El asunto se refería a la decisión de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) de volver a someter a prueba a todos los candidatos a raíz de un fallo técnico durante una sesión de prueba para ocho procedimientos de selección de traductores en 2025. El problema fue un error de configuración que permitió a los candidatos seleccionar múltiples respuestas en pruebas donde solo se aceptó una respuesta. Alrededor de un tercio de los candidatos habían seleccionado múltiples respuestas. La sesión de reexamen se programó en un solo día, con la posibilidad de reprogramar solo en caso de fuerza mayor. Los denunciantes se dirigieron al Defensor del Pueblo, alegando que la decisión de volver a examinar a todos los candidatos era desproporcionada y que la negativa a permitir la reprogramación de la prueba era injusta.

La Defensora del Pueblo constató que la EPSO y los tribunales de oposición habían evaluado cuidadosamente el asunto y que no había nada que sugiriera que el enfoque elegido no representara un equilibrio razonable entre las dos consideraciones clave presentadas por la EPSO y los tribunales de oposición, a saber, la viabilidad técnica y administrativa y la igualdad de trato de los candidatos. Así pues, la decisión de volver a examinar a todos los candidatos era proporcionada al objetivo de preservar la igualdad de trato de los candidatos. La Defensora del Pueblo también llegó a la conclusión de que, en el contexto técnico dado, era razonable que la EPSO aplicara su política estándar de reprogramación.

La Defensora del Pueblo cerró la investigación con la conclusión de que la EPSO no había incurrido en mala administración.

El asunto se refería a una solicitud de acceso público a documentos elaborados en el contexto de una auditoría de la Comisión Europea relativa al cumplimiento por parte de los agricultores de Lituania de los requisitos medioambientales que deben cumplir para recibir financiación de la UE.

La Comisión se negó a dar acceso público a los documentos alegando que la divulgación pondría en peligro la conclusión satisfactoria de la auditoría.

Sobre la base de la inspección de los documentos pertinentes, el Defensor del Pueblo consideró que la Comisión estaba facultada para denegar el acceso público a los documentos en cuestión. Por lo tanto, dio por concluida la investigación, en la que no se constató mala administración.

Dicho esto, como la Comisión ha confirmado entretanto que la auditoría ha concluido, el Defensor del Pueblo confía en que la Comisión conceda el acceso más amplio posible a los documentos, si el reclamante desea continuar con el asunto.

El asunto se refería a la decisión de la Delegación de la Unión Europea en Papúa Nueva Guinea de rechazar la oferta del demandante por considerarla anormalmente baja. El denunciante alegó que la Delegación no pidió aclaraciones específicas, no motivó su decisión y basó su rechazo en elementos no relacionados con el precio indicado en la oferta.

La Defensora del Pueblo consideró que la Delegación debería haber sido más específica a la hora de solicitar aclaraciones al reclamante sobre el precio y debería haber establecido un vínculo claro entre el precio y todos los elementos tomados en consideración en su evaluación. La Delegación tampoco justificó suficientemente su decisión de rechazar la oferta por considerarla anormalmente baja, incumpliendo así la obligación de motivación. Estas deficiencias equivalen a mala administración.

Aunque la Comisión facilitó aclaraciones adicionales durante la investigación, la Defensora del Pueblo constató que estas aclaraciones no abordaban suficientemente las deficiencias detectadas.

El Defensor del Pueblo consideró que no sería adecuado hacer la recomendación correspondiente en este caso, ya que se ha adjudicado el contrato. No obstante, la oradora formula tres sugerencias encaminadas a evitar que esos problemas se produzcan en futuros casos similares.

El asunto se refería a la decisión de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) de rescindir un acuerdo de subvención en el ámbito del transporte renovable y recuperar el importe total de su contribución financiera al proyecto.

El Defensor del Pueblo constató que la CINEA no había seguido el procedimiento establecido en el acuerdo de subvención y que había indicios de que la decisión de la CINEA podría no haber sido totalmente justa y proporcionada. Sin embargo, habida cuenta de la insolvencia del denunciante ´ y del hecho de que la Fiscalía Europea ha estado investigando posibles irregularidades en el contexto del proyecto, no cabe esperar que la CINEA revise significativamente su decisión en esta fase. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo llegó a la conclusión de que ninguna otra investigación está justificada y dio por concluido el caso.

El Defensor del Pueblo hizo una sugerencia de mejora a la CINEA para garantizar que no surjan problemas similares en futuros casos.

La denuncia se refería a la negativa del Banco Central Europeo (BCE) a conceder el permiso parental a un miembro del personal empleado en virtud de un contrato temporal de comisión de servicios (SEBC/IO) utilizado para intercambios con bancos centrales nacionales y con una duración máxima de tres años. El demandante alegó que excluir al personal con tales contratos del permiso parental vulneraba el principio de igualdad de trato y el derecho al permiso parental con arreglo al artículo 33, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El BCE sostuvo que sus normas estaban justificadas por el carácter específico y temporal de los contratos SEBC/IO, la necesidad de garantizar la continuidad operativa y el hecho de que el personal conservara el acceso al permiso parental en sus sistemas nacionales de empleo. Alegó que el artículo 33, apartado 2, de la Carta no confiere un derecho incondicional al permiso parental y que conserva un margen de apreciación para determinar los requisitos aplicables.

El Defensor del Pueblo consideró que el BCE no había demostrado que la denegación del derecho fundamental al permiso parental para el personal del SEBC/OI estuviera justificada y fuera proporcionada, o que no pudieran adoptarse medidas menos restrictivas. El Defensor del Pueblo también consideró que la posibilidad de disfrutar posteriormente de un permiso parental con arreglo a la legislación nacional no era un sustituto adecuado para ejercer ese derecho cuando era más pertinente para el cuidado de un niño de corta edad.

El Defensor del Pueblo concluyó que esto constituía mala administración y recomendó que el BCE revisara sus normas sobre el empleo a corto plazo para garantizar un acceso proporcionado al permiso parental, en particular para los contratos del SEBC/OI renovados más allá de un período inicial.

El asunto se refería al modo en que la Comisión Europea organizó pruebas en un procedimiento de selección para contratar a un responsable de traducción/sobre el terreno con sede en Nicosia (Chipre). Las pruebas se celebraron únicamente en cuatro ciudades de la UE y la Comisión no reembolsó los gastos de viaje y estancia de los candidatos. La Comisión basó su enfoque en el hecho de que se requería un dominio perfecto del griego y que la mayoría de los candidatos procedían de Chipre y Grecia. El demandante, un ciudadano griego residente en Suecia, que fue preseleccionado, consideró injusto que la Comisión esperara que pagara una cantidad significativa para viajar a fin de rendir el examen.   

La Defensora del Pueblo constató que la Comisión no había tenido en cuenta la realidad de que muchos ciudadanos de la UE ejercen su libertad de circulación y viven y trabajan en Estados miembros distintos de su país de origen. Recordando el principio consagrado en el Estatuto de los funcionarios, a saber, que la contratación en la UE debe garantizar al personal los más altos niveles de capacidad, eficiencia e integridad, la Defensora del Pueblo consideró problemático que la Comisión no hubiera hecho ningún esfuerzo para facilitar la participación en la prueba de un candidato que había preseleccionado.

Dado que el procedimiento de selección en cuestión había finalizado, el Defensor del Pueblo archivó el asunto concluyendo que no estaban justificadas nuevas investigaciones. El Defensor del Pueblo hizo una sugerencia de mejora a la Comisión para el futuro. Pide a la Comisión que tenga debidamente en cuenta la situación de los candidatos preseleccionados para garantizar la igualdad de posibilidades de participar en las pruebas y entrevistas presenciales, ya sea ofreciendo a dichos candidatos el reembolso de los costes o ofreciendo la posibilidad de realizar las pruebas o entrevistas en las representaciones seleccionadas de la Comisión en los Estados miembros.

 

Los asuntos se referían a la decisión de Frontex de no reembolsar a los denunciantes, que eran candidatos en un procedimiento de contratación de Frontex para miembros de su «cuerpo permanente», los gastos de viaje y estancia después de viajar a Varsovia (Polonia), a efectos de pruebas de natación y exámenes médicos. Las normas de Frontex sobre contratación prevén que los costes relacionados con el examen médico final solo se reembolsarán si un candidato asume posteriormente su puesto en Frontex, mientras que los denunciantes no lo hicieron.

La Defensora del Pueblo constató que, de conformidad con las normas vigentes de Frontex, si bien Frontex combinó las pruebas de natación con el examen médico debido a la presión sobre sus procedimientos de contratación, debería haber realizado una evaluación separada de los costes relacionados con las pruebas de natación.

El Defensor del Pueblo presentó una propuesta de solución para que Frontex reconsiderara su decisión de no reembolsar a los reclamantes la totalidad de los gastos de viaje y estancia y considerara la posibilidad de reembolsarles los gastos inevitables relacionados con las pruebas de natación a las que se sometieron. Frontex acordó contribuir en forma de dietas por el número de días adicionales que los denunciantes permanecieron en Varsovia para realizar las pruebas de natación.

La Defensora del Pueblo cerró la investigación con la conclusión de que Frontex había aceptado la propuesta de solución.

 

El asunto se refería a la forma en que la Autoridad Laboral Europea (ALE) evaluó la experiencia profesional del reclamante en un procedimiento de selección para la contratación de un asistente de recursos humanos.

El Defensor del Pueblo constató que el comité de selección había examinado la información facilitada en la solicitud del reclamante y la había evaluado con arreglo a los criterios de admisibilidad. La Defensora del Pueblo no encontró indicios de error manifiesto en la forma en que el comité de selección evaluó la experiencia profesional del reclamante. Por lo tanto, no hubo mala administración por parte de la ALE a este respecto. Sin embargo, no estaba claro cómo había tramitado la ALE la reclamación administrativa del reclamante. La ALE explicó que inicialmente había malinterpretado la denuncia, pero que entretanto había enviado una respuesta al denunciante. Por consiguiente, la Defensora del Pueblo dio por concluida la investigación con la conclusión de que no se justifican nuevas investigaciones sobre este aspecto.