¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Consultar investigaciones

Búsqueda del texto

Tipo de documento

Institución concernida

Tipo de acuerdo

Referencia del caso

Idioma

Límites de fecha

Palabras clave

Pesca y asuntos marítimos

O pruebe palabras clave antiguas (anteriores a 2016)

Mostrando 1 - 20 de 23 resultados

Decisión en el asunto 640/2019/TE relativo a la transparencia del proceso de adopción de decisiones del Consejo de la Unión Europea conducente a la aprobación de reglamentos anuales por los que se establecen cuotas de pesca

Miércoles | 29 abril 2020

La reclamación se refería a la transparencia del proceso de adopción de decisiones en el Consejo de la UE conducente a la aprobación de los reglamentos anuales por los que se establecen los totales admisibles de capturas (TAC) de determinadas poblaciones de peces en el Atlántico nororiental para 2017, 2018 y 2019. La reclamación fue presentada por la organización de derecho ambiental ClientEarth.

El reclamante se mostró preocupado por el hecho de que el Consejo: 1) no registró las posiciones de los Estados miembros expresadas en los «órganos preparatorios» del Consejo de embajadores y funcionarios nacionales, así como en las reuniones del Consejo de Ministros; 2) no proporcionó oportunamente acceso a los documentos legislativos, de manera proactiva y previa solicitud; y 3) mantiene un registro incompleto de documentos que resulta difícil de utilizar.

La Defensora del Pueblo consideró que los documentos en cuestión son «documentos legislativos», tal como se definen en las normas de la UE sobre el acceso público a los documentos. Además, los documentos contienen «información medioambiental» en el sentido del Reglamento de Aarhus. Se debería conceder a esos documentos un acceso más amplio y oportuno. La Defensora del Pueblo también constató que el Consejo no había demostrado que la divulgación de los documentos afecte gravemente, prolongue o complique el proceso de adopción de decisiones.

Por consiguiente, la Defensora del Pueblo recomendó que el Consejo pusiera proactivamente a disposición los documentos relacionados con la aprobación del Reglamento relativo al TAC en el momento en que se distribuyeran a los Estados miembros o lo antes posible después de dicha distribución.

El Consejo optó por no seguir la recomendación de la Defensora del Pueblo Europeo. Esto resulta decepcionante. Además, sugiere que el Consejo no ha entendido plenamente el vínculo crítico que existe entre la democracia y la transparencia de la adopción de decisiones sobre cuestiones que tienen un impacto significativo en el público en general. Esto es tanto más importante cuanto que la toma de decisiones se refiere a la protección del medio ambiente.

La posición del Consejo parece ser que una norma democrática clave —la transparencia legislativa— debe sacrificarse en aras de lo que considera el bien superior de lograr un consenso sobre una cuestión política.

La Defensora del Pueblo confirma su conclusión sobre la mala administración y su recomendación.

Decision in case 306/2018/JAP concerning how the European Commission dealt with an audit of three EU-funded projects

Martes | 26 noviembre 2019

The complainant took part in three EU-funded projects in the context of the 7th Framework Programme for Research and Technological Development. Its complaint to the Ombudsman concerned how the European Commission dealt with an audit of the expenditure claimed in the context of the projects.

The auditors found that the complainant’s time-recording system was unreliable. They asked the complainant to provide alternative evidence to substantiate the costs for personnel and other actions. The complainant submitted a number of documents to prove the costs incurred in the projects. However, the Commission rejected them as unreliable and, according to the complainant, decided to recover more than EUR 225 000.

The Ombudsman opened an inquiry into how the Commission dealt with the audit, and its decision to recover funds. Her inquiry team met with the Commission’s representatives and inspected its file.

The Ombudsman found that the Commission took the complainant’s allegation that the audit was badly conducted seriously, investigated the matter and assessed the alternative evidence provided.

While the Ombudsman recognises the Commission’s duty to safeguard the financial interests of the EU and acknowledges its efforts to obtain alternative evidence from the complainant, she was not convinced that, by rejecting the personnel costs in full, the Commission had adopted a fair or proportionate approach. Since the Commission, on three separate occasions, rejected a request to consider at least a partial waiver of the recovery, the Ombudsman concluded that further inquiries were unlikely to serve any purpose. She makes a suggestion for improvement to seek to avoid similar cases occurring in future.

Recommendation of the European Ombudsman in case 640/2019/FP on the transparency of the Council of the EU’s decision-making process leading to the adoption of annual regulations setting fishing quotas (total allowable catches)

Viernes | 25 octubre 2019

The complaint concerned the transparency of the decision-making process in the Council of the EU, leading to the adoption of the annual regulations setting total allowable catches (TACs) of certain fish stocks in the Northeast Atlantic for 2017, 2018 and 2019. The complaint was submitted by an environmental law organisation.

The complainant was concerned that the Council (1) failed to record the positions of Member States expressed in Council ‘preparatory bodies’ of national civil servants and Ambassadors, as well as in meetings of the Council of Ministers, (2) failed to provide timely access to legislative documents, and (3) has in place an incomplete register of documents that is difficult to use.

The Ombudsman is of the view that the documents in question are in fact legislative documents. In addition, the documents contain environmental information, as defined in the Aarhus Regulation. Wider and more timely access should therefore be granted to such documents.

The Ombudsman also found that the Council had not demonstrated that disclosing the documents in question would seriously affect, prolong or complicate the decision-making process.

The Ombudsman therefore recommends that the Council should proactively make available documents related to the adoption of the TAC Regulation at the time they are circulated to Member States or as soon as possible thereafter.

Decisión en el asunto 910/2018/THH relativo a la negativa de la Comisión Europea a hacer pública su evaluación de los sistemas de sanción utilizados por los Estados miembros para aplicar la política pesquera común

Jueves | 23 mayo 2019

La reclamación se refería a la negativa de la Comisión Europea a conceder a una ONG acceso público pleno a tres documentos sobre la evaluación de la Comisión de los sistemas de sanción utilizados por los Estados miembros de la UE para garantizar el cumplimiento de la política pesquera común de la Unión.

La Defensora del Pueblo Europeo concluyó que la negativa a hacer públicos los documentos estaba justificada por la necesidad de proteger las investigaciones y auditorías en curso, así como el proceso de toma de decisiones de la Comisión.

Por tanto, determinó que no había mala administración y cerró la investigación.

Decisión en el asunto 1474/2018/TE relativo a supuestas deficiencias y prejuicios en la preparación por parte de la Comisión Europea de su política y su propuesta legislativa en relación con la reducción de productos plásticos de un solo uso

Viernes | 22 marzo 2019

En mayo de 2018, la Comisión Europea adoptó una propuesta legislativa de Directiva sobre plásticos de un solo uso. La propuesta establece unas normas aplicables en toda la UE que regulan los diez plásticos de un solo uso presentes con mayor frecuencia en las playas y los mares europeos. Entre las normas propuestas figura la prohibición de determinados productos plásticos de un solo uso, como los envases de comidas y bebidas desechables.

El reclamante alegó un posible conflicto de intereses en la preparación por parte de la Comisión de la política y la propuesta legislativa en relación con la reducción de productos plásticos de un solo uso. También alegó que la Comisión había incumplido sus propias directrices para la mejora de la legislación.

La Defensora del Pueblo Europeo podía comprender que el reclamante, una asociación que representa a fabricantes de envases de comida y bebida, estuviera en general descontento con el contenido de la propuesta legislativa de la Comisión. Sin embargo, aunque en ocasiones sus investigaciones ponen de manifiesto aspectos relacionados con la legislación, no compete a la Defensora del Pueblo Europeo investigar el fondo de la legislación de la UE ni el fondo de las propuestas legislativas presentadas por la Comisión al legislador de la Unión. Por tanto, la investigación de la Defensora del Pueblo Europeo en el presente asunto se ciñó a la actividad administrativa de la Comisión con motivo de la preparación de la propuesta legislativa.

En este sentido, la Defensora del Pueblo Europeo examinó el proceso de licitación de la Comisión para la preparación del estudio en que se basaron la estrategia europea sobre los plásticos y la propuesta legislativa de Directiva sobre plásticos de un solo uso. También analizó exhaustivamente si la Comisión cumplió las directrices para la mejora de la legislación en la consulta pública y la evaluación de impacto llevadas a cabo en este contexto.

La Defensora del Pueblo Europeo no halló en su investigación ningún supuesto de mala administración y, por tanto, dio por concluido el asunto.

Decision in case 1317/2017/PB on the European Commission’s follow-up to EU Court judgments relating to requests to increase the capacity of Irish fishing vessels

Miércoles | 27 febrero 2019

The case concerned the European Commission’s follow-up to EU Court judgments annulling the Commission’s decisions refusing requests made in 2001 to increase the capacity of a number of Irish fishing vessels.

The complainants claimed that the Commission should have proposed to the EU’s legislature that it adopt new legislation to create a legal basis for taking a decision on the requests, or pay compensation.

While the Ombudsman is mindful that mistakes were made and that the complainants have suffered from a lack of legal certainty since 2001, her focus in this case was on verifying what, if any, action the Commission could take.

The Ombudsman finds that the Commission has adequately explained why it decided not to propose new legislation. She also finds that the Commission’s refusal to pay compensation was based on a reasonable interpretation of the rules in question. This part of the Ombudsman’s assessment did not involve a full examination of whether the strict conditions set out in EU law for paying damages have been fulfilled. In light of the very unusual circumstances of the case, and the amounts involved (30-50 million euros), that review could be carried out by the Court alone, in response to an action for damages by the complainants.

As a result, the Ombudsman closes this case with a finding of no maladministration.