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Decisión en el asunto 1171/2013/TN sobre el trabajo de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) en relación con las normas de la UE sobre limitaciones del tiempo de vuelo y de servicio y requisitos de descanso para el transporte aéreo comercial

La denuncia, presentada por la British Air Line Pilots' Association, se refiere a las normas de la UE sobre las limitaciones del tiempo de vuelo y de actividad y los requisitos de descanso para las compañías aéreas comerciales. Más concretamente, se refiere a la manera en que la AESA había llevado a cabo su proceso de actualización de estas normas. El denunciante alegó i) que el asesoramiento científico debería haber desempeñado un papel más destacado en el proceso de elaboración de normas; ii) que la AESA no había aportado pruebas de las cualificaciones de los miembros del grupo normativo; y iii) que la AESA no abordó adecuadamente las cuestiones relativas a los conflictos de intereses.

La Defensora del Pueblo no constató mala administración por parte de la AESA en lo que respecta al papel del asesoramiento científico en el proceso de elaboración de normas. Por lo que se refiere a la cuestión de cómo gestiona la AESA los posibles conflictos de intereses en los grupos normativos, la Defensora del Pueblo constató que se había modificado su política para mitigar dichos conflictos en el caso de su propio personal y que este enfoque revisado se está aplicando ahora también a los expertos de los grupos normativos. Sobre esta base, la Defensora del Pueblo concluyó que no tenía que investigar más a fondo esta cuestión. Por último, la AESA aceptó la recomendación del Defensor del Pueblo de facilitar al demandante información anónima sobre los miembros del grupo normativo. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo archivó el asunto y animó a la AESA a adoptar un enfoque más proactivo para divulgar la información de que disponía sobre las cualificaciones y los conocimientos especializados de los miembros del grupo normativo. También señaló que está considerando estudiar cuestiones relacionadas con el trabajo realizado por expertos externos para determinadas agencias de la UE.

Antecedentes

1. La denuncia, presentada por la British Air Line Pilots' Association (la Asociación de Pilotos), se refería a las normas de la UE sobre las limitaciones del tiempo de vuelo y de servicio y los requisitos de descanso para el transporte aéreo comercial. Más concretamente, la denuncia se refería a la forma en que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) llevó a cabo el trabajo que condujo a un dictamen [1] a la Comisión Europea sobre una actualización de estas normas.

2. Para la tarea de sugerir cambios en las normas de limitación del tiempo de vuelo, la AESA creó un grupo de reglamentación sobre la base de su procedimiento de reglamentación [2] y su mandato [3]. La Asociación de Pilotos expresó su preocupación ante la AESA por el hecho de que el grupo normativo no poseyera conocimientos médicos y científicos pertinentes. Por consiguiente, la Asociación de Pilotos solicitó a la AESA información detallada sobre las cualificaciones y los intereses declarados del grupo normativo. Al no estar satisfecha con la tramitación por parte de la AESA de la preocupación y la solicitud, la Asociación de Pilotos presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo [4].

3. La Defensora del Pueblo inició una investigación sobre la alegación de que el proceso normativo de la AESA para actualizar las limitaciones del tiempo de vuelo y de servicio y los requisitos de descanso para el transporte aéreo comercial era defectuoso, por las siguientes razones:

i) Habida cuenta del mandato de la labor realizada, el asesoramiento científico debería haber desempeñado un papel más destacado en el proceso de elaboración de normas.

ii) La AESA no aportó pruebas de las cualificaciones del grupo normativo.

iii) La AESA no tomó ninguna medida para registrar o gestionar posibles conflictos de intereses en el grupo normativo.

La Defensora del Pueblo identificó la reclamación correspondiente de que la AESA debería:

i) Recomience el proceso de elaboración de normas en cuestión con la experiencia científica y médica adecuada. En apoyo de esta alegación, el autor alegó que al menos la mitad de los miembros del futuro grupo normativo deberían ser científicos y médicos especialistas.

ii) b) Divulgar toda la información, documentación y registros pertinentes relativos a a) las calificaciones de los miembros del grupo normativo; b) cualquier conflicto de intereses que afecte a los miembros del grupo normativo.

Alegación de un procedimiento normativo defectuoso

Recomendación del Defensor del Pueblo

4. Tras analizar los argumentos presentados por las partes, el Defensor del Pueblo llegó a las siguientes conclusiones.

5. Por lo que se refiere a la alegación i) de que el asesoramiento científico debería haber desempeñado un papel más destacado en el proceso de elaboración de normas, la Defensora del Pueblo señaló que las normas de la AESA que rigen el procedimiento de elaboración de normas establecen que la composición de los grupos de elaboración de normas «se basará en los conocimientos técnicos disponibles entre las autoridades nacionales y, en su caso, las partes interesadas, así como en el seno de la propia Agencia»[5]. Los miembros del grupo normativo para las normas de limitación del tiempo de vuelo procedían efectivamente de las autoridades nacionales, las partes interesadas y la AESA. El Defensor del Pueblo señaló además que nada en el mandato pertinente sugería que el grupo normativo tuviera miembros con conocimientos científicos o médicos pertinentes, sino que se consultara a expertos científicos o médicos si el grupo normativo lo consideraba necesario. El Defensor del Pueblo no encontró ninguna prueba que sugiriera un error manifiesto en la selección de los miembros del grupo normativo en cuestión. Por lo tanto, la Defensora del Pueblo no encontró mala administración por parte de la AESA en este aspecto de la reclamación y, por lo tanto, no había motivos para que ella siguiera adelante con la reclamación relacionada con la reclamante.

6. Por lo que se refiere a la alegación iii), según la cual la AESA no había tomado medidas para registrar o gestionar posibles conflictos de intereses en el grupo normativo, el Defensor del Pueblo no estaba convencido de los argumentos de la AESA sobre la forma en que se habían gestionado los posibles conflictos de intereses en el grupo normativo. Sin embargo, la Defensora del Pueblo señaló que, entretanto, la AESA había revisado sus normas para que el Código de conducta del personal de la AESA, incluida su política en materia de imparcialidad e independencia y de prevención y mitigación de conflictos de intereses, se aplicara también a los expertos de los grupos normativos [6]. Teniendo en cuenta que el reclamante no había presentado ningún argumento que sugiriera una situación concreta de conflicto de intereses dentro del grupo normativo en cuestión, la Defensora del Pueblo consideró que no estaba justificada ninguna otra investigación con respecto a este aspecto de la reclamación y la reclamación conexa.

7. Sin embargo, por lo que se refiere a la alegación ii), el Defensor del Pueblo no estaba convencido de la forma en que la AESA había tramitado la solicitud del demandante de que se le facilitaran pruebas de las cualificaciones del grupo normativo.

8. La Defensora del Pueblo consideró que la AESA debería poder proporcionar información anonimizada sobre los conocimientos especializados declarados por los miembros del grupo normativo de tal manera que los miembros no fueran identificables. Por lo tanto, estos datos anonimizados no constituirían datos personales [7] y no se aplicaría el Reglamento (CE) no 45/2001 relativo a la protección de datos personales, ni su requisito de demostrar la necesidad de que se transfieran los datos [8]. Reiterando la importancia de la transparencia del proceso normativo, la Defensora del Pueblo consideró que la AESA debería haber facilitado al reclamante la información solicitada de forma anónima.

9. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo consideró que el hecho de que la AESA no facilitara la información de forma anónima constituía un caso de mala administración y formuló la recomendación correspondiente a la AESA:

«La AESA debe facilitar al reclamante información sobre las cualificaciones y los conocimientos especializados de los miembros del grupo normativo de forma anónima».

El Defensor del Pueblo también hizo otra observación a la AESA:

«La AESA debe considerar la posibilidad de adoptar la decisión de publicar información sobre las cualificaciones y los conocimientos especializados de los miembros de sus grupos normativos, tras haber informado previamente a las personas designadas como miembros de su intención de hacerlo.»

10. La AESA no estuvo de acuerdo con la recomendación del Defensor del Pueblo. La AESA declaró que los conocimientos especializados de los miembros del grupo normativo se indican en un formulario de contacto [9] que se envía a la AESA. El formulario de datos de contacto contiene un espacio de texto libre que debe rellenarse en "Expertise in the field", en el que los candidatos propuestos deben " indicar en unas pocas líneas, [la] experiencia previa y el número de años en esta esfera técnica". Los miembros exponen muy a menudo su experiencia con algunas indicaciones claramente identificables, como el ministerio, la organización, la nacionalidad o la experiencia profesional pertinentes. Una lectura combinada del contenido del formulario de datos de contacto y de la composición del grupo publicada, en la que se enumeren los nombres y la autoridad u organización a la que representan los miembros individuales del grupo, haría que las personas fueran plenamente identificables. Por lo tanto, la AESA seguía considerando que la información solicitada constituía datos personales y señaló que no se había informado previamente a los miembros de que los datos personales contenidos en el formulario de contacto se harían públicos.

11. La AESA también declaró que su papel en la determinación de la composición de los grupos normativos se limita a la selección de un número adecuado de miembros de entre los candidatos designados, garantizando una representación equilibrada de los intereses dentro del grupo. La AESA se refirió a la declaración del Defensor del Pueblo, en su recomendación, de que, al publicar detalles sobre los conocimientos especializados de los miembros del grupo, se garantizaría al público que el proceso de elaboración de normas implicaba " aportaciones de expertos con las cualificaciones, los conocimientos y la experiencia necesarios para llevar a cabo las tareas establecidas en el mandato ". A este respecto, la AESA declaró que la decisión sobre qué expertos estarían mejor cualificados para contribuir al trabajo de la AESA corresponde a los Estados miembros y a las partes interesadas que designan a dichos expertos. Los expertos son nominados debido a sus conocimientos técnicos específicos y experiencia en el campo. Además, el resultado de los trabajos del grupo normativo es un proyecto de propuesta técnica presentado a la Comisión en forma de dictamen. Este dictamen pasa a continuación por el proceso de comitología y es modificado casi sistemáticamente por los Estados representados en el Comité de la AESA antes de la adopción del texto legislativo definitivo. El texto también pasa por el control del Parlamento Europeo. Por lo tanto, la AESA consideró que la publicación del mandato y la composición del grupo es una garantía para el público de que se garantizan los conocimientos especializados pertinentes. Además, la decisión final sobre el texto que debe adoptarse corresponde a un nivel político superior.

12. En respuesta a la observación adicional del Defensor del Pueblo, la AESA reiteró su compromiso con la transparencia, coincidiendo en que un grado suficiente de transparencia es crucial para garantizar la confianza pública en su trabajo. La AESA se esfuerza constantemente por adoptar medidas para mejorar la transparencia en la toma de decisiones y las actividades normativas. No obstante, la AESA declaró que el objetivo de garantizar la transparencia debe equilibrarse con una serie de otros factores, en particular con la necesidad de garantizar la proporcionalidad en los procedimientos administrativos y también con la necesidad de garantizar la protección de los derechos personales de los expertos externos que participan en el trabajo de la AESA.

13. La AESA alegó que la transparencia adicional no debería convertirse en una carga administrativa adicional sin una justificación adecuada. La AESA reiteró su posición de que la contribución del grupo normativo no solo es consultiva, sino que también forma parte de un proceso normativo que es examinado en varios niveles adicionales por expertos técnicos y políticos. En opinión de la AESA, el desarrollo de una política para la publicación de datos personales de los miembros del grupo de reglamentación -que tendría que garantizar que los miembros estén informados, que tendría que hacer frente a la negativa de los miembros a publicar sus datos y otros puntos necesarios- podría considerarse desproporcionado a la luz del hecho de que los miembros proporcionan conocimientos especializados sobre una base consultiva sin tener ningún poder de toma de decisiones. La AESA también hizo hincapié en la importancia de proteger los datos personales de los expertos que dedican su tiempo y comparten su experiencia con el fin de ayudar a la AESA a elaborar las mejores propuestas posibles de normas sobre seguridad aérea. Según la AESA, una solicitud de publicación de datos personales de los miembros del grupo normativo podría percibirse negativamente como un deseo de evaluar y juzgar la experiencia tan necesaria que proporcionan los miembros del grupo normativo. Esto sería contraproducente para el trabajo de la AESA. No obstante, la AESA declaró que está dispuesta a seguir analizando la cuestión y a debatirla con las partes interesadas.

14. En sus observaciones sobre la respuesta de la AESA a la recomendación del Defensor del Pueblo, el demandante hizo hincapié en que su reclamación se refiere a las cualificaciones del grupo normativo para llevar a cabo los elementos científicos y médicos de su trabajo. El denunciante señaló que no necesitaba saber que algún miembro en particular trabajaba en una institución en particular, pero le gustaría saber cuántos miembros tenían títulos científicos y médicos pertinentes. La información sobre el número de miembros del grupo normativo que poseen títulos en psicología, ciencias naturales, medicina, etc., no constituiría datos personales.

15. El reclamante señaló que el Defensor del Pueblo, sobre la cuestión de si el asesoramiento científico debería haber desempeñado un papel más destacado en el grupo normativo, se remitió al mandato del grupo normativo en cuestión, en el que se establecía que el grupo debía "tener en cuenta todos los estudios y evaluaciones científicos o médicos recientes y de acceso público pertinentes "y que " [los] expertos científicos o médicos [habían de estar] asociados a esta actividad normativa cuando se considerara necesario". El demandante no está de acuerdo con la opinión del Defensor del Pueblo de que esta formulación no significa que el grupo normativo tuviera que tener miembros con conocimientos científicos o médicos directamente pertinentes. En opinión del autor, cuando un grupo con una tarea médica no tiene especialistas médicos, no sabe lo suficiente para determinar si es necesario consultar a esos especialistas. Además, ninguno de los expertos consultados en la etapa de revisión de comentarios eran especialistas médicos. Según el denunciante, una evaluación adecuada de la evidencia médica requiere que el grupo normativo tenga experiencia médica o que se refiera a alguien que la tenga. Esto no sucedió en el presente asunto, que constituye un caso de mala administración. Como consecuencia, el grupo normativo no evaluó los impactos de la propuesta en la salud de los pilotos.

16. Por lo que se refiere a la cuestión del conflicto de intereses, el demandante alegó que corresponde al Defensor del Pueblo investigar las citaciones creíbles de posibles conflictos de intereses, dado que el Defensor del Pueblo tiene poderes de investigación que los ciudadanos comunes no tienen y que estos poderes son independientes y discretos. El denunciante se refirió al miembro del grupo normativo de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido como un ejemplo concreto de una situación de conflicto de intereses. En opinión del denunciante, este miembro debería haber declarado que el programa SAFE, que se utilizó para la evaluación del impacto reglamentario de la AESA, debía ser (y, en última instancia, ser) explotado comercialmente por la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido a través de una filial de propiedad total. En resumen, los principales clientes del programa SAFE son las aerolíneas. El uso de SAFE en la evaluación de impacto de la reglamentación de la AESA promovió ampliamente SAFE. No se permitió al reclamante obtener acceso a SAFE durante el período de consulta para el procedimiento normativo pertinente, lo que le habría permitido demostrar deficiencias en las propuestas de la AESA. Según el denunciante, no redundaba en interés comercial de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido permitir que el denunciante demostrara la falta de seguridad de las propuestas de la AESA utilizando el programa SAFE.

Acontecimientos posteriores a la recomendación

17. Sobre la base de las aclaraciones del reclamante en cuanto al formato de la información que deseaba obtener en relación con las cualificaciones de los miembros del grupo normativo (véase el apartado 14 anterior), el equipo de investigación del Defensor del Pueblo se puso en contacto con la AESA y la invitó a reconsiderar su respuesta a la recomendación del Defensor del Pueblo. En respuesta, la AESA facilitó la siguiente información, que se remitió al denunciante:

"Sobre la base de la información contenida en el formulario de contacto que cada experto ha facilitado, puede establecerse que:

15 expertos pueden ser considerados como profesionales de la aviación:

  • 5 están trabajando para un regulador de uno de los estados miembros de la UE
  • 9 están trabajando para las partes interesadas que representan a la industria, grupos de interés
  • 1 no ha facilitado ninguna información específica;
  • W.r.t. a los años de experiencia:
  • 10 de ellos tienen experiencia profesional entre 10-30 años
  • 3 de ellos tienen experiencia profesional entre 30-40 años
  • 2 tienen experiencia profesional de más de 40 años
  • 1 no ha facilitado información específica»

18. En respuesta, el denunciante declaró que la información facilitada por la AESA no detallaba ninguna cualificación científica o médica. Por lo tanto, el denunciante concluyó que la AESA se niega a revelar los detalles de las cualificaciones científicas y médicas de los miembros del grupo, o que no ha podido determinar si los miembros del grupo poseían cualificaciones científicas o médicas. En opinión del denunciante, el presente caso ilustra cómo las leyes de protección de datos se utilizan de manera inadecuada para ocultar la mala administración.

Evaluación del Defensor del Pueblo tras la recomendación y evolución futura

Información sobre las cualificaciones y los conocimientos especializados de los miembros del grupo de reglamentación

19. El Defensor del Pueblo observa que el formulario de datos de contacto que deben cumplimentar los miembros del grupo normativo contiene una casilla en la que se solicita la siguiente información: "Conocimientos especializados sobre el terreno (indique en pocas líneas su experiencia previa y el número pertinente de años en este ámbito técnico. Además, exprese en términos de una lista de grupos, su participación previa en grupos normativos)". Por lo tanto, los miembros del grupo normativo no están obligados a facilitar información sobre sus cualificaciones en términos de títulos universitarios o similares. De hecho, dada la forma en que se formula el formulario de datos de contacto, es totalmente lógico que los miembros del grupo normativo solo faciliten información sobre su experiencia pertinente, que normalmente se entendería como una referencia a la experiencia profesional.

20. Sobre la base de lo anterior, el Defensor del Pueblo no encuentra ninguna razón para creer que la AESA haya ocultado información sobre las cualificaciones de los miembros del grupo normativo, sino que, en última instancia, facilitó una recopilación sintetizada y anonimizada de la información de que disponía. La Defensora del Pueblo considera que la AESA ha aceptado así su recomendación a este respecto.

21. Por lo que se refiere a la observación adicional del Defensor del Pueblo que anima a la AESA a adoptar un enfoque más proactivo para divulgar información sobre las cualificaciones y los conocimientos especializados de los miembros del grupo normativo, el Defensor del Pueblo mantiene la opinión de que hacer pública dicha información sobre los miembros garantizará una mayor confianza en el resultado del proceso normativo. La Defensora del Pueblo acoge con satisfacción la voluntad de la AESA de seguir analizando la cuestión y está convencida de que puede encontrarse una solución que no suponga una carga administrativa desproporcionada ni sea percibida negativamente por los miembros del grupo normativo. La Defensora del Pueblo anima a la AESA a analizar la cuestión a la luz de la jurisprudencia reciente sobre el acceso a los datos personales, en particular en lo que respecta a los expertos, que avanza constantemente hacia una mayor transparencia a la hora de equilibrar los intereses en juego cuando las personas actúan a título público [10]. Por lo tanto, la Defensora del Pueblo reiterará su observación adicional en la decisión por la que se da por concluida su investigación sobre el presente asunto, con la correspondiente solicitud de que la AESA le informe de sus conclusiones tras haber analizado más a fondo la cuestión.

Sobre el papel del asesoramiento científico

22. Huelga decir que el enfoque proactivo de la divulgación de información, fomentado a través de la observación adicional del Defensor del Pueblo, solo puede referirse a la información que está realmente a disposición de la AESA. A este respecto, el Defensor del Pueblo toma debida nota de la preocupación del demandante por la experiencia del grupo normativo basada en la educación de los miembros, información que la AESA no parece tener.

23. Como se indica en su recomendación, la función del Defensor del Pueblo en casos como el presente es comprobar que se han seguido procedimientos correctos y transparentes y que no se ha producido ningún error manifiesto de apreciación. La institución, oficina, órgano u organismo de la UE de que se trate, en este caso la AESA, debe poder proporcionar una descripción completa y fácilmente comprensible de las medidas adoptadas y de las entidades implicadas en el procedimiento de reglamentación [11]. A este respecto, la Defensora del Pueblo mantiene su conclusión de que la AESA no ha incurrido en mala administración. Esta conclusión se basa en la conclusión de que se habían seguido las normas pertinentes para la composición del grupo normativo en cuestión y que, sobre la base de la formulación del mandato pertinente, el grupo normativo no tenía que tener miembros con conocimientos científicos o médicos pertinentes directos, pero dichos conocimientos debían incorporarse a la labor del grupo normativo a través de otros canales, cuando fuera necesario.

24. No obstante, a pesar de que en el presente asunto se han seguido los procedimientos adecuados y de que no puede constatarse ningún error manifiesto de apreciación, el Defensor del Pueblo no está plenamente convencido por el argumento de la AESA de que su papel a la hora de determinar la composición de los grupos normativos se limita a seleccionar un número adecuado de miembros de entre los candidatos designados, garantizando una representación equilibrada de los intereses. Según la AESA, la decisión sobre qué expertos estarían mejor cualificados para contribuir al trabajo de la AESA corresponde a los Estados miembros y a las partes interesadas. En primer lugar, el Defensor del Pueblo no está convencido por el argumento de la AESA de que corresponde a los Estados miembros y a las partes interesadas garantizar la experiencia de los grupos normativos de la AESA. En segundo lugar, la posición general del Defensor del Pueblo es que la composición de un grupo de expertos que debe proporcionar conocimientos especializados no solo debe ser equilibrada en términos de intereses, sino que también debe tener en cuenta los conocimientos especializados necesarios. Por lo tanto, a la espera de la evolución de la investigación de propia iniciativa en curso sobre la composición de los grupos de expertos de la Comisión [12], la Defensora del Pueblo está estudiando cuestiones relacionadas con el trabajo realizado por expertos externos para determinadas agencias de la UE.

Sobre la gestión de posibles conflictos de intereses

25. La Defensora del Pueblo reconoce que es fundamental para fomentar la confianza de los ciudadanos en el trabajo de la AESA que los miembros de su grupo normativo sean, y también se consideren, independientes de cualquier influencia de terceros que pueda afectar indebidamente a su contribución al procedimiento de elaboración de normas. Los miembros del grupo normativo deben tener libertad para aportar sus aportaciones sin influencia, en particular, de intereses comerciales. A este respecto, también es importante evitar cualquier apariencia de falta de independencia, a fin de garantizar que la AESA conserve su legitimidad a los ojos de los ciudadanos.

26. No obstante, una supuesta situación de conflicto de intereses debe tener un cierto grado de concreción para que el Defensor del Pueblo pueda llevar a cabo una investigación útil sobre el asunto. Tras un cuidadoso análisis, el Defensor del Pueblo llegó a la conclusión de que este no era el caso con respecto a la información relativa a posibles conflictos de intereses, facilitada en la reclamación. El demandante ha puesto ahora en conocimiento del Defensor del Pueblo una situación concreta que considera problemática desde el punto de vista del conflicto de intereses. Sin embargo, antes de que el Defensor del Pueblo pueda examinar la cuestión, la preocupación pertinente debe señalarse directamente a la atención de la AESA [13]. Por lo tanto, la Defensora del Pueblo mantiene su conclusión de que, sobre la base de la información facilitada en la reclamación, no se justifican nuevas investigaciones con respecto a este aspecto de la alegación del reclamante y la reclamación conexa. El denunciante es libre de plantear su preocupación, sobre el miembro del grupo normativo de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido, directamente a la AESA; y en caso de que no esté satisfecha con la respuesta que reciba, tendría la opción de presentar una reclamación por separado al Defensor del Pueblo.

Conclusión

Sobre la base de su investigación de esta reclamación, la Defensora del Pueblo la archiva con las siguientes conclusiones:

La AESA ha aceptado la recomendación del Defensor del Pueblo de facilitar al reclamante información sobre las cualificaciones y los conocimientos especializados de los miembros del grupo normativo.

No hubo mala administración por parte de la AESA en lo que respecta al papel del asesoramiento científico en el proceso de elaboración de normas.

No se justifican nuevas investigaciones en relación con la gestión de posibles conflictos de intereses.

Se informará de esta decisión al reclamante y a la AESA.

Observación adicional

La AESA debe considerar la posibilidad de adoptar la decisión de publicar la información de que disponga sobre las cualificaciones y los conocimientos especializados de los miembros de sus grupos normativos, tras haber informado previamente a las personas designadas como miembros de su intención de hacerlo.

Emily O'Reilly

Estrasburgo, 6.11.2015

 

[1] Dictamen 04/2012 de la AESA, de 28 de septiembre de 2012, titulado «Implementing Rules on Flight and Duty Time Limitations and rest requirements (FTL) for commercial air transport (CAT) with aeroplanes», disponible en: http://www.easa.europa.eu/agency-measures/docs/opinions/2012/04/EN%20to%20Opinion%2004-2012.pdf

[2] El «procedimiento normativo» es el proceso estructurado aplicado por la AESA para emitir un dictamen. El «procedimiento de reglamentación» se definió en la Decisión MB/8/07 del Consejo de Administración de la AESA, de 13 de junio de 2007. El «procedimiento de reglamentación» de la AESA fue modificado el 13 de marzo de 2012 por la Decisión 01-2012 del Consejo de Administración. Véase https://easa.europa.eu/management-board/docs/management-board-meetings/2012/01/EASA%20MB%20Decisión%2001-2012%20Revisado%20MB%20Decisión%20RM%20Proceso%20.pdf

[3] Mandato de la AESA, OPS.055 a) & b) de 20 de noviembre de 2009, apartado 1. Disponible en:

http://www.easa.europa.eu/rulemaking/docs/tor/ops/EASA-ToR-OPS.055(a)_OPS.055(b)-00-20112009.pdf

[4] Para más información sobre los antecedentes de la reclamación, los argumentos de las partes y la investigación del Defensor del Pueblo, consúltese el texto completo de la recomendación del Defensor del Pueblo disponible en: http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/draftrecommendation.faces/en/54686/html.bookmark

[5] Véase el artículo 4, apartado 5, del procedimiento de reglamentación de la AESA adoptado mediante la Decisión 08-2007 del Consejo de Administración de la AESA (aplicable en el momento del proceso de reglamentación en cuestión).

[6] Artículo 2 del Código de conducta del personal de la AESA, disponible en http://easa.europa.eu/system/files/dfu/docs-quality-PO.HR.00180_Code-of-Conduct-for-the-staff-of-EASA.pdf

[7] el artículo 2, letra a), del Reglamento (CE) no 45/2001 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos,

define los datos personales como cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable, en lo sucesivo denominada «interesado»; una persona identificable es aquella que puede ser identificada, directa o indirectamente, en particular por referencia a un número de identificación o a uno o varios factores específicos de su identidad física, fisiológica, mental, económica, cultural o social.

[8] Artículo 8, letra b), del Reglamento (CE) no 45/2001

[9] http://easa.europa.eu/system/files/dfu/rulemaking-docs-procedures-and-work-instructions-FO.RPRO.00028--Contact-details-of-candidate-for-rulemaking-group.pdf

[10] Véase, por ejemplo, el asunto C-615/13 P ClientEarth y PAN Europe/EFSA, sentencia de 16 de julio de 2015.

[11] Véase la decisión del Defensor del Pueblo en el asunto 875/2011/JF.

[12] OI/6/2014/NF, www.ombudsman.europa.eu/es/cases/caseopened.faces/es/54293/html.bookmark

[13] De conformidad con el artículo 2, apartado 4, del Estatuto del Defensor del Pueblo, una reclamación debe ir precedida de los procedimientos administrativos adecuados ante las instituciones y órganos de que se trate.

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