La Defensora del Pueblo Europea, Teresa Anjinho, ha abierto una investigación sobre cómo la Comisión Europea garantiza la transparencia, la inclusión y la rendición de cuentas en la adopción de normas armonizadas para la inteligencia artificial (IA).

La investigación sigue a una denuncia de una organización de la sociedad civil preocupada por el hecho de que los organismos de normalización responsables de desarrollar las normas para la Comisión no están obligados a divulgar públicamente información sobre las personas que trabajan en ellas y no publican las actas de sus reuniones. El denunciante también alega que la Comisión no ha garantizado una representación equilibrada de los intereses en el proceso de normalización.

Como primer paso en la investigación, la Defensora del Pueblo ha pedido a la Comisión que responda a una serie de preguntas relativas a cuestiones como la composición del grupo que prepara las normas, las normas de transparencia aplicadas por los organismos de normalización, la forma en que la Comisión está gestionando y supervisando el proceso de normalización y cómo revisará sus resultados.

La Defensora del Pueblo también ha pedido a la Comisión que facilite a su equipo de investigación una serie de documentos relativos al asunto.

Antecedentes

Las normas armonizadas son normas europeas elaboradas por un organismo europeo de normalización reconocido a petición de la Comisión Europea. Las empresas pueden utilizar normas armonizadas para demostrar que los productos, servicios o procesos cumplen la legislación pertinente de la UE, que les permite acceder al mercado de la UE.

En mayo de 2023, la Comisión presentó una solicitud de normalización relativa a la Ley de IA a dos organizaciones europeas de normalización privadas: el Comité Europeo de Normalización (CEN) y el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC). La Comisión les pidió que garantizaran que las normas armonizadas contribuyan a minimizar los riesgos derivados de la IA para la seguridad y los derechos fundamentales. Esto significa que estas organizaciones tendrán que abordar no solo cuestiones técnicas, sino también opciones discrecionales más amplias con respecto a cómo deben diseñarse y utilizarse los sistemas de IA de alto riesgo para garantizar la protección de los derechos fundamentales en la UE.