Estimado señor M.:
Los días 3 y 15 de octubre de 1997 envió usted una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo en nombre de "Movimento Consumatori", asociación italiana de consumidores. El denunciante se refería tanto a la supuesta falta de consideración por parte de la Comisión de los problemas denunciados en sus denuncias a la institución como a la falta de respuesta a una de las cartas de 14 de junio de 1996 relacionadas con este asunto.
El 1 de diciembre de 1997, transmití la denuncia al Presidente de la Comisión Europea. La Comisión envió su dictamen el 9 de marzo de 1998, que le remití con una invitación a presentar observaciones. El 28 de mayo de 1998 recibí sus observaciones.
El 3 de agosto de 1998 y el 26 de noviembre de 1998 usted me envió información adicional relacionada con su caso. Para aclarar algunas de las cuestiones planteadas por la institución durante la investigación, el 17 de marzo de 1999 pedí más información a la Comisión. El 6 de mayo de 1999, la Comisión me informó de que sus servicios estaban recopilando la información solicitada y solicitó una prórroga del plazo para responder.
La institución envió esta información adicional el 18 de mayo de 1999. Le transmití la nueva respuesta de la Comisión el 27 de mayo de 1999 y recibí sus observaciones el 1 de julio de 1999.
Le escribo ahora para hacerle saber el resultado de las investigaciones que se han hecho.

LA DENUNCIA

La denuncia se refiere a la forma en que la Comisión trató un problema planteado a los consumidores por un producto supuestamente inseguro. Según el denunciante, un tipo particular de candelabro que se vendía en Italia había sido la causa de varios incendios. El 14 de junio de 1996, el Sr. M., en nombre de una asociación italiana de consumidores, presentó una denuncia formal ante la Comisión Europea en la que denunciaba que los accidentes causados por este candelabro habían causado graves daños a los consumidores. El denunciante alegó que las autoridades italianas no respetaban las disposiciones de los artículos 6 y 8 de la Directiva 92/59/CEE relativa a la seguridad general de los productos (1) («la Directiva»), al no adoptar las medidas adecuadas para controlar el uso de este bien. También se refirió al hecho de que estas autoridades no habían tomado ninguna medida sobre una notificación previa remitida a todos los Estados miembros por las autoridades españolas en relación con los riesgos de un tipo similar de producto.
El denunciante solicitó a la Comisión que iniciara una investigación sobre este asunto, ya que, a pesar del peligro del producto, las autoridades italianas no habían iniciado ningún procedimiento de urgencia según lo establecido en el artículo 8 de la Directiva. Pide a la Comisión que adopte varias iniciativas para controlar los riesgos para los consumidores, incluida la creación de un comité de urgencia para revisar la situación, solicitar nuevas medidas a las autoridades italianas y prohibir directamente el tipo de candelabro en el mercado.
El denunciante recibió un acuse de recibo de la Comisión el 10 de octubre de 1996, en el que se indicaba que la denuncia se trasladaría a las autoridades italianas responsables de la seguridad de los consumidores.
El demandante volvió a escribir a la Comisión el 29 de mayo de 1997, pero no recibió ninguna otra respuesta a su carta.
Habida cuenta de la situación, el demandante escribió al Defensor del Pueblo el 3 de octubre de 1997, alegando que la Comisión no había respondido
(1) a su segunda carta de 29 de mayo de 1997 y
(2) adoptado las medidas adecuadas para garantizar que el producto mencionado en su reclamación no supusiera ningún riesgo para los consumidores.

LA INVESTIGACIÓN

Las observaciones de la Comisión Europea
sobre la denuncia son, en resumen, las siguientes:
Los servicios de la Comisión habían recibido una primera carta de denuncia del Sr. M. en junio de 1996. La denuncia se refería a una supuesta falta de adopción por parte de las autoridades italianas de medidas de emergencia adecuadas para controlar los riesgos que plantea un tipo particular de candelabro, tal como exigen las disposiciones del artículo 8 de la Directiva 92/59/CEE (2).
La institución señaló que el objetivo de este artículo 8 es permitir un sistema eficaz y rápido de intercambio de información, entre los Estados miembros y la Comisión, en situaciones de emergencia planteadas por productos peligrosos. En opinión de la Comisión, sobre la base de la Directiva, solo los Estados miembros pueden activar la aplicación del artículo 8 de la Directiva.
En estos casos, la Comisión debe ser informada de las medidas adoptadas e informar posteriormente de ellas a los demás Estados miembros.
Sobre la base de estas disposiciones legales, la Comisión explicó que su papel en este tipo de casos de consumo es muy limitado. Solo puede verificar la conformidad de la información recibida con las disposiciones de la Directiva y, a continuación, transmitirla a los demás Estados miembros. La institución solo puede llevar a cabo una investigación propia si el producto plantea un riesgo grave e inmediato y si las medidas nacionales no son adecuadas. La Comisión consideró que, dadas estas limitaciones legales, no podía adoptar ninguna de las medidas solicitadas por el denunciante.
La Comisión subrayó que había remitido la denuncia a las autoridades italianas, que eran responsables del control de la seguridad de los productos, y que podían adoptar las medidas adecuadas. La Comisión también había pedido que se le mantuviera informado del resultado de la investigación. En su carta a las autoridades italianas, los servicios de la Comisión se habían referido al hecho de que, en 1994, las autoridades españolas habían informado a los demás Estados miembros de los peligros potenciales que planteaba un tipo similar de candelabro, tal como exige el artículo 7 de la Directiva. En dicho asunto, la Comisión señaló que las autoridades italianas no le habían informado de ninguna medida adoptada.
Las autoridades italianas respondieron el 9 de septiembre de 1996 al escrito de la Comisión de junio de 1996 e indicaron que no habían considerado necesario adoptar ninguna medida en relación con el producto afectado, ya que no parecía peligroso para los consumidores. Esta decisión tuvo en cuenta el hecho de que un procedimiento judicial que implicaba el uso del producto ante los magistrados de C. había sido retirado por ambas partes.
Sobre la base de esta respuesta, la Comisión consideró que la alegación se refería únicamente a un caso individual, que no afectaba a un número limitado de productos.
La Comisión transmitió esta información al denunciante el 10 de octubre de 1996. En la carta, explicaba que, debido a las limitaciones impuestas a la institución por las normas jurídicas existentes, a saber, la Directiva 92/59/CEE, no podía tomar ninguna iniciativa.
En su dictamen, la Comisión se remitió también a la carta del denunciante de 29 de mayo de 1997. Justificó la falta de respuesta a dicha correspondencia, ya que, en su opinión, se trataba de una mera repetición de los mismos argumentos expuestos por el denunciante en cartas precedentes.
Por último, la Comisión ilustró el interés de sus servicios en la correcta aplicación de la Directiva en Italia por el hecho de que la Comisaria competente en aquel momento, la Sra. Bonino, había escrito a las autoridades italianas el 13 de mayo de 1997 para manifestar su preocupación por la aplicación de la Directiva 92/59/CEE en Italia.
Observaciones del demandante El
Defensor del Pueblo remitió el dictamen de la Comisión a los demandantes con una invitación para que formularan observaciones.
En su carta de 20 de mayo de 1998, el autor insistió en los argumentos ya expuestos en su denuncia. Sin embargo, el Sr. M. respondió a algunas observaciones formuladas por la Comisión en su dictamen. El denunciante subrayó que el objetivo de su denuncia no era pedir a la Comisión que apoyara las acciones emprendidas por su asociación ni que adoptara ninguna medida directa en relación con el producto supuestamente peligroso. El objetivo del denunciante era garantizar que la Comisión adoptara las medidas necesarias para que las autoridades italianas cumplieran las obligaciones establecidas en la Directiva 92/59/CEE.
A la vista del denunciante, tras la notificación efectuada por las autoridades españolas en 1994 de los peligros que planteaba un producto similar, de conformidad con el artículo 8 de la Directiva, las autoridades italianas estaban obligadas a informar a la Comisión de las medidas adoptadas en su territorio, o de la razón por la que no habían adoptado ninguna medida de este tipo.
El denunciante señaló que las autoridades italianas no habían respondido a los informes presentados por las autoridades españolas en 1994 y que se habían distribuido a todos los Estados miembros. Además, la Comisión no había tomado ninguna medida para solicitar esta información a las autoridades italianas. Sus servicios habían investigado este asunto dos años después, y sólo después de la carta del autor de junio de 1996.
Aunque la Comisión había mencionado la carta del Comisario Bonino a las autoridades italianas el 13 de mayo de 1997 como ejemplo de los esfuerzos realizados por sus servicios para garantizar la correcta aplicación de la Directiva en Italia, el denunciante señaló que dicha carta no guardaba relación alguna con los problemas particulares mencionados en su denuncia.

PREGUNTAS ADICIONALES

Con el fin de aclarar algunos de los argumentos utilizados por la Comisión en su apoyo, el Defensor del Pueblo solicitó información adicional a la institución mediante carta de 17 de marzo de 1999. La Comisión había defendido su posición en el presente asunto basándose en que las disposiciones de la Directiva 92/59/CEE estaban dirigidas en gran medida a los Estados miembros y, por tanto, la institución no podía tomar ninguna iniciativa. En su carta a la Comisión, el Defensor del Pueblo recordó que la Directiva, en el apartado 8 de su anexo, parece permitir a la Comisión investigar directamente los peligros de determinados bienes de consumo (3).
En vista de las circunstancias del caso, el Defensor del Pueblo preguntó a la Comisión si había considerado o debería considerar la posibilidad de hacer uso de sus facultades para iniciar una investigación de oficio.
En su escrito de 6 de mayo de 1999, la Comisión reconoció que, sobre la base de la Directiva, goza de cierto poder de iniciativa, como el de incoar de oficio una investigación y/o convocar el Comité de Emergencias. Sin embargo, añadió que estas competencias solo se conceden en circunstancias excepcionales que no concurrían en el presente asunto. En opinión de la Comisión, el ejercicio de estas competencias solo puede producirse si un Estado miembro ha notificado previamente la existencia de un producto peligroso.
No se había notificado la situación denunciada por el autor. Incluso en el caso de tal notificación, añadió la Comisión, la acción por su parte depende de la necesidad de recabar información adicional, y solo después de verificar la existencia de circunstancias excepcionales. Estas circunstancias excepcionales deben determinarse en función de la urgencia y la importancia del riesgo que plantea un producto, el tamaño de su mercado y la imprevisibilidad de los accidentes.
La institución también hizo algunas consideraciones sobre el contexto fáctico del asunto. Señaló que el producto solo había causado un solo accidente hasta ese momento.
El Defensor del Pueblo remitió este dictamen adicional de la Comisión al demandante. En su respuesta de 30 de junio de 1999, el Sr. M. señaló que la Comisión ya había recibido el 12 de julio de 1994 una notificación de las autoridades españolas en la que se hacía referencia a un tipo de producto muy similar. En su opinión, la actitud de la Comisión de basarse literalmente en los términos de la Directiva puso de manifiesto una falta de voluntad por parte de la institución para la defensa de los consumidores.

LA DECISIÓN

Sobre la base de la información facilitada por el reclamante y de las observaciones presentadas por la Comisión Europea, el Defensor del Pueblo ha llegado a las siguientes conclusiones:
1 Respuesta a las cartas del denunciante
1.1. La denuncia se dirigió por primera vez a la Comisión el 14 de junio de 1996. La carta advertía de los riesgos que planteaba un tipo particular de candelabro comercializado en Italia y de la necesidad de que la Comisión adoptara nuevas medidas para evitar posibles daños. La Comisión respondió a esta solicitud el 10 de octubre de 1996.
Dado que el denunciante consideraba que la Comisión no estaba abordando satisfactoriamente el problema, envió una carta adicional a la institución el 29 de mayo de 1997. En su reclamación al Defensor del Pueblo, el demandante afirma que la Comisión nunca respondió a esta carta.
1.2. La Comisión ha reconocido que la segunda carta del denunciante quedó sin respuesta. Sin embargo, justificó su falta de respuesta alegando que esta nueva correspondencia hacía referencia a las mismas alegaciones que la primera, a las que ya había respondido.
1.3. El Defensor del Pueblo Europeo ha declarado que la Comisión tiene el deber de responder adecuadamente a las preguntas de los ciudadanos. Sin embargo, como ha señalado la Comisión, parece que las preguntas formuladas por el denunciante en su segunda carta ya habían sido contestadas. En estas circunstancias, el Defensor del Pueblo considera que no es necesaria ninguna observación adicional en relación con este aspecto del asunto.
2 Medidas que deberá adoptar la Comisión en caso de situaciones de emergencia
2.1. El demandante consideró que la Comisión no había abordado adecuadamente el problema denunciado en sus cartas, ya que la institución no había adoptado las medidas que se le habían pedido. Con el fin de controlar los riesgos que supone para los consumidores un candelabro supuestamente peligroso, el denunciante pidió a la Comisión que adoptara una serie de iniciativas, entre ellas la creación de un comité de urgencia para revisar la situación, solicitar nuevas medidas a las autoridades italianas y prohibir directamente el tipo de candelabro en el mercado.
2.2. La Comisión ha alegado que, sobre la base de la legislación comunitaria aplicable, a saber, la Directiva 92/59/CEE, no está facultada para emprender ninguna acción de este tipo. Subrayó que solo las autoridades nacionales afectadas pueden determinar la magnitud de los riesgos que plantea el producto y establecer las medidas adecuadas para su control. Con arreglo a este procedimiento, la Comisión solo puede verificar la información presentada por las autoridades nacionales responsables y transmitirla a los demás Estados miembros.
Añadió, además, que incluso en el caso de una notificación de un Estado miembro, su intervención solo es posible en circunstancias excepcionales. Estos deben determinarse en función de la urgencia y la importancia del riesgo que plantea un producto, el tamaño de su mercado y la imprevisibilidad de los accidentes.
Dado que las autoridades italianas no habían efectuado ninguna notificación, la Comisión consideró que no tenía competencia para intervenir en este asunto. Además, concluyó que los riesgos planteados por el producto no eran significativos y, por lo tanto, que no existían circunstancias excepcionales en el caso.
2.3. Tal como se establece en la Directiva 92/59/CEE, la Comisión puede adoptar determinadas iniciativas para controlar los riesgos graves e inmediatos de los productos para la salud y la seguridad de los consumidores. Estas acciones implican:
a. Instituir una investigación propia y/o convocar al Comité de Emergencias (artículo 8; Anexo, punto 8, tras la notificación efectuada por un Estado miembro de la existencia de un riesgo grave e inmediato;
b. Adoptar una decisión por la que se obligue a los Estados miembros a adoptar medidas temporales si, tras una notificación, la institución tiene conocimiento de que las decisiones adoptadas a nivel nacional son contradictorias o de que es necesario un enfoque comunitario (artículo 9). En ambos casos, la Directiva exige que, antes de cualquier acción de este tipo, un Estado miembro informe a la Comisión.
2.4. Por lo tanto, debe evaluarse si se ha notificado o no tal información sobre los peligros del producto en cuestión. Como señaló la propia Comisión en su dictamen, el 12 de julio de 1994 las autoridades españolas enviaron una notificación a todos los Estados miembros y a la Comisión relativa a un producto similar. No obstante, la institución ha subrayado que, sobre la base de los artículos 8 y 9 de la Directiva, no podía actuar a menos que se hubiera transmitido una notificación de las autoridades italianas relativa al producto peligroso específico.
2.5. Desde la interpretación de la Comisión de los arts. 8 y 9 de la Directiva, parece ser exacto, el Defensor del Pueblo ha llegado a la conclusión de que la Comisión actuó dentro de los límites de su autoridad jurídica en el presente asunto, por lo que no se ha demostrado ningún caso de mala administración.
2.6. No obstante, el Defensor del Pueblo debe señalar que los problemas que plantean los productos defectuosos son una fuente importante de preocupación para todos los ciudadanos europeos. Para garantizar un alto nivel de protección de los consumidores, como subraya el Tratado de Amsterdam (4), y reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas, es importante que estas instituciones tomen todas las medidas posibles para controlar los productos inseguros.
3 Función de la Comisión en el seguimiento de las medidas de emergencia adoptadas por los Estados miembros
3.1. Alegó que la Comisión tampoco supervisó adecuadamente la aplicación del Derecho comunitario en el caso que había denunciado, ya que no adoptó las medidas adecuadas para garantizar que las autoridades italianas respondieran a la notificación de las autoridades españolas de 12 de julio de 1994 . Dicha notificación se refería a los riesgos creados por un tipo similar de producto.
3.2. Tal como exige el artículo 8, apartados 2 y 3, de la Directiva:
"Al recibir esta información [notificación de un Estado miembro], la Comisión comprobará si se ajusta a las disposiciones de la presente Directiva y la transmitirá a los demás Estados miembros, que, a su vez, informarán inmediatamente a la Comisión de las medidas adoptadas"
"En el anexo [ ] se establecen procedimientos detallados para el sistema comunitario de información descrito en el presente artículo".
El anexo de la Directiva, en su apartado 9, establece lo siguiente: «Los demás Estados miembros [es decir, no el que efectúa la notificación] están obligados, siempre que sea posible, a informar sin demora a la Comisión de lo siguiente:
a) si el producto se ha comercializado en su territorio;
b) la información complementaria que haya obtenido sobre el peligro de que se trate [ ]; y, en cualquier caso, deberán informar a la Comisión lo antes posible de lo siguiente:
c) las medidas adoptadas o decididas [ ];
d) cuando el producto mencionado en esta información se haya encontrado en su territorio, pero no se hayan adoptado ni decidido medidas y las razones por las que no deban adoptarse medidas.».
3.3. La Comisión ha indicado que no recibió ninguna respuesta de las autoridades italianas a la notificación española de julio de 1994 sobre los riesgos de un producto similar al denunciado por el denunciante. A pesar de la falta de respuesta de las autoridades italianas, la institución no tomó ninguna medida.
3.4. Aunque la Comisión podría haber actuado con mayor eficacia en lo que respecta a la falta de reacción de las autoridades italianas a la notificación efectuada por las autoridades españolas en 1994, el Defensor del Pueblo señala, sin embargo, que la institución ha tomado medidas para garantizar la aplicación adecuada de la Directiva en Italia. La carta escrita a las autoridades italianas por la señora Bonino, Comisaria responsable en ese momento, ilustra este esfuerzo.
A la luz de las consideraciones anteriores, no parece necesario que el Defensor del Pueblo formule más observaciones. También se informará de esta decisión al Presidente de la Comisión Europea.
4 Conclusión
Sobre la base de las investigaciones del Defensor del Pueblo Europeo sobre esta reclamación, no parece haber habido mala administración por parte de la Comisión Europea.
Por consiguiente, el Defensor del Pueblo ha decidido archivar el asunto.
También se informará de esta decisión al Presidente de la Comisión Europea.
Le saluda atentamente,
Jacob SÖDERMAN

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(1) Directiva 92/59/CEE del Consejo relativa a la seguridad general de los productos, DO L 228/25 de 11.8.92.

(2) Artículo 8, apartado 1, de la Directiva 92/59/CEE: «Cuando un Estado miembro adopte o decida adoptar medidas de emergencia para prevenir, restringir o imponer condiciones específicas a la posible comercialización o utilización, en su propio territorio, de un producto o lote de productos debido a un riesgo grave e inmediato [] para la salud y la seguridad de los consumidores, informará inmediatamente de ello a la Comisión [ ].

(3) Apartado 8 del anexo de la Directiva 92/59/CEE: «[...] cuando [la Comisión] lo considere necesario y con el fin de completar la información recibida, podrá, en circunstancias excepcionales, iniciar una investigación de oficio o convocar al Comité de Emergencias [...]».

(4) Título XIV Art. 153 CE