras y administrativas a la Comisión. Aunque la OLAF informó a la empresa de que podía dirigirse al controlador de garantías procedimentales de la OLAF, la OLAF no proporcionó información clara sobre el plazo aplicable para presentar una reclamación. Esto significaba que la empresa presentó la queja después de la fecha límite, y el controlador rechazó la queja.

El Defensor del Pueblo constató que, al no facilitar al reclamante información clara, en particular sobre la fecha de cierre de la investigación, la OLAF actuó con mala administración. Sin embargo, el Defensor del Pueblo consideró que no se había formulado ninguna recomendación adecuada para abordar esta cuestión en relación con el demandante. No obstante, formuló una sugerencia encaminada a evitar que ese problema se produjera en futuros casos similares.

El asunto se refería a la forma en que la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) tramitó una solicitud de copia de una grabación de audio de una audiencia en el contexto de una investigación administrativa sobre un presunto acoso. La autora, que alegó haber sido víctima de acoso, no estaba satisfecha de que el investigador externo encargado por la ENISA de llevar a cabo la investigación le negara el acceso a una grabación de una de las audiencias que había celebrado con ella.

La Defensora del Pueblo llegó a la conclusión de que la ENISA había incurrido en mala administración al permitir que un investigador independiente se pronunciara sobre una solicitud de copia de una grabación de audio de una audiencia en una investigación administrativa y aprobara el rechazo de la solicitud por parte del investigador sobre la base de explicaciones inadecuadas.

La Defensora del Pueblo instó a ENISA a comprometerse con su constatación de mala administración reconsiderando su negativa a conceder acceso a la grabación de audio. Dado que era probable que esto exigiera equilibrar los derechos en materia de datos personales de la propia reclamante y los de otros miembros del personal de ENISA, esta última debería volver a consultar a su delegado de protección de datos antes de adoptar una decisión motivada. En caso de que la reclamante no esté satisfecha con el resultado, podría proseguir el asunto con el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD).

El asunto se refería a la forma en que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) tramitó la solicitud de las autoridades italianas de que su contratista rescindiera el contrato de una persona contratada para trabajar como mediador/intérprete cultural en el contexto de la operación conjunta Themis en Italia. Al demandante le preocupaba que Frontex no le hubiera facilitado las razones de su despido, entre otras cosas.

La investigación de la Defensora del Pueblo puso de manifiesto que Frontex había actuado de conformidad con las normas aplicables al tramitar la solicitud de las autoridades italianas, lo que exigía que los motivos de la solicitud se trataran de forma confidencial. Por lo tanto, no podía esperarse razonablemente que Frontex adoptara un curso de acción diferente. Como tal, el Defensor del Pueblo archivó la investigación y no constató mala administración.