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El Defensor del Pueblo critica a la Comisión por no actuar de forma coherente

El Defensor del Pueblo Europeo, P. Nikiforos Diamandouros, ha criticado a la Comisión Europea por no actuar de manera coherente en un contrato con una junta nacional de pesca. La Comisión omitió examinar un informe final que modificaba sustancialmente el proyecto que había aprobado más de un año antes. Según el Defensor del Pueblo, la Comisión tenía conocimiento de una serie de hechos que deberían haberle llevado a examinar detenidamente el informe final.

Sobre la denuncia

La denuncia fue presentada por el científico responsable en relación con el contrato de investigación «The Physical Interaction between Grey Seals and Fishing Gear», firmado entre la Junta de Pesca del Mar de Irlanda y la Dirección General de Pesca de la Comisión. Afirmó que la Junta de Pesca había recibido instrucciones de su autoridad de la función pública matriz para llevar a cabo cambios sustanciales en el proyecto de informe final, después de haber sido aceptado por la Comisión (1). Cuando se publicó el informe final, los principales hallazgos del borrador habían sido eliminados, negados o diluidos, dijo.

El demandante alegó que la Comisión había sido negligente al no buscar explicaciones para los cambios y pidió al Defensor del Pueblo que investigara.

La investigación

La investigación del Defensor del Pueblo reveló que la Comisión era consciente de que: a) el contenido del proyecto de informe final era potencialmente controvertido; b) el Ministerio nacional competente deseaba ejercer un control editorial sobre el informe final antes de su publicación; c) el informe final se entregó más de un año después de que la Comisión hubiera aprobado el proyecto de informe final; y d) dicho informe final contenía cambios sustanciales en comparación con el proyecto de informe final. A la luz de estas circunstancias, cabría esperar que la Comisión examinara detenidamente el informe final. Sin embargo, nada indica que la Comisión haya llevado a cabo tal examen.

La Comisión dijo que, si bien podría argumentarse que no debería haber aceptado una conclusión científica infundada e injustificada, esto no podría equipararse con una mala administración. A su juicio, se habían respetado las condiciones del contrato.

El Defensor del Pueblo no estuvo de acuerdo y declaró a la Comisión culpable de mala administración. Su decisión se puede encontrar en:

 

Para más información, por favor llame a Gerhard Grill, Asesor Legal Principal, tel. +33 3 88 17 24 23.

(1) Como el autor no estaba dispuesto a hacerlo, consideró que su cargo se había vuelto insostenible y dimitió de la Junta.

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