La Defensora del Pueblo Europea, Emily O'Reilly, elogia a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) por aceptar introducir las medidas que recomendó para hacer frente a futuras situaciones de puertas giratorias. Esto sigue a su conclusión de que la ABE no debería haber permitido que su antiguo director ejecutivo se convirtiera en director ejecutivo de una asociación de grupos de presión financieros.

Según la respuesta de la ABE al Defensor del Pueblo, está dispuesta a prohibir que el personal directivo asuma determinados puestos cuando abandone la ABE en el futuro. Poco después de que la Defensora del Pueblo formulara sus conclusiones sobre la mala administración en este caso, con el fin de demostrar su compromiso con este enfoque, la ABE prohibió a su antiguo director ejecutivo ocupar otro puesto en el sector privado. La ABE también ha adoptado una nueva política para evaluar las restricciones y prohibiciones post-empleo para el personal. Además, ha establecido procedimientos para suspender inmediatamente el acceso a la información confidencial del personal que se sabe que se está trasladando a otro puesto de trabajo.

Las recomendaciones de la Defensora del Pueblo siguieron a una investigación —basada en una reclamación de Change Finance (una coalición de grupos de la sociedad civil)— sobre la decisión de la ABE de permitir que su antiguo director ejecutivo se convirtiera en director ejecutivo de la Asociación de Mercados Financieros de Europa (AFME).

«La ABE ha trabajado arduamente para dar pleno efecto a las recomendaciones que he formulado en este caso. Confío en que la amplia gama de medidas que ha introducido le ayudará a evitar que las puertas giratorias se muevan en el futuro. Otras instituciones y agencias de la UE deben basarse en estas nuevas salvaguardias de la ABE a la hora de revisar sus propias normas.

También acojo con satisfacción la decisión de la Comisión Europea de establecer un período de reflexión de dos años para toda la Comisión sobre las reuniones con el director ejecutivo de la AFME hasta el 1 de febrero de 2022», ha declarado la Sra. O’Reilly.

La investigación

La Defensora del Pueblo había llegado a la conclusión de que, si bien la ABE había vinculado amplias restricciones a su aprobación del nuevo puesto del antiguo director ejecutivo en la AFME, la ABE no estaba en condiciones de supervisar eficazmente la forma en que se aplican. La investigación también puso de manifiesto que, aunque la ABE fue informada del traslado de puestos de trabajo el 1 de agosto de 2019, su director ejecutivo saliente tuvo acceso a información confidencial hasta el 23 de septiembre de 2019.

El Defensor del Pueblo formuló tres recomendaciones para reforzar la forma en que la ABE aborda estas situaciones futuras:

1. En el futuro, la ABE debe invocar, cuando sea necesario, la opción de prohibir a su personal directivo ocupar determinados puestos después de su mandato. Cualquier prohibición de este tipo debe estar limitada en el tiempo, por ejemplo, durante dos años.
2. Para dar claridad al personal directivo, la ABE debe establecer criterios sobre cuándo prohibirá tales movimientos en el futuro. Los candidatos a puestos directivos de la ABE deben ser informados de los criterios cuando presenten su candidatura.
3. La ABE debe establecer procedimientos internos para que, una vez que se sepa que un miembro de su personal se está trasladando a otro puesto de trabajo, se interrumpa su acceso a la información confidencial con efecto inmediato.

Antecedentes

El artículo 16 del Estatuto de los funcionarios de la UE se refiere a las denominadas «puertas giratorias», en virtud de las cuales el personal debe informar a una institución si tiene previsto aceptar un puesto de trabajo en un plazo de dos años tras abandonar la función pública de la UE. La institución tiene derecho a prohibir a la persona aceptar el empleo si considera que entraría en conflicto con los intereses de la institución de la UE. Una institución de la UE también debe prohibir a sus antiguos altos funcionarios, durante los doce meses posteriores a su cese en el servicio, ejercer presión sobre el personal de la institución. 

En 2019, la Defensora del Pueblo concluyó una investigación en profundidad sobre la forma en que la Comisión Europea gestiona estos casos, lo que sugiere que se adopta un enfoque más sólido con los casos relacionados con altos funcionarios.

Al mismo tiempo, el Defensor del Pueblo concluyó un examen de la forma en que la administración de la UE los aborda en general, formulando una serie de propuestas para reforzar la transparencia en este ámbito.