¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?
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Informe Anual 2024
Informe anual - Fecha Martes | 08 abril 2025
1. Introducción
Tengo el honor de ocupar el puesto de Defensora del Pueblo Europeo desde el mes de febrero de 2025 y me complace presentar el Informe Anual del Defensor del Pueblo Europeo correspondiente a 2024, que recoge un año entero de trabajo de la institución bajo mi predecesora.
Las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea son el rostro público de la Unión Europea, y es por tanto fundamental que se atengan a los principios de rendición de cuentas, servicio al ciudadano y transparencia, para fomentar la confianza de los ciudadanos, un compromiso significativo y una sólida cultura democrática en un momento de gran complejidad tanto a nivel europeo como global.
En 2024, la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo llevó a cabo investigaciones sobre una gran variedad de cuestiones, como la transparencia del Consejo UE-EE. UU. de Comercio y Tecnología, las interacciones del Comité de Control Reglamentario con los grupos de presión, la gestión de las emergencias marítimas por parte de Frontex y la evaluación por parte del Consejo de los posibles conflictos de intereses relacionados con el patrocinio comercial de su Presidencia rotatoria.
Las solicitudes de acceso público a documentos en poder de las instituciones, los órganos y organismos de la Unión siguieron motivandos investigaciones. A principios de 2024, el Defensor del Pueblo Europeo también se benefició del apoyo del Parlamento, que respaldó las conclusiones del Defensor del Pueblo sobre la necesidad de que la Comisión Europea cumpla los plazos legales para tramitar este tipo de solicitudes.
La Oficina siguió centrándose en sectores emergentes clave, como la inteligencia artificial, que dispone de potencial para mejorar la eficiencia de la Administración pública de la UE, pero requiere una rigurosa supervisión humana.
En tanto que nueva Defensora del Pueblo Europeo, me comprometo a garantizar que la Administración de la Unión Europea mantenga un enfoque claramente orientado a la ciudadanía. Defenderé los principios de integridad, apertura y dedicación, esforzándome por brindar a cada ciudadano la posibilidad de relacionarse con las instituciones de la UE con la seguridad de que sus preocupaciones serán tratadas con ecuanimidad y transparencia.
Es un honor para mí comenzar este nuevo capítulo tomando como base el trabajo de quienes me han precedido y del personal de esta Oficina. Me gustaría aprovechar la oportunidad para expresar mi reconocimiento a todas las personas que han desempeñado esta responsabilidad pública durante los treinta últimos años, desde el primer Defensor del Pueblo, Jacob Söderman, a Nikiforos Diamandouros, y especialmente a Emily O'Reilly y su equipo por sus esfuerzos para garantizar una transición fluida.
Espero cooperar con todas las instituciones, órganos y organismos de la UE para continuar la importante misión confiada a esta Oficina.
Teresa Anjinho
2. El año 2024 en síntesis
3. Asuntos destacados
El Defensor del Pueblo ayuda a los ciudadanos, empresas y organizaciones que encuentran problemas con la Administración de la UE. Dichos problemas pueden abarcar desde la falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones, o la demora o denegación del acceso a documentos, hasta problemas éticos, violaciones de los derechos humanos fundamentales y problemas contractuales. Las siguientes secciones presentan un resumen de las investigaciones más destacadas en ciertos ámbitos concretos.
3.1. La rendición de cuentas en el proceso de toma de decisiones
Los rápidos avances en materia de inteligencia artificial (IA) plantean problemas en lo que respecta a la exactitud, el posible sesgo, la explicabilidad y la supervisión humana en la Administración pública, por lo que la Defensora del Pueblo examinó el modo en que la Comisión Europea toma decisiones en materia de IA, así como el modo en que la utiliza en su proceso de toma de decisiones. La Defensora se congratuló de que la Comisión haya expuesto públicamente su planteamiento sobre el uso de la IA, así como de que haya tomado medidas para velar por que el uso que hace de las herramientas de IA se ajuste al Reglamento de Inteligencia Artificial recientemente adoptado. Al mismo tiempo, la Defensora pidió a la Comisión que estudiara la posibilidad de adoptar un código de conducta voluntario para las herramientas que no se consideran de «alto riesgo», a fin de garantizar que su uso se ajuste a los principios de buena administración. La Defensora del Pueblo también propuso que los funcionarios públicos responsables de la supervisión humana de la IA reciban una formación adecuada, que trate tanto de los riesgos generados como de los errores cometidos por los sistemas que usan la IA, como de cómo examinar de manera crítica de manera crítica y verificar los resultados obtenidos por medio de esta tecnología. Además, la Defensora animó a la Comisión a reflexionar sobre qué información relacionada con futuros proyectos que usen la IA hará pública y a considerar la posibilidad de llevar a cabo consultas públicas sobre la posible adopción o desarrollo de nuevas y potentes herramientas de IA.
A raíz de una investigación, la Defensora del Pueblo criticó a la Comisión por su persistente incumplimiento de los plazos legales de preparación de las decisiones de autorización relativas a sustancias químicas peligrosas. La investigación constató que la Comisión tarda una media de 14,5 meses en preparar los proyectos de decisión, pese a que el plazo establecido para ello es de tres meses. La Defensora del Pueblo señaló que estos retrasos representan una amenaza para la salud humana y el medio ambiente, ya que la mayoría de las empresas pueden seguir utilizando las sustancias químicas durante el proceso de autorización. Dado que una causa importante de estos retrasos puede ser el hecho de que muchas empresas presenten solicitudes que no contienen suficiente información, la Defensa instó a la Comisión a garantizar que las empresas presenten solicitudes con toda la información necesaria, y a fijar como prioridad el desestimar las que no respeten esta pauta.
La Defensora del Pueblo animó al Consejo de la Unión Europea a evaluar si su guía sobre el patrocinio empresarial es eficaz a la hora de reducir posibles conflictos de intereses y riesgos para la reputación de la UE, así como a estudiar medidas que puedan ayudar a minimizar dichos riesgos. La Defensora elogió al Consejo por adoptar estas orientaciones a raíz de una investigación anterior en 2019 y por tomar medidas para asegurarse de que los Estados miembros sean conscientes de ello, pero afirmó que el Consejo todavía no había abordado plenamente las preocupaciones del público en relación con el uso del patrocinio empresarial. En particular, sigue faltando transparencia en lo que respecta a la identidad de los patrocinadores, la naturaleza de dicho patrocinio y los beneficios que obtienen a cambio. Además, aunque el Consejo había prohibido el uso de su propio logotipo, los patrocinadores todavía podían utilizar el logotipo de la Presidencia con fines comerciales.
La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción las medidas adoptadas por la Comisión para reducir los retrasos en su tramitación de las reclamaciones por supuestas infracciones del Derecho de la Unión, mejorar la forma en que se comunica con los reclamantes a título individual y comunicar mejor la información de interés para el público en su sitio web dedicado a las infracciones. La Defensora constata que la tramitación de las reclamaciones por infracción es un asunto de gran importancia pública y anima a la Comisión a seguir mejorando en este aspecto.
La Defensora del Pueblo también acogió con satisfacción la decisión de la Comisión de aplicar la propuesta de solución para verificar si la información utilizada en la revisión de la clasificación de riesgos de los dispositivos de estimulación cerebral con fines no médicos es representativa de las pruebas científicas más recientes. La Oficina había iniciado una investigación sobre esta cuestión tras recibir varias reclamaciones relativas a la decisión de reclasificar estos dispositivos en la clase de mayor riesgo del Reglamento sobre los productos sanitarios.
3.2. La participación en el proceso de toma de decisiones
Varias investigaciones de la Oficina del Defensor del Pueblo en 2024 examinaron la forma en que la Administración de la Unión Europea vela por que su proceso de toma de decisiones refleje la diversidad de opiniones, en particular de la sociedad civil, los diversos sectores económicos y la ciudadanía.
Por ejemplo, la Defensora del Pueblo pidió a la Comisión Europea un mayor esfuerzo para garantizar que el Comité de Control Reglamentario —un organismo que revisa y emite dictámenes sobre los proyectos de evaluación de impacto que acompañan a las propuestas de nueva legislación de la UE o las evaluaciones de la legislación existente— esté integrado por personas con suficientes conocimientos técnicos en macroeconomía y microeconomía, política social y política medioambiental. Esta diversidad de conocimientos técnicos se corresponde con los requisitos establecidos en una comunicación de la Comisión sobre este Comité que se publicó en 2015. En el marco del cumplimiento de este objetivo, la Defensora del Pueblo sugirió a la Comisión que describiera claramente los criterios que aplica para seleccionar a los miembros del Comité.
A raíz de una reclamación presentada por dos organizaciones no gubernamentales, la Defensora del Pueblo instó a la Comisión a reflexionar sobre si la composición y el mandato del Grupo consultivo industrial de la Plataforma de Energía de la UE son adecuados, habida cuenta de sus tareas actuales. Además, la Defensora pidió a la Comisión que en aquellos grupos de expertos que están compuestos unicamente por representantes de empresas por razones debidamente justificadas, se conceda el estatuto de observadoras a otras partes interesadas siempre que sea posible. En otra investigación, la Defensora del Pueblo sugirió a la Comisión que se asegurara de que todas las partes interesadas en el ámbito de los pesticidas tuvieran la oportunidad de aportar sus puntos de vista sobre los temas que se debaten con la industria. La Defensora también sugirió que la Comisión desarrollase una página web específica para publicar información y documentos sobre todos los eventos que organice en el futuro en materia de pesticidas.
La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción la creación por parte de la Comisión de un mecanismo de reclamación a través del cual la ciudadanía pueda plantear sus preocupaciones sobre las actividades y el funcionamiento de las redes europeas de referencia (RER), redes virtuales que ayudan a los pacientes con enfermedades complejas o raras al facilitar los debates entre proveedores de asistencia sanitaria de toda Europa. La decisión de crear este mecanismo de reclamación se tomó a raíz de una investigación de la Oficina del Defensor del Pueblo sobre cómo la Comisión respondió a la inquietud que había suscitado la guía elaborada por una red europea sobre la secuencia de Pierre Robin, una enfermedad rara que afecta a la mandíbula y la boca de los bebés.
Después de que algunas organizaciones medioambientales se mostraran preocupadas por el modo en que la Comisión había preparado una propuesta de modificación de la política agrícola común (PAC) de la UE, la Defensora del Pueblo abrió una investigación sobre cómo trabaja la Comisión en las propuestas legislativas «urgentes». Las organizaciones cuestionaron si se había consultado adecuadamente al público sobre la propuesta, así como si la Comisión había examinado suficientemente si los cambios en la PAC afectaban a la sostenibilidad medioambiental a largo plazo de la agricultura de la UE. La Defensora preguntó a la Comisión si dispone de procedimientos internos para decidir si deben soslayarse los requisitos de evaluación de impacto aplicables a las propuestas legislativas urgentes y cómo se observa en estas circunstancias el principio de que las decisiones deben tomarse sobre una base empírica contrastada.
A raíz de una reclamación presentada por una organización no gubernamental, la Defensora del Pueblo abrió una investigación sobre la manera en que la Comisión cumplió sus normas relativas a las consultas públicas y con las partes interesadas al llevara cabo lo que denomina una «recopilación de datos específicos» sobre el impacto de la población de lobos en la UE. En particular, la Defensora pidió a la Comisión que aclarase la naturaleza y el marco procedimental de la recopilación de datos específicos, así como la razón por la que se había apartado en este caso de sus Directrices para la mejora de la legislación en materia de consultas con las partes interesadas.
3.3. Derechos fundamentales
La Defensora del Pueblo concluyó su investigación desarrollada por iniciativa propia sobre la manera en que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) cumple sus obligaciones en materia de derechos fundamentales en el ámbito de la búsqueda y salvamento. La investigación se inició a raíz de que cientos de personas se ahogasen frente a las costas de Grecia tras el naufragio del buque Adriana en junio de 2023. La Defensora constató que las actuales normas de búsqueda y salvamento de la UE dejan a Frontex dependiente de las acciones de los Estados miembros a la hora de salvar vidas en el mar. Durante el incidente del Adriana, Frontex se ofreció a prestar servicios de vigilancia aérea del buque a las autoridades griegas en cuatro ocasiones diferentes, pero no recibió ninguna respuesta. La Defensora instó a los legisladores de la Unión Europea a considerar la revisión de las normas de la UE en materia de búsqueda y salvamento.
Basándose en los resultados de la investigación, la Defensora del Pueblo formuló una serie de sugerencias a Frontex. En particular, sugirió que si el agente de derechos fundamentales de Frontex detecta violaciones persistentes de los derechos fundamentales por parte de un Estado miembro en su respuesta a las emergencias marítimas, o si la propia Agencia tiene conocimiento de violaciones graves a raíz de investigaciones formales o sentencias judiciales, esta debería considerar la posibilidad de cesar o suspender sus actividades con dicho país. La Defensora también sugirió que Frontex debería elaborar directrices internas sobre la emisión de señales de emergencia, como las llamadas de socorro, y asegurarse de que sus observadores de los derechos fundamentales participen suficientemente en la toma de decisiones sobre emergencias marítimas. En una respuesta a la Defensora del Pueblo, Frontex afirmó que había aumentado la capacidad del equipo del agente de derechos fundamentales asignado a la supervisión de la vigilancia aérea y había introducido nuevas medidas, como un régimen de permanencia obligatoria para mejorar la cobertura durante periodos específicos.
En otra investigación relacionada con la migración, la Defensora del Pueblo criticó que la Comisión no informara al público de cómo había evaluado los riesgos en materia de derechos humanos antes de firmar el memorando de entendimiento entre la UE y Túnez. Este memorando incluye disposiciones relativas a la lucha contra la migración irregular, así como al apoyo financiero de la UE para el suministro de equipos, la formación y asistencia técnica en la gestión de las fronteras tunecinas, la lucha contra las operaciones de contrabando y el refuerzo del control fronterizo.
La Defensora del Pueblo constató que, a pesar de sus reiteradas argumentos en el sentido de que no estaba obligada a realizar de forma explícita una evaluación de impacto en los derechos humanos (EIDH) antes de firmar el acuerdo, la Comisión, de hecho, había llevado a cabo un ejercicio de evaluación similar. Habría sido preferible una EIDH formal, ya que este tipo de evaluaciones normalmente se hacen públicas, lo cual puede aumentar la eficacia de las medidas de mitigación frente a posibles problemas de derechos humanos.
La Defensora del Pueblo pidió a la Comisión que publicara un resumen del ejercicio de evaluación llevado a cabo. Además, la Defensora del Pueblo pidió que estableciera y publicara criterios concretos acerca de en qué momento suspendería la financiación de la UE a proyectos en Túnez con motivo de violaciones de los derechos humanos. La Defensora del Pueblo también pidió a la Comisión que animara a sus entidades gestoras asociadas a establecer mecanismos de reclamación que permitieran a las personas interesadas denunciar presuntas violaciones de sus derechos humanos en la ejecución de los fondos.
3.4. Acceso a documentos
El acceso a documentos siguió siendo uno de los principales temas investigados y un nuevo informe del Defensor del Pueblo sobre el trabajo realizado en este ámbito refleja un notable aumento del número de reclamaciones sobre acceso público en los últimos años, de 95 en 2021 a 167 en 2023. En 2024, el número de reclamaciones aumentó de nuevo hasta 212.
Un problema concreto al que se enfrentan a menudo quienes solicitan documentos son las prolongadas demoras en la revisión de una decisión inicial de acceso. En marzo de 2024, el Parlamento Europeo aprobó por unanimidad el informe especial del Defensor del Pueblo en el que se pedía a la Comisión Europea que abordara con urgencia los retrasos sistémicos en la tramitación de solicitudes de acceso. Este informe se elaboró a raíz de una investigación de la Oficina de 2023 en la que se constató que la Comisión incumple los plazos legales para revisar las decisiones iniciales de acceso en el 85 % de los casos.
La Defensora del Pueblo concluyó una investigación por iniciativa propia sobre la forma en que el Consejo de la Unión Europea y la Comisión tramitan las solicitudes de acceso público a documentos legislativos. La investigación reveló que, aunque las dos instituciones divulgaron una gran cantidad de documentos legislativos, en muchos casos aplicaron en términos demasiado generales las excepciones previstas en la legislación de acceso a documentos de la UE. Por ejemplo, al esgrimir la protección de los procesos decisorios en curso como motivo para denegar el acceso a documentos, ambas instituciones se basaron en argumentos vagos, abstractos y carentes de fundamento. Su razonamiento, en particular el hecho de que la divulgación daría lugar a presiones externas o a interpretaciones erróneas por parte del público, ha sido ya desestimado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Defensora del Pueblo pidió a las instituciones que divulgaran rápidamente los documentos legislativos, que solo denegaran el acceso en circunstancias verdaderamente excepcionales y que informaran a terceras partes que presentaran alegaciones durante el proceso legislativo de que estas podían hacerse públicas.
También se llevaron a cabo una serie de investigaciones basadas en reclamaciones relativas a documentos legislativos. Por ejemplo, la Defensora del Pueblo criticó que la Comisión se negara a conceder acceso a documentos en relación con la revisión de las normas de la UE en materia de información alimentaria a los consumidores. También criticó la negativa de la misma institución a brindar acceso a las aportaciones de las partes interesadas y de los Estados miembros en relación con el «Reglamento de Restauración de la Naturaleza» de la UE. Si bien la Comisión finalmente concedió un amplio acceso a los documentos, no lo hizo sino hasta después de adoptarse el Reglamento, lo que impidió en la práctica que el reclamante utilizara los documentos para participar en el proceso decisorio.
En otra investigación relativa a documentos legislativos, la Defensora del Pueblo consideró lamentable que la Comisión no hubiera seguido su recomendación de conceder un mayor acceso a los documentos relacionados con una propuesta legislativa para luchar contra el abuso sexual de menores en línea. La Defensora constató que la Comisión debería haber divulgado los documentos para que el público pudiera examinar cómo había fundamentado su propuesta legislativa en las aportaciones de las partes interesadas y verificar que había actuado de manera independiente y exclusivamente en aras del interés público.
En lo que constituye un avance positivo, la Defensora del Pueblo acogió con satisfacción la decisión de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE) de aplicar su propuesta de solución y conceder amplio acceso a los documentos relacionados con las condiciones de acogida en los centros griegos de gestión de la migración. La Defensora constató que, en virtud de las normas de la UE sobre acceso a los documentos, lo que importa es el contenido de un documento y no su forma, y también elogió a la AAUE por su exhaustiva identificación de documentos para esta solicitud de acceso, en particular sus comunicaciones por correo electrónico.
La Defensora del Pueblo pidió a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) que facilitara listas de los documentos que considera incluidos en el ámbito de las solicitudes de acceso, alegando que no hacerlo iría en menoscabo del derecho de las personas que solicitan acceso a presentar solicitudes de revisión fundamentadas. Aunque Frontex afirmó que facilitaría listas en el futuro, la Defensora se mostró descontenta por el hecho de que solo lo haría «cuando se considere necesario» y «caso por caso». La Defensora declaró que supervisaría la nueva práctica de Frontex y que podría volver a examinar el asunto en función de posibles reclamaciones en el futuro.
En otra investigación relacionada con la identificación de documentos, la Defensora del Pueblo criticó que la Comisión no aportase ningún documento relativo a comunicaciones con los Estados miembros o comunicaciones internas relativas a la preparación de una reunión entre su Presidenta, la primera ministra de Italia, el primer ministro de los Países Bajos y el Presidente de Túnez en relación con un importante memorando de entendimiento. Señaló que la celebración de una reunión de tan alto nivel habría requerido comunicaciones previas entre los distintos departamentos de la Comisión, así como con los Estados miembros. A pesar de ello, ninguno de los trece documentos identificados por la Comisión se refería a este tipo de comunicaciones y la Comisión no dio ninguna explicación razonable de su ausencia.
3.5. Transparencia
La Defensora del Pueblo presentó una serie de propuestas a la Comisión Europea para mejorar la transparencia y la participación de las partes interesadas en el Consejo UE-EE. UU. de Comercio y Tecnología (CCT UE-EE. UU.), una plataforma para la coordinación transatlántica sobre cuestiones susceptibles de regulación como la economía digital, la resiliencia de la cadena de suministro y la inteligencia artificial. En particular, la Comisión debería hacer público de antemano el orden del día de las reuniones ministeriales y de los grupos de trabajo, así como proporcionar orientaciones a sus departamentos para que estos puedan garantizar la coherencia entre los distintos grupos de trabajo en cuanto a la información que ponen a disposición del público. La Defensora del Pueblo también pidió a la Comisión un mayor esfuerzo para asegurarse de obtener aportaciones suficientemente inclusivas y diversas de las partes interesadas y claridad al comunicar cómo examina el CCT UE-EE. UU. estas aportaciones. Además de al Consejo UE-EE. UU. de Comercio y Tecnología, la Defensora animó a la Comisión a aplicar estas sugerencias a otros consejos de comercio y tecnología, como el establecido con la India en 2023.
La Defensora del Pueblo inició una investigación por iniciativa propia sobre el modo en que la Comisión aplica las normas destinadas a garantizar la transparencia y la participación de las partes interesadas en lo que respecta a los casi 1 100 grupos de expertos que le proporcionan asesoramiento especializado. Aunque la Comisión revisó sus normas sobre la creación y el funcionamiento de los grupos de expertos en 2016 a raíz de una investigación anterior de la Oficina del Defensor del Pueblo, la sociedad civil y el mundo académico han expresado su preocupación por la forma en que la Comisión aplica estas nuevas normas. Las preguntas de la Defensora del Pueblo a la Comisión se centran en cuestiones tales como la forma en que se garantiza que la información pública sobre los grupos de expertos sea significativa y esté actualizada, así como la forma en que los distintos grupos de expertos deciden si sus deliberaciones deben ser públicas.
Aunque reconoce que la Comisión tiene el deber de proteger a su personal frente a influencias indebidas, la Defensora del Pueblo Europeo consideró que debería haber explicado de manera más proactiva y exhaustiva su decisión de limitar la publicación de los datos de contacto en el directorio en línea de personal de la UE «Whoiswho». La Oficina del Defensor del Pueblo había iniciado una investigación sobre esta cuestión a raíz de que una organización representativa de organizaciones de la sociedad civil de toda Europa denunciara que la decisión de la Comisión de limitar la publicación a los directivos iba en menoscabo de la transparencia y dificultaba la interacción del público con esta institución.
3.6. Ética
La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción la decisión de la Comisión Europea de empezar a obligar a los miembros del personal que pasan al sector privado a mencionar que están sujetos a restricciones en las comunicaciones públicas acerca de su futuro puesto. La Comisión aplicó esta nueva política después de que la Defensora del Pueblo le preguntara por la salida de un miembro de la dirección de su departamento de Competencia para incorporarse a la oficina en Bruselas de un bufete de abogados estadounidense. Para que la nueva política sea más eficaz, la Defensora sugirió que la Comisión exigiera al personal que describiera estas restricciones de forma precisa y significativa.
En otro asunto relativo a las puertas giratorias, la Defensora del Pueblo abrió una investigación sobre el modo en que la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) abordó la salida de dos antiguos miembros de su personal para incorporarse a puestos relacionados con la lucha contra el abuso sexual de menores en línea, un tema en el que supuestamente habían trabajado en Europol. En este caso, el reclamante estaba preocupado por el modo en que esta agencia evaluó el riesgo de posibles conflictos de intereses antes de aprobar las solicitudes de actividad posterior al servicio de los dos miembros del personal.
A fin de mejorar la transparencia y el control público en cuanto a la capacidad de la Comisión para garantizar que las actividades posteriores al mandato de los antiguos comisarios sean compatibles con sus obligaciones, la Defensora del Pueblo sugirió que la Comisión hiciera públicos todos los dictámenes futuros adoptados por el Comité Independiente de Ética en relación con estas actividades. Los antiguos comisarios están obligados a notificar a la Comisión con dos meses de antelación su intención de ejercer una actividad profesional durante los dos años siguientes a su partida. A continuación, la Comisión examina si la actividad prevista es compatible con sus obligaciones posteriores al servicio, consultando con el Comité Independiente de Ética en los casos en que esté relacionada con la cartera del antiguo comisario. Con arreglo a las prácticas actuales, si un comisario retira una solicitud de aprobación a raíz de un dictamen negativo del Comité de Ética, la Comisión no publica el dictamen del Comité.
A raíz de una investigación, la Defensora del Pueblo pidió a la Secretaría del Registro de transparencia de la UE que llevara a cabo investigaciones más exhaustivas y significativas en los casos de reclamaciones públicas relativas a presuntas infracciones del código de conducta por parte de organizaciones inscritas. En particular, la Defensora sugirió que la Secretaría tratara de verificar la información dudosa o incierta a través de fuentes independientes, así como que solicitara información adicional a los solicitantes de registro cuando fuera necesario. Además, la Secretaría debe garantizar orientaciones claras para determinar si diferentes organizaciones tienen vínculos entre sí. La Defensora del Pueblo había iniciado la investigación a raíz de una reclamación sobre el modo en que la Secretaría había atendido las alegaciones de que dos organizaciones no habían revelado sus vínculos con la industria alimentaria y entre sí, así como las fuentes de su financiación.
La Defensora del Pueblo constató que la Comisión no había evaluado adecuadamente las alegaciones de conflicto de intereses relativas a su comisario de Agricultura. Una organización había presentado ante la Comisión una reclamación por infracción de la legislación agrícola de Polonia. La reclamación se asignó al departamento de Agricultura de la Comisión, tras lo cual la organización alertó a la Comisión de que el hermano del comisario de Agricultura se encontraba entre los diputados al Parlamento polaco que habían propuesto la legislación en cuestión. La Defensora del Pueblo determinó que la Comisión no había evaluado correctamente el posible conflicto de intereses y le pidió que revisara su proceso decisorio sobre la reclamación por infracción. La Defensora también sugirió que, en futuros casos similares, la Comisión suspenda el proceso decisorio pertinente hasta determinar si existe conflicto de intereses.
La Defensora del Pueblo concluyó una investigación por iniciativa propia sobre la manera en que la Comisión vela por que los expertos que evalúan las propuestas del Fondo Europeo de Defensa (FED) no tengan conflictos de intereses. Contrariamente a la práctica general de evaluación de las propuestas susceptibles de recibir financiación de la UE, la Comisión no está obligada a hacer públicos los nombres de los expertos a los que consulta sobre los proyectos apoyados por el FED. La Defensora del Pueblo constató que la Comisión se basa en gran medida en la información presentada por los candidatos en su evaluación y la animó a buscar de forma proactiva información adicional que pueda ser indicadora de conflictos de intereses. La investigación también puso de manifiesto que no se realiza ninguna revisión sistemática de los intereses financieros de los expertos. Para ayudar a paliar esta situación, la Defensora sugirió a la Comisión que pidiera a los candidatos que cumplimenten una declaración de intereses detallada.
Sobre la base de una iniciativa anterior, la Defensora del Pueblo llevó a cabo una investigación por iniciativa propia sobre el modo en que la Comisión trata con terceros que pagan los viajes de trabajo y las dietas de su personal directivo. La investigación reveló deficiencias respecto al modo en que la Comisión registra su evaluación de los posibles conflictos de intereses en estos casos. Para rectificar esta situación, la Defensora del Pueblo sugirió que la Comisión registrase su evaluación sustantiva de las solicitudes en cuanto a posibles conflicto de intereses, así como la naturaleza y el valor de las contribuciones de terceros a los viajes de trabajo.
3.7. Contratación
La Oficina del Defensor del Pueblo llevó a cabo varias investigaciones sobre la base de reclamaciones relacionadas con el uso de pruebas a distancia por la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO). Las investigaciones se referían al modo en que la EPSO había tratado las preocupaciones de los candidatos en relación con los problemas a los que se habían enfrentado durante las pruebas a distancia administradas por el contratista de la EPSO, en particular los problemas técnicos en la realización de las pruebas, la falta de herramientas de trabajo en la plataforma de pruebas o su funcionamiento inadecuado y los excesivos tiempos de espera hasta que un supervisor estuviera disponible.
En seis investigaciones, la Defensora del Pueblo constató la existencia de mala administración. En particular, la Defensora señaló que la EPSO no había abordado adecuadamente los argumentos de los reclamantes, que había demostrado falta de flexibilidad al hacerlo o que había adoptado decisiones abusivas. También criticó a la EPSO por proporcionar a menudo a los reclamantes información contradictoria sobre cómo demostrar que habían tenido problemas y por rechazar las reclamaciones incluso cuando los candidatos habían seguido las instrucciones para notificar cuestiones técnicas.
A raíz de las decisiones de la Defensora del Pueblo, la EPSO decidió conceder a cuatro reclamantes la oportunidad de repetir las pruebas. Además de los casos que se cerraron con una constatación de mala administración, la EPSO también resolvió otros dos casos durante la investigación de la Defensora con la decisión de invitar a los reclamantes a repetir las pruebas. En respuesta a una sugerencia y a las observaciones de la Defensora, la EPSO declaró que garantizaría la posibilidad de revisar retroactivamente la funcionalidad de las herramientas utilizadas por los candidatos durante las pruebas y haría posible en el futuro que estos recibieran automáticamente una copia de sus respuestas , así como las respuestas correctas, después de las pruebas.
3.8. Subvenciones y contratos
En el transcurso de una investigación de la Defensora del Pueblo, la Comisión Europea acordó anular una notificación de adeudo por costes no subvencionables emitida al coordinador de un consorcio que había llevado a cabo un proyecto financiado por la UE de apoyo a redes de jóvenes emprendedores en los sectores cultural y creativo. En lugar de esto, afirmó que obtendría de cada uno de los socios del proyecto la devolución de los costes no subvencionables que les fueran imputables. La Comisión había argumentado en un principio que no era posible recuperar los costes directamente de los socios del proyecto, pero volvió a evaluar el caso después de que la Defensora del Pueblo abriera una investigación. En otra investigación sobre una cuestión similar, la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA) acordó revocar su decisión de recuperar determinados costes no subvencionables de una institución austriaca de investigación y educación relacionados con un acuerdo de subvención en virtud del Programa de movilidad transeuropea en materia de estudios universitarios (programa Tempus). Entre otras cosas, la institución austriaca había expresado su disconformidad con la decisión de la EACEA de emitir la nota de adeudo a su nombre y no a nombre de beneficiarios específicos y de considerar no subvencionables los costes del personal ucraniano.
La Comisión también declaró que cancelaría una notificación de adeudo a una organización no gubernamental (ONG) participante en un proyecto financiado por la UE en Burkina Faso. La ONG alegó que la Comisión se había equivocado al considerar que determinados costes relacionados con el proyecto no eran subvencionables. Durante la investigación de la Defensora del Pueblo sobre esta cuestión, la Comisión volvió a evaluar el asunto y constató que, de hecho, los costes podían considerarse subvencionables en virtud del acuerdo de subvención.
La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción la decisión de la Comisión de aplicar su propuesta de solución para reembolsar casi 10 000 EUR en gastos de personal reclamados por una ONG a uno de sus empleados que había participado en un programa de la UE de apoyo a la educación superior en la región de la ASEAN. Aunque los auditores externos habían llegado a la conclusión de que los gastos de personal eran razonables, la Comisión alegó en un principio que el contrato de trabajo del empleado no cumplía los requisitos mínimos para este tipo de contratos. Anuló su decisión después de que la Defensora del Pueblo constatara ciertos problemas en su evaluación.
4. Reclamaciones e investigaciones: cómo ayudamos a la ciudadanía
El Defensor del Pueblo Europeo ayuda a los particulares, empresas y organizaciones que experimentan problemas con la Administración de la UE tramitando las reclamaciones que presentan, pero también tratando de promover buenas prácticas administrativas mediante una determinación proactiva de los problemas sistémicos generales existentes en las instituciones de la UE.
El Defensor del Pueblo se compromete a mejorar permanentemente sus procedimientos para garantizar que las investigaciones se tramiten de la manera más eficiente y eficaz, de modo que los reclamantes tengan una experiencia óptima. En 2024, el Defensor del Pueblo adoptó medidas para perfeccionar su formulario de reclamación en línea, incorporando directrices intuitivas que ayudan a los reclamantes a presentar alegaciones exhaustivas y bien documentadas dentro del ámbito de su mandato. Esta mejora ayuda a la Oficina a iniciar rápidamente el proceso de tramitación de reclamaciones nada más recibirlas. Además, el Defensor del Pueblo introdujo la traducción automática de las reclamaciones en línea para facilitar su rápida asignación a los responsables de los casos.
La diversidad del equipo interno encargado de la tramitación de los casos, así como el sitio web multilingüe, reflejan el compromiso del Defensor del Pueblo de comunicarse con quienes precisan ayuda en las veinticuatro lenguas oficiales de la UE.
Aunque el Defensor del Pueblo no siempre está en condiciones de investigar todas las reclamaciones recibidas, la Oficina intenta ayudar a todos aquellos que buscan asistencia, por ejemplo ofreciendo asesoramiento sobre otras posibilidades de reparación.
4.1. Tipología y origen de las reclamaciones
4.1.1. Resumen de reclamaciones e investigaciones estratégicas
El Defensor del Pueblo Europeo solo puede iniciar investigaciones por reclamaciones que entren dentro su ámbito de competencias y hayan cumplido los «criterios de admisibilidad» necesarios, como haber intentado resolver el problema previamente con la institución afectada.
Los temas en los que trabaja la Oficina derivan del mandato del Defensor del Pueblo y de las reclamaciones recibidas, que representan la mayor parte de los casos. Además de la labor principal del Defensor del Pueblo en relación con las reclamaciones, la Oficina también lleva a cabo investigaciones e iniciativas estratégicas de carácter más general sobre cuestiones sistémicas relacionadas con las instituciones de la UE.
4.1.2. Reclamaciones ajenas al ámbito de competencias del Defensor del Pueblo
En 2024, el Defensor del Pueblo tramitó casi 1 400 reclamaciones no comprendidas dentro de su ámbito de competencias, principalmente porque no se referían a la labor de la Administración de la UE. Casi el 36 % de estas reclamaciones procedían de España, Alemania y Polonia. Solo de España llegaron el 19 %, mientras que los otros dos países representaron el 10 % y el 7 %, respectivamente.
Las reclamaciones dirigidas al Defensor del Pueblo se referían principalmente a cuestiones de igualdad de trato o discriminación, protección de los consumidores, asuntos judiciales, corrupción y empleo. Más de la mitad de las reclamaciones ajenas a su ámbito de competencias tenían que ver con el descontento de la ciudadanía en sus relaciones con autoridades públicas nacionales, regionales o locales, órganos de la Administración o de servicio público, así como con tribunales nacionales o internacionales (como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Al menos el 20 % de las reclamaciones de la ciudadanía se referían a entidades privadas, incluidos bancos, empresas y plataformas en línea, compañías aéreas e instituciones de aprendizaje.
Otras reclamaciones ajenas al ámbito de competencias del Defensor del Pueblo tenían que ver con la actividad política o legislativa de las instituciones de la UE. Las crisis humanitarias todavía en curso en Ucrania y Oriente Medio también generaron distintas reclamaciones.
El Defensor del Pueblo respondió a todas las solicitudes de ayuda en la lengua de la reclamación o en la lengua de preferencia del reclamante. En las respuestas se explicaba cuál es el ámbito de competencias del Defensor del Pueblo y, en la medida de lo posible, se aconsejaba a los reclamantes que se dirigieran a otros órganos que pudieran ayudarles. Aunque normalmente se trataba de instituciones de defensores del pueblo nacionales y regionales, el Defensor del Pueblo también orientó a los reclamantes hacia las oficinas de asesoramiento a la ciudadanía y otras organizaciones de protección de los consumidores de los Estados miembros.
En su caso, se aconsejó a los reclamantes que se pusieran en contacto con las instituciones de la UE (principalmente la Comisión Europea y el Parlamento Europeo) o con redes como SOLVIT y los Centros Europeos del Consumidor.
A los reclamantes que manifestaron su disconformidad con legislación específica de la UE, se les recomendó, por norma general, que se dirigieran a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. A quienes presentaron reclamaciones en relación con la aplicación del Derecho de la UE, se les indicó que acudieran a los defensores del pueblo nacionales o regionales, o a redes de la UE como Europe Direct.
El uso continuado en 2024 de plantillas simplificadas para la tramitación de reclamaciones ajenas al mandato, introducidas por primera vez en 2022, incrementó aún más la rapidez con la que el personal del Defensor del Pueblo respondió a estas reclamaciones.
4.2. ¿Contra quién se reclamó?
4.3. ¿Sobre qué se reclamó?
4.4. Resultados obtenidos
4.5. Repercusión y logros
Uno de los objetivos generales de la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo es lograr mejoras tangibles para las partes reclamantes y para la ciudadanía respecto de la Administración de la UE. Para ello, el Defensor del Pueblo presenta propuestas en forma de soluciones, recomendaciones y sugerencias. El Defensor del Pueblo también puede promover mejoras a través de iniciativas estratégicas, que no son investigaciones formales. También puede instar a una institución a resolver un asunto incluso antes de que se presente una recomendación o propuesta de solución formal.
4.5.1. Índice de aceptación
El índice de aceptación es el porcentaje de respuestas positivas al número total de propuestas (soluciones, recomendaciones y sugerencias) presentadas por el Defensor del Pueblo. Dado que la Oficina da hasta seis meses a las instituciones para aplicar las sugerencias formuladas en sus decisiones de conclusión de investigaciones, el índice de aceptación de 2024 comprende casos concluidos en 2023.
En 2023, las instituciones de la UE cooperaron de forma satisfactoria con el Defensor del Pueblo en el 82 % de los casos. Las instituciones de la UE reaccionaron positivamente a 75 de las 92 propuestas formuladas por la Oficina para que corrigiesen o mejorasen sus prácticas administrativas.
4.5.2. Mayor impacto
El índice de aceptación refleja las respuestas de las instituciones a las propuestas presentadas en un momento concreto y no recoge plenamente las repercusiones a largo plazo del trabajo realizado por la Oficina del Defensor del Pueblo.
Por ejemplo, la Comisión Europea publicó en 2024 unas directrices específicas sobre la participación de los comisarios en campañas electorales nacionales. Estas directrices se publicaron a raíz de las cartas enviadas por la Defensora del Pueblo a la Comisión y al Parlamento Europeo en 2020, en las que se piden aclaraciones sobre el modo en que se aplica el Código de Conducta de los Comisarios en el contexto de las campañas electorales nacionales. En su respuesta, la Comisión declaró que elaboraría directrices sobre esta cuestión.
La Comisión también facilitó a la Defensora del Pueblo información preliminar sobre su evaluación de la exposición de sus departamentos a las actividades de los grupos de presión de la industria tabacalera. Esta evaluación se realizó a raíz de que la Defensora del Pueblo constatase en 2023 que había existido mala administración porque la Comisión no se aseguró de que todos sus departamentos publicasen de forma proactiva los detalles de todas las reuniones mantenidas con los grupos de presión de la industria tabacalera y porque no conservó actas de todas esas reuniones. La Defensora del Pueblo espera con interés las conclusiones de la Comisión sobre dicho ejercicio, así como información sobre las nuevas medidas que se propone adoptar para hacer frente al riesgo de influencia indebida de la industria tabacalera en la toma de decisiones de la UE.
A principios de 2024, la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes (Eismea) informó a la Defensora del Pueblo de que había publicado nuevas directrices sobre cómo debe manejar el personal situaciones en las que sea probable que un cambio en un proyecto de Horizonte 2020 o Horizonte Europa dé lugar a la finalización del acuerdo de subvención. Las nuevas directrices se publicaron a raíz de una investigación anterior de la Defensora del Pueblo sobre el modo en que se puso fin a un acuerdo de subvención porque el beneficiario de la financiación había perdido su condición de pequeña o mediana empresa (pyme) tras ser absorbida por otra empresa. En esa investigación, la Defensora formuló sugerencias de mejora tras constatar que, si bien la decisión de la Eismea de poner fin a la subvención era razonable, los retrasos y problemas de comunicación ocurridos en el proceso de finalización propiamente dicho constituían mala administración.
5. Comunicación y cooperación
5.1. Comunicación
Garantizar la visibilidad es un elemento importante de la labor de la Defensora del Pueblo para llegar a las partes interesadas, la Administración de la UE y la sociedad civil. Las actividades de comunicación de la Defensora del Pueblo no solo se centran en las investigaciones de la Oficina, sino también, en general, en el fomento de la transparencia, la ética y la rendición de cuentas en la Administración de la UE.
A lo largo de 2024, se facilitó el acceso a documentos clave de investigaciones mediante la incorporación de una sección dinámica en la página de inicio del sitio web en la que se muestran las últimas noticias. También se han introducido varias mejoras en la navegación del sitio web para facilitar la búsqueda de contenidos.
En la conferencia de prensa anual celebrada en marzo, la Defensora del Pueblo presentó el informe anual correspondiente a 2023 y habló de las principales investigaciones y novedades en materia de ética, acceso a documentos y derechos fundamentales. Un acto de la Defensora del Pueblo en abril se centró en cómo las Administraciones públicas pueden ser a la vez resilientes y sensibles en un entorno político volátil y polarizado. El acto incluyó un debate con Lord Kim Darroch, exembajador británico en Estados Unidos, así como una mesa redonda con la Defensora del Pueblo, el comisario europeo de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn, y Alina Mungiu-Pippidi, profesora de Política Pública Comparada en la universidad LUISS Guido Carli de Roma.
En septiembre, la Defensora del Pueblo celebró el principal acto del año para las partes interesadas, incluidos los defensores del pueblo nacionales y regionales, los diputados al Parlamento Europeo, la sociedad civil, el mundo académico y la prensa. El acto, en el que se reconoció la contribución de las partes interesadas a fortalecer el alcance y la repercusión de la Oficina, contó con las intervenciones de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Katarina Barley, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Maroš Šefčovič, y la vicepresidenta de la Comisión, Věra Jourová.
Para promover y celebrar la buena administración, los anteriores ganadores del Premio del Defensor del Pueblo a la Buena Administración fueron objeto de un reportaje en la web publicado por la Oficina. Otro reportaje publicado en la web durante el año puso de relieve las normas éticas en la Administración de la UE. Estos reportajes en línea fueron apoyados por campañas en las redes sociales.
La Defensora del Pueblo estuvo presente e intervino en varios actos organizados por instituciones de la UE e internacionales, organizaciones no gubernamentales y universidades. Entre ellos, el Instituto de Asuntos Internacionales y Europeos, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, el Instituto Internacional del Defensor del Pueblo, la Universidad de Maastricht y la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia y la Red Europea para la Ética Pública. Durante un taller sobre las actividades de los grupos de presión de la industria tabacalera organizado por la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Noruega contra el Cáncer y el Centro McCabe de Derecho y Cáncer, la Defensora del Pueblo pronunció un discurso sobre la importancia de garantizar la transparencia y evitar influencias indebidas en las políticas de la UE.
En cuanto a la cobertura en prensa del trabajo del Defensor del Pueblo Europeo en 2024, se publicaron alrededor de 5 000 artículos en los medios de comunicación que mencionaban o informaban directamente sobre las actividades de la Oficina, y el 66 % de toda la cobertura procedía de países de la UE.
En 2024, el número de seguidores del Defensor del Pueblo Europeo en las redes sociales siguió aumentando, registrándose un crecimiento especialmente acusado en LinkedIn e Instagram. El aumento de la actividad y la mayor especificidad del contenido de los perfiles, así como el creciente número de usuarios que buscan contenidos relacionados con la UE en estas dos plataformas, fueron factores importantes que influyeron en los resultados positivos. La cuenta del Defensor del Pueblo Europeo en Instagram registró un crecimiento de alrededor del 33 % en el número total de seguidores (4 513 seguidores nuevos). En LinkedIn, el número de seguidores aumentó casi un 25 % (+ 3 659). En X, se alcanzaron los 37 200 seguidores en diciembre de 2024, lo que representó un aumento del 2,8 % (+ 1 014).
En 2024, la Oficina abrió cuentas en Threads y Bluesky para ampliar su audiencia y diversificar aún más su cobertura en las redes sociales.
Por último, la Defensora del Pueblo y los miembros de su personal prosiguieron sus actividades divulgativas ofreciendo entrevistas a la prensa, asistiendo a conferencias académicas y dando charlas a grupos de visitantes.
5.2. Relaciones con las instituciones de la UE
5.2.1. Parlamento Europeo
El Defensor del Pueblo Europeo rinde cuentas al Parlamento Europeo, que elige a la persona al frente de la Oficina cada cinco años. En 2024, tras las elecciones europeas de junio, el Parlamento eligió a una nueva Defensora del Pueblo Europeo en diciembre.
Para animar a los ciudadanos a votar en las elecciones de junio, la Defensora del Pueblo colaboró con la Dirección General de Comunicación del Parlamento y organizó también una declaración común firmada por los miembros de la Red Europea de Defensores del Pueblo.
La reunión anual de la Defensora del Pueblo con la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, tuvo lugar en marzo, justo después de que el Parlamento diera su apoyo unánime en sesión plenaria al informe especial del Defensor del Pueblo sobre el acceso a documentos. La votación dio fe de la excelente relación de cooperación entre ambas instituciones a la hora de exigir responsabilidades a la Administración de la UE.
La Defensora del Pueblo siguió presentando las conclusiones de sus investigaciones más importantes a las comisiones parlamentarias competentes, como la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) y la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI). La Oficina también participó en audiencias relacionadas con los procedimientos presupuestarios anuales en las comisiones de Presupuestos (BUDG) y de Control Presupuestario (CONT). La Defensora del Pueblo continuó trabajando con diputados al Parlamento Europeo de todo el espectro político para garantizar una cooperación fluida y asegurarse de que los diputados recién elegidos entiendan mejor las funciones de la Oficina.
En la recepción que la Defensora del Pueblo ofreció a las partes interesadas en septiembre, la vicepresidenta del Parlamento, Katarina Barley, pronunció el discurso de apertura.
5.2.2. Comisión de Peticiones
La Comisión de Peticiones (PETI) y el Defensor del Pueblo Europeo comparten el objetivo común de garantizar que las instituciones de la UE respeten los derechos fundamentales de la ciudadanía. En 2024, ambas instituciones siguieron colaborando para garantizar que las preocupaciones de las personas se tengan en cuenta a escala de la UE, por ejemplo, en asuntos relacionados con los derechos de las personas con discapacidad.
Tras las elecciones europeas, la Defensora del Pueblo se reunió con el recién nombrado Presidente de la Comisión PETI, Bogdan Rzońca, y con el jefe de la Secretaría de esta comisión, así como con todos los miembros de la Comisión PETI en su nueva configuración. Esto era especialmente importante porque la PETI era la comisión encargada de organizar las audiencias públicas previas a la elección de la persona que habría de ocupar el cargo de Defensor del Pueblo Europeo. Estas reuniones mostraron el interés y el compromiso de muchos eurodiputados por garantizar que tal elección fuera justa y transparente, así como su reconocimiento del trabajo realizado por la Defensora del Pueblo en ejercicio.
5.2.3. Comisión Europea
La Comisión Europea es la mayor institución de la UE y su trabajo afecta a todos los ciudadanos de la Unión. Por este motivo, un elevado porcentaje de las reclamaciones recibidas por el Defensor del Pueblo se refieren al trabajo de la Comisión.
La Oficina del Defensor del Pueblo mantuvo una buena relación de trabajo con la Comisión a lo largo del ejercicio. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Maroš Šefčovič, y la vicepresidenta Věra Jourová intervinieron en la recepción ofrecida por la Defensora del Pueblo a las partes interesadas en septiembre. La Defensora del Pueblo también se reunió con la Secretaria General y el Secretario General Adjunto de la Comisión para hablar de los retos a los que se enfrenta la institución en relación con el acceso a los documentos de la UE. Se mantuvieron estrechos contactos a nivel de personal entre la Oficina del Defensor del Pueblo y la Comisión para garantizar que las preocupaciones de los reclamantes pudieran abordarse de la manera más eficaz posible.
5.2.4. Otras instituciones, órganos y organismos
Es importante que la Defensora del Pueblo mantenga buenas relaciones con las demás instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea. En 2024, la Defensora del Pueblo se reunió con un miembro del Tribunal de Cuentas Europeo e intervino en una conferencia sobre la transparencia de los fondos de recuperación de la UE organizada por el Tribunal de Cuentas. La Defensora del Pueblo también mantuvo reuniones con miembros de la dirección y el personal de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Fundación Europea de Formación. Además, se reunió con el director general de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y con los miembros del Comité de Vigilancia de esta Oficina, así como con los miembros del Comité Deontológico del Banco Central Europeo.
Mantener buenas relaciones con las distintas partes de la Administración de la UE es parte integrante de la estrategia de la Defensora del Pueblo «De cara a 2024». A través de una estrecha cooperación, la Defensora del Pueblo puede contribuir a lograr efectos duraderos y positivos en la Administración de la UE.
5.2.5. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
La Unión Europea es signataria de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), un instrumento internacional de derechos humanos vinculante destinado a «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente».
El cumplimiento de la CDPD en la UE lo supervisa el Marco de la UE relativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue presidido por el Foro Europeo de la Discapacidad en 2024. Como miembro integrante de este marco, el Defensor del Pueblo Europeo presta especial atención a la aplicación de la CDPD de Naciones Unidas por parte de la Administración de la UE. El Marco preparó una contribución actualizada para el Comité de la CDPD, que incluía la aportación de la Defensora del Pueblo, con el fin de contribuir a garantizar que el Comité pueda completar en 2025 su revisión periódica de la actuación de la UE en relación con la Convención.
La Oficina del Defensor del Pueblo tramitó varias investigaciones en 2024 relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad. En dos decisiones (125/2023/VS y 173/2023/VS), la Defensora del Pueblo detectó problemas en la forma en que la Administración de la UE proporcionaba acomodo razonable a las personas con discapacidad que solicitaban un puesto de trabajo. La Defensora del Pueblo subrayó que, como parte de la CDPD de Naciones Unidas, la UE debería dar ejemplo en el cumplimiento de las normas de esta Convención. Asimismo, hizo hincapié en que es preciso considerar la necesidad de introducir ajustes razonables en cada fase de los procedimientos de selección y contratación y en que las instituciones de la UE deben disponer de salvaguardias para garantizar que se ofrezcan medidas de acomodo razonables el día de las pruebas, con independencia de si son dichas instituciones o un contratista quien se encarga de organizarlas.
A raíz de las conclusiones de la Defensora del Pueblo en una investigación de 2023, la Comisión Europea inició en 2024 un proceso para el conjunto de la Administración de la UE y revisó las normas aplicables para garantizar que se evalúen de forma equitativa cada una de las solicitudes de fondos dirigidas a ayudar al personal que cuida de niños con discapacidad.
La Oficina del Defensor del Pueblo también presentó su trabajo en relación con los derechos de las personas con discapacidad en varios actos celebrados a lo largo del año.
5.3. Red Europea de Defensores del Pueblo
La Red Europea de Defensores del Pueblo es una red informal coordinada por el Defensor del Pueblo Europeo, que está integrada por más de 95 oficinas de defensores del pueblo e instituciones similares de toda Europa, así como por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
En 2024, el Defensor del Pueblo Europeo organizó un seminario web de la Red Europea de Defensores del Pueblo sobre dos temas: la aplicación de la Directiva sobre la protección de denunciantes de la UE y los problemas relacionados con la libre circulación de personas. Contó con presentaciones de los Defensores del Pueblo Federales de Bélgica y de la Defensora del Pueblo Adjunta de Croacia, así como de representantes de la Oficina del Defensor del Pueblo de Austria, del Defensor del Pueblo de Chequia y del Defensor del Pueblo de Eslovaquia.
Una herramienta importante de la Red Europea de Defensores del Pueblo es el procedimiento de consulta. A través de este procedimiento, los miembros de la red pueden plantear las dudas sobre el Derecho de la UE que les surjan en el curso de sus investigaciones y el Defensor del Pueblo Europeo obtiene para ellos respuestas de expertos de las instituciones de la Unión. Los temas de consulta tratados en 2024 se referían a la tarjeta sanitaria europea, a las limitaciones de la libre circulación de personas entre los Estados miembros de la UE, a las normas de la UE en materia de seguros y al reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal.
5.4. Visita de la Defensora del Pueblo a Italia
Como parte de las visitas periódicas a los Estados miembros de la UE y a las oficinas de las agencias de la UE, la Defensora del Pueblo viajó a Italia en 2024.
Durante la visita, la oficina local del Parlamento Europeo en Milán organizó un acto público para presentar el trabajo de la Oficina del Defensor del Pueblo. La Defensora del Pueblo pronunció un discurso y respondió preguntas de un público en el que había representantes de la sociedad civil y asociaciones de consumidores, así como estudiantes universitarios y periodistas.
En la sede de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en Parma, la Defensora del Pueblo mantuvo reuniones con el director ejecutivo en funciones de la agencia, Bernhard Url, el equipo directivo y el personal. Se trataron temas como la labor de la EFSA para aplicar las propuestas de la Oficina del Defensor del Pueblo, en particular sobre el acceso a documentos, y las medidas que aplica para gestionar las situaciones problemáticas que pueden producirse cuando algún miembro de su personal pasa al sector privado. La EFSA también presentó un proyecto piloto que utiliza inteligencia artificial para tramitar las solicitudes de acceso a documentos, con objeto de aumentar la eficacia y garantizar que los solicitantes de documentos estén informados del estado de sus solicitudes.
Durante una visita a la Fundación Europea de Formación en Turín, la Defensora del Pueblo se reunió con la directora de la agencia, Pilvi Torsti, y con su equipo directivo. La directora Torsti explicó sus planes de reorganización de la agencia y habló con la Defensora del Pueblo de los retos a los que se enfrentan las instituciones más pequeñas para gestionar eficazmente sus recursos humanos y financieros. La Defensora del Pueblo también presentó el trabajo de su Oficina al personal de la Fundación Europea de Formación.
6. Recursos
6.1. Presupuestos
El presupuesto de la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo constituye una sección independiente del presupuesto de la UE. Se divide en tres capítulos. El capítulo 1 incluye los sueldos, las indemnizaciones y otros gastos relacionados con el personal. El capítulo 2 abarca los inmuebles, el mobiliario, el equipo y gastos diversos de funcionamiento. Por último, el capítulo 3 cubre los gastos resultantes del ejercicio de las funciones generales que lleva a cabo la institución. En 2024, los créditos presupuestados ascendieron a 13 843 160 EUR.
Para garantizar la gestión efectiva de los recursos, el auditor interno del Defensor del Pueblo lleva a cabo una serie de comprobaciones periódicas de los sistemas de control interno y de las operaciones financieras efectuadas por la Oficina. Al igual que otras instituciones, el Defensor del Pueblo también está sujeto al examen del Tribunal de Cuentas Europeo, que no detectó ninguna cuestión específica durante su auditoría externa.
6.2. Utilización de recursos
El Defensor del Pueblo aprueba todos los años un Plan de gestión anual en el que se describen las actuaciones concretas que la Oficina prevé llevar a cabo con el fin de cumplir los objetivos y las prioridades de su estrategia quinquenal «De cara a 2024». El Plan de gestión anual de 2024 es el cuarto basado en esta estrategia.
La Oficina del Defensor del Pueblo cuenta con personal altamente cualificado y plurilingüe. Esto permite gestionar reclamaciones en las veinticuatro lenguas oficiales de la UE y aumentar la sensibilización respecto a la labor de la Oficina del Defensor del Pueblo en toda la UE. La política híbrida de trabajo de la Oficina, orientada a la consecución de resultados y basada en la confianza, apoya la intención del Defensor del Pueblo de promover un entorno de trabajo moderno, digital y flexible.
En 2024, había 75 puestos en la plantilla de personal del Defensor del Pueblo, además de una media de 7 agentes contractuales que trabajaban en la Oficina. Asimismo, 19 personas en prácticas adquirieron experiencia laboral en la Oficina del Defensor del Pueblo a lo largo del año.
Finalmente, en el sitio web del Defensor del Pueblo Europeo hay información detallada sobre la estructura de la Oficina del Defensor del Pueblo y las tareas de las distintas unidades.
7. Cómo ponerse en contacto con el Defensor del Pueblo Europeo
Por teléfono
+33 (0)3 88 17 23 13
Por correo electrónico
Dirección postal
Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Estrasburgo Cedex,
En línea
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