La mala administración también puede existir cuando una institución u organismo comunitario incumple una norma jurídica y cuando, en una sociedad regida por el Estado de Derecho, cualquier administración pública debe interpretar la ley y respetarla correctamente. A este respecto, el Defensor del Pueblo ha insistido constantemente en que el Tribunal de Justicia es la máxima autoridad en lo que respecta a la interpretación del Derecho comunitario.