El asunto se refería al hecho de que no se había facilitado la traducción de un apéndice de un reglamento de ejecución de la Comisión Europea. El apéndice, que solo estaba disponible en inglés, forma parte de las medidas que la UE ha adoptado para garantizar la interoperabilidad de los sistemas ferroviarios de la Unión.

La Comisión Europea informó al Defensor del Pueblo de que había decidido traducir el contenido del apéndice y que en el futuro se traducirá un contenido similar.

Por consiguiente, el Defensor del Pueblo llegó a la conclusión de que no había motivos para seguir investigando.

El asunto se refería a la forma en que la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) evaluó la admisibilidad de un candidato en un procedimiento de selección para juristas lingüistas de lengua francesa. La EPSO consideró que el demandante no era elegible porque no tenía los títulos exigidos. El demandante impugnó la decisión de la EPSO alegando que disponía de los títulos exigidos.

En el curso de la investigación, el Defensor del Pueblo encontró problemas con la decisión del tribunal calificador de considerar que el reclamante no era elegible. Propone que la EPSO solicite al tribunal que reconsidere su posición sobre la admisibilidad del reclamante para el procedimiento de selección. La EPSO acordó revisar la elegibilidad del candidato y solicitó al reclamante documentos adicionales. El reclamante no respondió a la solicitud de la EPSO. Sobre esta base, la EPSO rechazó la propuesta de solución, ya que consideró que, sin estos documentos adicionales, no podía revisar la admisibilidad del candidato.

En este contexto, el Defensor del Pueblo consideró que no se justifican más investigaciones en este caso. No obstante, sugirió a la EPSO que, en futuros procedimientos de selección, los tribunales de selección garantizaran que las decisiones sobre la admisibilidad de los candidatos se basaran en una comprensión clara de la información facilitada por los candidatos en sus candidaturas. En caso de duda sobre la admisibilidad de un candidato, el tribunal debe solicitar información adicional al candidato o pedir aclaraciones a las autoridades nacionales u otros terceros.

El asunto se refería a la forma en que el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT) evaluó las ofertas en dos procedimientos de contratación pública para la prestación de servicios de traducción. El denunciante alegó que el CdT era incoherente en su evaluación, dado que había evaluado sus ofertas de manera diferente en el pasado. También alegó que el CdT había evaluado erróneamente las ofertas del denunciante con arreglo a dos criterios establecidos en las licitaciones.

El Defensor del Pueblo constató que el CdT siguió correctamente la metodología que estableció para evaluar las ofertas en los dos procedimientos. También consideró que no había indicios de error manifiesto en la forma en que el CdT evaluó las ofertas del denunciante.

Sobre esta base, la Defensora del Pueblo consideró que no había mala administración por parte del CdT y archivó el caso. No obstante, el Defensor del Pueblo confía en que el CdT proporcione información más detallada a los licitadores sobre su evaluación en futuros procedimientos, ya que una información más clara en una fase temprana puede reducir el riesgo de reclamaciones como la que dio lugar a esta investigación.

Al denunciante le preocupaba que la mayor parte de la información del sitio web de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) estuviera disponible únicamente en inglés.

En el contexto de la investigación, la Defensora del Pueblo recordó a la EMA sus recomendaciones sobre el uso de las lenguas oficiales de la UE para la administración de la UE a la hora de comunicarse con el público.

La EMA informó al Defensor del Pueblo de que está trabajando en una política lingüística y una interfaz multilingüe para su sitio web.

La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción los planes de la EMA de abordar el asunto y dio por concluida la investigación, sugiriendo que diera seguimiento a su compromiso a su debido tiempo. La Defensora del Pueblo también sugirió que, mientras tanto, la EMA trata de hacer que la información básica en todas las lenguas oficiales de la UE sea más destacada en su sitio web.

El asunto se refería a una nueva póliza de seguro que la Comisión Europea celebró con una compañía de seguros privada para proporcionar un seguro de accidente y enfermedad a los agentes intérpretes de conferencias (AIC).

El demandante es un antiguo ACI que consideraba que las condiciones de la nueva póliza de seguro eran muy desventajosas en comparación con la póliza anterior y que discriminaba a determinados ACI.

Durante la investigación quedó claro que el autor se vería menos perjudicado de lo que había temido. La Defensora del Pueblo consideró que las explicaciones de la Comisión sobre los cambios en la política son convincentes y razonables. La investigación tampoco reveló pruebas que pusieran en tela de juicio el procedimiento que condujo al nuevo contrato de seguro, que incluía la consulta con la asociación internacional de intérpretes.

La Defensora del Pueblo concluyó la investigación con la conclusión de que no hubo mala administración por parte de la Comisión.