1. Introducción

Me complace presentar el Informe Anual 2023 del Defensora del Pueblo Europeo.

El proceso de toma de decisiones en la UE se sitúa en un entorno cada vez más complejo, que a menudo evoluciona con rapidez e implica a una gran número de partes interesadas. Esta situación refuerza la necesidad y la importancia de los órganos de supervisión independientes, como el Defensor del Pueblo Europeo, a la hora de garantizar que la Administración europea siga siendo responsable y transparente.

El trabajo de mi oficina incluye recordar a las instituciones de la UE que, si bien algunas situaciones pueden requerir una acción política rápida, el modo de funcionamiento por defecto de una administración centrada en los ciudadanos debe ser uno que permita el debate y el control públicos.

En este sentido, pedí al Parlamento Europeo que apoyara mi recomendación de abordar con carácter prioritario los importantes retrasos de la Comisión Europea en la tramitación de las solicitudes de acceso a los documentos, en particular a la hora de revisar sus decisiones iniciales de acceso. Esta es solo la segunda vez que publico un informe especial destinado al Parlamento en mi calidad de Defensora del Pueblo Europeo y esto muestra la importancia de esta cuestión para el control democrático. Agradezco a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que se haya ocupado de este asunto con tanta celeridad.

Las cuestiones éticas siguieron siendo un tema central a lo largo del año. He seguido de cerca el proceso de reforma en el Parlamento Europeo tras el escándalo de corrupción que se destapó a finales de 2022. Si bien se han producido algunas mejoras claras en el marco ético del Parlamento, la aplicación y el cumplimiento adecuados de las reformas serán fundamentales.

Las investigaciones relacionadas con los flujos migratorios ocuparon igualmente un lugar destacado en 2023, ya que abrí una investigación de oficio destinada a aclarar el rol de Frontex en las operaciones de búsqueda y salvamento en el mar Mediterráneo y, en otra investigación diferente, pedí a la Agencia que se esforzase más para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes durante las «entrevistas informativas». También pedí más información sobre el Memorando de Entendimiento entre la UE y Túnez, en particular quise saber si la Comisión había llevado a cabo una evaluación del impacto en los derechos humanos.

Migración y derechos fundamentales fue el título de una de las sesiones principales de la Conferencia de la Red Europea de Defensores del Pueblo celebrada en el Parlamento Europeo en noviembre. Durante esta reunión de defensores del pueblo nacionales y regionales también hubo extensos debates sobre el uso de la IA en las administraciones públicas, así como sobre la importancia de la existencia de unas normas éticas estrictas en la vida pública.

Tuve igualmente el gusto de organizar en junio la cuarta edición del Premio del Defensor del Pueblo Europeo a la Buena Administración. Una vez más, la entrega de premios sirvió de escaparate para las numerosas y excelentes iniciativas y proyectos llevados a cabo por el personal de las distintas instituciones de la Administración de la UE. El premio global fue para el proyecto conjunto realizado por Eurojust y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por su labor de ayuda a la sociedad civil a documentar los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.

2024 será un año importante para la democracia en Europa y en todo el mundo. Lo que decidan los ciudadanos en las urnas no sólo afectará a las políticas públicas, sino también al funcionamiento de la propia democracia, incluidos los contrapesos que garantizan los derechos fundamentales y la responsabilidad del gobierno. Las administraciones públicas de todo el mundo tendrán que coexistir con las tensiones inherentes que surgen entre su independencia y las exigencias del Gobierno, utilizando el interés público como principio guía. Las instituciones de la UE no son diferentes y una parte del rol del Defensor del Pueblo Europeo es servirles de guía. Tal y como lo muestra el Premio a la Buena Administración del año pasado, la UE tiene la suerte de contar con un plantel de funcionarios independientes, que trabajan duro y que tienen vocación de servicio público. Espero seguir trabajando con ellos para demostrar cómo una buena administración pública puede contribuir a proteger la democracia y los derechos fundamentales.

Emily O’Reilly

2. El año 2023 en síntesis

3. Asuntos destacados

El Defensor del Pueblo ayuda a los ciudadanos, empresas u organizaciones que afrontan problemas con la Administración de la UE. Dichos problemas pueden abarcar desde la falta de transparencia en la toma de decisiones o la denegación de acceso a documentos, hasta violaciones de los derechos humanos fundamentales y problemas contractuales. Las siguientes secciones presentan un resumen de los casos más destacados en ámbitos concretos.

3.1. Acceso a documentos

Los ciudadanos europeos tienen amplios derechos de acceso a los documentos en poder de las instituciones de la UE. Si encuentran dificultades para acceder a estos documentos, pueden pedir ayuda a la Defensora del Pueblo.

Tras una investigación de iniciativa propia, la Defensora del Pueblo pidió a la Comisión Europea que abordara urgentemente los retrasos sistémicos en su tramitación de las solicitudes de acceso a los documentos, señalando la necesidad de un replanteamiento fundamental para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en la legislación de la UE en materia de acceso público (Reglamento 1049/2001). La investigación de la Defensora reveló que, cuando un ciudadano solicita la revisión de una decisión de acceso, conocida como solicitud confirmatoria, la Comisión incumple los plazos establecidos en la ley en el 85 % de los casos. En septiembre, la Defensora del Pueblo envió un informe especial al Parlamento Europeo, solicitando a la institución su apoyo formal para conseguir que la Comisión actuase siguiendo su recomendación. Debatió igualmente dicho informe con los diputados miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo en noviembre.

La Defensora del Pueblo también abrió una investigación de oficio sobre la forma en que la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea gestionan las solicitudes de acceso público a documentos legislativos. Investigaciones anteriores de la Defensora ya habían insinuado que las tres instituciones no se adherían plenamente a la legislación de la UE y, más concretamente, a la jurisprudencia, en lo que respecta a estas solicitudes de acceso.

Tras una investigación, la Defensora del Pueblo pidió al Consejo que diera pleno acceso público a un dictamen de su servicio jurídico sobre una propuesta de ley relativa al salario mínimo, argumentando que una mayor transparencia durante las negociaciones sobre el proyecto de ley en curso habría facilitado en gran medida la participación pública en el proceso legislativo de la UE. El Consejo concedió acceso al documento solicitado tras la recomendación del Defensor del Pueblo. El Defensor también criticó la respuesta negativa del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) a múltiples solicitudes de acceso público a documentos preparatorios relativos a transferencias internacionales de datos. En respuesta a la recomendación del Defensor del Pueblo, el EDPB concedió finalmente un acceso más amplio a los documentos solicitados.

La cuestión de establecer qué constituye un documento de la UE siguió de actualidad en 2023. La Defensora criticó que la Comisión excluyera inicialmente ciertos correos electrónicos específicos del ámbito de una solicitud de acceso relativa a los intercambios sobre proyectos de estrategias de la UE en materia de suelo, bosques y adaptación al cambio climático. Durante la investigación de la Defensora del Pueblo, la Comisión aceptó registrar los correos electrónicos en cuestión y examinar si podían divulgarse.

En una investigación relativa a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la Defensora del Pueblo concluyó que la práctica de dicha agencia de ordenar automáticamente determinadas solicitudes de acceso a documentos de manera cronológica, independientemente de si su tramitación podría suponer una carga administrativa excesiva, no podía considerarse buena administración. La Defensora observó que la EMA ya estaba tomando medidas para eliminar esta lista de espera, y pidió a la Agencia que le informara sobre sus avances.

La Defensora del Pueblo también hizo sugerencias al Banco Europeo de Inversiones (BEI) sobre la forma en que gestiona las solicitudes de acceso a documentos. En particular, pidió al BEI que evaluara las solicitudes de acceso por sus propios méritos y no a la luz de si ya tiene previsto publicar los documentos pertinentes más adelante, y que explicara mejor al denegar el acceso en qué medida exactamente la divulgación podría socavar los intereses protegidos por las normas de transparencia. Las sugerencias del Defensor se hicieron tras una investigación sobre la forma en que el Banco había gestionado una solicitud de acceso al resumen de un proyecto que financiaba sobre la modernización de una red de distribución de electricidad en Polonia. En respuesta, el BEI afirmó que se aseguraría de tramitar las solicitudes de acceso en consonancia con las sugerencias de la Defensora.

En una investigación relacionada con la toma de decisiones en materia de medio ambiente, la Defensora del Pueblo criticó la negativa de la Comisión a dar acceso a los documentos relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria de la cerámica notificados en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE). La Defensora no estuvo de acuerdo con el razonamiento de la Comisión, que afirmaba que los documentos solicitados no incluían más información sobre emisiones al medio ambiente que la que ya estaba disponible públicamente, así como con la evaluación de la Comisión de que no existía un interés público superior en la divulgación de los documentos. Informó a la Comisión de que estaba considerando la posibilidad de llevar a cabo una investigación más amplia sobre el modo en que interpreta el alcance de la información medioambiental y la información relacionada con las emisiones al medio ambiente.

3.2. Derechos fundamentales

Tras el naufragio frente a las costas de Grecia el 14 de junio en el que se ahogaron cientos de personas, la Defensora del Pueblo abrió una investigación de oficio sobre el rol de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en las misiones de búsqueda y salvamento. El Defensor del Pueblo solicitó inspeccionar una amplia gama de documentos sobre las responsabilidades de Frontex en este ámbito, incluido el informe formal del incidente en cuestión (Informe de Incidente Grave), así como informes de otros incidentes recientes en los que se perdieron muchas vidas humanas en el Mar Mediterráneo. El equipo de investigación del Defensor del Pueblo se reunió posteriormente con representantes de Frontex en Varsovia para aclarar parte de la información facilitada. La Defensora también pidió a la agencia que facilitara más documentos para la inspección.

En otra iniciativa relacionada con el rol de las instituciones de la UE en la defensa de los derechos fundamentales en el marco de las actividades de gestión de fronteras, el Defensor del Pueblo solicitó más información sobre el Memorando de Entendimiento firmado en julio entre la UE y Túnez. En concreto, la Defensora preguntó a la Comisión Europea cómo tenía la intención de garantizar el respeto de los derechos humanos en las acciones relacionadas con los flujos migratorios derivadas del acuerdo, que proporciona 105 millones de euros de financiación de la UE a Túnez para la gestión de las fronteras. La Defensora preguntó a la Comisión si había llevado a cabo estudios de impacto sobre los derechos humanos antes de firmar el Memorándum de Entendimiento, así como si tenía la intención de llevar a cabo revisiones periódicas durante la aplicación del acuerdo. Además, preguntó a la Comisión si había definido criterios para suspender la financiación en caso de que no se respeten los derechos humanos. En otra investigación distinta, el Defensor del Pueblo preguntó a la Comisión cómo garantizaba que los fondos de la UE concedidos a Grecia para la gestión de las fronteras no contribuyesen a violaciones de los derechos fundamentales.

Tras una investigación relativa a una operación conjunta de Frontex en España, la Defensora del Pueblo pidió a la Agencia que hiciera más esfuerzos para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes irregulares durante las entrevistas informativas, es decir, las entrevistas que sirven para recopilar información necesaria para el análisis de riesgos y para identificar a sospechosos de delincuencia transfronteriza. Sugirió que Frontex registrara el consentimiento de los entrevistados, así como que se aseguraran de que reciben información sobre sus derechos y el acceso a un mecanismo de reclamaciones independiente. La Defensora del Pueblo también sugirió que Frontex insistiese en que los planes operativos para cualquier operación conjunta de gestión de fronteras en un Estado miembro incluyesen el acceso a la asistencia jurídica para los migrantes. Frontex aceptó la mayoría de las sugerencias de la Defensora del Pueblo.

La Defensora acogió con satisfacción la decisión de la Comisión de colaborar con las autoridades locales en la elaboración de una evaluación del impacto en los derechos fundamentales de las instalaciones de gestión de la migración financiadas por la UE en Grecia (Centros Polivalentes de Acogida e Identificación), de hacer pública esta evaluación y de revisarla periódicamente. El compromiso de la Comisión con estas acciones responde a las sugerencias formuladas por el Defensor del Pueblo en una investigación sobre la forma en que la Comisión garantiza el respeto de los derechos fundamentales en estas instalaciones.

A raíz de una investigación sobre la manera en que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) evalúa los riesgos en materia de derechos humanos antes de ayudar a países no comunitarios a desarrollar su capacidad de vigilancia, la Defensora del Pueblo formuló una serie de sugerencias para mejorar las directrices sobre derechos humanos de dicha institución. Entre ellas están la de realizar una evaluación del impacto de una actividad en los derechos humanos durante todas las fases de dicha actividad, y la de incluir disposiciones sobre protección de datos en relación con las sesiones de intercambio de información con organizaciones locales de derechos humanos. Igualmente, Frontex asiste a países no comunitarios para que desarrollen sus capacidades de vigilancia, y en otra investigación al respecto, la Defensora del Pueblo sugirió a la Agencia que actualizase el procedimiento que usa para evaluar el impacto en los derechos humanos y mejorase la manera en que se aplica este procedimiento.

3.3. Consideraciones éticas

Tras la denuncia a finales de 2022 de que países no comunitarios habían pagado para ejercer su influencia en el Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo mantuvo una serie de diálogos con el Parlamento sobre sus planes de reforma de sus propias normas éticas. En diciembre, la Defensora acogió con satisfacción las mejoras que el Parlamento había introducido en su marco ético, como por ejemplo una definición más detallada de los conflictos de intereses y la obligación de los diputados al PE de publicar las reuniones organizadas con grupos de presión registrados y con representantes diplomáticos de países terceros, pero afirmó que los motivos de preocupación persistían respecto al modo en que dichas normas serán controladas y se harán cumplir. O’Reilly instó al Parlamento a asegurarse de que dispone de los recursos y las disposiciones necesarios para supervisar y hacer cumplir adecuadamente las nuevas normas.

A raíz de la noticia de que Qatar y otras organizaciones de su entorno habían pagado viajes de negocios de un Director General de la Comisión Europea, el Defensor del Pueblo solicitó a la Comisión información sobre los gastos de viaje pagados por terceros desde 2021. Tras examinar las estadísticas facilitadas, anunció su intención de abrir una investigación para evaluar los viajes en cuestión y determinar si la Comisión había tomado medidas adecuadas para minimizar los posibles conflictos de intereses en estos casos. También instó a la Comisión a hacer público al menos un resumen de la información que ya había compartido con ella sobre este asunto.

En 2023, el Defensor del Pueblo examinó los riesgos de conflictos de intereses en ámbitos como el Fondo Europeo de Defensa (FED). Abrió una investigación sobre el modo en que la Comisión garantiza la ausencia de conflictos de intereses en los expertos externos que evalúan las propuestas de proyectos del FED, ya que, contrariamente a la práctica general de evaluación de las propuestas destinadas a recibir financiación de la UE, la Comisión no está obligada a publicar los nombres de los expertos a los que consulta para estos proyectos.

La Defensora del Pueblo también pidió al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que mejorara sus normas sobre conflictos de intereses tras a decisión de su vicepresidente de convertirse en consejero delegado de un banco nacional de fomento en Italia. El vicepresidente había participado en la aprobación de acuerdos de financiación entre el BEI y dicho banco nacional de fomento en las semanas anteriores a su nombramiento como director ejecutivo del banco. El Defensor del Pueblo sugirió que el BEI reforzara la función de supervisión de su Comité de Ética y Cumplimiento en lo que respecta a los nuevos puestos de trabajo para los miembros del Comité de Dirección. En respuesta, el BEI dijo que había informado a su Comité de Ética y Cumplimiento de las propuestas del Defensor del Pueblo. También explicó que el Comité informa ahora a los miembros salientes del comité de gestión de que sus nuevos contratos no deben impedirles informar sobre cualquier conflicto de intereses que surja durante su «período de reflexión» posterior al servicio.

La Comisión adjudicó un contrato para un estudio sobre la política de la UE en materia de fusiones empresariales a una consultora especializada en derecho de la competencia, y la Defensora del Pueblo, como parte de su análisis en un asunto relativo a posibles conflictos de intereses en dicha adjudicación, evaluó de manera positiva los cambios que la Comisión había introducido recientemente en sus guías internas sobre contratación pública. Afirmó que las nuevas guías podrían reforzar la forma en que la institución aborda los posibles conflictos de intereses profesionales en las licitaciones, pero que es necesario aplicarlas con diligencia. La Comisión rescindió el contrato en cuestión durante la investigación del Defensor del Pueblo.

3.4. La rendición de cuentas en el proceso de toma de decisiones

La Defensora del Pueblo formuló una serie de sugerencias para la Comisión Europea, con la intención de ayudarla a garantizar un mayor nivel de transparencia y una mejor rendición de cuentas en el contexto de la gestión de los más de 700 000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), destinados a ayudar a la economía de la UE a recuperarse de la pandemia del COVID-19 y de los efectos socioeconómicos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Dichas sugerencias incluyen pedir a la Comisión que siga publicando evaluaciones preliminares de las solicitudes de pago de los Estados miembros, que mejore la gestión de solicitudes de acceso a documentos relacionados con el MRR y que garantice que los Estados miembros que aún no han creado portales públicos que contengan datos sobre los principales beneficiarios de la financiación lo hagan. También sugirió a la Comisión que animara a los Estados miembros a publicar la lista de todos los beneficiarios del MRR en estos portales públicos.

Dado que la UE ha aprobado una serie de leyes en los últimos años destinadas a proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático, la transparencia de la toma de decisiones en este ámbito ha sido el tema central de muchas investigaciones recientes de la Defensora. En 2023, la Defensora del Pueblo publicó un resumen de los resultados de su consulta pública sobre la transparencia y la participación en la toma de decisiones de la UE relacionadas con el medio ambiente. Los encuestados identificaron problemas que les dificultan seguir o contribuir a los procesos de toma de decisiones, como por ejemplo la publicación tardía de la información, la falta de transparencia en lo que respecta a las actividades de los grupos de presión y las dificultades para acceder a información sobre los debates en los que se discuten proyectos legislativos. Por lo que se refiere a la participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas, los encuestados sugirieron que la Comisión debería compartir posiciones preliminares sobre políticas y legislación, y solicitaron un mayor grado de transparencia respecto a quién participa en las consultas públicas.

A raíz de los resultados, la Defensora del Pueblo inició una investigación de oficio sobre la forma en que la Comisión gestiona los riesgos relacionados con los productos químicos peligrosos. La investigación tiene por objeto examinar los retrasos en la introducción de restricciones para mitigar los riesgos de sustancias químicas específicas, los retrasos en la inclusión de productos químicos en la lista de sustancias cuyo uso está sujeto a autorización previa, y los retrasos en la decisión sobre autorizaciones individuales y las condiciones de las autorizaciones. Como parte de la investigación, la Defensora del Pueblo está examinando una selección de expedientes tomados como muestra, tanto para determinar las causas de los retrasos como el nivel de transparencia en el proceso.

Por lo que se refiere a la toma de decisiones relacionadas con la salud pública, la Defensora del Pueblo alentó a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) a compartir lo antes posible el anteproyecto para la publicación de datos de ensayos clínicos relacionados con los procedimientos de evaluación de medicamentos finalizados mientras su política proactiva de transparencia estuvo suspendida entre 2018 y 2023. El Defensor del Pueblo también identificó varios motivos de preocupación en materia de transparencia en las interacciones de la Comisión con la industria del tabaco. En las conclusiones de la investigación, O’Reilly criticó la falta de publicación proactiva por parte de la Comisión de los detalles de todas sus reuniones con los representantes de grupos de presión de la industria del tabaco, así como el hecho de que no se levantaran actas de todas estas reuniones. Al mismo tiempo, la Defensora acogió con satisfacción el compromiso de la Comisión de seguir evaluando la exposición de sus departamentos a las actividades de los grupos de presión de la industria tabacalera. La Defensora proporcionará a la Comisión la información que esta debe comunicar a su personal directivo, para garantizar que esta evaluación sea exhaustiva, y ha pedido a la Comisión que le informe de sus resultados.

Una organización de la sociedad civil presentó una reclamación respecto al directorio en línea «Whoiswho» en la que expresaba sus motivos de preocupación en materia de rendición de cuentas. A raíz de esto, la Defensora del Pueblo inició una investigación sobre la decisión de la Comisión de restringir la publicación de los datos de contacto del personal de la UE en «Whoiswho» para que incluyese únicamente a los directivos. Antes, los datos de contacto de los responsables de la elaboración de políticas también estaban disponibles en Whoiswho.

3.5. Asunto de personal

La Defensora del Pueblo llevó a cabo una investigación sobre el modo en que la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) realizó ciertas pruebas de preselección como parte de un procedimiento de contratación de nuevo personal en la función pública de la UE. La investigación se inició tras varias reclamaciones sobre las pruebas, concretamente en relación con el criterio de llevarlas a cabo exclusivamente a distancia. Los candidatos mencionaron problemas técnicos durante las pruebas y problemas para recibir asistencia de la EPSO y de su contratista. La Defensora formuló una serie de sugerencias de mejora a la EPSO, como pedirle que llevara a cabo una evaluación exhaustiva de cómo las pruebas a distancia podrían afectar a la igualdad de oportunidades, garantizar que los requisitos técnicos no perjudiquen a determinados candidatos y garantizar que los candidatos puedan acceder a información sobre cómo resolver problemas durante un examen y cómo presentar una reclamación.

La Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE) mejoró un procedimiento de selección de expertos externos a raíz de una investigación de la Defensora del Pueblo sobre el modo en que había tramitado una candidatura concreta. En el transcurso de la investigación, la AAEU modificó los aspectos de procedimiento y organizativos del proceso de selección que parecían problemáticos. El Defensor del Pueblo acogió con satisfacción los cambios introducidos.

3.6. Subvenciones y contratos

Una ONG se dirigió al Defensor del Pueblo a raíz de que la Comisión Europea tratara de recuperar los costes, tras la auditoría de un proyecto financiado por la UE que trabajaba en la recuperación de víctimas de tortura. La Comisión envió una notificación de adeudo a la ONG, ya que era la coordinadora del proyecto. Sin embargo, la mayoría de los costes considerados no subvencionables eran atribuibles a uno de los socios del proyecto. Tras la intervención de la Defensora, la Comisión canceló la orden de recuperación por un importe total de casi 28 000 EUR y afirmó que emitiría una nueva orden para la recuperación de los gastos al socio responsable del proyecto. El Defensor del Pueblo acogió con satisfacción la decisión de la Comisión.

Tras la negativa del Parlamento Europeo a permitir el acceso a sus instalaciones al bebé de una empleada externa que deseaba amamantar, el padre del niño se dirigió al Defensor del Pueblo. El reclamante señaló que el Parlamento concede acceso a los hijos de los miembros de su propio personal. El Defensor del Pueblo consideró que la norma parecía desproporcionada y contraria al principio de igualdad de trato. El Parlamento accedió a que la empleada llevara a su bebé a sus instalaciones, y afirmó que cambiaría sus normas.

4. Premio a la buena administración

El Premio del Defensor del Pueblo a la Buena Administración 2023 reconoció la labor realizada conjuntamente por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para ayudar a documentar crímenes internacionales fundamentales y violaciones de los derechos humanos. Ambas instituciones aunaron esfuerzos para crear directrices que ayuden a las organizaciones de la sociedad civil a recopilar y conservar información, de modo que pueda convertirse en prueba ante los tribunales.

La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, y la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, realizaron la apertura de la ceremonia en la que se anunciaron los ganadores de los premios; la misma tuvo lugar en la biblioteca de Solvay de Bruselas el 28 de junio. También se anunciaron los ganadores de cinco categorías específicas, el ganador del voto del público y el ganador de un premio especial.

Refiriéndose a la labor de los ganadores, la Defensora del Pueblo afirmó que «hacer que los autores de crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos rindan cuentas aporta justicia a las víctimas y puede tener un efecto disuasorio en futuros conflictos. La historia ha demostrado lo difícil que puede ser enjuiciar tales delitos, y por ello es tan vital encontrar formas eficaces de recopilar y conservar las pruebas».

57 proyectos participaron en la edición de 2023 de este premio bienal, cuyo objetivo es reconocer el trabajo realizado por los funcionarios de la UE que ha tenido un impacto positivo en la vida de las personas, tanto en Europa como fuera de ella.

Un comité consultivo independiente evaluó las candidaturas y la Defensora eligió a los ganadores. Se trata de la cuarta iteración del premio, que fue creado por la Defensora del Pueblo en 2017.

5. Reclamaciones e investigaciones: cómo ayudamos a la ciudadanía

El Defensor del Pueblo Europeo ayuda a los ciudadanos, empresas y organizaciones que encuentran problemas con la administración de la UE, y lo hace tratando las reclamaciones que presentan, pero también intentando promover buenas prácticas administrativas al identificar de manera proactiva los problemas sistémicos generales existentes en las instituciones de la UE.

La institución trata continuamente mejorar sus procesos internos, con el fin de asegurarse de que la Oficina realice las investigaciones del modo más eficiente, y de dar el mejor trato posible a quienes presentan reclamaciones. En 2023, la Defensora del Pueblo simplificó y racionalizó los procedimientos para gestionar las reclamaciones recibidas que están fuera de mandato y las relativas a la ausencia de respuesta de la administración de la UE a correos electrónicos o cartas. Los nuevos procedimientos permiten a la Oficina del Defensor del Pueblo tramitar estas reclamaciones de manera más eficiente, y esto también hace que la experiencia de los reclamantes sea mejor.

El sistema de reclamaciones en línea del Defensor del Pueblo ha sido mejorado y ahora es más sencillo de utilizar; por ejemplo los reclamantes pueden presentar y seguir la evolución de sus reclamaciones más fácilmente.

La diversidad del equipo interno que trata reclamaciones, así como el sitio web multilingüe, reflejan el compromiso del Defensor del Pueblo de comunicarse en las veinticuatro lenguas oficiales de la UE con los ciudadanos que buscan ayuda.

Aunque la Oficina no siempre está en condiciones de investigar todas las reclamaciones recibidas, intenta ayudar a todos aquellos que buscan asistencia, por ejemplo aconsejándolos sobre otras posibilidades de reparación.

5.1. Tipología y origen de las reclamaciones

5.1.1. Resumen de reclamaciones e investigaciones estratégicas

El Defensor del Pueblo Europeo solo puede abrir una investigación a partir de reclamaciones que entren dentro su ámbito de competencias y que cumplan los «criterios de admisibilidad» necesarios, como por ejemplo haber intentado resolver el problema previamente con la institución afectada.

Los temas en los que trabaja la Oficina provienen del ámbito de competencias del Defensor del Pueblo y de las reclamaciones recibidas, dado que estas representan la mayor parte de los casos. Además de la labor principal del Defensor del Pueblo en relación con las reclamaciones, la Oficina también lleva a cabo investigaciones e iniciativas estratégicas más generales sobre cuestiones sistémicas relacionadas con las instituciones de la UE.

5.1.2. Reclamaciones no incluidas en el ámbito de competencias del Defensor del Pueblo

En 2023, el Defensor del Pueblo tramitó más de 1 500 reclamaciones que no entraban en su ámbito de competencias, en gran parte porque no se referían a la actividad de la administración de la UE. Más del 40 % de esas reclamaciones provenían de España, Polonia y Alemania. Solamente las reclamaciones procedentes de España ya supusieron el 20 %, mientras que los otros dos países representaron un 10 % cada uno.

En su mayoría, los ciudadanos se dirigieron al Defensor del Pueblo con problemas relativos a igualdad de trato o discriminación, causas judiciales, protección de consumidores, la banca y la transparencia administrativa. Estas reclamaciones fuera de su ámbito de competencias se referían principalmente a problemas con órganos públicos nacionales, regionales o locales, órganos de la administración o de servicio público, así como con tribunales nacionales o internacionales (como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos). También se presentaron un gran número de reclamaciones relacionadas con entidades privadas, como bancos, empresas y plataformas en línea e instituciones sanitarias.

El Defensor del Pueblo también recibió reclamaciones fuera de sus competencias relacionadas con las crisis humanitarias en Ucrania y Gaza.

Aunque el número total de reclamaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 ha disminuido, las medidas puestas en marcha por las autoridades nacionales para vigilar y contener la propagación del virus siguieron siendo una fuente notable de reclamaciones fuera de sus competencias en 2023.

Otras reclamaciones recibidas que no entraban en sus competencias se referían a las instituciones de la UE, pero se referían a su actividad política o legislativa.

La Oficina respondió a todas las solicitudes de ayuda en la lengua de la reclamación o de la preferencia del reclamante. En las respuestas se explicaba cuáles son las competencias del Defensor del Pueblo y, en la medida de lo posible, se aconsejaba a los reclamantes a dirigirse a otros órganos que les podrían ayudar. Estas instituciones son principalmente defensores del pueblo nacionales y regionales, pero en algunos casos el Defensor del Pueblo Europeo también aconsejó a los reclamantes que se dirigiesen a las instituciones de la UE (principalmente la Comisión y el Parlamento), o a redes de ayuda, como SOLVIT y los Centros europeos del consumidor.

A los reclamantes que manifestaron su disconformidad con legislación específica de la UE, se les recomendó, por norma general, dirigirse a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. A los que presentaron reclamaciones en relación con la aplicación del Derecho de la UE, se les indicó que acudieran a los defensores del pueblo nacionales o regionales, o a redes de la UE como Europe Direct.

El uso de modelos simplificados para tramitar este tipo de reclamaciones, introducidos en 2022, permitió al personal de la institución responder a estas reclamaciones mucho más rápidamente en 2023 que en años anteriores.

5.2. ¿Contra quién se reclamó?

5.3. ¿Sobre qué se reclamó?

5.4. Resultados obtenidos

5.5. Repercusión y logros

Uno de los objetivos generales de la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo es lograr mejoras tangibles en el seno de la administración de la UE para los reclamantes y la ciudadanía en general. Para ello, el Defensor presenta propuestas en forma de soluciones, recomendaciones y sugerencias. El Defensor del Pueblo también puede fomentar mejoras a través de iniciativas estratégicas, que no son investigaciones formales. También puede instar a una institución a resolver un problema incluso antes de que se presente una recomendación o una propuesta de solución formal.

5.5.1. Índice de aceptación

El índice de aceptación es el porcentaje de respuestas positivas al número total de propuestas (soluciones, recomendaciones y sugerencias) presentadas por el Defensor del Pueblo. Dado que el Defensor da un plazo máximo de seis meses a las instituciones para que apliquen las sugerencias formuladas en las decisiones que concluyen sus investigaciones, el índice de aceptación de 2023 incluye casos concluidos en 2022.

En 2022, las instituciones de la UE cooperaron de forma satisfactoria con la Defensora en el 81 % de los casos. De las 83 propuestas formuladas por el Defensor del Pueblo para corregir o mejorar sus prácticas administrativas, las instituciones de la UE respondieron de manera positiva a 67 de ellas.

5.5.2. Un impacto mayor

El índice de aceptación muestra las respuestas de las instituciones a las propuestas presentadas en un momento concreto, y no refleja plenamente las repercusiones del trabajo realizado por la Defensora a lo largo del tiempo.

Aunque las instituciones responden favorablemente a las sugerencias o recomendaciones del Defensor del Pueblo, a menudo necesitan tiempo para introducir cambios en sus prácticas administrativas. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo constató mala administración en 2022 en una investigación relativa a la forma en que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) había tramitado una solicitud de acceso público en relación a una propuesta para restringir el plomo en la munición. La EFSA respondió de manera positiva a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo y afirmó que modificaría sus normas y prácticas. Como consecuencia de ello, en 2023 la EFSA introdujo mejoras en la forma en que gestiona el acceso a los documentos. Por ejemplo, publicó un documento de guía para ayudar a quienes deseen presentar solicitudes de acceso, modificó las normas internas para ayudar a reducir el tiempo necesario para tramitar las solicitudes, y comenzó a pilotar una nueva herramienta informática para gestionar más eficazmente las solicitudes y así cumplir los plazos establecidos.

En otra investigación de 2022, la Defensora del Pueblo constató que la forma en que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) había informado a un experto externo de que concluía su contrato constituía un caso de mala administración. Al año siguiente, el SEAE informó a la Defensora de que organizaría sesiones de sensibilización para mejorar sus relaciones de trabajo con los expertos externos empleados a través de un contratista.

6. Comunicación y cooperación

6.1. Comunicación

La comunicación es muy importante para promover el rol y el trabajo del Defensor del Pueblo entre un público lo más amplio posible, así como a la hora de compartir noticias importantes con las partes interesadas y la administración de la UE, y para sensibilizar sobre temas como la transparencia, la ética y la rendición de cuentas.

A lo largo de 2023 se facilitó el acceso a los documentos clave de las investigaciones mediante la inclusión de una sección dinámica en la página de inicio del sitio web que muestra las últimas actualizaciones. También se realizaron varias mejoras en la navegación del sitio web para simplificar la búsqueda de contenidos.

Para que los ciudadanos supieran más sobre el impacto a largo plazo que tiene el trabajo del Defensor del Pueblo, la oficina publicó un reportaje web desplegable que explica el trabajo realizado por la institución en varias áreas, y el impacto que ha tenido en la administración de la UE. Este reportaje web contó con el respaldo de una campaña en las redes sociales.

Además, se publicó una serie de vídeos en el sitio web (incluida la página de inicio), y se promocionó en redes sociales; dichos videos presentaban el trabajo de la Oficina y explicaban los principales ámbitos de investigación.

La Defensora presentó el trabajo de la Oficina en la rueda de prensa anual celebrada en abril. Durante la misma, Emily O’Reilly también presentó un resumen de las respuestas a su consulta pública sobre transparencia y participación en la toma de decisiones de la UE en materia de medio ambiente.

Para dar a conocer los ganadores del Premio bienal a la Buena Administración y compartir buenas ideas y prácticas, la Oficina realizó una campaña en redes sociales sobre la ceremonia de entrega de premios, seguida de una historia web desplegable en la que se presentan los proyectos ganadores y los aspectos más destacados del acto.

La Defensora participó en el Evento Europeo de la Juventud (EYE2023) en Estrasburgo en junio. En un diálogo con los asistentes, O’Reilly tuvo la ocasión de responder a preguntas sobre el trabajo de la Oficina, así como sobre el importante rol que desempeña la buena administración en la defensa de la democracia en la UE.

Tras las acusaciones a finales de 2022 sobre el intento de compra de influencia en el Parlamento Europeo por parte de gobiernos de países terceros, la Defensora invitó a ponentes de alto nivel de las principales autoridades de supervisión, así como de la Comisión Europea y el Parlamento, para debatir las lagunas en la arquitectura del marco de integridad y en su cumplimiento. Las deliberaciones del panel, que tuvieron lugar en junio, también se centraron en la propuesta de crear un nuevo órgano encargado de las cuestiones éticas y en su posible rol en la mejora de la integridad de la administración de la UE.

En cuanto a la cobertura de prensa de la labor de la Defensora del Pueblo en 2023, se produjo un aumento del 35 % en el número total de artículos de prensa en comparación con el año anterior; el 56 % de toda la cobertura provenía de medios en países de la UE.

En 2023, el número de seguidores de la Defensora en las redes sociales siguió aumentando, con un crecimiento especialmente elevado en LinkedIn e Instagram. El aumento de la actividad en los perfiles, así como el creciente número de usuarios que buscan contenidos relacionados con la UE en estas dos plataformas, son factores importantes que influyeron en el rendimiento positivo. La cuenta del Defensor del Pueblo en Instagram registró un crecimiento del 91 % en el total de seguidores (6 578 nuevos seguidores en comparación con los 3 472 nuevos seguidores de 2022). En LinkedIn, el número de seguidores aumentó un 50 % (+ 5 825 en comparación con los 2 990 nuevos seguidores de 2022). En X, donde el Defensor del Pueblo tiene su mayor audiencia de entre los distintos canales de las redes sociales, el número de seguidores llegó a 36 188 en diciembre de 2023, lo que representó un aumento del 5 % (+ 1 757). También se produjo una fuerte mejora en el índice de interacción, así como un aumento significativo de las menciones.

Por último, la Defensora y los miembros de su personal continuaron realizando actividades de difusión dando entrevistas a la prensa, presentando ponencias en conferencias académicas y dando charlas a grupos de visitantes.

6.2. Relaciones con las instituciones de la UE

6.2.1. Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo elige al Defensor del Pueblo Europeo al comienzo de cada legislatura, lo que hace que la relación entre las dos instituciones sea especialmente importante.

En 2023, la Defensora del Pueblo se reunió con la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para la entrega del Informe Anual de la Oficina. También debatió las reformas en materia de integridad y transparencia que la Presidenta puso en marcha a finales de 2022 a raíz de las acusaciones de que los países terceros habían pagado para obtener influencia en el Parlamento. Estas reuniones, así como las reuniones periódicas que la Defensora del Pueblo y su equipo mantuvieron con diputados de todo el espectro político, fueron fundamentales para garantizar la confianza y la cooperación continuas. La Defensora y los miembros de su personal también presentaron el trabajo de la Oficina en varias audiencias e intercambios de puntos de vista en las comisiones, como en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), la Comisión de Injerencias Extranjeras y Desinformación (ING2), la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) y la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI).

En septiembre, el Defensor del Pueblo envió un informe especial al Parlamento sobre los retrasos sistémicos de la Comisión Europea en la tramitación de las solicitudes de acceso a documentos. Posteriormente, el Parlamento inició un procedimiento en la Comisión LIBE para apoyar el informe del Defensor del Pueblo. Está prevista una votación en sesión plenaria sobre la resolución a principios de 2024.

6.2.2. Comisión de Peticiones

La Comisión de Peticiones (PETI) es la comisión parlamentaria encargada de las relaciones con el Defensor del Pueblo Europeo, ya que ambos trabajan para garantizar que las preocupaciones de los ciudadanos se tengan en cuenta a escala de la Unión. En 2023, siguieron colaborando en ámbitos como los derechos de las personas con discapacidad, así como en el marco de la Red Europea de Defensores del Pueblo, de la que PETI es miembro.

La Defensora del Pueblo y la Presidenta del PETI, Dolors Montserrat, se reunieron periódicamente a lo largo de 2023 y la Sra. Montserrat también participó en una mesa redonda en la Conferencia Anual de la Red Europea de Defensores del Pueblo, durante una sesión sobre las elecciones de la UE y la elección del Defensor del Pueblo Europeo.

6.2.3. Comisión Europea

La Comisión es la mayor institución de la UE, y teniendo en cuenta el enorme impacto de su labor sobre la vida de millones de personas, no es de extrañar que un elevado porcentaje de las reclamaciones presentadas ante la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo se refiera a su actividad. La relación de trabajo con la Comisión siguió siendo muy constructiva en 2023, ya que la Defensora se reunió con varios comisarios. A nivel del personal, se mantuvieron estrechos contactos entre la Oficina del Defensor del Pueblo y la Comisión para garantizar que las problemas de los reclamantes pudieran abordarse de la manera más eficaz posible.

6.2.4. Otras instituciones, órganos y organizaciones

Las relaciones con las distintas partes de la Administración de la UE forman parte integrante de la estrategia de la Defensora del Pueblo «De cara a 2024». Solo cooperando de manera estrecha podrá lograrse un impacto duradero y positivo en la Administración de la UE. En febrero, la Defensora se reunió con el Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), con la Fiscal Europea y con el Director General de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para preparar la conferencia que estaba organizando, «Construir un marco de integridad más sólido en la UE». A lo largo del año, la Defensora del Pueblo se reunió también con el Presidente del Banco Central Europeo (BCE) y con el Director Ejecutivo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

6.2.5. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

La Unión Europea es signataria de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), un instrumento internacional de derechos humanos vinculante destinado a «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente».

El cumplimiento de la CDPD de las Naciones Unidas en la UE es supervisado por el Marco de la UE para la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la Defensora del Pueblo Europeo presidió en 2023. Como miembro de este marco, la Defensora presta especial atención a la aplicación de la CDPD por parte de la Administración de la UE.

La Defensora del Pueblo realizó una serie de investigaciones en 2023 relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad. En febrero, la Defensora cerró su investigación sobre la forma en que la Comisión Europea aplica la norma del Estatuto de los funcionarios de la UE relativa a la concesión de una doble asignación por hijo a cargo para ayudar en el cuidado de niños con discapacidad. La investigación concluyó que el uso de umbrales sobre el grado de discapacidad, que excluye automáticamente ciertos casos de ser considerados, es contrario a las obligaciones de la administración de la UE en virtud de la CDPD de la ONU. El Defensor del Pueblo pidió a la Comisión que revisara su enfoque. Desde entonces, la Comisión ha iniciado un proceso para que toda la administración de la UE revise las normas aplicables a fin de garantizar una evaluación sustantiva individual de todas las solicitudes de este tipo de prestación.

La Oficina de la Defensora del Pueblo presentó su trabajo relacionado con los derechos de las personas con discapacidad en varios eventos a lo largo del año, en particular en el quinto Parlamento Europeo de Personas con Discapacidad.

6.3. La Red Europea de Defensores del Pueblo

La Red Europea de Defensores del Pueblo es una red informal coordinada por el Defensor del Pueblo Europeo, compuesta por más de 95 oficinas de toda Europa, así como por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

El tema de la Conferencia Anual de 2023, celebrada en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, fue la protección de los derechos humanos. Su primera sesión se centró en los flujos migratorios y los participantes reflexionaron sobre cómo y por qué los inmigrantes vienen a Europa y el papel crucial que desempeñan los defensores del pueblo a la hora de denunciar los daños, proteger los derechos de las personas y exigir responsabilidades a las administraciones. La segunda sesión examinó el uso de la IA en las administraciones públicas y los debates se centraron en los beneficios y los posibles inconvenientes de la tecnología.

A través del procedimiento de consultas, los miembros de la Red pueden plantear dudas sobre la legislación de la UE que surjan en el curso de sus investigaciones, y el Defensor del Pueblo Europeo las transmite a instituciones de la UE y finalmente recibe respuestas de parte de expertos. Entre los temas de consulta de 2023 figuraban la Tarjeta Sanitaria Europea, las restricciones a la libre circulación de personas entre los Estados miembros de la UE y las normas de la UE en materia de seguros.

Dado que los países candidatos a la adhesión a la UE pueden convertirse en miembros de la Red, en 2023 la Institución del Defensor del Pueblo de Bosnia y Herzegovina se incorporó a la Red Europea de Defensores del Pueblo.

Como continuación de sus visitas periódicas a las oficinas de los defensores del pueblo nacionales, la Defensora del Pueblo Europeo viajó a Varsovia en septiembre y se reunió con el Vicecomisario polaco de Derechos Humanos. Durante su estancia en la capital polaca, visitó la sede de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). La Defensora también pronunció un discurso en la Universidad de Varsovia, «El Defensor del Pueblo Europeo en una era geopolítica: protección de los derechos fundamentales y rendición de cuentas».

7. Recursos

7.1. Presupuesto

El presupuesto de la oficina del Defensor del Pueblo Europeo constituye una sección independiente del presupuesto de la UE. Se divide en tres capítulos. El capítulo 1 incluye los sueldos, las indemnizaciones y otros gastos relacionados con el personal. El capítulo 2 cubre los inmuebles, el mobiliario, el equipo y los gastos diversos de funcionamiento. Por último, el capítulo 3 cubre los gastos resultantes del ejercicio de las funciones generales que lleva a cabo la institución. En 2023, los créditos presupuestarios ascendieron a 13 212 447 EUR.

Para garantizar la gestión efectiva de los recursos, el auditor interno del Defensor del Pueblo lleva a cabo una serie de comprobaciones periódicas de los sistemas de control interno y de las operaciones financieras efectuadas por la Oficina. Al igual que otras instituciones, el Defensor del Pueblo también está sujeto al examen del Tribunal de Cuentas Europeo, que no detectó ningún problema específico en el contexto de su trabajo de auditoría externa.

7.2. Utilización de los recursos

El Defensor del Pueblo aprueba todos los años un Plan de gestión anual en el que se describen las actuaciones concretas que la Oficina prevé llevar a cabo con el fin de poner en práctica los objetivos y las prioridades de su estrategia quinquenal «De cara a 2024». El Plan de gestión anual de 2023 es el tercero basado en esta estrategia.

La Oficina del Defensor del Pueblo cuenta con personal altamente cualificado y plurilingüe. Esto permite tratar las reclamaciones en las veinticuatro lenguas oficiales de la UE y aumentar la sensibilización respecto a la labor de la Oficina del Defensor del Pueblo en toda la UE. La política de trabajo híbrido de la Oficina, orientada a los resultados y basada en la confianza, apoya la ambición de la Defensora de promover un entorno de trabajo moderno, digital y flexible.

En 2023, había 75 puestos en la plantilla de personal del Defensor del Pueblo, y además una media de nueve agentes contractuales que trabajaban en la Oficina. Dieciocho personas en prácticas también adquirieron experiencia laboral en la Oficina del Defensor del Pueblo a lo largo del año.

La Defensora del Pueblo llevó a cabo una encuesta de personal en 2023, que puso de manifiesto unos niveles generales elevados de satisfacción y compromiso de los empleados.

En el sitio web del Defensor del Pueblo Europeo hay información detallada sobre la estructura de la Oficina del Defensor del Pueblo y las tareas de las distintas unidades.

8. Cómo ponerse en contacto con el Defensor del Pueblo Europeo

Por teléfono

+33 (0)3 88 17 23 13

Por correo electrónico

eo@ombudsman.europa.eu

Dirección postal

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

En línea

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