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A medida que se confieren mayores competencias a la UE en ámbitos como la defensa o la asistencia sanitaria, es esencial contar con la confianza del público en la administración. Resulta muy perjudicial, por tanto, cualquier percepción de que los funcionarios públicos persigan intereses privados que entren en conflicto con su trabajo para el sector público. La defensora del pueblo europeo hace tiempo que ha identificado el fenómeno de las puertas giratorias como dañino para la confianza del público si no se gestiona de forma adecuada. Incluso un número reducido de movimientos de gran repercusión puede generar considerable preocupación pública y daño a la reputación. Esta investigación estratégica analizó 100 expedientes de «puertas giratorias» para detectar aspectos susceptibles de mejora y para orientar al resto de las administraciones de la UE en el futuro.

La investigación de la defensora del pueblo europeo encontró verdaderas mejoras desde que examinó el asunto por última vez, incluso orientación sobre cómo llevar a cabo análisis más rigurosos en cada caso.

Dicho esto, en algunos casos, la Comisión aprobó solicitudes de antiguos miembros de su personal para llevar a cabo actividades, a pesar de sus reservas acerca de si las condiciones impuestas al traslado reducirían los posibles riesgos (tales como conflictos de intereses y acceso a conocimiento o contactos dentro de la administración). La defensora del Pueblo considera que tales casos deben autorizarse únicamente si la actividad se puede someter a limitaciones que reduzcan de forma adecuada los riesgos y que se puedan vigilar y aplicar de modo fiable.

En caso de no poder aplicar tales limitaciones, la Comisión debe prohibir con carácter temporal a su antiguo personal que acepten los trabajos solicitados. No hacerlo conlleva el riesgo de subestimar los efectos corrosivos a lo largo del tiempo de que esos funcionarios lleven sus conocimientos y redes a ámbitos afines del sector privado, y ocasionen el consiguiente daño a la reputación de la UE.

Al aprobar una actividad con medidas de mitigación, la Comisión debe explorar todas las medidas disponibles. Por ejemplo, la Comisión podría aprobar un nuevo trabajo a condición de que el nuevo empleado del exmiembro del personal se comprometa a hacer públicas en su sitio web las limitaciones impuestas por la Comisión. Como mínimo, la Comisión debe exigir al (antiguo) miembro de su personal que presente pruebas de que las medidas impuestas se comunicaron al nuevo empleador.

Las dificultades a las que se ha enfrentado la Comisión para vigilar el cumplimiento han llevado a la defensora del pueblo europeo a reiterar su sugerencia de que la Comisión haga pública con mayor prontitud la información sobre todas las actividades posteriores al servicio en las instituciones de antiguos miembros del personal que evalúe. Esto mejoraría el escrutinio público de estas decisiones, que es imprescindible a efectos de vigilancia.

 

La Defensora del Pueblo Europeo identificó hace tiempo las «puertas giratorias», con las que funcionarios públicos pasan al sector privado, como un fenómeno que puede dañar la confianza de la población si no se gestiona de forma adecuada.

Con esta investigación de iniciativa propia se pretendía ver cómo aborda el Banco Central Europeo (BCE) el paso por las «puertas giratorias» de los miembros de su personal.

Dado que la función del BCE es garantizar la estabilidad de los precios y supervisar a las entidades financieras y de crédito, el paso de (ex) miembros del personal del BCE a entidades financieras o de crédito privadas, en particular las que son supervisadas por el BCE, puede plantear un conflicto de intereses y un riesgo para la reputación, además de causar inquietud en la población.

En su investigación, la Defensora del Pueblo Europeo evaluó un caso concreto, que había causado una gran inquietud pública, y revisó además 26 casos de solicitudes de miembros del personal de asumir otra actividad profesional, ya fuera durante una excedencia o una vez finalizada su relación laboral con el BCE. En todos los expedientes revisados excepto uno, miembros del personal del BCE pasaron al sector privado, a entidades y bancos que están bajo la supervisión del BCE.

La Defensora del Pueblo Europeo concluyó que el BCE debería aplicar un enfoque más sólido en relación con el paso por las puertas giratorias de sus (ex) miembros del personal intermedio y directivo para ocupar cargos en el sector privado, principalmente en el sector financiero.

Para abordar las deficiencias encontradas en el caso individual, y más en general respecto a cómo aborda el BCE este problema, la Defensora del Pueblo Europeo expresó varias sugerencias sobre cómo puede el BCE fortalecer sus normas, por ejemplo, en el contexto de la revisión continua del Marco Ético del BCE.

En concreto, el BCE debería ampliar el tipo de personal que está sujeto a requisitos más estrictos de notificación y período de reflexión o bien optar por un requisito mínimo general para todo el personal similar a las disposiciones del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea en cuanto a las actividades profesionales tras el servicio.

El BCE también debería alargar, de seis meses a un año, la prohibición de que los ex miembros del personal directivo del BCE ejerzan presión sobre sus antiguos colegas.

El BCE debería mejorar su seguimiento del cumplimiento por parte de los (ex) miembros de su personal de las obligaciones éticas y condiciones que impone el BCE, por ejemplo, haciendo púbicas las condiciones para autorizar actividades posteriores a la separación del servicio de los antiguos miembros del personal directivo, para que se puedan señalar esos presuntos incumplimientos.

Asimismo, la Defensora del Pueblo Europeo sugirió que, cuando el BCE considere que una solicitud de un miembro del personal para asumir una actividad profesional mientras está en excedencia plantea riesgos que no se pueden mitigar adecuadamente con restricciones, o cuando las restricciones no se puedan supervisar o aplicar de manera efectiva, no debe autorizarse dicha solicitud.

 

The case concerned the decision of the European Investment Bank to approve a request made by a former vice-president and member of its Management Committee (MC) (the ‘former VP’) to become a non-executive board member of a Spanish energy utility company, which received loans from the EIB.

The complainants, two Members of the European Parliament, raised concerns that the move gave rise to the risk of conflicts of interest. The EIB argued that the former VP had not been involved in the negotiation and implementation of the financing agreements between the EIB and the company.

The Ombudsman found that, in approving the move, the EIB did not properly manage the risk of conflicts of interest to which the former VP’s request arguably gave rise. However, given the EIB has, in the meantime, made improvements to the relevant ethics rules to address these matters, the Ombudsman determined that no further inquiries were justified.

Nonetheless, the Ombudsman made suggestions for improvement with a view to strengthening how the EIB assesses ‘revolving door’ moves by members of its MC to the private sector, and how it ensures compliance where its Ethics and Compliance Committee authorises a move but applies conditions on the individual and their activities.