# Proyecto de recomendación a la Comisión Europea en la denuncia 713/98/IJH
- Autor: Defensor del Pueblo Europeo
- Fecha: null
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/es/recommendation/es/426)
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(Hecho de conformidad con el artículo 3, apartado 6, del Estatuto del Defensor del Pueblo.[1)](#(1)){#Footnote1}   

RESUMEN
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La denuncia inicial se refería a la negativa de la Comisión a conceder al denunciante acceso a determinados documentos. Durante la investigación, quedó claro que la verdadera preocupación del denunciante es saber quién presentó observaciones a la Comisión y qué representantes de una asociación profesional asistieron a una reunión organizada por la Comisión, en el contexto de su investigación sobre la alegación del denunciante de una infracción del Derecho comunitario.   
El Defensor del Pueblo propuso, como posible solución amistosa, que la Comisión facilitara esta información al reclamante.   
La Comisión considera que la Directiva de protección de datos [(2)](#(2)){#Footnote2} le impide facilitar los nombres sin el consentimiento de las personas afectadas. La Comisión invitó a estas personas a dar su consentimiento, pero solo un número limitado de ellas ha respondido positivamente. La Directiva sobre protección de datos es la única base jurídica a la que se ha referido la Comisión para justificar que no se proporcionen todos los nombres al denunciante.   
La opinión del Defensor del Pueblo es que el derecho a la intimidad con respecto al tratamiento de datos personales en virtud de la Directiva no exige que la Comisión trate como secretos los puntos de vista o la información que se le hayan presentado en relación con el ejercicio de sus funciones, ni los nombres de las personas que presentaron los puntos de vista o la información. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo considera que la Comisión ha malinterpretado las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva y ha vulnerado el principio de apertura.   
Por consiguiente, el Defensor del Pueblo formula un proyecto de recomendación para que la Comisión informe al reclamante de los nombres de las personas que presentaron observaciones y de los representantes de las asociaciones profesionales que asistieron a la reunión en cuestión.   

DENUNCIA
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El 8 de julio de 1998, el Sr. R. presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, en nombre de Bavarian Lager Company Limited, contra la denegación por parte de la Comisión Europea de su solicitud de acceso a determinados documentos en poder de la Comisión.   
El contexto de la denuncia es que el Sr. R. presentó una denuncia ante la Comisión en abril de 1993 sobre una ley del Reino Unido, conocida como \<\<Disposición sobre la cerveza invitada\>\>, que consideraba una infracción del artículo 30 CE (actualmente artículo 28 CE). La denuncia se registró con el número P/93/4490/UK y la Comisión inició una investigación con arreglo al artículo 169 CE (actualmente artículo 226).   
En agosto de 1996, el denunciante se enteró, a partir de un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Comercio e Industria del Reino Unido, de que en octubre de 1996 se iba a celebrar una reunión tripartita entre la Comisión, las autoridades del Reino Unido y una asociación comercial, la *Confédération des Brasseurs du Marché commun,* para debatir la disposición relativa a la cerveza invitada. Pidió a la Comisión que le permitiera asistir a la reunión, pero esta solicitud fue denegada. A principios de marzo de 1997, las autoridades británicas propusieron una modificación de la disposición relativa a la cerveza invitada. La Comisión consideró que la modificación propuesta era satisfactoria y puso fin al procedimiento del artículo 169.   
En mayo de 1998, el denunciante dirigió a la Comisión una solicitud de acceso a cualquier información presentada con la referencia de expediente P/93/4490/UK por once empresas y organizaciones designadas y por tres categorías definidas de personas o empresas. La solicitud se presentó en virtud de la Decisión 94/90[(3),](#(3)){#Footnote3} por la que la Comisión adoptó el Código de conducta común del Consejo y de la Comisión sobre el acceso del público a los documentos.[(4)](#(4)){#Footnote4}   
La Comisión denegó la solicitud inicial debido a que el Código de conducta solo se aplica a los documentos de los que la Comisión es autora. La solicitud confirmatoria del denunciante fue denegada debido a que el párrafo quinto del Código de Conducta establece que:   
:
    *"Cuando el documento que obre en poder de una institución haya sido redactado por una persona física o jurídica, un Estado miembro, otra institución u organismo comunitario o cualquier otro organismo nacional o internacional, la solicitud deberá enviarse directamente al autor."*
En su reclamación al Defensor del Pueblo, el demandante alegó que:   
i) la jurisprudencia del Tribunal establece que todo documento que obre en poder de la Comisión, independientemente del autor, es un documento de la Comisión.   
ii) la Comisión actuó injustamente porque le había proporcionado previamente documentos cuando necesitó su ayuda durante la investigación del artículo 169.   

LA INVESTIGACIÓN
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<br />

**En**   
cuanto a la primera alegación del demandante, el dictamen de la Comisión indicaba que el Código de Conducta *"se aplica únicamente a los documentos procedentes de la Comisión".* El dictamen también señalaba que los casos citados por el demandante en apoyo de su primera alegación se referían a situaciones en las que la Comisión invocaba excepciones al Código de Conducta por motivos de protección del interés público o del interés de la Comisión en mantener el secreto de sus deliberaciones.   
Por lo que se refiere a la segunda alegación, el dictamen indicaba que los servicios de la Comisión no disponían de pruebas que demostraran que el denunciante hubiera recibido documentos cuando los servicios de la Comisión necesitaron su ayuda. El dictamen indicaba además que, incluso si los servicios de la Comisión le hubieran entregado efectivamente determinados documentos, ello no significaría que estos servicios estarían exentos de aplicar correctamente las disposiciones pertinentes del Código de conducta de 1994 a petición suya.   

En apoyo **de su primera alegación, las** observaciones del autor se referían a la definición de "documento" que figuraba en el Código de Conducta. En apoyo de su segunda alegación, el autor transmitió copias de las observaciones de terceros que, según él, la Comisión le puso a su disposición.   

LOS ESFUERZOS DEL OMBUDSMAN PARA ALCANZAR UNA SOLUCIÓN AMIGAMENTE
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**Análisis del
Defensor del Pueblo de las cuestiones controvertidas Tras**   
un cuidadoso examen de la opinión y las observaciones, el Defensor del Pueblo no estaba convencido de que la Comisión hubiera respondido adecuadamente a las reclamaciones del demandante.   
*La primera alegación del denunciante*   
El denunciante alegó que el Código de Conducta también se aplica a los documentos que obran en poder de la Comisión, pero de los que no es autor ("documentos de terceros").   
El Código define "documento" como *"todo texto escrito, cualquiera que sea su soporte, que contenga datos existentes y que obre en poder del Consejo o de la Comisión".* Esta definición parece incluir documentos de terceros. Por consiguiente, el párrafo quinto del Código podría considerarse una excepción al principio general, enunciado al principio del Código, de que *\<\<el público tendrá el acceso más amplio posible a los documentos que obren en poder de la Comisión y del Consejo\>\>.* Según reiterada jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales comunitarios, cuando se establece un principio general y se establecen excepciones a dicho principio, las excepciones deben interpretarse y aplicarse de manera estricta, de manera que no se oponga a la aplicación de la regla general.   
El Defensor del Pueblo también señaló en este contexto que el quinto párrafo se encuentra en la parte del Código que trata de las solicitudes *iniciales.* Por lo tanto, cabe argumentar que, en el caso de una solicitud *confirmatoria* de un documento de un tercero, deben aplicarse las disposiciones normales del Código, incluida la obligación de la Comisión de exponer sus motivos para denegar el acceso. Si la demandante no ha hecho ningún esfuerzo para obtener el documento de su autor, entonces, según esta interpretación, podría ser conveniente que la Comisión se limitara a remitirse al párrafo quinto del Código. Sin embargo, si el solicitante demuestra que no puede obtener el documento de su autor (por ejemplo, porque el autor ya no posee el documento), entonces, según esta interpretación, la Comisión debe conceder acceso, a menos que se aplique una o más de las excepciones del Código.   
Por lo tanto, la conclusión provisional del Defensor del Pueblo fue que la primera alegación del demandante plantea una cuestión de interpretación jurídica del Código de conducta a la que el dictamen de la Comisión no dio una respuesta adecuada y que, por lo tanto, podría existir un caso de mala administración.   
*Segunda alegación del autor*   
La segunda alegación del autor era que la Comisión había actuado injustamente al negarle el acceso a los documentos en cuestión. La alegación de abusividad material no podía apreciarse a falta de una exposición adecuada de las razones de la Comisión para denegar el acceso. Por lo tanto, el examen de la segunda reclamación por parte del Defensor del Pueblo se refería a la cuestión de la adecuación del razonamiento de la Comisión.   
En la medida en que el Código de Conducta pueda aplicarse a documentos de terceros, exige que se justifique la aplicación de una excepción.   
Con carácter subsidiario, suponiendo que el Código no se aplique a los documentos de terceros, la Comisión parece tener una facultad discrecional para decidir si concede o no el acceso, a menos que exista otra disposición legal que imponga a la Comisión la obligación de mantener el secreto de los documentos en cuestión.   
Cuando se adopta una decisión desfavorable para el ciudadano, el principio normal es que los motivos de la decisión se indiquen de manera clara e inequívoca, de modo que los interesados puedan reconocer los motivos de la decisión y facilitar el control por parte de un órgano de control competente.   
Por lo tanto, la conclusión provisional del Defensor del Pueblo fue que la falta de motivación adecuada del demandante para rechazar su solicitud de acceso a los documentos podría ser un caso de mala administración y que una mera referencia al párrafo quinto del Código no es una razón adecuada si el demandante demuestra que no puede obtener un documento de su autor.   
**El
2 de febrero de** 1999, el demandante envió una nueva carta al Defensor del Pueblo en la que dejaba claro que había solicitado el acceso a los documentos en cuestión para obtener información que pudieran contener. Identificó la información como:   
1 Los nombres de los delegados de la *Confédération des brasseurs du marché commun* (CBMC) que asistieron a la reunión de la Comisión del 11 de octubre de 1996. El denunciante declaró que había intentado obtener esta información directamente del CBMC, que le había informado de que debía solicitar la respuesta de la Comisión, ya que el personal pertinente había abandonado la organización y los expedientes habían sido destruidos;   
2 Los nombres de cualquier persona que pertenezca a una de las 14 categorías identificadas en su solicitud original y que haya presentado observaciones con la referencia de expediente P/93/4490/UK.   
Habida cuenta de las conclusiones provisionales del Defensor del Pueblo mencionadas anteriormente, así como de la información adicional facilitada por el demandante en relación con su intento fallido de obtener algunos de los documentos en cuestión, el Defensor del Pueblo consideró que procedía proponer una solución amistosa a la reclamación. Por consiguiente, escribió a la Comisión el 3 de marzo de 1999, de conformidad con el apartado 5 del artículo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo[(4),](#(4)){#Footnote4} proponiendo que la Comisión facilitara la información solicitada en la carta del demandante de 2 de febrero de 1999.   
*Respuesta de la Comisión En*   
su respuesta de 7 de junio de 1999, la Comisión declaró en primer lugar que no podía compartir la opinión del denunciante de que la negativa a dar acceso a los documentos de terceros constituye una excepción al principio general de concesión de acceso público. Por consiguiente, consideró que no procedía aplicar la norma recordada por los órganos jurisdiccionales comunitarios según la cual, cuando se establece un principio general y se establecen excepciones a dicho principio, las excepciones deben interpretarse y aplicarse estrictamente.   
Por lo que se refiere a la solución amistosa propuesta, la Comisión se remitió a la Directiva 95/46/CE, que establece que los datos personales no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos para los que fueron recogidos, sin el consentimiento previo de la persona interesada. Sin embargo, la Comisión manifestó su voluntad de buscar una solución *ad hoc* a la denuncia pidiendo a las personas afectadas que le permitieran facilitar sus nombres al denunciante. La Comisión también declaró que informaría al Defensor del Pueblo de sus respuestas y comunicaría sus nombres cuando estuviera autorizado a hacerlo.   
*Respuesta del Defensor del Pueblo El*   
30 de julio de 1999, el Defensor del Pueblo escribió a la Comisión para llamar su atención sobre la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 19 de julio de 1999 en el asunto T-188/97, *Rothmans International/Comisión (5).*   
El Defensor del Pueblo también declaró que no acepta que la Directiva 95/46/CE pueda impedir que la Comisión facilite la información en cuestión sin solicitar el consentimiento de las personas afectadas. Sin embargo, en vista de la solución *ad hoc* propuesta por la Comisión, todavía parecía posible lograr una solución amistosa. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo pidió a la Comisión que le informara, a más tardar el 30 de septiembre de 1999, del número de personas a las que la Comisión había pedido su consentimiento para comunicar sus nombres, así como del número de respuestas positivas y negativas recibidas.   
En octubre y noviembre de 1999, la Comisión informó al Defensor del Pueblo de que había escrito a las personas interesadas solicitando autorización para revelar su identidad al demandante, de que se habían enviado 45 cartas en total y de que se habían recibido 20 respuestas, de las cuales 14 eran positivas y 6 negativas. La Comisión también facilitó los nombres y direcciones de las personas que habían respondido positivamente.   
La respuesta de la Comisión se transmitió al denunciante, cuyas observaciones dejaban claro que la información incompleta facilitada por la Comisión no le satisfacía. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo informó a la Comisión en diciembre de 1999 de que no era posible encontrar una solución amistosa a la reclamación. También pidió a la Comisión que explicara su posición jurídica de que la Directiva de protección de datos le impide revelar la identidad de las personas afectadas sin su permiso expreso, incluida una referencia precisa a las disposiciones de la Directiva que la Comisión considera que imponen una obligación legal de secreto en este caso.   
En enero de 2000, la Comisión respondió lo siguiente:   
:
    *\<\<En virtud del artículo 286 del Tratado CE, la Directiva 95/46/CE se aplica también a la Comisión.*
:
    *Por lo que se refiere a la interpretación de la presente Directiva, cabe recordar que, en virtud de su artículo 2, los datos solicitados por el Sr. R. son datos personales en el sentido de la Directiva. La comunicación de estos datos al Sr. R. constituye un tratamiento de datos personales en el sentido de la Directiva.*
:
    *En virtud del artículo 7 de la Directiva, el tratamiento de datos personales solo está permitido si está cubierto por una de las seis opciones enumeradas en esta disposición. Por lo tanto, la comunicación al Sr. R. de los nombres en cuestión solo está permitida si se aplica una de las opciones previstas en el artículo 7. En opinión de la Comisión, el tratamiento de datos personales en este caso solo es admisible con arreglo al artículo 7, letra a). Las demás opciones de esta disposición no se aplican en el caso del Sr. R. Por lo tanto, se requiere que el interesado "da su consentimiento sin ambigüedades". Si él o ella se niega a dar su consentimiento, los datos personales no pueden ser procesados."* (nota de pie de página omitida)

DECISIÓN {#Footnote5}
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**1 La solicitud de acceso a los documentos**   
1.1 El denunciante alegó que la Comisión debía concederle acceso a determinados documentos en virtud de su Decisión 94/90[(6)](#(6)){#Footnote6}.   
1.2 En el curso de la investigación, la controversia se centró en la afirmación del autor de que la Comisión debía proporcionarle información. Por lo tanto, no es necesario que el Defensor del Pueblo prosiga la investigación sobre la solicitud original de acceso a los documentos.   
**2 Información El**   
denunciante pidió a la Comisión que le informara de los nombres de las personas que habían presentado observaciones en relación con su denuncia contra la empresa UK Guest Beer y de los representantes de una asociación profesional (la *Confédération des brasseurs du marché commun)* que asistieron a una reunión organizada por la Comisión en el contexto de su investigación de la alegación del denunciante de una posible infracción del Derecho comunitario por parte de un Estado miembro.   
2.2 Los principios de buena conducta administrativa exigen que el funcionario responsable del asunto de que se trate facilite al público la información que solicite[(7).](#(7)){#Footnote7} Por lo tanto, debe facilitarse al denunciante los nombres que ha solicitado, a menos que la Comisión tenga la obligación legal de mantener la confidencialidad de esta información.   
2.3 La única base jurídica para esta obligación a la que se ha referido la Comisión es la Directiva sobre protección de datos[(8)](#(8)){#Footnote8}. La Comisión considera que la Directiva le impide facilitar al denunciante los nombres de las personas afectadas sin obtener previamente su consentimiento. Esta afirmación se evalúa en la siguiente sección.   
**3 La Directiva sobre protección de datos**   
3.1 El artículo 286 CE establece que los actos comunitarios relativos a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos se aplicarán a las instituciones y organismos creados por el Tratado o sobre la base del mismo. Por consiguiente, la Directiva sobre protección de datos[(9)](#(9)){#Footnote9} se aplica a las instituciones y organismos comunitarios, incluida la Comisión[(10).](#(10)){#Footnote10}   
3.2 La Directiva establece determinados principios que deben aplicarse mediante una legislación detallada en los Estados miembros. Al examinar la aplicación de la Directiva a la Comisión, cabe recordar que todavía no existe una legislación de aplicación detallada vinculante para las instituciones y organismos comunitarios.   
3.3 A nivel de principio, el Defensor del Pueblo observa que el artículo 1 de la Directiva define su objeto como garantizar *la protección de \<\<los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la intimidad en lo que respecta al tratamiento de datos personales\>\>.*   
3.4 La información facilitada a una autoridad administrativa por una persona que participa en un procedimiento administrativo no parece ser "datos personales" relativos a esa persona por el mero hecho de que la haya facilitado. La opinión contraria implicaría que existe un derecho fundamental a facilitar información a una autoridad administrativa en secreto, lo cual no es el caso.   
3.5 Por otra parte, al interpretar y aplicar la Directiva, también es importante tener en cuenta el principio de que *las decisiones deben adoptarse de la manera más abierta posible.* Este principio se afirma en la Declaración sobre el derecho de acceso a la información aneja al Acta final del Tratado de Maastricht[(11),](#(11)){#Footnote11} en la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales comunitarios[(12)](#(12)){#Footnote12} y en el artículo 1,[apartado 13, del Tratado de](#(13)){#Footnote13} la Unión Europea.   
3.6 El apartado[14 del artículo 7 de](#(14)){#Footnote14} la Directiva prevé la licitud de seis categorías de tratamiento (incluida la transmisión) de datos personales. Tres de estas categorías parecen ser aplicables a la divulgación pública por parte de la Comisión de la información que se le ha presentado sobre el ejercicio de una de sus funciones. Dicha divulgación podría considerarse necesaria para:   
- *el cumplimiento de una obligación legal* , ya que el Tratado de la Unión Europea establece que la apertura es una obligación de las instituciones europeas;   
*- el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio del poder público,* ya que hacer pública la información es una parte normal del cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio del poder público;   
- *a efectos de los intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos* , ya que la concesión y la recepción del acceso a la información oficial son intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento y por terceros, respectivamente.   
3.7 Por las razones expuestas anteriormente, el Defensor del Pueblo considera que el derecho a la intimidad con respecto al tratamiento de datos personales en virtud de la Directiva de protección de datos no exige que la Comisión trate como puntos de vista secretos o información que se le haya presentado en relación con el ejercicio de sus funciones, ni los nombres de las personas que presentaron los puntos de vista o la información.   
3.8 Por consiguiente, el Defensor del Pueblo considera que la Comisión ha malinterpretado las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva sobre protección de datos y, por lo tanto, ha infringido el principio de apertura. Este es un caso de mala administración. Dado que no es posible una solución amistosa, el Defensor del Pueblo formula el siguiente proyecto de recomendación a la Comisión, de conformidad con el artículo 3, apartado 6, del Estatuto del Defensor del Pueblo:   
**Proyecto de recomendación**   
:   La Comisión debe informar al denunciante de los nombres de los delegados de la Confédération des brasseurs du marché commun que asistieron a una reunión organizada por la Comisión el 11 de octubre de 1996 y de las empresas y personas de las 14 categorías identificadas en la solicitud original del denunciante de acceso a los documentos que presentaron observaciones a la Comisión con la referencia de expediente P/93/4490/YK.

Se informará a la Comisión y al denunciante de este proyecto de recomendación. De conformidad con el apartado 6 del artículo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo, la Comisión enviará un dictamen detallado antes del 30 de septiembre de 2000. El dictamen detallado podría consistir en la aceptación del proyecto de recomendación del Defensor del Pueblo y una descripción de cómo se ha aplicado.   
Estrasburgo, 17 de mayo de 2000   
Jacob SÖDERMAN   

*** ** * ** ***

[(1)](#Footnote1){#(1)} Decisión 94/262 del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 1994, relativa al Estatuto y a las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo, DO L 113/15.

[(2)](#Footnote2){#(2)} Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, DO L 281/31.

[(3)](#Footnote3){#(3)} Decisión de la Comisión, de 8 de febrero de 1994, relativa al acceso del público a los documentos de la Comisión, DO L 46/58.

[4)](#Footnote4){#(4)} "En la medida de lo posible, el Defensor del Pueblo buscará una solución con la institución u órgano de que se trate para eliminar el caso de mala administración y satisfacer la reclamación."

[(5)](#Footnote5){#(5)} El Defensor del Pueblo llamó la atención de la Comisión, en particular, sobre el apartado 55 de la sentencia, en el que se afirma que \<\<la norma sobre la autoría, independientemente de cómo se describa, establece una excepción al principio general de transparencia en la Decisión 94/90. De ello se deduce que esta norma debe interpretarse y aplicarse estrictamente, a fin de no frustrar la aplicación del principio general de transparencia.\>\>

[(6)](#Footnote6){#(6)} Decisión de la Comisión, de 8 de febrero de 1994, relativa al acceso del público a los documentos de la Comisión (DO L 46 de 8.2.1994, p. 58).

[(7)](#Footnote7){#(7)} Véase el artículo 22 del *Código de buena conducta administrativa del Defensor del Pueblo Europeo, de 19 de* julio de 1999.

[(8)](#Footnote8){#(8)} Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, DO L 281/31.

[(9)](#Footnote9){#(9)} *Nota 8 anterior*

[(10)](#Footnote10){#(10)} La Directiva también se aplica al Defensor del Pueblo Europeo. Véase la Decisión del Defensor del Pueblo de 30 de noviembre de 1999 relativa a la designación de un delegado de protección de datos, disponible en el sitio web del Defensor del Pueblo: <http://www.ombudsman.europa.eu/lbasis/en/dataprot.htm>

[(11)](#Footnote11){#(11)} Declaración 17: \<\<La Conferencia considera que la transparencia del proceso de toma de decisiones refuerza el carácter democrático de las instituciones y la confianza de los ciudadanos en la administración. En consecuencia, la Conferencia recomienda a la Comisión que presente al Consejo, a más tardar en 1993, un informe sobre las medidas destinadas a mejorar el acceso del público a la información de que disponen las instituciones."

[(12)](#Footnote12){#(12)} Véase, por ejemplo, el asunto C-58/94, *Países Bajos/Consejo,* Rec. 1996, p. I-2169.

[(13)](#Footnote13){#(13)} El segundo párrafo del cual dice: "Este Tratado marca una nueva etapa en el proceso de creación de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, *en la que las decisiones se adoptan de la manera más abierta* y próxima posible a los ciudadanos" (el subrayado es nuestro).

*[(14)](#Footnote14){#(14)} \<\<Los Estados miembros dispondrán que los datos personales solo puedan tratarse si:*

a) *el interesado ha dado su consentimiento sin ambigüedades; o*

*b) el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado sea parte o para adoptar medidas a petición del interesado antes de celebrar un contrato; o*

c) *el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal a la que esté sujeto el responsable del tratamiento; o*

d) *el tratamiento es necesario para proteger los intereses vitales del interesado; o*

e) *el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento o a un tercero al que se comuniquen los datos; o*

*f) el tratamiento sea necesario para los fines de los intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, excepto cuando dichos intereses prevalezcan sobre los intereses de los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección en virtud del artículo 1, apartado 1.\>\>.*