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Proyecto de recomendación a la Comisión Europea en la denuncia 521/98/ADB
Recomendación
Caso 521/98/ADB - Abierto el Lunes | 06 julio 1998 - Recomendación sobre Miércoles | 15 marzo 2000 - Decisión de Miércoles | 08 noviembre 2000
(Hecho de conformidad con el artículo 3, apartado 6, del Estatuto del Defensor del Pueblo. 1)
En septiembre de 1995, la Comisión Europea encargó a una empresa belga, ESEDRA s.p.r.l., la gestión del "Centro para la primera infancia Clovis" (en lo sucesivo, "ECC Clovis") en Bruselas, que es una guardería creada para los hijos del personal de las instituciones comunitarias, entre los que figuran los hijos de los denunciantes.
En octubre de 1997, los padres de los niños que asistieron al CEC Clovis escucharon rumores sobre una presunta investigación de un caso de pedofilia en la guardería. Durante la segunda quincena de octubre de 1997, la Comisión Europea confirmó estos rumores mediante comunicaciones escritas y reuniones con los padres.
Según la información divulgada, la investigación de las autoridades belgas tuvo su origen en una denuncia de los padres de un menor que asistía al CEC Clovis y los llevó a sospechar de miembros del personal empleado en la guardería. El director de la guardería fue informado del problema a finales de mayo de 1997 y la Comisión Europea fue informada a principios de junio de 1997.
i) En resumen, los denunciantes alegaron que durante todo el proceso la Comisión no actuó de manera eficaz, transparente y oportuna. No informó a los padres. Otras instituciones comunitarias, el pediatra de la guardería y el Comité mixto sobre la gestión del centro de primera infancia no fueron informados hasta meses después de que la Comisión tuviera conocimiento de la cuestión, y una vez que el caso ya se había hecho público. Según los denunciantes, la información divulgada era insuficiente e inadecuada, además, la Comisión no solicitó información importante a las autoridades belgas encargadas de las investigaciones. En opinión de los denunciantes, la Comisión podría haber divulgado información sin infringir el secreto de los procedimientos ni el derecho a la intimidad de las víctimas.
En cuanto a esta primera alegación, los denunciantes consideraron que la Comisión debería adoptar un código que contuviera disposiciones claras para evitar fallos similares en casos de presunto abuso. Además, instaron a la Comisión a divulgar la información que había ocultado hasta la fecha.
ii) La segunda alegación presentada por los denunciantes se refería a la supervisión de ESEDRA s.p.r.l., la empresa encargada de gestionar el ECC Clovis. Los denunciantes expresaron la opinión de que los servicios de la Comisión, debido a la falta de personal, no utilizaron todas las posibilidades de control previstas en el contrato con ESEDRA s.p.r.l.
Los denunciantes pidieron a la Comisión que adoptara las medidas adecuadas para resolver tanto el problema de procedimiento como la cuestión de la falta de personal.
El dictamen de la Comisión Europea sobre
la denuncia fue, en resumen, el siguiente:
Como cuestión preliminar, la Comisión subrayó que los supuestos casos de abuso infantil se estaban preparando para una posible sentencia de las autoridades belgas, por lo que la información relacionada directamente con los casos era confidencial. Además, la Comisión hizo hincapié en que había adoptado todas las medidas posibles para la seguridad de los niños en sus guarderías.
i) La información disponible se había transmitido a todos los niveles, pero siempre con atención a la privacidad de las víctimas y al secreto del proceso judicial. Se organizaron reuniones con los padres, el personal de la guardería, el Comité Mixto sobre la Gestión del Centro de la Primera Infancia y con instituciones belgas externas. Se organizaron conferencias, así como sesiones específicas de formación y sensibilización para el personal. Los miembros del personal de la guardería sólo eran sospechosos en una fase tardía del procedimiento, y el caso se hizo público en octubre de 1997.
En cuanto a la seguridad, la Oficina de Seguridad de la Comisión ha adoptado medidas permanentes para reforzarla. Investigó a fondo el caso poniéndose en contacto regularmente con los padres, el personal y las autoridades belgas.
ii) Para el control del contratista, la Comisión había llevado a cabo periódicamente una serie de controles, en particular en forma de visitas sobre el terreno.
La Comisión explicó que ya había adoptado y tenía la intención de adoptar medidas preventivas contra los abusos en las guarderías. Esto se produjo a través de formación específica, contactos con organizaciones locales especializadas como ONE (2) y con varios Estados miembros.
Todas las medidas mencionadas se adoptaron en el curso de la investigación y de conformidad con los requisitos impuestos por el procedimiento judicial.
Observaciones de los reclamantes El
Defensor del Pueblo Europeo remitió el dictamen de la Comisión Europea a los reclamantes con una invitación a presentar observaciones. En su respuesta de 25 de enero de 1999, los denunciantes formularon las siguientes observaciones.
i) Aunque la Comisión conocía los problemas desde principios de junio de 1997, todas las medidas de información mencionadas en el dictamen de la Comisión se adoptaron en octubre de 1997. La información podría haberse divulgado antes sin infringir el secreto del procedimiento judicial.
La información en sí era pobre. La Comisión no la había obtenido de la fuente principal, es decir, de las autoridades belgas. Además, la Comisión se negó a emprender acciones civiles, aunque de este modo podría haber obtenido información más detallada. Además, la Oficina de Seguridad se negó persistentemente a divulgar los informes que había preparado.
Los denunciantes lamentan que la Comisión no se haya comprometido a adoptar un código de conducta que establezca claramente el procedimiento en casos similares.
ii) En cuanto al control sobre el contratista, los reclamantes se refirieron a la adenda de un informe elaborado por un comité de seguimiento encargado del caso Clovis. Este Comité llegó a la conclusión de que no tenía conocimiento de las investigaciones sobre el terreno llevadas a cabo por la Comisión, que, en su opinión, deberían haberse llevado a cabo por sorpresa. En resumen, los controles se consideraron inadecuados. Por último, se puso en tela de juicio el trabajo del contratista.
El
Defensor del Pueblo pidió a la Comisión que comentara las observaciones formuladas por los demandantes.
La Comisión confirmó que, cuando fue informada del caso, solo tenía conocimiento de algunos elementos relativos a los hechos alegados. Además, los padres de las víctimas habían pedido discreción y no querían que la Administración interviniera. Tanto los deseos de los padres como el secreto judicial convencieron a la Comisión de que no se debía informar a todos los padres antes de reunir una cantidad mínima de pruebas.
En cuanto a la calidad de la información, la Comisión alegó que había sido informada de la evolución del asunto por la fiscalía del Rey de Bruselas. Si la Comisión hubiera emprendido una acción civil, no habría mejorado la información proporcionada a las propias víctimas que interpusieron una acción civil, ni habría sido concebible divulgar la información que podría haber obtenido, dado que la Comisión, a su vez, habría estado vinculada por el secreto del procedimiento.
La Comisión declaró que tiene previsto establecer un procedimiento interno específico para los casos de maltrato, en colaboración con instituciones especializadas como ONE (3).
La Comisión ha elaborado una lista de controles y medidas de seguimiento ya realizados en relación con el control del contratista, en los que participan la Administración, el Comité Mixto de Gestión del Centro de Primera Infancia, el Servicio Médico, los padres y el propio contratista. Un funcionario se encarga, en particular, de supervisar el contrato.
La Comisión también destacó que se establecen contactos con la ONE belga para establecer una colaboración para el control de calidad de las guarderías de la Comisión y para la formación de su personal en casos de malos tratos.
Observaciones del denunciante
Los denunciantes lamentaron que, dos años después de los hechos, la Comisión solo "prevé" adoptar un procedimiento interno.
En cuanto al control sobre el contratista, los reclamantes informaron al Defensor del Pueblo de una opinión adoptada por el Comité Mixto sobre la Gestión del Centro de Primera Infancia, en la que se pide a la Comisión Europea que no renueve el contrato de ESEDRA s.p.r.l. Además, los reclamantes expresaron el deseo de ser informados de todas las responsabilidades del funcionario encargado del control, y se preguntaron si una sola persona podría hacer frente a este trabajo para los restaurantes y guarderías.
Tras examinar la información obtenida durante la investigación, el Defensor del Pueblo Europeo consideró que existían indicios razonables de mala administración. Los principios de buena administración exigen que las decisiones se tomen dentro de un plazo razonable. La Comisión, más de dos años después de los hechos, no había adoptado un procedimiento interno para tratar los supuestos casos de abuso en sus guarderías.
Por consiguiente, de conformidad con el artículo 3, apartado 5, de su Estatuto (4), el Defensor del Pueblo se dirigió al Presidente de la Comisión Europea y le pidió que se comprometiera a elaborar un procedimiento interno para atender las solicitudes de los demandantes. Además, el Defensor del Pueblo pidió a la Comisión que tuviera en cuenta los temores de los demandantes en relación con los recursos humanos disponibles para la supervisión del cuidado de los niños contratados por la Comisión.
El 23 de noviembre de 1999, la Comisión informó al Defensor del Pueblo de que había preparado un conjunto de directrices internas que se presentaron al ONE para su consulta. La respuesta de este último iba a ser inminente. Sin embargo, el procedimiento es muy complejo, sensible y afecta en particular a los derechos sociales de los trabajadores, la seguridad y las disposiciones legales. En el primer trimestre de 2000 debía completarse un programa de formación específico para el personal de la guardería. La Comisión también informó al Defensor del Pueblo de que estaba a punto de establecer una colaboración contractual con ONE, y su equivalente flamenco Kind & Gezin, para establecer un control externo de las guarderías de la Comisión. En cuanto al funcionario encargado del control, la Comisión Europea comprobó que se ocupaba a tiempo completo de la supervisión del contrato de ESEDRA s.p.r.l. El nuevo contrato, para el que se había iniciado dos veces un nuevo procedimiento de licitación, prevé controles reforzados.
Los denunciantes expresaron su satisfacción por las medidas adoptadas por la Comisión, pero lamentaron que hasta la fecha no se hubiera completado ninguna de ellas. Reiteraron su preocupación por la carga de trabajo del funcionario encargado del control dentro de la Comisión y subrayaron que debería encontrar los medios para establecer un control eficiente. Como conclusión, los reclamantes declararon que confiaban en la intención de la Comisión de lograr lo que se había emprendido, pero pidieron al Defensor del Pueblo que, antes de cerrar el caso, se asegurara de que la Comisión cumpliera sus compromisos.
1 La tramitación del caso de abuso y la adopción de un procedimiento interno
1.1 Los denunciantes consideraron que la Comisión no había adoptado las medidas adecuadas en relación con los presuntos casos de abuso en una de sus guarderías. En particular, no actuó de manera eficaz, transparente y oportuna. Por consiguiente, los denunciantes instaron a la Comisión a adoptar un código que contuviera disposiciones claras sobre el procedimiento que debía seguirse en casos similares. La Comisión argumentó que tomó todas las medidas posibles, y que actuó con cuidado consciente por la privacidad de las víctimas, y el secreto de los procedimientos judiciales.
1.2 Las investigaciones del Defensor del Pueblo sobre este caso han puesto de manifiesto que la Comisión era consciente de la necesidad de establecer un procedimiento interno específico, que, sin embargo, más de dos años después de los hechos, no se había adoptado.
1.3 De conformidad con el artículo 3, apartado 5, de su Estatuto, el Defensor del Pueblo se dirigió al Presidente de la Comisión Europea para lograr una solución amistosa. El Defensor del Pueblo pidió a la Comisión que se comprometiera a adoptar un procedimiento interno.
1.4 El 23 de noviembre de 1999, la Comisión informó al Defensor del Pueblo de que era inminente la adopción de un procedimiento interno. Sin embargo, el 31 de enero de 2000, una solicitud informal del Defensor del Pueblo Europeo reveló que no había habido avances significativos hacia la adopción de un procedimiento. Los principios de buena administración exigen que las decisiones se tomen en un plazo razonable. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo dirigirá un proyecto de recomendación a la Comisión.
2 La supervisión del contrato
2.1 Los denunciantes consideraron que la Comisión no supervisó adecuadamente al contratista encargado de la gestión del CEC Clovis. Los denunciantes también cuestionaron la posibilidad de que el personal encargado del control hiciera frente a la carga de trabajo. La Comisión declaró que había llevado a cabo varias series de controles y que un funcionario se dedicaba a tiempo completo a la supervisión del contratista.
2.2 El Defensor del Pueblo señala que la Comisión ha adoptado medidas para mejorar y reforzar los procedimientos de control interno y externo del siguiente contratista encargado de la gestión del CEC Clovis a partir de agosto de 2000. Habida cuenta de los próximos cambios en el procedimiento de control, el Defensor del Pueblo considera que no es necesario proseguir las investigaciones en relación con la carga de trabajo del servicio encargado de supervisar el presente contrato. No obstante, el Defensor del Pueblo confía en que la Comisión se asegurará de que las nuevas tareas asignadas a su servicio vayan acompañadas de medidas organizativas que permitan una finalización adecuada y eficiente del trabajo adicional.
3 Conclusión
Habida cuenta de lo anterior, y de conformidad con el artículo 3, apartado 6, del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, el Defensor del Pueblo presenta a la Comisión el siguiente proyecto de recomendación:
Se informará de este proyecto de recomendación a la Comisión y a los denunciantes. De conformidad con el apartado 6 del artículo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo, la Comisión enviará un dictamen motivado antes del 30 de junio de 2000. El dictamen detallado podría consistir en la aceptación del proyecto de recomendación del Defensor del Pueblo y una descripción de cómo se ha aplicado.
Estrasburgo, 15 de marzo de 2000
Jacob SÖDERMAN
LA DENUNCIA
En septiembre de 1995, la Comisión Europea encargó a una empresa belga, ESEDRA s.p.r.l., la gestión del "Centro para la primera infancia Clovis" (en lo sucesivo, "ECC Clovis") en Bruselas, que es una guardería creada para los hijos del personal de las instituciones comunitarias, entre los que figuran los hijos de los denunciantes.
En octubre de 1997, los padres de los niños que asistieron al CEC Clovis escucharon rumores sobre una presunta investigación de un caso de pedofilia en la guardería. Durante la segunda quincena de octubre de 1997, la Comisión Europea confirmó estos rumores mediante comunicaciones escritas y reuniones con los padres.
Según la información divulgada, la investigación de las autoridades belgas tuvo su origen en una denuncia de los padres de un menor que asistía al CEC Clovis y los llevó a sospechar de miembros del personal empleado en la guardería. El director de la guardería fue informado del problema a finales de mayo de 1997 y la Comisión Europea fue informada a principios de junio de 1997.
i) En resumen, los denunciantes alegaron que durante todo el proceso la Comisión no actuó de manera eficaz, transparente y oportuna. No informó a los padres. Otras instituciones comunitarias, el pediatra de la guardería y el Comité mixto sobre la gestión del centro de primera infancia no fueron informados hasta meses después de que la Comisión tuviera conocimiento de la cuestión, y una vez que el caso ya se había hecho público. Según los denunciantes, la información divulgada era insuficiente e inadecuada, además, la Comisión no solicitó información importante a las autoridades belgas encargadas de las investigaciones. En opinión de los denunciantes, la Comisión podría haber divulgado información sin infringir el secreto de los procedimientos ni el derecho a la intimidad de las víctimas.
En cuanto a esta primera alegación, los denunciantes consideraron que la Comisión debería adoptar un código que contuviera disposiciones claras para evitar fallos similares en casos de presunto abuso. Además, instaron a la Comisión a divulgar la información que había ocultado hasta la fecha.
ii) La segunda alegación presentada por los denunciantes se refería a la supervisión de ESEDRA s.p.r.l., la empresa encargada de gestionar el ECC Clovis. Los denunciantes expresaron la opinión de que los servicios de la Comisión, debido a la falta de personal, no utilizaron todas las posibilidades de control previstas en el contrato con ESEDRA s.p.r.l.
Los denunciantes pidieron a la Comisión que adoptara las medidas adecuadas para resolver tanto el problema de procedimiento como la cuestión de la falta de personal.
LA INVESTIGACIÓN
El dictamen de la Comisión Europea sobre
la denuncia fue, en resumen, el siguiente:
Como cuestión preliminar, la Comisión subrayó que los supuestos casos de abuso infantil se estaban preparando para una posible sentencia de las autoridades belgas, por lo que la información relacionada directamente con los casos era confidencial. Además, la Comisión hizo hincapié en que había adoptado todas las medidas posibles para la seguridad de los niños en sus guarderías.
i) La información disponible se había transmitido a todos los niveles, pero siempre con atención a la privacidad de las víctimas y al secreto del proceso judicial. Se organizaron reuniones con los padres, el personal de la guardería, el Comité Mixto sobre la Gestión del Centro de la Primera Infancia y con instituciones belgas externas. Se organizaron conferencias, así como sesiones específicas de formación y sensibilización para el personal. Los miembros del personal de la guardería sólo eran sospechosos en una fase tardía del procedimiento, y el caso se hizo público en octubre de 1997.
En cuanto a la seguridad, la Oficina de Seguridad de la Comisión ha adoptado medidas permanentes para reforzarla. Investigó a fondo el caso poniéndose en contacto regularmente con los padres, el personal y las autoridades belgas.
ii) Para el control del contratista, la Comisión había llevado a cabo periódicamente una serie de controles, en particular en forma de visitas sobre el terreno.
La Comisión explicó que ya había adoptado y tenía la intención de adoptar medidas preventivas contra los abusos en las guarderías. Esto se produjo a través de formación específica, contactos con organizaciones locales especializadas como ONE (2) y con varios Estados miembros.
Todas las medidas mencionadas se adoptaron en el curso de la investigación y de conformidad con los requisitos impuestos por el procedimiento judicial.
Observaciones de los reclamantes El
Defensor del Pueblo Europeo remitió el dictamen de la Comisión Europea a los reclamantes con una invitación a presentar observaciones. En su respuesta de 25 de enero de 1999, los denunciantes formularon las siguientes observaciones.
i) Aunque la Comisión conocía los problemas desde principios de junio de 1997, todas las medidas de información mencionadas en el dictamen de la Comisión se adoptaron en octubre de 1997. La información podría haberse divulgado antes sin infringir el secreto del procedimiento judicial.
La información en sí era pobre. La Comisión no la había obtenido de la fuente principal, es decir, de las autoridades belgas. Además, la Comisión se negó a emprender acciones civiles, aunque de este modo podría haber obtenido información más detallada. Además, la Oficina de Seguridad se negó persistentemente a divulgar los informes que había preparado.
Los denunciantes lamentan que la Comisión no se haya comprometido a adoptar un código de conducta que establezca claramente el procedimiento en casos similares.
ii) En cuanto al control sobre el contratista, los reclamantes se refirieron a la adenda de un informe elaborado por un comité de seguimiento encargado del caso Clovis. Este Comité llegó a la conclusión de que no tenía conocimiento de las investigaciones sobre el terreno llevadas a cabo por la Comisión, que, en su opinión, deberían haberse llevado a cabo por sorpresa. En resumen, los controles se consideraron inadecuados. Por último, se puso en tela de juicio el trabajo del contratista.
PREGUNTAS ADICIONALES
El
Defensor del Pueblo pidió a la Comisión que comentara las observaciones formuladas por los demandantes.
La Comisión confirmó que, cuando fue informada del caso, solo tenía conocimiento de algunos elementos relativos a los hechos alegados. Además, los padres de las víctimas habían pedido discreción y no querían que la Administración interviniera. Tanto los deseos de los padres como el secreto judicial convencieron a la Comisión de que no se debía informar a todos los padres antes de reunir una cantidad mínima de pruebas.
En cuanto a la calidad de la información, la Comisión alegó que había sido informada de la evolución del asunto por la fiscalía del Rey de Bruselas. Si la Comisión hubiera emprendido una acción civil, no habría mejorado la información proporcionada a las propias víctimas que interpusieron una acción civil, ni habría sido concebible divulgar la información que podría haber obtenido, dado que la Comisión, a su vez, habría estado vinculada por el secreto del procedimiento.
La Comisión declaró que tiene previsto establecer un procedimiento interno específico para los casos de maltrato, en colaboración con instituciones especializadas como ONE (3).
La Comisión ha elaborado una lista de controles y medidas de seguimiento ya realizados en relación con el control del contratista, en los que participan la Administración, el Comité Mixto de Gestión del Centro de Primera Infancia, el Servicio Médico, los padres y el propio contratista. Un funcionario se encarga, en particular, de supervisar el contrato.
La Comisión también destacó que se establecen contactos con la ONE belga para establecer una colaboración para el control de calidad de las guarderías de la Comisión y para la formación de su personal en casos de malos tratos.
Observaciones del denunciante
Los denunciantes lamentaron que, dos años después de los hechos, la Comisión solo "prevé" adoptar un procedimiento interno.
En cuanto al control sobre el contratista, los reclamantes informaron al Defensor del Pueblo de una opinión adoptada por el Comité Mixto sobre la Gestión del Centro de Primera Infancia, en la que se pide a la Comisión Europea que no renueve el contrato de ESEDRA s.p.r.l. Además, los reclamantes expresaron el deseo de ser informados de todas las responsabilidades del funcionario encargado del control, y se preguntaron si una sola persona podría hacer frente a este trabajo para los restaurantes y guarderías.
LOS ESFUERZOS DEL PUEBLO PARA LOGRAR UNA SOLUCIÓN AMIGOSA
Tras examinar la información obtenida durante la investigación, el Defensor del Pueblo Europeo consideró que existían indicios razonables de mala administración. Los principios de buena administración exigen que las decisiones se tomen dentro de un plazo razonable. La Comisión, más de dos años después de los hechos, no había adoptado un procedimiento interno para tratar los supuestos casos de abuso en sus guarderías.
Por consiguiente, de conformidad con el artículo 3, apartado 5, de su Estatuto (4), el Defensor del Pueblo se dirigió al Presidente de la Comisión Europea y le pidió que se comprometiera a elaborar un procedimiento interno para atender las solicitudes de los demandantes. Además, el Defensor del Pueblo pidió a la Comisión que tuviera en cuenta los temores de los demandantes en relación con los recursos humanos disponibles para la supervisión del cuidado de los niños contratados por la Comisión.
El 23 de noviembre de 1999, la Comisión informó al Defensor del Pueblo de que había preparado un conjunto de directrices internas que se presentaron al ONE para su consulta. La respuesta de este último iba a ser inminente. Sin embargo, el procedimiento es muy complejo, sensible y afecta en particular a los derechos sociales de los trabajadores, la seguridad y las disposiciones legales. En el primer trimestre de 2000 debía completarse un programa de formación específico para el personal de la guardería. La Comisión también informó al Defensor del Pueblo de que estaba a punto de establecer una colaboración contractual con ONE, y su equivalente flamenco Kind & Gezin, para establecer un control externo de las guarderías de la Comisión. En cuanto al funcionario encargado del control, la Comisión Europea comprobó que se ocupaba a tiempo completo de la supervisión del contrato de ESEDRA s.p.r.l. El nuevo contrato, para el que se había iniciado dos veces un nuevo procedimiento de licitación, prevé controles reforzados.
Los denunciantes expresaron su satisfacción por las medidas adoptadas por la Comisión, pero lamentaron que hasta la fecha no se hubiera completado ninguna de ellas. Reiteraron su preocupación por la carga de trabajo del funcionario encargado del control dentro de la Comisión y subrayaron que debería encontrar los medios para establecer un control eficiente. Como conclusión, los reclamantes declararon que confiaban en la intención de la Comisión de lograr lo que se había emprendido, pero pidieron al Defensor del Pueblo que, antes de cerrar el caso, se asegurara de que la Comisión cumpliera sus compromisos.
LA DECISIÓN
1 La tramitación del caso de abuso y la adopción de un procedimiento interno
1.1 Los denunciantes consideraron que la Comisión no había adoptado las medidas adecuadas en relación con los presuntos casos de abuso en una de sus guarderías. En particular, no actuó de manera eficaz, transparente y oportuna. Por consiguiente, los denunciantes instaron a la Comisión a adoptar un código que contuviera disposiciones claras sobre el procedimiento que debía seguirse en casos similares. La Comisión argumentó que tomó todas las medidas posibles, y que actuó con cuidado consciente por la privacidad de las víctimas, y el secreto de los procedimientos judiciales.
1.2 Las investigaciones del Defensor del Pueblo sobre este caso han puesto de manifiesto que la Comisión era consciente de la necesidad de establecer un procedimiento interno específico, que, sin embargo, más de dos años después de los hechos, no se había adoptado.
1.3 De conformidad con el artículo 3, apartado 5, de su Estatuto, el Defensor del Pueblo se dirigió al Presidente de la Comisión Europea para lograr una solución amistosa. El Defensor del Pueblo pidió a la Comisión que se comprometiera a adoptar un procedimiento interno.
1.4 El 23 de noviembre de 1999, la Comisión informó al Defensor del Pueblo de que era inminente la adopción de un procedimiento interno. Sin embargo, el 31 de enero de 2000, una solicitud informal del Defensor del Pueblo Europeo reveló que no había habido avances significativos hacia la adopción de un procedimiento. Los principios de buena administración exigen que las decisiones se tomen en un plazo razonable. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo dirigirá un proyecto de recomendación a la Comisión.
2 La supervisión del contrato
2.1 Los denunciantes consideraron que la Comisión no supervisó adecuadamente al contratista encargado de la gestión del CEC Clovis. Los denunciantes también cuestionaron la posibilidad de que el personal encargado del control hiciera frente a la carga de trabajo. La Comisión declaró que había llevado a cabo varias series de controles y que un funcionario se dedicaba a tiempo completo a la supervisión del contratista.
2.2 El Defensor del Pueblo señala que la Comisión ha adoptado medidas para mejorar y reforzar los procedimientos de control interno y externo del siguiente contratista encargado de la gestión del CEC Clovis a partir de agosto de 2000. Habida cuenta de los próximos cambios en el procedimiento de control, el Defensor del Pueblo considera que no es necesario proseguir las investigaciones en relación con la carga de trabajo del servicio encargado de supervisar el presente contrato. No obstante, el Defensor del Pueblo confía en que la Comisión se asegurará de que las nuevas tareas asignadas a su servicio vayan acompañadas de medidas organizativas que permitan una finalización adecuada y eficiente del trabajo adicional.
3 Conclusión
Habida cuenta de lo anterior, y de conformidad con el artículo 3, apartado 6, del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, el Defensor del Pueblo presenta a la Comisión el siguiente proyecto de recomendación:
- La Comisión debe adoptar un procedimiento interno para garantizar que los casos de presunto abuso de menores en sus guarderías se tramiten de manera eficaz, transparente y oportuna. Debe adoptarse antes del 31 de julio de 2000.
Se informará de este proyecto de recomendación a la Comisión y a los denunciantes. De conformidad con el apartado 6 del artículo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo, la Comisión enviará un dictamen motivado antes del 30 de junio de 2000. El dictamen detallado podría consistir en la aceptación del proyecto de recomendación del Defensor del Pueblo y una descripción de cómo se ha aplicado.
Estrasburgo, 15 de marzo de 2000
Jacob SÖDERMAN
(1) Decisión 94/262 del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 1994, sobre el Reglamento y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo, 1994 DO L 113/15.
(2) "Office de la Naissance et de l'Enfance"
(3) "Office de la Naissance et de l'Enfance"
(4) Artículo 3.5 del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo: «En la medida de lo posible, el Defensor del Pueblo buscará una solución con la institución u órgano de que se trate para eliminar el caso de mala administración y satisfacer la reclamación.»