El asunto se refería a cómo la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) garantizó un proceso de revisión eficaz de una propuesta de proyecto rechazada para recibir financiación de la UE. La denunciante alegó que, a pesar de sus intentos de obtener asistencia del servicio de asistencia informática pertinente, el sistema para presentar una solicitud de revisión, aunque la cuenta en línea no funcionaba, privándola así de la posibilidad de solicitar una revisión.

El Defensor del Pueblo constató que la CINEA facilitó información clara al reclamante sobre cómo solicitar una revisión de la evaluación y qué hacer en caso de problemas. La demandante no aportó ninguna prueba de los problemas técnicos que había encontrado y no hubo indicios de ningún problema técnico con el sistema en línea durante el período pertinente. El denunciante no se puso en contacto con el servicio de asistencia informática para solicitar más ayuda, aunque todavía había tiempo para hacerlo.

La Defensora del Pueblo concluyó así la investigación con la conclusión de que no hubo mala administración por parte de la CINEA.

El denunciante no estaba satisfecho con la forma en que la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) había abordado sus preocupaciones sobre la falta de transparencia en sus procedimientos de selección de personal. Afirmó, entre otras cosas, que la AECP no informó a los candidatos no seleccionados sobre el resultado de sus solicitudes. 

La Defensora del Pueblo inició una investigación y solicitó a la AECP aclaraciones al respecto.

En el transcurso de la investigación, la AECP informó al Defensor del Pueblo de su intención de adoptar medidas para poder informar individualmente a todos los candidatos no seleccionados después de cada fase de un procedimiento de selección. La Defensora del Pueblo invitó a la AECP a que le informara en un plazo de seis meses de las medidas que había adoptado a tal efecto y consideró que no se justificaban nuevas investigaciones sobre este asunto en esta fase.

La investigación de la Defensora del Pueblo también puso de manifiesto problemas con la forma en que los candidatos pueden presentar reclamaciones sobre los procedimientos de selección. En el curso de la investigación, la AECP puso en marcha un buzón funcional para las reclamaciones administrativas de los candidatos no seleccionados. El Defensor del Pueblo acogió con satisfacción esta medida y dio por concluido este aspecto de la investigación tal como estaba resuelto.

El asunto se refería a una solicitud de acceso público a documentos relativos a determinada información obtenida a través del servicio CleanSeaNet, una herramienta gestionada por la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) para controlar la contaminación marítima. El denunciante, una plataforma de periodismo de investigación, estaba interesado en los resultados de las verificaciones de posibles derrames de petróleo en la superficie del mar, en particular los datos correspondientes al año 2019. La AESM alegó que los autores de los datos, las autoridades nacionales de los Estados ribereños, se opusieron a su divulgación. 

El Defensor del Pueblo consideró que, con arreglo a la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos, tal objeción no podía justificar por sí sola la denegación del acceso. La Defensora del Pueblo señaló que la AESM ha publicado datos similares en el pasado y también señaló que los datos solicitados constituían información medioambiental que debería beneficiarse de una mayor transparencia.

Por consiguiente, el Defensor del Pueblo propuso que la AESM reevaluara la solicitud con vistas a conceder acceso público. La AESM aceptó la propuesta de solución y ahora ha publicado en su sitio web amplia información sobre las detecciones de CleanSeaNet de posibles derrames de petróleo y los resultados de la verificación para todo el período comprendido entre 2015 y 2021. La Defensora del Pueblo acoge con satisfacción la respuesta positiva de la AESM a su propuesta de solución y archiva el caso.

El asunto se refería a la negativa de la Comisión Europea a conceder al denunciante acceso público a documentos relativos a una auditoría de la Comisión y a una investigación administrativa por parte de las autoridades irlandesas, lo que llevó a la Comisión a revocar el plan de control irlandés para el pesaje de los productos de la pesca. La Comisión alegó que el seguimiento de la auditoría seguía en curso y que la divulgación de los documentos socavaría la protección del objetivo de las inspecciones, investigaciones y auditorías.

El Defensor del Pueblo verificó que las autoridades irlandesas aún no han aplicado las recomendaciones formuladas por la Comisión y, por lo tanto, aún no han resuelto las deficiencias detectadas. Esto significa que el seguimiento de la auditoría sigue en curso. Dado que la Comisión podría incoar un procedimiento de infracción contra Irlanda si estas deficiencias no se subsanan suficientemente, el Defensor del Pueblo consideró razonable que la Comisión se basara en una presunción general de no divulgación. El Defensor del Pueblo también constató que los argumentos del reclamante no permitían demostrar la existencia de un interés público superior en la divulgación.

En vista de ello, la Defensora del Pueblo concluyó que la negativa de la Comisión a dar acceso público a los documentos en cuestión estaba justificada y cerró su investigación sin constatar mala administración.

El asunto se refería a la falta de respuesta a tiempo de la Comisión Europea a una solicitud de acceso público a documentos relativos a una auditoría de una flota externa italiana.

El Defensor del Pueblo constató que la Comisión no había respetado los plazos establecidos en la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos. Considera que los resultados de la Comisión en este caso no alcanzan a cumplir las normas de una administración moderna, accesible a los ciudadanos y transparente. Sin embargo, dado que la Comisión adoptó una decisión final en el curso de la investigación y que el Defensor del Pueblo está examinando ahora, desde una perspectiva sistémica, el tiempo empleado por la Comisión para tramitar las solicitudes de acceso público a los documentos, consideró que no estaban justificadas más investigaciones. Por lo tanto, dio por concluida la investigación.