FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • De lectura fácil
  • Tamaño del texto

¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Lengua actual: 
  • Español
Lengua de origen: 
Idiomas disponibles: 
La traducción de esta página es automática.
Las traducciones automáticas pueden contener errores que menoscaben la claridad y la exactitud del texto. El Defensor del Pueblo declina toda responsabilidad por las eventuales discrepancias. Para asegurarse de que dispone de información fiable y [disfruta de] seguridad jurídica, consulte la versión original en inglés cuyo enlace aparece arriba.
Para ampliar información, consulte nuestra política en materia de idiomas y de traducción.

Decisión del Defensor del Pueblo Europeo por la que se da por concluida la investigación de la reclamación 1770/2013/JF contra el Comité Económico y Social Europeo

El asunto se refería a la reasignación de un funcionario del Comité Económico y Social Europeo (CESE) de su puesto de jefe de unidad al de administrador. Después de que el funcionario presentara una queja, el Defensor del Pueblo investigó el asunto y concluyó que la reasignación era una sanción disciplinaria encubierta a raíz de la reacción del funcionario a un correo electrónico de «Feliz Navidad» del presidente de uno de los grupos políticos del CESE. Debido a que no se había llevado a cabo ningún procedimiento disciplinario, la reasignación fue un abuso de poder. Dado que el funcionario no había tenido la oportunidad de defenderse, este recurso también era contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo constató mala administración por parte del CESE y presentó una serie de propuestas para resolver la reclamación.

El CESE accedió a reintegrar al funcionario en un puesto similar a su antiguo puesto una vez, y si se convierte en apto para el trabajo (mientras tanto, se había reconocido que el funcionario sufría de invalidez). También accedió a indemnizarle por la indemnización por gastos de gestión que había perdido a causa de su cambio de destino. El Defensor del Pueblo acogió con satisfacción este hecho. Sin embargo, el CESE se negó a aceptar que su decisión de reasignar al demandante fuera errónea. También se negó a anular la decisión de cambio de destino y a pedir disculpas al demandante. El Defensor del Pueblo no consideró convincentes las explicaciones del CESE y, por lo tanto, formuló una observación crítica en relación con este aspecto del asunto.

El fondo

1. El demandante era jefe de unidad del Comité Económico y Social Europeo (el «CESE») y reaccionó a un correo electrónico de «Feliz Navidad», enviado en diciembre de 2012 por el presidente del Grupo de Actividades Diversas del CESE (el «presidente del Grupo III») al personal del CESE. El denunciante respondió, por correo electrónico, copiado también a los jefes de las instituciones de la UE con las que el CESE mantiene relaciones institucionales, que no era adecuado que una institución de la UE distribuyera mensajes de carácter religioso y político. A raíz de este hecho, se informó al autor de que podía ser objeto de sanciones. Posteriormente, en febrero de 2013, el Secretario General del CESE adoptó dos decisiones relativas al demandante, una de las cuales lo reasignó, en interés del servicio, a un puesto de administrador, y la otra suprimió su asignación de gestión debido a que ya no desempeñaría sus funciones de jefe de unidad. El autor consideró que estas decisiones eran sanciones encubiertas por su correo electrónico. Presentó una reclamación ante el CESE contra las decisiones adoptadas en virtud del artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «RE»). El CESE respondió que había perdido la confianza en el reclamante y que la reasignación se había efectuado de conformidad con las normas aplicables y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TJUE»). A continuación, el reclamante se dirigió al Defensor del Pueblo Europeo, que abrió una investigación para evaluar si las decisiones eran justas o si debían anularse y debía pagarse una indemnización al reclamante [1].

Alegación de injusticia

Propuesta de solución del Defensor del Pueblo

2. El Defensor del Pueblo señaló que se había informado al demandante de que la administración del CESE podía sancionarlo por lo que consideraba un incumplimiento por su parte del Estatuto [2]. Por lo tanto, el motivo de la reasignación del demandante era claro: supuestamente no había respetado las normas aplicables. Así pues, el cambio de destino del autor era una medida similar a una medida disciplinaria. Además, el Defensor del Pueblo consideró que la reasignación era injusta e ilegal, por las razones que se exponen a continuación.

3. En primer lugar, el CESE no respetó el principio de equivalencia de puestos. El CESE reasignó al demandante de un puesto de jefe de unidad al de administrador. Debido a que el demandante ya no desempeñaba funciones de gestión en su nuevo cargo, perdió su asignación de gestión. Sin embargo, según la jurisprudencia aplicable del TJUE, solo cuando una reasignación, además de haberse realizado en interés del servicio, también respeta el principio de equivalencia de puestos, no puede haber ningún caso de sanción disciplinaria encubierta o desviación de poder [3]. Por lo tanto, la reasignación del autor fue una sanción disciplinaria encubierta. Dado que no se ha incoado ningún procedimiento disciplinario, la sanción disciplinaria es un abuso de poder.

4. En segundo lugar, el CESE no respetó el derecho del demandante a ser oído. Según la jurisprudencia del TJUE, no oír a una persona antes de adoptar cualquier medida individual que le afecte negativamente constituye una violación del derecho a una buena administración consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea [4]. En el presente caso, no se llevó a cabo ningún procedimiento disciplinario y el demandante no pudo defenderse antes de que se adoptaran las decisiones.

5. Por último, el hecho de que el demandante copiara su correo electrónico a los jefes de las instituciones de la UE con las que el CESE mantiene relaciones institucionales y que entran en el ámbito de sus responsabilidades no podía justificar razonablemente que el CESE perdiera la confianza en él. Si bien la Defensora del Pueblo estuvo de acuerdo en que la pérdida de confianza puede, en determinadas circunstancias [5], ser un motivo válido para el despido de determinados puestos, también subrayó que la violación de la confianza es una alegación muy grave que solo puede establecerse tras un procedimiento disciplinario serio y formal en el que se respeten plenamente los derechos de defensa de la persona acusada. Tal procedimiento no había tenido lugar en el presente asunto. Además, el CESE era suficientemente consciente de los sentimientos del demandante y de sus colegas sobre anteriores mensajes similares del presidente del Grupo III, pero no había respondido a las preocupaciones de su personal. En tales circunstancias, argumentar una violación de la confianza para justificar la reasignación del autor era claramente injusto.

6. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo concluyó que las decisiones de reasignar al demandante y despojarlo de su asignación de gestión eran injustas e ilegales, y que su adopción era de mala administración. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo presentó al CESE una propuesta de solución amistosa para que:

"i) Anule la reasignación del autor de la queja.

ii) restablecer al demandante en su puesto anterior, o acordar con él otro puesto de jefe de unidad, y restablecer su asignación de gestión;

iii) pagar al reclamante una indemnización equivalente a la indemnización por gastos de gestión perdida a causa de la reasignación; y

iv) pedir disculpas al denunciante."

7. En su respuesta, el CESE informó al Defensor del Pueblo de que, entretanto, el demandante había sido sometido a un procedimiento de nulidad y se le había reconocido la invalidez durante un período de un año, a partir del 1 de noviembre de 2014 [6]. El CESE adjuntó una decisión, adoptada por el director el 14 de octubre de 2014, por la que se concedía al demandante una asignación por invalidez y se establecía que debía someterse a un nuevo examen médico en octubre de 2015 [7]. El CESE consideró que, debido a la invalidez del demandante, no podía reincorporarlo a su antiguo puesto de jefe de unidad ni a ningún otro puesto. No obstante, el CESE estaba dispuesto a reincorporar al demandante «a un cargo distinto del de jefe de unidad o a un puesto equivalente», una vez que su situación médica lo permitiera. Mientras tanto, le ofreció "una suma a tanto alzado" de 3.000 euros "para llegar a una solución amistosa".

8. En sus observaciones, el demandante declaró que se había adherido plenamente a las propuestas de solución del Defensor del Pueblo y que deseaba que el CESE las aplicara. También señaló que la decisión por la que se le concedía una asignación por invalidez dejaba claro que su invalidez era permanente y total. Esta fue también la conclusión a la que llegó el grupo de médicos que lo examinó (compuesto por un médico designado por el CESE, uno por el denunciante y un tercer médico independiente). De ello se deduce que, en su opinión, la invalidez no se limita a un solo año, como ha alegado el CESE.

9. El denunciante también cuestionó cómo llegó el CESE al importe de 3 000 EUR en compensación y qué se suponía que debía compensar.

Evaluación del Defensor del Pueblo tras la propuesta de solución

10. El CESE no cuestionó, ni siquiera comentó, el análisis de la Defensora del Pueblo sobre el caso y sus conclusiones posteriores, expuestas en su propuesta de solución.

11. El CESE se limitó a declarar que estaba dispuesto a reincorporar al demandante a un puesto de jefe de unidad en caso de que se le considerara apto para el trabajo en noviembre de 2015 [8]. El Defensor del Pueblo reconoció que, en la práctica, el demandante no podía ser readmitido a menos que su estado de salud mejorara hasta el punto de que se le declarara capaz de trabajar [9]. Si bien es cierto que la decisión por la que se concede al demandante la asignación por invalidez establece que su invalidez es permanente y total hasta el punto de que le resulta imposible ejercer sus funciones [10], no puede excluirse por completo que su salud pueda mejorar. El Defensor del Pueblo tomó nota del compromiso del CESE de restablecer al demandante como jefe de unidad una vez que su situación médica lo permita. También señaló que el demandante había reconocido que su reincorporación dependía necesariamente de su estado de salud [11]. La Defensora del Pueblo concluyó así que el CESE había aceptado el inciso ii) de su propuesta de solución.

12. Sin embargo, por lo que se refiere al resto de la propuesta de solución, el Defensor del Pueblo consideró que la respuesta del CESE dejaba mucho que desear.

13. Contrariamente a la propuesta de solución del Defensor del Pueblo, el CESE no había procedido a anular su decisión de reasignar al demandante. Sin embargo, no había ofrecido ninguna explicación a este respecto, como, por ejemplo, que el puesto ha sido ocupado por otra persona, y que la anulación de la decisión de reasignar al demandante tendría, por lo tanto, efectos negativos indeseables para un tercero. El hecho de que el demandante solo pudiera ser efectivamente readmitido una vez que su estado de salud lo permitiera (y el CESE se había comprometido a hacerlo) no implicaba que la decisión de reasignarlo no pudiera anularse. Por lo tanto, no está claro por qué el CESE ha optado por no anular la decisión en cuestión.

14. En respuesta a la propuesta de solución del Defensor del Pueblo, el CESE propuso pagar al reclamante 3 000 EUR. El Defensor del Pueblo había propuesto que el CESE pagara al reclamante una indemnización equivalente a la indemnización por gastos de gestión que perdió a causa de la reasignación. No estaba claro si la cantidad de 3 000 euros equivalía efectivamente a la indemnización por gastos de gestión que el denunciante había perdido.

15. Por último, el CESE no se disculpó con el reclamante y no explicó por qué no lo haría.

Nuevas investigaciones del Defensor del Pueblo

16. A la luz de lo anterior, y en particular sobre la base de que el CESE no había cuestionado el análisis y las conclusiones del Defensor del Pueblo, sino que había manifestado su voluntad de encontrar una solución amistosa, el Defensor del Pueblo informó al CESE sobre sus conclusiones expuestas en los apartados 13 a 15 anteriores y le pidió que:

i) explicar claramente por qué no había anulado la decisión de reasignación o, alternativamente, considerar la posibilidad de hacerlo sin más demora;

ii) explicar si la suma propuesta de 3 000 EUR era equivalente a la indemnización por gastos de gestión que el reclamante había perdido y, en caso contrario, pagar una cantidad correspondiente a la indemnización perdida, explicando los cálculos pertinentes; y

iii) considerar la posibilidad de pedir disculpas al denunciante sin más demora.

17. El CESE respondió que estaba dispuesto a encontrar una solución amistosa. Sin embargo, mantuvo su decisión de reasignar al demandante, por los motivos ya comunicados al Defensor del Pueblo en su dictamen. Explicó que el antiguo puesto del autor estaba ocupado ahora por otra persona.

18. El CESE explicó además que la compensación propuesta de 3 000 EUR no era un importe equivalente a la indemnización por gastos de gestión que el reclamante había perdido. Se trataba simplemente de una suma global destinada a resolver el asunto de manera amistosa e indemnizar al autor por "la falta de comunicación percibida". El CESE declaró que se esforzaría por ser más directo y exhaustivo en sus comunicaciones en situaciones similares en el futuro. Lamentó no haber prestado más atención a la "percepción de la situación " del autor y elevó la cantidad propuesta a 7.600 euros, aproximadamente correspondiente al importe de la indemnización por gastos de gestión a la que el autor habría tenido derecho si hubiera permanecido en su puesto de jefe de unidad hasta que se le declarara incapaz de trabajar.

19. Con la respuesta anterior, el CESE espera resolver el asunto. Hizo hincapié en que nunca había tenido la intención de molestar al demandante.

20. En sus observaciones sobre la respuesta del CESE, el demandante consideró que el CESE había ignorado la propuesta del Defensor del Pueblo de una solución a su reclamación. El CESE no solo se negó a anular su decisión de reasignarlo, sino que también guardó silencio sobre el análisis detallado del Defensor del Pueblo que condujo a la propuesta de solución. Esto demuestra claramente la falta de voluntad del CESE para cooperar con el Defensor del Pueblo.

21. Por lo que se refiere al importe actualizado de la indemnización propuesta por el CESE, el demandante alegó que también debería tener derecho a una indemnización por daños morales. El CESE había actuado de manera desconsiderada hacia él y había perjudicado su carrera, lo que también había tenido graves efectos en su salud.

22. Además, el demandante señaló que, contrariamente a la propuesta del Defensor del Pueblo, el CESE no se había disculpado con él. Sin embargo, estaba dispuesto a dejar ir esta afirmación, siempre que el CESE cumpliera con sus reclamaciones restantes.

23. Por último, el demandante informó al Defensor del Pueblo de que, tras sus últimos controles médicos, su enfermedad ha sido declarada enfermedad profesional [12] y, habida cuenta de su estado de salud general, ha sido declarado no apto para volver al CESE.

Evaluación del Defensor del Pueblo tras nuevas investigaciones

24. El Defensor del Pueblo acoge con satisfacción el hecho de que el CESE haya acordado aumentar el importe de la compensación que debe abonarse al reclamante a un importe equivalente a la indemnización por gastos de gestión que perdió debido a su reasignación. La Defensora del Pueblo considera que el CESE ha aceptado ahora el inciso iii) de su propuesta [13].

25. Sin embargo, el CESE mantuvo su opinión de que no debía anularse la decisión de cambio de destino. Para apoyar este punto de vista, el CESE se refirió a las consideraciones que ya había expuesto en su dictamen sobre la denuncia.

26. La Defensora del Pueblo señala que ya había explicado al CESE, en su propuesta, por qué las razones en las que se había basado no eran convincentes. Señala, además, que el CESE, aunque mantiene su posición, no ha comentado, y mucho menos impugnado, este análisis. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo debe concluir que hubo mala administración por parte del CESE y que, aunque el CESE ha tomado algunas medidas para aliviar las consecuencias negativas de su decisión para el reclamante, sigue negándose a aceptar que hubo mala administración.

27. Por lo que se refiere, más concretamente, a los dos aspectos de su propuesta que el CESE se niega a aceptar, la Defensora del Pueblo formula las siguientes observaciones.

28. Por lo que se refiere a la propuesta del Defensor del Pueblo de anular la reasignación del demandante, el CESE se limitó a afirmar que "el puesto del que fue reasignado el demandante está ocupado actualmente por otra persona". El Defensor del Pueblo considera, en el estado actual de las cosas, que no es necesario seguir adelante con esta cuestión. En primer lugar, anular la decisión de reasignar al demandante afectaría inevitablemente a los intereses de la persona que sucedió al demandante. Por lo tanto, debe darse a esta persona la posibilidad de ser oída antes de que se adopten nuevas medidas. En segundo lugar, sobre la base de la información facilitada por el reclamante, no parece que exista una perspectiva realista de que el reclamante vuelva a trabajar para el CESE en un futuro previsible. Por lo tanto, la anulación de la decisión pertinente afectaría a la persona que ocupa actualmente el puesto, sin conferir una ventaja concreta al denunciante.

29. Por lo que se refiere a la propuesta del Defensor del Pueblo de que el CESE pida disculpas al reclamante, el Defensor del Pueblo considera que una disculpa solo sería creíble si el CESE reconociera que ha cometido mala administración. Sin embargo, el CESE sigue discutiendo esta cuestión.

30. Teniendo en cuenta la posición adoptada por el CESE en su dictamen y la respuesta a sus nuevas investigaciones, la Defensora del Pueblo concluye que es poco probable que la prolongación de la investigación convirtiendo sus propuestas restantes en una recomendación al CESE produzca resultados positivos. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo considera apropiado archivar el asunto con una observación crítica al CESE [14].

Conclusión

Sobre la base de la investigación de esta reclamación, el Defensor del Pueblo la cierra con la siguiente conclusión y observación crítica:

El CESE ha aceptado parte de la propuesta que le presentó el Defensor del Pueblo con el fin de remediar la mala administración que se ha producido. En esa medida, el asunto se ha resuelto.

Sin embargo, el CESE sigue negándose a aceptar que la decisión de reasignar al reclamante fuera errónea. La decisión de reasignar al demandante constituía una mala administración. Además, la negativa del CESE a reconocer sus propias irregularidades es muy lamentable.

Se informará de esta decisión al demandante y al presidente del CESE.

 

Emily O'Reilly

Estrasburgo, 18.11.2015

 

[1] Para más información sobre los antecedentes de la reclamación, los argumentos de las partes y la investigación del Defensor del Pueblo, véase el texto completo de la propuesta de solución amistosa del Defensor del Pueblo disponible en: http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/61352/html.bookmark

[2] Artículo 11 del Estatuto: «El funcionario ejercerá sus funciones y se comportará teniendo en cuenta únicamente los intereses de la Unión [...]» y el artículo 12 del Estatuto: "[a]n funcionario se abstendrá de todo acto o comportamiento que pueda afectar negativamente a su posición."

[3] Véase la sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 8 de mayo de 2008, Kerstens/Comisión (F-119/06, RecFP pp. I-A-1-147 y II-A-1-787), apartado 103 (en francés original): «[d] ès lors que la décision du 8 décembre 2005 [modifiant les fonctions attribuées à un fonctionnaire] n’a pas été jugée contraire à l’intérêt du service ou à l’équivalence des emplois, il ne saurait être question de sanction disciplinaire déguisée... ou de détournement de pouvoir... à la Commission de ne pas avoir ouvert une procédure disciplinaire à son égard, laquelle lui aurait permis de bénéficier des garanties procédurales prévues à l’annexe IX du statut.«El asunto F-119/06 Kerstens fue objeto de un recurso de casación ante el Tribunal General, que desestimó el recurso de casación el 2 de julio de 2010 (asunto T-266/08 P, Kerstens/Comisión) en su totalidad.

[4] Véase la sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 5 de diciembre de 2012 en los asuntos acumulados F-88/09 y F-48/10 Z/Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aún no publicada en la Recopilación, apartado 146 (en francés original): «[l] es droits de la défense recouvrent assurément, tout en étant plus étendus, le droit procédural pour toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard, tel qu’il est énoncé à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte...».

[5] Véase la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 17 de octubre de 2006 en el asunto T-406/04, Bonnet/Tribunal de Justicia, RecFP pp. I-A-2-213 y II-A-2-1097, apartados 74 y 79 (en francés original): «[c]’est le silence gardé sur ses activités extrajudiciaires qui a compromis la confiance du président de la Cour... «Cependant, la Cour a jugé que, lorsque la confiance mutuelle est rompue pour quelque raison que ce soit, il est de bonne administration de mettre fin à la relation de travail fondée sur cette confiance mutuelle...».

[6] Artículo 59, apartado 4, del Estatuto: "[l]a autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá remitir a la Comisión de invalidez el caso de cualquier funcionario cuya licencia por enfermedad sea superior a 12 meses en cualquier período de tres años."

[7] Artículo 15, apartado 3, del anexo VIII del Estatuto: «Si un antiguo funcionario que percibe una asignación por invalidez tiene una edad inferior a la edad de jubilación, la institución podrá someterlo a exámenes médicos periódicos para cerciorarse de que sigue cumpliendo los requisitos para el pago de la pensión.»

[8] Según la Decisión por la que se concede al demandante la asignación por invalidez (en francés original): «[d] oit se soumettre à un examen médical de révision... à l'expiration d'une période de un an, soit en octobre 2015.»

[9] Véase el artículo 14, párrafo segundo, del anexo VIII del Estatuto: «[c]uando el antiguo funcionario deje de cumplir los requisitos para el pago de la indemnización [de invalidez] deberá ser reincorporado [...]»

[10] Según la decisión (en francés original): "[l] e rapport de la Commission d'invalidité en date du 8 Octobre 2014, d'où il résulte que [el denunciante] est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions." (el subrayado es nuestro)

[11] El demandante alegó, en sus observaciones sobre la respuesta del CESE a la propuesta de solución del Defensor del Pueblo, que deseaba (en francés original): «[l] a réintégration dans mon ancien poste ou dans un poste équivalent, à la suite d'un accord mutuel, si lors de mon examen médical annuel en Octobre 2015, je suis reconnu capable de réintégrer l'administration du CESE». Esto es compatible con la norma expuesta en la nota 10.

[12] Artículo 73 del Estatuto: "1. A partir de la fecha de su entrada en servicio, el funcionario está asegurado contra el riesgo de enfermedad profesional o accidente... 2. Las prestaciones pagaderas serán las siguientes:... b) en caso de invalidez permanente total: Pago al funcionario de una cantidad a tanto alzado equivalente a ocho veces su sueldo base anual calculado sobre la base de los importes del sueldo percibido durante los doce meses anteriores al accidente...»

[13] Teniendo en cuenta que se ha confirmado la invalidez permanente del demandante y que, en consecuencia, se le declaró incapaz de volver a trabajar en el CESE, la propuesta del Defensor del Pueblo formulada durante la investigación de que el CESE restableciera al demandante en una posición similar a la de jefe de unidad y la aceptación de dicha propuesta por parte del CESE ya no son pertinentes.

[14] El Defensor del Pueblo toma nota de la nueva solicitud de indemnización adicional presentada por la demandante en sus observaciones sobre la respuesta del CESE a sus nuevas investigaciones. Tal reclamación no entra en el ámbito de la presente investigación y no puede ser perseguida por el Defensor del Pueblo. De conformidad con el artículo 2, apartado 4, del Estatuto del Defensor del Pueblo: "[una] reclamación [...] debe ir precedida de las gestiones administrativas adecuadas ante las instituciones y órganos afectados." Por lo tanto, el demandante debería haber dirigido primero su reclamación al CESE antes de que el Defensor del Pueblo pudiera seguir adelante con la cuestión.

¿Qué le ha parecido esta traducción automática? Comuníquenos sus impresiones