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Decisión del Defensor del Pueblo Europeo por la que se da por concluida la investigación de la reclamación 2528/2011/MMN contra la Comisión Europea

El asunto se refería al ejercicio por los abogados del derecho a la libre circulación dentro de la UE. La Comisión Europea desestimó una denuncia presentada por una persona cualificada como abogado en Chipre y que consideraba que el Reino Unido o las autoridades chipriotas habían infringido las normas de libre circulación. El Defensor del Pueblo Europeo investigó el asunto y constató que la Comisión no había cometido ningún acto de mala administración. Por lo que se refiere al Reino Unido, la Comisión concluyó acertadamente que las autoridades británicas habían cumplido las normas aplicables. Del mismo modo, por lo que se refiere a las autoridades chipriotas, la Comisión consideró acertadamente que el denunciante no había aportado pruebas de que hubieran creado un obstáculo al ejercicio del derecho de libre circulación del denunciante.

Antecedentes de la denuncia

1. El asunto se refería a la desestimación por parte de la Comisión de una denuncia por infracción contra el Reino Unido y Chipre por incumplimiento de las normas de la UE relativas a la libre circulación de abogados dentro de la UE.

2. El autor había calificado inicialmente como abogado en Chipre y posteriormente suspendió su afiliación al Colegio de Abogados chipriota. Luego decidió volver a ejercer la abogacía, esta vez en el Reino Unido. Para ello, las autoridades británicas le exigieron en primer lugar que renovara su licencia de abogado en Chipre. Sin embargo, según el autor, cuando se puso en contacto con las autoridades chipriotas, éstas le exigieron que indicara un lugar de residencia y práctica en Chipre.

3. Dado que, por lo tanto, no pudo establecerse como abogado en el Reino Unido, el demandante se puso en contacto con SOLVIT y también presentó una denuncia ante la Comisión contra el Reino Unido o las autoridades chipriotas por incumplimiento de las normas sobre la libre circulación de abogados.

4. En septiembre de 2011, la Comisión informó al denunciante de su intención de rechazar la denuncia alegando que ni el Reino Unido ni las autoridades chipriotas parecían haber infringido el Derecho de la UE [1]. La Comisión señaló que, para ejercer como abogado en el Reino Unido con su título profesional chipriota, el demandante tenía que conservar su inscripción como abogado ante la autoridad chipriota competente. Consideró que, para llevar a cabo sus tareas de supervisión y regulación, las autoridades chipriotas estaban facultadas para exigir al denunciante que facilitara una dirección local y pagara las tasas correspondientes del Colegio de Abogados.

5. En diciembre de 2011, SOLVIT informó al denunciante de que, en su opinión, no se había infringido el Derecho de la UE. Dado que el demandante ya no era abogado en ejercicio con arreglo al Derecho chipriota, no podía ser considerado «abogado» con arreglo a la Directiva 98/5 y, por tanto, no podía acogerse al derecho a inscribirse como abogado en el Reino Unido (es decir, en el Estado miembro de acogida) con arreglo a dicha Directiva.

6. Tras recibir un correo electrónico del denunciante, la Comisión indicó que, en vista del resultado negativo de la intervención de SOLVIT, reconsideraría su posición y se comunicaría con el denunciante en una fecha posterior. A falta de una nueva reacción de la Comisión, el demandante se puso en contacto con el Defensor del Pueblo Europeo en diciembre de 2011.

La investigación

7. El Defensor del Pueblo intentó resolver el caso sin éxito poniéndose en contacto informalmente con la Comisión. En septiembre de 2012, el Defensor del Pueblo inició una investigación formal sobre la siguiente alegación y reclamación.

Alegación

La Comisión desestimó erróneamente la denuncia relativa a la supuesta infracción por parte de las autoridades británicas o chipriotas de las normas relativas al ejercicio de la abogacía en la UE.

Reclamación

La Comisión debe reanudar su investigación de la denuncia e incoar procedimientos de infracción contra el Estado o Estados miembros afectados.

8. En el curso de la investigación, el Defensor del Pueblo recibió el dictamen de la Comisión sobre la reclamación y, posteriormente, los comentarios del demandante en respuesta al dictamen de la Comisión. Sus servicios también llevaron a cabo una inspección del expediente de la Comisión relativo al presente asunto. Al llevar a cabo la investigación, el Defensor del Pueblo ha tenido en cuenta los argumentos y opiniones presentados por las partes.

Sobre la supuesta desestimación errónea de la denuncia por infracción

Argumentos presentados al Defensor del Pueblo

9. El denunciante alegó que la Comisión se equivocó al rechazar la denuncia relativa a la supuesta infracción por parte del Reino Unido o de las autoridades chipriotas de las normas relativas al ejercicio de la profesión jurídica en la UE. Por lo tanto, consideró que la Comisión debía reanudar su investigación e incoar un procedimiento de infracción contra el Estado o Estados miembros afectados.

10. En su dictamen, la Comisión explicó que, al exigir al denunciante que renovara su licencia como abogado en ejercicio en Chipre antes de establecerse en el Reino Unido con el título de su Estado miembro de origen de conformidad con la Directiva 98/5, las autoridades del Reino Unido habían aplicado correctamente las disposiciones pertinentes del Derecho de la UE.

11. Por lo que se refiere a la posición de las autoridades chipriotas, la Comisión alegó que exigir que los abogados tengan una dirección en el Estado miembro de origen no puede considerarse en sí mismo una restricción injustificada del derecho a la libre circulación con arreglo a las normas pertinentes, siempre que los costes adicionales sigan siendo proporcionados a la finalidad de este requisito (es decir, garantizar la supervisión de los abogados). Varios Estados miembros imponen un requisito similar. Además, aunque algunos Estados miembros exigen que se declare que el abogado de que se trate ejerce actividades profesionales en dicho Estado, normalmente permiten a los abogados establecidos en el extranjero tachar la declaración que indica que ejercen en el territorio del país de origen.

12. En lo que respecta al denunciante, la Comisión señaló que se trasladó al Reino Unido después de haber roto sus vínculos con el Colegio de Abogados chipriota y que, por lo tanto, ya no parecía mantener ninguna forma de establecimiento profesional en Chipre. Posteriormente, el denunciante trató de restablecer esos vínculos con el único fin de acogerse a la Directiva 98/5, pero sin ejercer activamente ninguna actividad profesional en Chipre en el período previo al intento de registrarse en el Reino Unido.

13. Así pues, la información de que disponía la Comisión en el momento en que archivó el caso del denunciante no apuntaba a la existencia de una infracción del Derecho de la UE por parte de las autoridades británicas o chipriotas. Además, cuando los representantes del Defensor del Pueblo inspeccionaron el expediente de la Comisión, los funcionarios de la Comisión presentes en la inspección indicaron que no había pruebas en el expediente de que el demandante hubiera solicitado volver a inscribirse como abogado en el Colegio de Abogados chipriota. Se limitó a indicar su intención de ejercer en otro Estado miembro, razón por la cual las autoridades chipriotas rechazaron su solicitud.

14. Por último, la Comisión indicó que, aunque las respuestas recibidas de las autoridades chipriotas en el contexto de la investigación de la denuncia por infracción planteaban determinadas cuestiones que la Comisión seguía tratando de abordar, estas cuestiones no eran pertinentes para el caso del denunciante.

15. En sus observaciones, el autor alegó, por lo que respecta a la posición de las autoridades chipriotas, que, para obtener la renovación de su licencia, se le había exigido que declarara que trabajaba en Chipre. Sin embargo, dado que tenía la intención de trabajar en el Reino Unido, no pudo hacer tal declaración sin hacer una declaración falsa.

16. El autor también confirmó que no mantenía ningún vínculo con el Colegio de Abogados chipriota. En su opinión, sería ilógico exigir a los abogados que ejerzan simultáneamente en dos Estados miembros para poder acogerse a la Directiva 98/5.

17. Por lo que se refiere a la posición de las autoridades del Reino Unido, el demandante no negó que el Reino Unido tuviera razón al exigirle que renovara su licencia de abogado en Chipre antes de permitirle ejercer como abogado en el Reino Unido con arreglo a la Directiva 98/5.

Evaluación del Defensor del Pueblo

18. El Defensor del Pueblo señala que el establecimiento de un mercado interior dentro de la UE es uno de los objetivos fundamentales de la UE [2]. El mercado interior comprende un espacio sin fronteras interiores en el que, entre otras cosas, se garantiza la libre circulación de personas y servicios [3].

19. Con el fin de alcanzar este objetivo, la Directiva 98/5 se adoptó específicamente para facilitar a los nacionales de los Estados miembros el ejercicio de la profesión de abogado, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, en un Estado miembro distinto de aquel en el que obtuvieron sus cualificaciones profesionales.

20. De conformidad con el artículo 1 de la Directiva 98/5, se entenderá por «abogado» toda persona que sea nacional de un Estado miembro y esté autorizada a ejercer sus actividades profesionales con uno de los títulos profesionales enumerados en la Directiva [4].

21. De conformidad con el artículo 3 de la Directiva 98/5/CE, el abogado que desee ejercer en un Estado miembro distinto de aquel en el que haya obtenido su cualificación profesional debe inscribirse ante la autoridad competente de dicho Estado miembro (en lo sucesivo, «Estado miembro de acogida»). La autoridad competente del Estado miembro de acogida inscribirá al abogado previa presentación de un certificado que acredite su inscripción ante la autoridad competente del Estado miembro de origen.

22. No se discute que las autoridades del Reino Unido (el «Estado miembro de acogida») se negaron a inscribir al demandante como abogado a efectos de la Directiva 98/5 porque ya no estaba «autorizado» para ejercer como abogado en Chipre (el «Estado miembro de origen»). De hecho, aunque el autor se convirtió en un abogado plenamente cualificado en Chipre, posteriormente decidió no renovar su licencia. Así pues, en el momento de su solicitud de inscripción como abogado por las autoridades del Reino Unido, ya no estaba inscrito como abogado activo en Chipre.

23. Por lo tanto, como admitió el propio denunciante, la Comisión concluyó acertadamente que las autoridades del Reino Unido habían interpretado y aplicado correctamente el Derecho de la Unión, a saber, la Directiva 98/5.

24. Por lo que se refiere a la posición de las autoridades chipriotas, el autor alegó que no podía renovar su licencia porque estaba obligado a declarar que reside permanentemente y ejerce la abogacía en Chipre (lo que habría sido imposible para él, ya que actualmente reside en el Reino Unido y desea ejercer la abogacía en ese país).

25. Sin embargo, la interpretación que hace la Comisión de los requisitos impuestos por las autoridades chipriotas parece ser diferente. En opinión de la Comisión, las autoridades chipriotas se limitaron a exigir que se facilitara un domicilio en Chipre. Esto no constituiría una restricción injustificable del derecho a la libre circulación con arreglo al Derecho de la Unión. Además, y lo que es más importante, la Comisión señaló que no había pruebas de una solicitud presentada por el denunciante al Colegio de Abogados chipriota que indicara que tenía la intención de ejercer en otro Estado miembro y que dicha solicitud había sido denegada por esa razón específica.

26. El Defensor del Pueblo observa que los documentos examinados del expediente respaldan la posición de la Comisión a este respecto. Los servicios del Defensor del Pueblo pidieron al demandante que aportara pruebas de la supuesta negativa de las autoridades chipriotas a renovar la licencia del demandante. Sin embargo, el denunciante no presentó tales pruebas.

27. En estas circunstancias, el Defensor del Pueblo considera que la Comisión concluyó acertadamente que no había pruebas suficientes de una infracción del Derecho de la UE por parte de las autoridades chipriotas en lo que respecta al reclamante.

28. Habida cuenta de lo anterior, el Defensor del Pueblo considera que la reclamación no puede acogerse.

Conclusión

Sobre la base de la investigación de esta reclamación, el Defensor del Pueblo la cierra con la siguiente conclusión:

No se constató mala administración por parte de la Comisión.

Se informará de esta decisión al denunciante y a la Comisión.

 

Emily O'Reilly

Hecho en Estrasburgo, el 10 de julio de 2014.


[1] En particular, la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título (en lo sucesivo, «Directiva 98/5»), DO L 77, p. 36.

[2] Artículo 3 del TUE.

[3] Artículo 26 del TFUE.

[4] Como "Advocate/Barrister/Solicitor" en el Reino Unido y "Avocat" en Francia.

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