Las agencias de la UE desempeñan un papel central al aplicar las políticas de la UE y proporcionar conocimientos técnicos, científicos y jurídicos en sectores clave. Cualquier percepción de que sus servidores públicos persiguen intereses privados que entran en conflicto con sus deberes puede socavar la confianza pública en su trabajo. El Defensor del Pueblo Europeo ha destacado sistemáticamente los riesgos del fenómeno de las «puertas giratorias», en el que el personal pasa a funciones externas, en particular en el sector privado. Incluso un pequeño número de casos de alto perfil puede desencadenar inquietud pública y daños a la reputación, como se refleja en investigaciones recientes.

Al mismo tiempo, la administración de la UE debe atraer a profesionales cualificados para abordar prioridades como la sostenibilidad, la digitalización y la seguridad. Medidas como los períodos de incompatibilidad y las restricciones laborales pueden afectar a la flexibilidad profesional, especialmente en ámbitos como el Derecho, las finanzas o la tecnología.

En este contexto, esta investigación examinó, desde un punto de vista sistémico, cómo gestionan las agencias de la UE los casos de puertas giratorias. El objetivo era identificar buenas prácticas y posibles deficiencias en las políticas y prácticas vigentes. Con este fin, el Defensor del Pueblo llevó a cabo una revisión detallada de las políticas aplicadas por quince agencias de la UE e inspeccionó 54 expedientes sobre casos individuales tramitados por nueve agencias de la UE. El equipo de investigación del Defensor del Pueblo se reunió con representantes de cinco agencias de la UE para aclarar cuestiones pendientes.

Casi todas las agencias de la UE que presentaron documentación al Defensor del Pueblo dijeron que habían adoptado el enfoque de la Comisión Europea para aplicar las obligaciones jurídicas del personal en transición a funciones del sector privado, ya sea en el momento de la salida o durante las vacaciones no remuneradas. Sin embargo, el Defensor del Pueblo constató que algunas agencias de la UE disponen de orientaciones más detalladas y exhaustivas sobre la aplicación de estas obligaciones jurídicas que otras. Las diferencias detectadas por el Defensor del Pueblo se refieren a la forma en que las agencias tratan las notificaciones tardías o incompletas de las actividades posteriores al servicio, la forma en que las agencias evalúan dichas notificaciones, la naturaleza de las medidas de mitigación impuestas, la transparencia de las decisiones sobre las actividades posteriores al servicio notificadas y la forma en que se supervisan las obligaciones derivadas de ellas, así como la forma en que las agencias capacitan al personal sobre sus obligaciones éticas.

Además, el Defensor del Pueblo constató que las normas y políticas que rigen las actividades posteriores al mandato de los no miembros del personal, es decir, los miembros de los consejos de administración o de las juntas de supervisores de las agencias, difieren notablemente. La mayoría de los miembros del Consejo de Administración de las agencias son nombrados por las autoridades nacionales y representan a sus respectivos Estados miembros, lo que significa que siguen estando sujetos a las normas éticas nacionales, que varían de un Estado miembro a otro. Para abordar los posibles conflictos de intereses y los daños a la reputación derivados de los movimientos de puertas giratorias, solo algunos de los órganos de gobierno de las agencias de la UE examinadas en esta investigación han adoptado políticas que regulan las actividades posteriores al mandato de (antiguos) miembros del Consejo.

Para ayudar a las agencias de la UE a seguir reforzando sus normas sobre los movimientos de puertas giratorias, el Defensor del Pueblo estableció una serie de directrices sobre buenas prácticas:

• Un marco de integridad sólido comienza con la prevención: dotar al personal y a los miembros de la Junta de orientaciones claras, formación periódica e iniciativas de sensibilización continuas para garantizar la plena comprensión de las obligaciones éticas es esencial.
• Esto se ve reforzado por sólidos procedimientos operativos estándar para manejar situaciones de puertas giratorias, que proporcionan un enfoque claro y paso a paso para las notificaciones, las evaluaciones y el cumplimiento.
• Los criterios transparentes para restringir las funciones posteriores al servicio o al mandato deben establecerse por adelantado, de modo que las personas sean plenamente conscientes de las limitaciones antes de unirse.
• Cuando se señale un traslado al sector privado, las agencias deben actuar con rapidez, realizando evaluaciones exhaustivas de riesgos, identificando posibles conflictos de intereses y tomando medidas preventivas inmediatas, como revocar los derechos de acceso o reasignar responsabilidades cuando sea necesario.
• La toma de decisiones debe ser justa, transparente y bien documentada, permitiendo a las personas formular observaciones sobre las restricciones propuestas, garantizando al mismo tiempo que los riesgos se gestionen eficazmente mediante medidas proporcionadas, como períodos de incompatibilidad, prohibiciones de los grupos de presión o, en caso necesario, prohibiciones absolutas.
• Oportunamente, las decisiones motivadas deben delinear claramente los derechos de recurso.
• Más allá de la toma de decisiones exhaustiva, la rendición de cuentas depende de una aplicación estricta. Esto incluye la publicación de resúmenes de las actividades autorizadas, el seguimiento activo del cumplimiento de las condiciones impuestas y el cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad.
• Cuando se sospechan infracciones, las agencias deben responder con prontitud, estableciendo los hechos y aplicando medidas disciplinarias en casos graves, para mantener la confianza y salvaguardar la integridad institucional.

La Defensora del Pueblo concluye que las agencias de la UE pueden aprender mucho de las prácticas de los demás. La Defensora del Pueblo tiene la intención de aplicar estas directrices de buenas prácticas a los casos que puedan señalarse a su atención en el futuro.

El asunto se refería a la forma en que la Agencia de la UE para la Cooperación Policial (Europol) abordó los traslados de dos de sus antiguos miembros del personal a Thorn (una entidad privada que desarrolla soluciones de software basadas en IA para detectar material de abuso sexual de menores en línea), mientras que la UE estaba estudiando la posibilidad de adoptar normas al respecto. El denunciante expresó su preocupación por posibles conflictos de intereses con las mudanzas.

El Defensor del Pueblo constató que la forma en que Europol había abordado el traslado de un miembro del personal al sector privado constituía una mala administración. Sin embargo, en el curso de la investigación, Europol indicó su voluntad de revisar sus procesos existentes. La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción este hecho y pidió a Europol que le informara, en un plazo de seis meses, sobre la manera en que la revisión aborda las deficiencias detectadas en esta investigación.

El asunto se refería al traslado de un antiguo vicepresidente (antiguo vicepresidente) del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que también presidía el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), para convertirse en director ejecutivo (CEO) del «banco nacional de fomento» en Italia, su Estado miembro de origen.

Los bancos nacionales de fomento actúan como intermediarios financieros entre el Grupo BEI y los proyectos a pequeña escala que se benefician de las inversiones del Grupo BEI. Como tal, al denunciante le preocupaba que la medida del antiguo vicepresidente planteara riesgos de conflicto de intereses.

El Defensor del Pueblo investigó la cuestión y constató que, semanas antes de que el antiguo vicepresidente fuera nombrado director general del banco nacional de fomento, participó en la aprobación de acuerdos de financiación entre el BEI y el FEI y el banco nacional de fomento de Italia. Esto ocurrió a pesar de que el director de cumplimiento del BEI había aconsejado que se abstuviera de cualquier negocio con el banco nacional de promoción mientras su procedimiento de nombramiento para ese banco estaba en curso. El director de cumplimiento se refirió a una decisión conexa del Comité de Ética y Cumplimiento (CEC) del BEI en 2018.

En este contexto, el Defensor del Pueblo consideró que la forma en que el BEI abordaba los riesgos de conflictos de intereses era inadecuada y constituía una mala administración. Para abordar esta cuestión, el Defensor del Pueblo propone que el BEI refuerce el papel del CEC en relación con las actividades previstas posteriores al mandato de los (antiguos) miembros del comité de gestión del BEI, incluso cuando las actividades posteriores al mandato se realicen con una entidad definida como poseedora de capacidad de servicio público. Específicamente, el CEC debe estar en condiciones de imponer medidas para mitigar cualquier riesgo de conflicto de intereses que se identifique. El Defensor del Pueblo también propuso que el BEI hiciera públicas las decisiones CEC poco después de su adopción, con el fin de mejorar el seguimiento y la aplicación del cumplimiento de las condiciones impuestas por el CEC a las actividades posteriores al mandato de los antiguos miembros del comité de gestión. El Defensor del Pueblo confía en que, con estas mejoras, el BEI pueda evitar que surjan problemas similares en el futuro.

Dado que a la UE se le confían cada vez más competencias en ámbitos que van desde la defensa hasta la asistencia sanitaria, la confianza pública en la administración es esencial. Cualquier percepción de que los funcionarios públicos persiguen intereses privados que entran en conflicto con su trabajo público es, por lo tanto, altamente perjudicial. El Defensor del Pueblo Europeo ha identificado desde hace tiempo el fenómeno de las «puertas giratorias» como un fenómeno que puede dañar la confianza pública si no se gestiona adecuadamente. Incluso un pequeño número de movimientos de alto perfil puede generar inquietud pública significativa y causar daño a la reputación. Esta investigación estratégica examinó cien expedientes de «puertas giratorias» de la Comisión Europea para identificar ámbitos susceptibles de mejora y orientar al resto de la administración de la UE para el futuro.

La investigación de la Defensora del Pueblo encontró mejoras reales desde la última vez que examinó la cuestión, incluidas orientaciones sobre cómo llevar a cabo exámenes más rigurosos de cada movimiento.

Dicho esto, en algunos casos, la Comisión aprobó las solicitudes de antiguos altos funcionarios para emprender actividades, a pesar de las reservas sobre si las condiciones impuestas a los traslados mitigarían los riesgos potenciales (como los conflictos de intereses y el acceso a conocimientos o contactos dentro de la administración). El Defensor del Pueblo considera que tales traslados solo deben autorizarse cuando la actividad pueda estar sujeta a restricciones que mitiguen adecuadamente los riesgos y que puedan supervisarse y aplicarse de manera creíble.

Cuando tales restricciones y medidas de ejecución no sean posibles, la Comisión debe prohibir temporalmente a los antiguos miembros del personal el acceso a los puestos de trabajo previstos. No hacerlo corre el riesgo de subestimar los efectos corrosivos a lo largo del tiempo de que dichos funcionarios aporten sus conocimientos y redes a ámbitos relacionados del sector privado, y el consiguiente daño a la reputación de la UE.

Al aprobar una actividad con medidas de mitigación, la Comisión debe explorar toda la gama de medidas disponibles. Por ejemplo, la Comisión podría condicionar su aprobación de un nuevo puesto de trabajo a que el miembro del personal obtenga el compromiso del nuevo empleador de que las restricciones impuestas por la Comisión se hagan públicas en el sitio web del nuevo empleador. Como mínimo, la Comisión debería exigir al (antiguo) miembro del personal que presente pruebas de que las restricciones impuestas se compartieron con el nuevo empleador.

Las dificultades encontradas por la Comisión en la supervisión del cumplimiento llevaron a la Defensora del Pueblo a reiterar su sugerencia de que la Comisión haga pública de manera más oportuna la información sobre todas las actividades posteriores al servicio de los antiguos miembros del personal de alto nivel que evalúa. Esto mejoraría el control público de estas decisiones, que es esencial a efectos de seguimiento.

El Defensor del Pueblo Europeo ha identificado desde hace tiempo las «puertas giratorias», por las que los funcionarios públicos se trasladan al sector privado, como un fenómeno que puede dañar la confianza pública si no se gestiona adecuadamente.

Esta investigación de propia iniciativa tenía por objeto examinar la forma en que el Banco Central Europeo (BCE) se ocupa de los movimientos de puertas giratorias de los miembros de su personal.

Dado el papel del BCE en la garantía de la estabilidad de precios y la supervisión de las entidades financieras y de crédito, cualquier traslado de (antiguos) miembros del personal del BCE a entidades financieras o de crédito privadas, en particular las que están sujetas a la supervisión del BCE, puede plantear conflictos de intereses y riesgos para la reputación, y causar inquietud pública.

La investigación de la Defensora del Pueblo evaluó un caso específico, que había suscitado preocupación pública, y también examinó 26 casos de solicitudes de miembros del personal para emprender actividades profesionales, ya sea durante vacaciones no remuneradas o después de terminar su trabajo con el BCE. En todos los expedientes examinados, excepto en uno, los miembros del personal del BCE se trasladaron al sector privado, incluidas las entidades y bancos que están bajo la supervisión del BCE.

La Defensora del Pueblo concluyó que el BCE debería aplicar un enfoque más sólido en relación con los movimientos de puertas giratorias de su (antiguo) personal de rango medio y superior a puestos de trabajo del sector privado, en particular en el sector financiero.

Para abordar las deficiencias que surgieron en el caso concreto y, de manera más general, en la forma en que el BCE aborda este reto, la Defensora del Pueblo formuló una serie de sugerencias sobre la forma en que el BCE puede reforzar sus normas, en particular en el contexto de la revisión en curso del Marco Ético del BCE.

Concretamente, el BCE debe ampliar el ámbito de aplicación del personal sujeto a requisitos más estrictos de notificación y/o de incompatibilidad u optar por un requisito mínimo general para todo el personal similar a las disposiciones del Estatuto de los funcionarios de la UE relativas a las actividades profesionales posteriores al servicio.

El BCE también debería alargar, de seis meses a un año, la prohibición de que los antiguos altos funcionarios del BCE ejerzan presión sobre sus antiguos colegas.

El BCE debe seguir mejorando su supervisión del cumplimiento por parte de los (antiguos) miembros del personal de sus obligaciones y condiciones éticas impuestas por el BCE, por ejemplo, haciendo públicas las condiciones para autorizar las actividades posteriores a la contratación de antiguos altos funcionarios, de modo que puedan señalarse las presuntas infracciones.

Además, el Defensor del Pueblo sugirió que, cuando el BCE considere que una solicitud de un miembro del personal para acceder a una actividad profesional durante un permiso no remunerado plantea riesgos que no pueden mitigarse adecuadamente mediante restricciones o cuando las restricciones no pueden supervisarse o aplicarse de manera efectiva, no debe autorizar dicha solicitud.

 

El asunto se refería a la decisión del Banco Europeo de Inversiones de aprobar una solicitud presentada por un antiguo vicepresidente y miembro de su Comité de Dirección (en lo sucesivo, «antiguo vicepresidente») para convertirse en miembro no ejecutivo del consejo de administración de una empresa española de servicios públicos de energía, que recibió préstamos del BEI.

Los denunciantes, dos diputados al Parlamento Europeo, expresaron su preocupación por el hecho de que la medida diera lugar a un riesgo de conflictos de intereses. El BEI alegó que el antiguo vicepresidente no había participado en la negociación y aplicación de los acuerdos de financiación entre el BEI y la empresa.

El Defensor del Pueblo constató que, al aprobar el traslado, el BEI no gestionó adecuadamente el riesgo de conflictos de intereses que posiblemente dio lugar a la solicitud del antiguo vicepresidente. Sin embargo, dado que, entretanto, el BEI ha introducido mejoras en las normas éticas pertinentes para abordar estas cuestiones, el Defensor del Pueblo determinó que no estaban justificadas más investigaciones.

No obstante, el Defensor del Pueblo hizo sugerencias de mejora con vistas a reforzar la forma en que el BEI evalúa los movimientos de «puertas giratorias» de los miembros de su CM al sector privado, y la forma en que garantiza el cumplimiento cuando su Comité de Ética y Cumplimiento autoriza un movimiento pero aplica condiciones a la persona y sus actividades.