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Decisión en el asunto 1134/2015/TN sobre la decisión de la Comisión Europea de declarar no subvencionables determinados costes soportados por un socio en un proyecto financiado por la UE

El asunto se refería a la decisión de la Comisión de declarar no subvencionables determinados costes declarados por un socio en un proyecto financiado por la UE. El Defensor del Pueblo investigó la cuestión y consideró que los motivos de la Comisión para no aceptar los costes en cuestión eran razonables. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo archivó el asunto con la conclusión de que no había mala administración.

Antecedentes de la denuncia

1. La denuncia está relacionada con el proyecto BIOCHEM [1], cuyo objetivo era acelerar la tasa de crecimiento de las empresas europeas transnacionales de base biológica. El denunciante, una empresa danesa, se convirtió en socio del consorcio del proyecto en 2010, sustituyendo a un socio anterior. A tal fin, se firmó una modificación del contrato entre el coordinador del proyecto y la Comisión. La modificación del contrato establecía que cualquier tarea prevista (establecida en la descripción del trabajo que figura en el anexo I del convenio de subvención) que debía llevar a cabo el socio anterior se consideraba realizada por el reclamante. También se firmó un contrato entre el denunciante y el coordinador, por el que se establecía al denunciante como cobeneficiario en el marco del proyecto.

2. La Comisión no formuló preguntas en relación con dos declaraciones de costes intermedios (para los períodos de referencia 2 y 3), sobre cuya base la Comisión pagó financiación al proyecto. Sin embargo, tras la declaración final de costes, la Comisión decidió no autorizar un importe de 110 865,42 EUR de los costes declarados por el denunciante para el período de referencia 4.

3. El coordinador escribió a la Comisión exponiendo una serie de consideraciones sobre por qué la decisión de la Comisión de rechazar algunos de los costes declarados por el denunciante no era correcta. La Comisión no modificó su decisión.

4. Al considerar que la Comisión no había abordado las cuestiones planteadas por el coordinador, el demandante recurrió al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo pidió a la Comisión que abordara los siguientes puntos:

1) La Comisión no abordó la cuestión de haber asumido erróneamente que no existía un acuerdo contractual válido para la participación del denunciante en el proyecto;

2) La Comisión no había explicado por qué no se habían aceptado los costes relacionados con las actividades en Dinamarca y otros países nórdicos, dado que las actividades relacionadas con empresas e instituciones de investigación en estos países se llevaron a cabo como parte del trabajo previsto tras la inclusión del denunciante en el proyecto como socio;

3) La Comisión debería haber solicitado una revisión externa independiente del proyecto, como lo había hecho en otro proyecto (INNOWATER);

4) Ni el denunciante ni el coordinador habían recibido información previa de la Comisión en el sentido de que tuviera previsto denegar una parte sustancial de los costes del denunciante;

5) El reclamante tiene un sistema detallado de registro de tiempo que registra el tiempo dedicado a cada proyecto a nivel de "paquete de trabajo". La Comisión no solicitó que el registro del tiempo se realizara a nivel de tarea en relación con las declaraciones de gastos previamente aceptadas (para los períodos de notificación 2 y 3);

6) La Comisión consideró erróneamente que el número de horas declaradas durante el último período de referencia era irrazonablemente elevado, dado que las tareas en las que participó el denunciante fueron especialmente exigentes durante el último período.

5. En respuesta, la Comisión presentó, en resumen, la siguiente respuesta:

1) La Comisión no tenía ninguna duda sobre la situación contractual del denunciante. De haber existido tal duda, no se habría hecho ningún pago al denunciante.

2) Si un país no está incluido en el plan del proyecto, o en la descripción del trabajo, los costos relacionados con estas actividades no pueden considerarse elegibles.

3) La revisión externa independiente del proyecto INNOWATER se llevó a cabo sin información adicional y por iniciativa de la Comisión. Además, la situación de cada proyecto es diferente y no es posible establecer paralelismos entre ellos.

4) La Comisión no tiene la obligación de "informar previamente" a los beneficiarios de su intención de rechazar los costes.

5) El reclamante no presentó fichas de tiempo durante la duración del proyecto, aunque había un plazo claro para la presentación de informes y una obligación para los beneficiarios de presentar todas las pruebas dentro de ese plazo.

6) Incluso si el último período de presentación de informes exigiera un nivel de actividad más alto, todos los resultados obtenidos deberían reflejarse plenamente o mencionarse en los informes.

6. Al no estar satisfecho con la respuesta de la Comisión, el demandante presentó una nueva reclamación al Defensor del Pueblo.

La investigación

7. El Defensor del Pueblo consideró que la Comisión había proporcionado información adicional útil para la comprensión de la cuestión en cuestión. Sin embargo, consideró que algunas de las preocupaciones de la autora necesitaban más aclaraciones antes de poder adoptar una posición definitiva sobre el fondo del caso. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo inició una nueva investigación sobre las siguientes alegaciones y alegaciones formuladas en la reclamación:

La evaluación de la Comisión de las declaraciones de gastos del denunciante para el cuarto período del proyecto:

1) estaba sesgada;

2) no siguió los procedimientos y principios internos normales de la Comisión; y

3) concluyó erróneamente que los costos sustanciales deben ser rechazados.

La Comisión debe pagar íntegramente los costes declarados por el denunciante en la declaración de gastos 4, incluidos los intereses de demora.

8. Tras realizar una inspección del expediente de la Comisión y sobre la base de las aclaraciones facilitadas por la Comisión con ocasión de la inspección, el equipo de investigación del Defensor del Pueblo llegó a la conclusión preliminar de que la Comisión no había cometido ninguna mala administración en su evaluación de la declaración de gastos de los reclamantes para el período de referencia 4. El denunciante presentó observaciones sobre el informe de inspección y la conclusión preliminar del equipo de investigación. El Defensor del Pueblo ha tenido en cuenta todos los argumentos esgrimidos por las partes.

Alegación de una evaluación incorrecta de las declaraciones de gastos

Argumentos presentados al Defensor del Pueblo

9. En su nueva reclamación al Defensor del Pueblo, el demandante planteó las siguientes preocupaciones principales en relación con los puntos planteados anteriormente:

1) El acta de una reunión del demandante con la Comisión indicaba que uno de los funcionarios de la Comisión presentes afirmaba que el demandante no tenía un contrato válido. En opinión del denunciante, este grave malentendido afectó a la evaluación de la Comisión.

2) El objetivo del proyecto era ayudar a desarrollar planes de preparación para la inversión y explotación para todas las empresas y empresarios identificados por todos los socios del proyecto BIOCHEM. El denunciante se convirtió en socio danés del proyecto en 2010. Por lo tanto, es difícil entender por qué Dinamarca (o cualquier otro país nórdico) no debe incluirse en el plan del proyecto o la descripción del trabajo.

3) El denunciante no pretendía sugerir que se le había permitido proporcionar información adicional durante la revisión externa independiente del proyecto INNOWATER (que no lo había hecho), sino que se le había permitido hacerlo antes de la revisión externa de dicho proyecto.

4) El denunciante alegó que la Comisión introdujo un cambio en su práctica administrativa cuando exigió la presentación de informes de costes a nivel de tarea (véase más adelante el punto 5). Esto era contrario a las «buenas prácticas de gobierno público», ya que no existía un «proceso de audiencia» que permitiera a la Comisión tener en cuenta el material posterior destinado a corregir malentendidos evidentes.

5) Las declaraciones de costes del denunciante correspondientes a los períodos de referencia 2 y 3 habían sido «cumplidas en su totalidad» por la Comisión sin que se hubieran presentado fichas de tiempo, y a pesar de que los costes se declararon únicamente a nivel de paquete de trabajo (y no a nivel de tarea). Por lo tanto, el denunciante supuso que este nivel de detalle también sería suficiente para el período de referencia 4. La documentación completa detrás de todos los costes siempre ha existido en el sistema contable del reclamante, con un nivel de detalle que se supone satisfactorio, lo que, según el reclamante, "normalmente significa" nivel de paquete de trabajo. El denunciante consideró que el «nivel del paquete de trabajo» era el nivel de información natural, dado que el presupuesto solo detallaba los esfuerzos a ese nivel. La Comisión nunca indicó que fuera necesario un nivel de información más detallado.

6) El autor creía que el informe correspondiente al período 4 proporcionaba toda la información pertinente. Los informes se referían a la información que se encontraba en el amplio sitio web interactivo de BIOCHEM gestionado por el denunciante, que cumplía plenamente el requisito de información de la Comisión. El nivel de detalle del informe para el período 4 no difirió del de los períodos 2 y 3.

10. Con ocasión de la inspección, la Comisión declaró que, de conformidad con el artículo I.4.3 del acuerdo de subvención, el denunciante, como beneficiario del proyecto, debía llevar a cabo los trabajos exigidos en el anexo I. La Comisión declaró que el coordinador del proyecto había presentado un informe muy bueno y completo, del que quedaba claro que el denunciante no había llevado a cabo los trabajos necesarios.

11. La Comisión también declaró que, de conformidad con la cláusula II.16.1 del acuerdo de subvención, los costes subvencionables son costes realmente contraídos por el beneficiario que deben estar relacionados con el objeto del acuerdo de subvención, ser necesarios para la ejecución de la acción, razonables y justificados, y deben ajustarse a los principios de buena gestión financiera, en particular en términos de rentabilidad y rentabilidad. En comparación, en su caso, con otros beneficiarios que habían llevado a cabo el mismo tipo de actividades, estaba claro que los costes declarados por el denunciante no se ajustaban a la cláusula II.16.1. Habida cuenta de la información clara e inequívoca contenida en el informe, la Comisión constató que no era necesaria una auditoría del proyecto.

12. La Comisión también aportó las siguientes aclaraciones en relación con las preocupaciones del denunciante:

1) La Comisión nunca había dicho que el demandante no tuviera un contrato válido. De lo contrario, no lo habría pagado en absoluto.

2) Incluso si el denunciante parece considerar que Dinamarca debería haberse incluido en el plan del proyecto, no se incluyó en el plan del proyecto (como se indica explícitamente en el informe final de actividad en el marco del paquete de trabajo 8, D 8.1 Auditorías de las PYME). No se ha introducido ninguna modificación en el plan del proyecto, aunque es posible introducir algunas modificaciones que no modifican la naturaleza del proyecto. La Comisión no puede permitir cambios que afecten a la naturaleza de un proyecto porque los proyectos son elegidos por un comité de evaluación independiente.

3) El coordinador había hecho un excelente trabajo proporcionando un informe de alta calidad, que contenía una descripción clara de lo que se hizo. Sobre la base del informe, fue posible hacer un buen juicio de las acciones llevadas a cabo y por quién. El denunciante había firmado el informe y no presentó pruebas adicionales de lo que había hecho en el contexto del proyecto en la reunión celebrada con la Comisión.

El informe presentado en el proyecto INNOWATER, mencionado por el denunciante, era deficiente, a pesar de que la Comisión dio al coordinador la oportunidad de mejorarlo. Por consiguiente, ha sido necesario consultar a un experto externo para aclarar qué se ha hecho y quién lo ha hecho.

4) Del informe relativo al presente proyecto se desprendía claramente que el demandante no había llevado a cabo lo que se requería. Por lo tanto, no hubo malentendidos. Exigir que en el informe se indique lo que se ha hecho y quién lo ha hecho no constituye un cambio en su práctica administrativa.

5) No todos los períodos de notificación se examinan en detalle para cada beneficiario, ya que esto constituiría una carga para los beneficiarios. La comprobación detallada se realiza sobre la base de una evaluación de riesgos. Por lo que se refiere al denunciante, la Comisión decidió examinar en detalle únicamente el período de referencia 4. El hecho de que se hubieran aceptado las declaraciones de gastos correspondientes a períodos anteriores no implicaba que la presentación de informes correspondientes a esos períodos no tuviese problemas. Por ejemplo, en el informe correspondiente al período 3 se afirmaba que el denunciante no había facilitado ninguna actualización para ese período de referencia en lo que respecta al paquete de trabajo 5.

6) La Comisión reiteró que del informe se desprendía claramente que el demandante no había realizado todos los trabajos por los que había reclamado los gastos. El denunciante no había organizado los actos previstos en el plan del proyecto y la información en el sitio web relativa a las actividades del denunciante, que la Comisión había comprobado, no era en absoluto convincente. No existe un «requisito de información de la Comisión», como alega el denunciante. Por el contrario, es el acuerdo de subvención el que constituye la base de la información que debe facilitarse sobre el trabajo realizado.

13. En sus observaciones sobre el informe de inspección, el denunciante adujo los siguientes argumentos principales:

1) El denunciante sostuvo que la Comisión había declarado en una reunión que una modificación del contrato firmada no era un contrato válido a menos que estuviera asociada a un presupuesto aprobado. El demandante se refirió a la correspondencia enviada por correo electrónico tras dicha reunión, indicando que el procedimiento de modificación del contrato no se había completado en ese momento. Al autor le preocupaba que "la información sobre la situación del contrato pudiera no haberse entregado correctamente a los nuevos miembros del personal de la Comisión".

2) El denunciante sostuvo que la descripción del trabajo indicaba que el alcance del proyecto era "paneuropeo", lo que, por definición, incluye a Dinamarca. La descripción del trabajo se refiere a "7 países europeos", lo que significa que las actividades deben abarcar al menos 7 países. No hay nada en la descripción del trabajo que limite los países a los países socios, que en cualquier caso incluiría a Dinamarca una vez que el denunciante se convirtiera en socio del proyecto.

3) El denunciante sostuvo que no estaba autorizado a aportar pruebas adicionales.

4) - 6) El denunciante sostuvo que la Comisión había sacado conclusiones sesgadas sobre el número de «meses-hombre» utilizados para completar las diferentes tareas. También es probable que la Comisión no haya tenido en cuenta el sitio web interactivo BIOCHEM en su evaluación.

Evaluación del Defensor del Pueblo

14. Sobre la base de la inspección y de los argumentos adicionales presentados por las partes durante la investigación, el Defensor del Pueblo formula las siguientes conclusiones:

1) Aunque el procedimiento de modificación del contrato podría haber llevado algún tiempo, el Defensor del Pueblo considera convincente el argumento de la Comisión de que, sin un contrato válido, el demandante no habría recibido ningún pago. Por lo tanto, nada indica que la evaluación de la Comisión de las declaraciones de gastos del denunciante se viera afectada por la situación contractual.

2) Aunque el alcance del proyecto podría muy bien haber sido "paneuropeo", esto no significa que la descripción más detallada del trabajo no identificaría países particulares en los que se llevarían a cabo tareas particulares. El Defensor del Pueblo considera que la descripción del trabajo que se refiere a "los 7 países BIOCHEM", significaba los siete países de los socios originales. Dado que la modificación del contrato establecía que cualquier tarea prevista (establecida en la descripción del trabajo que figura en el anexo I del acuerdo de subvención) que debía llevar a cabo el socio anterior se consideraba realizada por el reclamante, el Defensor del Pueblo coincide con la Comisión en que, para incluir un nuevo país en el proyecto, habría que introducir una modificación explícita a tal efecto.

3) Sobre la base de los documentos inspeccionados, el Defensor del Pueblo coincide con la Comisión en que el informe correspondiente al período 4 sobre el trabajo realizado por el demandante era lo suficientemente claro como para no requerir más aclaraciones.

4) - 6) El Defensor del Pueblo no encuentra nada que respalde el argumento del demandante de que la Comisión modificó su práctica administrativa en lo que respecta a la información sobre los costes. El Defensor del Pueblo considera convincente la explicación de la Comisión de que los informes correspondientes a los períodos 2 y 3 no se habían examinado en detalle. El hecho de que se aceptaran los costes declarados para estos períodos no puede utilizarse como argumento para que la Comisión tenga que aceptar también los costes declarados para el período 4. Nada indica que la Comisión no haya tenido en cuenta toda la información facilitada en el informe para el período 4.

15. Sobre la base de lo anterior, el Defensor del Pueblo no constata mala administración por parte de la Comisión.

Conclusión

Sobre la base de la investigación de esta reclamación, el Defensor del Pueblo la cierra con la siguiente conclusión:

No ha habido mala administración por parte de la Comisión.

Se informará de esta decisión al denunciante y a la Comisión.

Emily O'Reilly

11/02/2016

 

[1] El proyecto se desarrolló entre diciembre de 2009 y abril de 2012.

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