El Defensor del Pueblo Europeo, P. Nikiforos Diamandouros, ha criticado a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) por no retirar las acusaciones de soborno que probablemente se entendían como dirigidas a un periodista. Esto es consecuencia de una denuncia del corresponsal en Bruselas de Stern, un semanario alemán.

El demandante consideró que la OLAF había actuado erróneamente al hacer público en un comunicado de prensa y en sus comentarios a European Voice alegaciones de soborno que debían entenderse como dirigidas a él y a su periódico. La OLAF argumentó que su referencia a "un" periodista era neutral y no implicaba a ninguna persona específica. En cuanto a las denuncias de soborno, dijo que tenía motivos para creer que al menos en una ocasión se había hecho un pago por el suministro de documentos confidenciales.

El Defensor del Pueblo insistió en que una insinuación de soborno es una acusación grave, que puede empañar la reputación de un periodista. Por lo tanto, tales insinuaciones no deben hacerse públicas sin una base suficientemente seria que pueda ser examinada públicamente, dijo. A la luz de las pruebas presentadas al Defensor del Pueblo, la opinión del demandante de que la OLAF no se basó efectivamente en más que rumores no parecía irrazonable. Este punto de vista fue corroborado por un correo electrónico interno distribuido dentro de la OLAF.

Por consiguiente, el Defensor del Pueblo recomendó a la OLAF que considerara la posibilidad de retirar las alegaciones. La OLAF aceptó esta recomendación, pero no la aplicó adecuadamente. En lugar de retirar las acusaciones, la OLAF simplemente declaró en un comunicado de prensa emitido después de la recomendación del Defensor del Pueblo que «hasta la fecha» no ha encontrado pruebas suficientes para respaldarlas. El Defensor del Pueblo consideró que esto era insuficiente y criticó a la OLAF.

Stern publicó dos artículos sobre supuestas irregularidades planteadas por un funcionario de la UE, el Sr. Paul van Buitenen, y las investigaciones conexas llevadas a cabo por la OLAF. Estos artículos se basaban en documentos confidenciales obtenidos por el corresponsal de Stern en Bruselas. Posteriormente, la OLAF publicó un comunicado de prensa en el que afirmaba que «un» periodista había obtenido una serie de documentos relacionados con esta investigación y que había decidido abrir una investigación interna. Esta investigación interna también abarcaría la alegación de que los documentos pertinentes se habían obtenido "pagando a un funcionario".

La decisión del Defensor del Pueblo puede consultarse en su sitio web: