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Principios de la función pública de la Unión Europea

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Introducción

Los cincos principios de la función pública

1. Compromiso con la Unión Europea y sus ciudadanos
2. Integridad
3. Objetividad
4. Respeto hacia los demás
5. Transparencia

En tanto que Defensor del Pueblo Europeo, en mi opinión tanto los ciudadanos como los funcionarios públicos consideran que estos cinco principios deben regir la función pública de la Unión Europea. Los principios se explican con más detalle en la página 5 que figura más abajo.

La toma en consideración de los principios puede ayudar a los funcionarios a comprender y aplicar las normas de forma adecuada, y guiarlos para tomar la decisión correcta cuando deban pronunciarse.

Los principios no son nuevos. Al contrario, representan las expectativas de los ciudadanos y los funcionarios. Además, ya están consagrados, de manera expresa y tácita, en el Estatuto de los funcionarios y en otros documentos como, por ejemplo, el Reglamento Financiero y el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa.

El valor añadido del presente documento es que establece los principios de manera sencilla y concisa, tras un amplio período de reflexión y consulta. En 2010 se elaboró un primer borrador, tras un proceso de consulta con los defensores del pueblo a nivel nacional de la Red Europea de Defensores del Pueblo, al que siguió una consulta pública, que se llevó a cabo desde febrero a junio de 2011. Los documentos pertinentes se encuentran disponibles en mi sitio web (www.ombudsman.europa.eu), incluido el informe sobre los resultados de la consulta pública. Quisiera expresar mi más sincera gratitud a todas las instituciones, organizaciones y particulares que respondieron a las consultas. Sus aportaciones han influido en gran medida en la redacción final de los principios.

Los principios constituyen un compendio de alto nivel de las normas éticas aplicables a los funcionarios de la UE. Como tales, estos funcionarios también son un elemento esencial de la cultura de servicio a la que se adhiere la administración pública de la UE. Una manera de conseguir que dichos principios funcionen en situaciones concretas es a través de las normas de desarrollo. Tales normas existen, por ejemplo, en materias como la prevención y la regulación de los conflictos de intereses. Tal y como se señaló en algunas de las contribuciones a la consulta pública, puede que sea necesario establecer más y mejores normas. Los principios de la función pública no tienen por objeto sustituir esas normas. Al mismo tiempo, existen tres razones por las que dichas normas, por muy cuidadosamente que puedan estar redactadas, no eliminan la necesidad de centrarse, asimismo, en los principios éticos de alto nivel.

En primer lugar, es probable que la redacción de normas de desarrollo, ya sean legislativas o administrativas, sea más adecuada si se tienen en cuenta los principios de alto nivel como punto de referencia.

En segundo lugar, las normas no se interpretan ni se aplican por sí solas. Para saber su significado en situaciones concretas con frecuencia se requiere el ejercicio de un juicio de valor.

En tercer lugar, no es posible elaborar normas que abarquen todos los aspectos. Por ejemplo, en los apartados tercero y cuarto del principio 1, se establece que:

Los funcionarios deben desempeñar sus funciones de la mejor manera posible y esforzarse por cumplir, en todo momento, las normas profesionales más estrictas.

Deben ser conscientes de la función que cumplen en términos de confianza pública y dar un buen ejemplo a los demás.

Es difícil imaginar normas de desarrollo que abarquen todas las acciones o posibles acciones a las que se podrían aplicar estos párrafos, teniendo en cuenta, en particular, que prevén no solo que los funcionaros reaccionen de forma adecuada ante situaciones concretas, sino que también prevén que sean proactivos.

Por poner otro ejemplo, el principio 3 señala, entre otras cosas, que los funcionarios no deberán discriminar. Según la jurisprudencia consolidada, el principio de no discriminación tiene dos aspectos: (i) no se deben tratar de forma diferente situaciones comparables y (ii) no se deben tratar de la misma manera situaciones diferentes, salvo que, en cualquiera de estos casos, dicho trato esté objetivamente justificado. Por lo tanto, la prevención de la discriminación no significa tratar a todo el mundo igual, independientemente de las diferencias de las circunstancias. Al contrario, se requiere un juicio de valor para distinguir las diferencias importantes de las irrelevantes.

Antes de concluir esta introducción, es esencial dejar claro el ámbito de aplicación de los principios. El término «funcionario» es la expresión abreviada adecuada para referirse a lo que el Estatuto de los funcionarios[1] denomina «funcionarios y otros agentes de la Unión Europea». Asimismo, el Estatuto de los funcionarios establece una categoría de consejeros especiales[2], que también son funcionarios a tal efecto.

He intentado expresar los principios de manera que sean aplicables a todos los funcionarios, no sólo a aquellos que tengan responsabilidades de gestión o de dirección. En este contexto, cabe igualmente mencionar que los miembros de las instituciones, como los Comisarios y miembros del Tribunal de Cuentas, así como los diputados al Parlamento Europeo y los jueces del Tribunal de Justicia no son «funcionarios u otros agentes» a los que hace referencia el Estatuto de los funcionarios, ni se les aplica dicho Estatuto. Por lo tanto, no son «funcionarios» a efectos de los principios de la función pública. Sin embargo, dichas personas pueden considerar que los principios son relevantes para ellos, como fuente de inspiración para sus responsabilidades específicas.

Me he abstenido de incluir en los principios cualquier elemento que, en mi opinión, ataña principalmente a las responsabilidades de las instituciones, y no a las de cada uno de los funcionarios. No obstante, siempre que sea pertinente, me remitiré a los principios durante mis futuras investigaciones para determinar un posible caso de mala administración de las actividades de las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión Europea.

Creo firmemente que el reconocimiento explícito de los principios de la función pública puede ayudar a crear y a fijar un diálogo constructivo y permanente entre los funcionarios, y entre éstos y los ciudadanos. La diversidad cultural, proclamada en el lema «unidos en la diversidad», es uno de los principales puntos fuertes de la Unión Europea. También significa que dicho diálogo es esencial como forma de consolidar y profundizar en el entendimiento mutuo de los valores éticos de la función pública entre los funcionarios y los ciudadanos con diferentes acervos culturales.


Principios de la función pública que deben guiar a los funcionarios de la UE

1. Compromiso con la Unión Europea y sus ciudadanos

Los funcionarios deben ser conscientes de que el objetivo de las instituciones de la Unión Europea es servir los intereses de la Unión y de sus ciudadanos en el cumplimiento de los objetivos de los Tratados.

Deben formular recomendaciones y tomar decisiones sólo para servir estos intereses.

Los funcionarios deben desempeñar sus funciones de la mejor manera posible y esforzarse por cumplir, en todo momento, las normas profesionales más estrictas.

Deben ser conscientes de la función que cumplen en términos de confianza pública y dar un buen ejemplo a los demás.

2. Integridad

Los funcionarios siempre deben comportarse con decoro y de forma impecable, adoptando en todo momento un comportamiento que resistiría al escrutinio público más minucioso. Para cumplir esta obligación no basta con actuar simplemente dentro de la legalidad.

Los funcionarios no deben asumir obligaciones financieras o de otra naturaleza que puedan influir en el desempeño de sus funciones, incluida la aceptación de regalos. Deben declarar inmediatamente cualquier interés privado en relación con sus funciones.

Los funcionarios deben tomar medidas para evitar los conflictos de intereses y la apariencia de dichos conflictos. Deben actuar a la mayor brevedad posible para resolver todo conflicto que pueda surgir. Esta obligación se mantiene después de abandonar el cargo.

3. Objetividad

Los funcionarios deben ser imparciales, estar libres de prejuicios, guiarse por las pruebas y estar dispuestos a escuchar distintos puntos de vista. Deben estar dispuestos a reconocer y corregir errores.

En los procedimientos que conllevan una evaluación comparativa, los funcionarios deben basar las recomendaciones y decisiones únicamente en los méritos y en otros factores que establezca expresamente la ley.

Los funcionarios no deben discriminar ni permitir que su simpatía o antipatía por una persona en concreto influya en su conducta profesional.

4. Respeto hacia los demás

Los funcionarios deben actuar respetándose mutuamente y respetando a los ciudadanos. Deben ser educados, atentos, diligentes y serviciales.

Deben hacer todo lo posible por comprender lo que dicen otras personas y por expresarse de una manera clara y sencilla.

5. Transparencia

Los funcionarios deben estar dispuestos a explicar sus actividades y a motivar sus acciones.

Deben mantener registros adecuados y acoger de forma positiva el hecho de que su conducta, incluido el cumplimiento de los principios de la función pública, esté sometida a examen público.



[1] Oficialmente, el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea.

[2] «El agente que, en virtud de su excepcional cualificación y no obstante su dedicación a otras actividades profesionales, sea contratado para prestar colaboración a alguna de las instituciones de la Unión, bien de modo regular o durante períodos determinados, y que sea retribuido con cargo a los créditos globales habilitados a tal fin en la sección de presupuestos correspondiente a la institución de la que dependa.» (artículo 5 del régimen aplicable a los otros agentes).