El asunto se refería a una solicitud de acceso público a documentos relacionados con una reunión entre la Comisión Europea y un grupo de reflexión que tuvo lugar en 2014. La Comisión concedió acceso parcial a dos documentos y denegó el acceso a un tercer documento en su totalidad. Al hacerlo, la Comisión invocó la excepción al acceso del público que se refiere a la protección de la intimidad y la integridad de la persona.

El equipo de investigación del Defensor del Pueblo revisó los documentos en cuestión y confirmó que las expurgaciones abarcan datos personales. El Defensor del Pueblo consideró que era razonable que la Comisión considerara que el demandante no había aportado argumentos convincentes sobre por qué era necesario que tuviera acceso a los datos personales en cuestión. Como tal, la Comisión estaba justificada al denegar el acceso (pleno) a los documentos solicitados.

La Defensora del Pueblo archivó la investigación y constató que no había mala administración.

El asunto se refería a una solicitud de acceso público a documentos en poder de la Comisión Europea en relación con preocupaciones sobre la conducta profesional planteadas por miembros de la Operación Internacional de Vigilancia en Albania. La Comisión determinó que un documento (una carta) entraba en el ámbito de aplicación de la solicitud y concedió acceso parcial a él. Denegó el acceso a partes de la carta basándose en la necesidad de proteger la privacidad y el interés público en lo que respecta a las relaciones internacionales de la Unión.

El equipo de investigación del Defensor del Pueblo revisó el documento y confirmó que las partes retenidas contienen datos personales e información sensible. El Defensor del Pueblo consideró razonables los argumentos de la Comisión que justificaban la supresión de datos personales. También consideró que no era manifiestamente erróneo que la Comisión alegara que la divulgación de determinadas partes sensibles de la carta socavaría las relaciones internacionales de la Unión con Albania.

Por consiguiente, la Defensora del Pueblo archivó la investigación y constató que no había mala administración.

El asunto se refería a una solicitud de acceso público a documentos de la Comisión Europea relativos al retorno o la expulsión de refugiados, solicitantes de asilo o migrantes de Turquía. En respuesta, la Comisión identificó veintisiete documentos a los que denegó el acceso en su totalidad. En seis de los documentos, se denegó el acceso para proteger los intereses comerciales del socio ejecutante del proyecto relacionado financiado por la UE. Para los demás documentos, la Comisión invocó la protección del interés público en lo que respecta a las relaciones internacionales de la UE con Turquía.

El denunciante pidió a la Comisión que revisara su decisión (mediante una «solicitud confirmatoria»). Dado que la Comisión no respondió dentro de los plazos aplicables, el demandante recurrió al Defensor del Pueblo.

La Defensora del Pueblo inició una investigación sobre la falta de respuesta de la Comisión a la solicitud confirmatoria del reclamante. A falta de una decisión confirmatoria, y en un esfuerzo por hacer avanzar el asunto, el Defensor del Pueblo solicitó que se inspeccionaran los documentos en cuestión. Sobre la base de la inspección, la Defensora del Pueblo compartió su opinión preliminar con la Comisión de que la denegación de acceso a todos los documentos en su totalidad no estaba justificada.

Casi un año después de la presentación de la solicitud confirmatoria, la Comisión respondió reiterando que no podía concederse acceso a ninguno de los documentos. Aunque ya no se basaba en la protección de los intereses comerciales de la entidad gestora asociada, consideró que debía denegarse el acceso a todos los documentos para evitar poner en peligro las relaciones internacionales de la Unión con Turquía. 

Dado que la Comisión ha respondido a la solicitud confirmatoria del reclamante, el Defensor del Pueblo archivó el asunto. Criticó inequívocamente el importante retraso en que incurrió la Comisión para responder a la solicitud del denunciante. La Defensora del Pueblo también reiteró sus dudas -como ya expuso en sus puntos de vista preliminares- en cuanto a si los documentos contienen información sensible en todo momento. Sin embargo, dado que el asunto se refería a la falta de respuesta oportuna de la Comisión a la solicitud de acceso público, no prosiguió.

El asunto se refería a una solicitud de acceso público a un documento relacionado con un proyecto financiado por la UE en Turquía relativo a la gestión de la migración. La Comisión Europea identificó un documento, un informe financiero, que se negó a divulgar debido a que la divulgación podría socavar la protección del interés público en lo que respecta a la seguridad pública y las relaciones internacionales de la UE.

El equipo de investigación del Defensor del Pueblo inspeccionó el documento en cuestión.

Sobre la base de la inspección y teniendo en cuenta el amplio margen de apreciación de que disponen las instituciones de la Unión a la hora de determinar si el interés público en lo que respecta a la seguridad pública y las relaciones internacionales está en peligro, el Defensor del Pueblo consideró que la decisión de la Comisión de denegar el acceso no era manifiestamente errónea. Dado que los intereses públicos en juego no pueden ser sustituidos por otro interés público que se considere más importante, el Defensor del Pueblo no constató mala administración y archivó el asunto.

El asunto se refería a una solicitud de acceso público a documentos relacionados con una reunión entre representantes del Instituto Tony Blair para la Gobernanza Global (TBI) y dos miembros del gabinete del comisario húngaro el 19 de junio de 2024. En particular, el autor estaba interesado en saber si un representante específico de TBI, a quien el autor consideraba una figura pública que anteriormente ocupaba un cargo público, estaba presente en la reunión.

La Comisión facilitó al denunciante acceso parcial al informe de la reunión y a un correo electrónico que había recibido de TBI antes de la reunión. La Comisión redactó los nombres de los representantes de TBI. Consideró que los argumentos presentados por el denunciante no permitían establecer una necesidad específica de divulgación de estos datos personales («necesidad») en aras del interés público. Independientemente de la falta de necesidad, la Comisión consideró que la divulgación socavaría los intereses legítimos de las personas afectadas. Por lo que se refiere a la solicitud de acceso relativa a una persona identificada, la Comisión respondió que no podía confirmar ni negar si la persona en cuestión había estado en la reunión, ya que también se consideraban datos personales.

El Defensor del Pueblo consideró que era razonable que la Comisión considerara que el demandante no había presentado argumentos suficientes que demostraran la necesidad de que se le transfirieran los datos personales para un fin específico de interés público. Por consiguiente, la Defensora del Pueblo dio por concluida la investigación y llegó a la conclusión de que no estaban justificadas nuevas investigaciones. Sin embargo, el Defensor del Pueblo señaló que la Comisión podría haber consultado con TBI sobre la cuestión de la divulgación de los nombres de sus representantes en la reunión, con el fin de eliminar cualquier base para la especulación pública, e hizo una sugerencia correspondiente.