¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?
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Consulta específica del Defensor del Pueblo Europeo - Régimen Común de Seguro de Enfermedad (RCSE) y Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) (OI/4/2016/AE)
Correspondencia - Fecha Lunes | 13 noviembre 2017
Caso OI/4/2016/EA - Abierto el Martes | 10 mayo 2016 - Recomendación sobre Miércoles | 10 abril 2019 - Decisión de Jueves | 04 abril 2019 - Institución concernida Comisión Europea ( La recomendación fue aprobada por la institución ) - País Francia
Consulta del Defensor del Pueblo Europeo sobre el Régimen Común de Seguro de Enfermedad (RCSE) y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)[1]
Antecedentes
Una persona tiene una discapacidad si tiene una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial de larga duración que, en interacción con diversas barreras, puede obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás (artículo 1 quinquies, apartado 4, párrafo 1, del Estatuto).
El 10 de mayo de 2016, el Defensor del Pueblo Europeo inició una investigación estratégica (OI/4/2016/AE) sobre si el tratamiento de las personas con discapacidad en el marco del Régimen Común de Seguro de Enfermedad (RCSE) para los funcionarios de la UE y sus familias se ajusta a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
La investigación se centra, en particular, en los criterios para el reconocimiento de la «enfermedad grave», que determinan si los gastos médicos pueden reembolsarse en su totalidad, tal como se establece en las Disposiciones Generales de Ejecución (DGI) de la Comisión Europea [2]. El hecho de no reconocer que una enfermedad constituye una «enfermedad grave» afecta al porcentaje del coste reembolsado por el RCSE. Al Defensor del Pueblo le preocupa que estos criterios, en particular el criterio de la «esperanza de vida reducida», no se adapten necesariamente a la situación específica de las personas con discapacidad. Muchas discapacidades, aunque tienen un impacto muy significativo en el bienestar de la persona en cuestión, no tienen necesariamente un impacto negativo en la esperanza de vida. Sin embargo, pueden dar lugar a altos gastos en términos de tratamiento, medicamentos o dispositivos / equipos especiales, que son esenciales para la participación plena y efectiva de la persona en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.
Invitación a presentar observaciones
Como primer paso de la investigación, la Defensora del Pueblo formuló preguntas específicas a la Comisión, a las que esta respondió el 28 de octubre de 2016. A continuación, el equipo de investigación de la Defensora del Pueblo se reunió con representantes de la Comisión para debatir el caso. El informe de la reunión está disponible en el sitio web del Defensor del Pueblo [3].
La Defensora del Pueblo desea conocer su opinión sobre las sugerencias que podría hacer a la Comisión en el contexto de esta investigación. A partir de las respuestas de la Comisión a sus preguntas, la Defensora del Pueblo ya ha identificado las siguientes cuestiones sobre las que espera hacer sugerencias a la Comisión:
I. Necesidades relacionadas con la discapacidad en el marco del RCSE
1. La Comisión afirma que, al aplicar los cuatro criterios de las DGA pertinentes para reconocer una «enfermedad grave», no adopta el enfoque de «marcar todas las casillas». Más bien, se aplica un enfoque flexible. Esto significa que si una persona cumple un criterio en gran medida, esto puede compensar el hecho de que la persona no cumple otro criterio en gran medida.
Sugerencia del Defensor del Pueblo: El hecho de que este tipo de discrecionalidad pueda ejercerse en la práctica, al aplicar los cuatro criterios para el reconocimiento de una «enfermedad grave», debe ser aclarado por la Comisión en las DGA.
2. Dado que los cambios en el Estatuto de los funcionarios que entraron en vigor en enero de 2014 tenían por objeto cumplir plenamente la CDPD, la Comisión no considera necesario introducir nuevos cambios legislativos o reglamentarios significativos en relación con el RCSE.
Sugerencia del Defensor del Pueblo: La Comisión debe llevar a cabo una evaluación para determinar si es necesario revisar alguna disposición de las DGA o de los formularios correspondientes [4], a la vista de la CDPD y de las observaciones finales del Comité de la CDPD en 2015 [5].
3. Según la Comisión, la ausencia de una lista detallada de dispositivos de asistencia reembolsables en el marco del RCSE permite una mayor flexibilidad, necesaria para hacer frente a las necesidades sanitarias relacionadas con la discapacidad. Sin embargo, el Defensor del Pueblo considera que la publicación de una lista (no exhaustiva) aportaría claridad a las personas con discapacidad sobre el tipo de dispositivos que pueden reembolsarse.
Sugerencia del Defensor del Pueblo: La Comisión debe publicar una lista no exhaustiva de dispositivos de asistencia reembolsables con arreglo a las DGA.
4. Al examinar una reclamación con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto [6] contra una decisión de la Oficina Pagadora de la Comisión (PMO) de no reconocer una «enfermedad grave», la PMO presenta la reclamación a un médico asesor, que vuelve a analizar el expediente y emite un dictamen motivado. Si es necesario, el caso específico puede presentarse al Consejo Médico, por ejemplo, cuando el caso individual es particularmente difícil o cuando puede (potencialmente) referirse a un mayor número de casos.
Sugerencia del Defensor del Pueblo: La PMO debe velar por que toda revisión de un expediente médico, a raíz de una reclamación con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, sea efectuada por un médico asesor distinto del que emitió su dictamen en el marco de la decisión impugnada.
II. Protección social de las personas con discapacidad
5. La Comisión observa que el RCSE solo cubre los gastos médicos relacionados con las discapacidades. Sin embargo, hay otros tipos de apoyo que abordan los aspectos sociales de las discapacidades. Existen tres tipos de prestaciones al margen del RCSE para las personas con discapacidad: i) el régimen de ayuda social, ii) la duplicación de la asignación por hijo a cargo, iii) ajustes razonables. Sin embargo, parece que estos planes cubren las necesidades no médicas de las personas con discapacidad de manera limitada y parece haber ciertas restricciones; existe un determinado presupuesto institucional para el régimen de ayuda social, el derecho al reembolso en virtud del régimen de ayuda social está vinculado a umbrales específicos en lo que respecta a los ingresos familiares, las prestaciones se conceden previa evaluación de un determinado grado de discapacidad, etc.
Sugerencia del Defensor del Pueblo: La Comisión debe llevar a cabo una evaluación para determinar, de manera no exhaustiva, las necesidades no médicas relacionadas con las discapacidades. Debe iniciar un procedimiento para garantizar que las necesidades no médicas de los funcionarios de la UE con discapacidad —y de sus familias— se aborden de manera satisfactoria, mediante la asignación de recursos suficientes y en un marco adecuado, en el marco de los regímenes sociales de las instituciones de la UE.[7] Por lo que se refiere a los ajustes razonables proporcionados a su propio personal, la Comisión debe revisar sus normas actuales,[8] adoptadas en 2004, a la luz de las disposiciones de la CDPD, que se aplican desde 2011.
«adaptación razonable», en relación con las funciones esenciales del puesto de trabajo, se entenderán las medidas adecuadas, en caso necesario, para permitir a una persona con discapacidad acceder al empleo, participar en él, progresar en él o recibir formación, a menos que dichas medidas impongan una carga desproporcionada al empleador (artículo 1 quinquies, apartado 4, párrafo 3, del Estatuto de los funcionarios).
6. El «certificado médico» común a todas las instituciones de la UE, que se refiere al calendario europeo de evaluación de los trastornos físicos y mentales (también conocido como «escala europea de discapacidad»), no se utiliza para reconocer una «enfermedad grave». Sin embargo, se utiliza para la concesión de la duplicación de la asignación por hijo a cargo y las prestaciones de ayuda social relacionadas con la discapacidad. Los representantes de las personas con discapacidad sostienen que esta escala está excesivamente medicalizada y no tiene en cuenta las circunstancias individuales relacionadas con la discapacidad.
Sugerencia del Defensor del Pueblo: La Comisión debe iniciar una revisión del contenido del certificado médico por parte del Consejo Médico Interinstitucional en lo que respecta, en particular, a la idoneidad de la Escala Europea de Discapacidad para evaluar el grado de discapacidad de una persona.
7. En el contexto de sus regímenes de protección social, la Comisión afirma que todo el personal de la Comisión dispone de formación especial sobre cómo hacer frente a la discapacidad.
Sugerencia del Defensor del Pueblo: La Comisión debe velar por que la formación especial sobre cómo abordar la discapacidad forme parte del programa de orientación para su personal que trabaja en cuestiones conexas.
III. Consulta con las partes interesadas
8. Según su Comunicación sobre diversidad de julio de 2017, la Comisión creará un organismo adecuado para estudiar la situación actual y proponer ideas y medios para aligerar en la medida de lo posible la carga del personal con discapacidad [9]. En su respuesta de octubre de 2016 a la carta del Defensor del Pueblo, la Comisión declaró que está considerando la posibilidad de consultar a las personas con discapacidad sobre la aplicación del RCSE en relación con las necesidades sanitarias relacionadas con la discapacidad.
Sugerencia del Defensor del Pueblo: La Comisión, tal como se menciona en su carta al Defensor del Pueblo, debe crear un órgano adecuado, en el que participen representantes de las personas con discapacidad, los trabajadores con discapacidad o las asociaciones de personas con discapacidad, para estudiar la situación actual en lo que respecta a la aplicación cotidiana del RCSE en relación con las necesidades sanitarias relacionadas con la discapacidad y, en caso necesario, proponer ideas y medios de mejora. La Comisión debe establecer un calendario detallado para este proceso. Debe garantizar que los representantes de las personas con discapacidad sean consultados de manera estructurada y significativa y que los resultados de esta consulta se apliquen en la práctica.
9. La Comisión dice que ha estado en contacto con la recién creada asociación de miembros del personal de la Comisión con discapacidad, y con la asociación de miembros del personal de la Comisión cuyos familiares tienen discapacidad.
Sugerencia del Defensor del Pueblo: La Comisión debe establecer contactos periódicos con las asociaciones de miembros del personal de la UE con discapacidad (o de miembros del personal de la UE cuyos familiares tengan discapacidad) a fin de recibir información sobre la aplicación cotidiana del RCSE y de los regímenes sociales para las personas con discapacidad.
IV. Otros comentarios
10. Además de recabar su opinión sobre las cuestiones expuestas anteriormente, le rogamos que proponga cualquier otra sugerencia que considere útil para el Defensor del Pueblo en el contexto de esta investigación. Sea lo más específico posible.
Cómo contribuir
El plazo para presentar observaciones finaliza el 31 de enero de 2018.
Por correo electrónico a la siguiente dirección.
o
Por carta: Defensor del Pueblo Europeo, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Estrasburgo Cedex, Francia
Indique claramente «Consulta del RCSE - OI/4/2016» al inicio de su contribución.
Las contribuciones podrán presentarse en cualquiera de las 24 lenguas oficiales de la UE. Si es posible, no exceda de 10 páginas para su contribución, incluidos los anexos, en su caso.
El Defensor del Pueblo remitirá a la Comisión todas las contribuciones recibidas. La Defensora del Pueblo también tiene la intención de publicar estas contribuciones en su sitio web. Las personas físicas que consideren que, de conformidad con el Reglamento (CE) no 45/2001 relativo a la protección de datos personales [10], su nombre no debe publicarse deben informar al Defensor del Pueblo.
Si necesita más información, póngase en contacto con la Sra. Elpida Apostolidou, de la Unidad de Investigaciones Estratégicas del Defensor del Pueblo.
[1] Consulta específica: dirigida al Grupo de Apoyo a las Personas con Discapacidad del Parlamento Europeo (EP DSG), al Grupo de Apoyo a las Personas con Discapacidad de la Comisión Europea (EC DSG), a la Asociación de Personal con Discapacidad de la Comisión Europea (ASDEC), así como al Foro Europeo de la Discapacidad (EDF).
[2] Decisión de la Comisión por la que se establecen disposiciones generales de aplicación para el reembolso de los gastos médicos, que entró en vigor el 1 de julio de 2007.
[3] Todos los documentos relacionados con la investigación están disponibles aquí: https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/caseopened.faces/en/65814/html.bookmark
[4] A modo de ejemplo, los dos formularios adjuntos al capítulo 3 del título II de las DGA, que son específicos para evaluar el posible reembolso del coste de una residencia permanente o de larga duración en un establecimiento paramédico. Los formularios se titulan: I. Evaluación de la independencia funcional; II. Evaluación de la conciencia espacial y temporal.
[5] Observaciones finales sobre la aplicación por parte de la UE de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad formuladas por el Comité pertinente de las Naciones Unidas, 2 de octubre de 2015.
[6] Según el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, toda persona a la que se aplique el Estatuto podrá presentar a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos una reclamación contra un acto que le sea lesivo, bien cuando dicha autoridad haya adoptado una decisión, bien cuando no haya adoptado una medida prescrita por el Estatuto.
[7] El Defensor del Pueblo entiende que las disposiciones detalladas para la concesión de estas prestaciones se establecen en:
i) Directrices provisionales para la ejecución de la línea presupuestaria «Ayuda complementaria a las personas con discapacidad», relativas a los créditos de asistencia social para las personas con discapacidad, adoptadas el 19 de febrero de 2004 por el Colegio de Jefes de Administración.
ii) Conclusión 177/87 del Colegio de Jefes de Administración relativa a la asignación por hijo a cargo para un hijo cuya manutención suponga gastos elevados debido a una discapacidad o a una enfermedad de larga duración (apartado 3 del artículo 67 del Estatuto). La segunda conclusión revisada fue aprobada por los jefes de administración el 26 de marzo de 2014.
[8] . Decisión de la Comisión, de 7 de abril de 2004, por la que se aplica el artículo 1 quinquies, apartado 4, del Estatuto
[9] Comunicación de la Comisión «Un lugar de trabajo mejor para todos: de la igualdad de oportunidades a la diversidad y la inclusión», C(2017) 5300 final, 19.7.2017.
[10] Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001, L 8, p. 1). Véase también: http://www.ombudsman.europa.eu/es/resources/dataprotection/home.faces.