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Decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre la reclamación 3693/2005/ID contra la Comisión Europea

Esta reclamación se refería a la desestimación de las ofertas del reclamante sobre la base de una disposición de un anuncio de licitación, en virtud de la cual " [n]o más de (...) seis solicitudes para todos los lotes pueden ser presentadas por una persona física o jurídica (incluidas las personas jurídicas del mismo grupo jurídico), cualquiera que sea la forma de participación (...)". El denunciante, una Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE) creada en virtud del Reglamento 2137/85 [1], alegó que la Comisión se equivocó al acusar a X, miembro de esta AEIE, de solicitar siete lotes.

En primer lugar, el Defensor del Pueblo señaló que no le corresponde evaluar la admisibilidad de las ofertas y sustituir la apreciación de la institución de que se trate por la suya propia en cuanto a si una oferta cumple los criterios de admisibilidad/admisibilidad aplicables. En consecuencia, examinó si la Comisión había aportado motivos válidos y suficientes para su decisión impugnada.

El Defensor del Pueblo señaló además que, en virtud del principio de igualdad de trato de los licitadores y de la obligación pertinente de transparencia en los procedimientos de licitación, los criterios de admisibilidad y adjudicación establecidos en un anuncio de licitación (o documento similar) deben formularse de manera que todos los licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes puedan interpretarlos de la misma manera. Además, cuando se evalúen las ofertas, los criterios antes mencionados deberán aplicarse de manera objetiva y uniforme a todos los licitadores. En este contexto, reviste especial importancia la información puesta a disposición del público por el poder adjudicador a los licitadores potenciales, en relación con la interpretación y aplicación de los criterios de admisibilidad o de adjudicación, o de las normas de Derecho comunitario que puedan considerarse razonablemente pertinentes para la aplicación de dichos criterios. Esta información puede afectar a la preparación y formulación de las ofertas y es sustancialmente pertinente para el importante interés comunitario de ofrecer a los licitadores potenciales la oportunidad de competir en igualdad de condiciones. Por lo tanto, cuando el poder adjudicador examina las ofertas que se le presentan, debe tenerse debidamente en cuenta el contenido de dicha información, al menos en la medida en que su exactitud o corrección no haya sido impugnada por un licitador (potencial) o no sea manifiestamente contraria a las disposiciones pertinentes del anuncio de licitación (o documento similar) o del Derecho comunitario.

En el presente caso, el Defensor del Pueblo constató que la Comisión incumplió el requisito antes mencionado. El Defensor del Pueblo también constató que la Comisión no motivó adecuadamente su decisión impugnada, teniendo en cuenta determinados pasajes de su Comunicación sobre la participación de las AEIE en contratos y programas públicos financiados con fondos públicos, en los que el reclamante podía basarse, al menos en principio, de manera justificada al preparar sus ofertas. Teniendo en cuenta que los contratos pertinentes se habían adjudicado, firmado y se estaban ejecutando actualmente y que la decisión impugnada se refería a la fase de selección del procedimiento de licitación, el Defensor del Pueblo concluyó que no sería justificable aceptar la alegación del reclamante de que la decisión impugnada debía revocarse y que las solicitudes debían restablecerse. Dado que el demandante no había presentado ninguna otra reclamación, el Defensor del Pueblo archivó el caso con una observación crítica. 


[1] Reglamento (CEE) no 2137/85 del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativo a la Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE), DO L 199, p. 1.


Estrasburgo, 22 de mayo de 2007

Muy señor mío:

El 25 de noviembre de 2005, presentó usted una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, en nombre de una AEIE. Su denuncia se dirigía contra la Comisión Europea y se refería al rechazo por parte de la Oficina de Cooperación EuropeAid i) de seis solicitudes presentadas por el Consorcio A, en respuesta al anuncio de licitación EuropeAid/119860/C/SV/multi, para los lotes 01, 02, 06, 07, 08 y 09, y ii) la solicitud presentada por B eG, en respuesta al anuncio de licitación antes mencionado, para el lote 13.

El 27 de enero de 2006, incoé una investigación sobre su denuncia y la remití al Presidente de la Comisión. La Comisión emitió su dictamen el 20 de julio de 2006. Se lo envié con una invitación para hacer observaciones. No he recibido ninguna observación de su parte.

Le escribo ahora para informarle de los resultados de las investigaciones que se han realizado.


ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA Y OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN DEL PUEBLO

El denunciante, una AEIE, es una agrupación europea de interés económico. La Agrupación Europea de Interés Económico fue creada por el Reglamento 2137/85 del Consejo (1) como instrumento jurídico destinado a facilitar la cooperación transnacional entre empresas a nivel europeo. La formación de tal agrupación da lugar a una entidad jurídica, cuya finalidad "es facilitar o desarrollar las actividades económicas de sus miembros y mejorar o aumentar los resultados de dichas actividades. Su actividad estará relacionada con las actividades económicas de sus miembros y no podrá ser más que accesoria a dichas actividades" (párrafo 1 del artículo 3 del Reglamento 2137/1985).

El denunciante recibió una serie de licitaciones para el contrato marco múltiple de la Comisión Europea para contratar asistencia técnica a corto plazo exclusivamente para terceros países que se benefician de la ayuda exterior de la Comisión (anuncio de contratación EuropeAid/119860/C/SV/multi). La licitación abarcó varios sectores de especialización de la Comisión y, por lo tanto, se dividió en trece ámbitos técnicos (lotes 01-13). Los términos de la oferta incluían una disposición que exigía que no más de una solicitud por lote y no más de seis solicitudes para todos los lotes fueran presentadas por una sola persona física o jurídica. Más concretamente, el artículo 13 del anuncio de licitación establecía lo siguiente:

«Una persona física o jurídica (incluidas las personas jurídicas del mismo grupo jurídico) no podrá presentar más de una solicitud por lote y seis solicitudes para todos los lotes, cualquiera que sea la forma de participación (como persona jurídica individual o como líder o socio de un consorcio que presente una solicitud). En caso de que una persona física o jurídica (incluidas las personas jurídicas del mismo grupo jurídico) presente más de una solicitud por lote y/o más de seis solicitudes para todos los lotes, quedarán excluidas todas las solicitudes en las que haya participado esa persona (y las personas jurídicas del mismo grupo jurídico).».

El Consorcio A (en lo sucesivo, «el Consorcio») presentó solicitudes para seis lotes en total (lotes 01, 02, 06, 07, 08 y 09). El denunciante participó en el Consorcio para las seis solicitudes. En cinco de estas solicitudes, el denunciante era el líder del consorcio (lotes 01, 06, 07, 08 y 09). En un caso (lote 02), C dirigió el consorcio, con la participación del denunciante como socio. El Consorcio se precalificó con éxito para los lotes 01, 06 y 08 y, en el momento de la denuncia, estaba preparando ofertas finales para presentarlas a EuropeAid. Se constató que las solicitudes del Consorcio relativas a los lotes 02, 07 y 09 no cumplían los requisitos del anuncio de licitación distintos de los establecidos en su artículo 13, apartado 2. C impugnó la denegación de la solicitud del Consorcio para el lote 02. A raíz de esta impugnación, que parece haber ido acompañada de información adicional sobre la composición del Consorcio, la Comisión adoptó las decisiones que dieron lugar al presente litigio.

Más concretamente, la imputación se deriva de la posición de la Comisión según la cual B eG infringió el artículo 13 del anuncio de licitación. B era miembro del autor de la queja. B participó en las cinco solicitudes del Consorcio dirigidas por el denunciante, como socio independiente, es decir, independientemente del denunciante. B también participó de forma independiente como socio en otro consorcio que presentó una solicitud para el lote 13. Aparentemente, este último consorcio estaba dirigido por una entidad denominada E. El 19 de enero de 2005, C recibió una carta de la Comisión en la que rechazaba la solicitud de consorcio dirigida por C (para el lote 02). El 20 de enero de 2005, el denunciante recibió una carta de la Comisión en la que rechazaba las solicitudes del Consorcio dirigidas por el denunciante (para los lotes 01, 06, 07, 08 y 09). Ambas cartas tenían fecha de 14 de enero de 2005. Durante el mismo período, la Comisión también rechazó la solicitud del Consorcio, dirigido por E, para el lote 13. La razón aducida fue la infracción del artículo 13 del anuncio de licitación. La Comisión consideró que B había solicitado siete lotes (en lugar del máximo especificado de seis), más concretamente

  • para el lote 2, "como miembro del [reclamante]";
  • para el lote 13, "por sí solo"; y
  • para los lotes 01, 06, 07, 08 y 09, "individualmente y con [el denunciante]".

Invocando el artículo 13 del anuncio de licitación "y para garantizar la igualdad de trato de todos los solicitantes", la Comisión decidió rechazar las siete solicitudes "cuando [B] estuviera presente".

El 19 de enero de 2005, E impugnó la desestimación de su solicitud para el lote 13. Presentó una declaración de B, en la que B confirmó que no había solicitado el lote 02. En la misma declaración, B explicó que, dado que el lote 02 se refería a un sector completamente ajeno a sus conocimientos y experiencia, no estaba interesada en solicitarlo. Por esta razón, B no había celebrado ningún acuerdo para participar en ninguna solicitud del lote 02 como socio del consorcio o como miembro del denunciante.

Mediante escritos de 19 y 20 de enero de 2005, el Consorcio impugnó la desestimación de sus seis solicitudes, sobre la base del artículo 13 del anuncio de licitación. El Consorcio alegó que, cuando el denunciante firmó la declaración de intención de licitar para el lote 02, se entendía como una declaración de una «entidad jurídica independiente», claramente distinguida de sus miembros, y no como una declaración de toda la agrupación. En apoyo de sus posiciones, el Consorcio también se refirió a cuatro pasajes de la Comunicación de la Comisión «Participación de las Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE) en contratos públicos y programas financiados con fondos públicos» (en lo sucesivo, «la Comunicación»)(3) y señaló que el enfoque de la Comisión crearía un obstáculo considerable a la participación en la contratación pública, tanto para los miembros de una AEIE como para la propia AEIE como entidad jurídica. Llegó a la conclusión de que, si el propio denunciante cumplía los criterios pertinentes, tenía derecho a presentar una oferta como entidad jurídica independiente, utilizando únicamente su propia capacidad económica y financiera o su capacidad técnica. En relación con la solicitud del Consorcio para el lote 02, el denunciante solo había presentado sus propios datos financieros y experiencia técnica y no había utilizado ninguna cifra consolidada de sus miembros. Esto significaba que B no había contribuido ni participado en modo alguno en la solicitud del lote 02.

En sus respuestas de 3 de febrero de 2005, la Comisión confirmó su decisión de rechazar las solicitudes del Consorcio. Señaló que la Comunicación es únicamente interpretativa y que la única base jurídica es el Reglamento 2137/85, sobre cuya base la Comisión había llegado a la conclusión de que debían rechazarse las solicitudes del Consorcio. Más concretamente, la Comisión invocó la norma de que los miembros de una AEIE tienen "responsabilidad solidaria ilimitada por sus deudas "y observó que la AEIE "contrae legalmente a sus miembros" y que "si la AEIE puede ofrecer un marco tranquilizador para la participación en contratos públicos, su compromiso también compromete a sus miembros " . La Comisión también hizo ciertas referencias a la Comunicación, en relación con la argumentación pertinente del Consorcio.

En una carta de 4 de noviembre de 2005, el denunciante se refirió a su exclusión del procedimiento de licitación en cuestión y declaró lo siguiente:

1) Está claro para nosotros ahora que se considera que todas las empresas miembros de la AEIE [A] participan en un proceso de licitación si la AEIE [A] participa como grupo. 2) No está claro para nosotros si la pertenencia a [A] como AEIE tiene aún más desventajas. Hemos reexaminado los documentos que normalmente tienen que ser firmados por una empresa licitadora. Como saben, en el formulario de solicitud normalizado las empresas tienen que firmar una declaración en la que indicarán si [han adjuntado una lista actual de las empresas del mismo grupo o red que nosotros] o si [no forman parte de un grupo o red]. ¿Qué consecuencias tiene para una empresa miembro de la AEIE si adjunta una lista actual de los miembros de la AEIE y resulta que otra empresa miembro (no una AEIE como grupo) está licitando por el mismo proyecto? ¿Sería eso un motivo de exclusión para ambas empresas? Nuestra opinión es que no debería ser un motivo de exclusión, de lo contrario los miembros de la AEIE perderían su independencia en gran medida".

El 25 de noviembre de 2005, el demandante presentó una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo sobre este asunto. Alegó que la Comisión se equivocó al acusar a B eG (miembro del denunciante) de solicitar siete lotes, a saber, los lotes 01, 02, 06, 07, 08, 09 y 13, en lugar del máximo de seis estipulado en el artículo 13 del anuncio de licitación. Por lo tanto, B alegó que la Comisión había rechazado erróneamente las solicitudes del Consorcio para los lotes 01, 02, 06, 07, 08 y 09, y la solicitud de B para el lote 13. Además, alegó que las decisiones impugnadas de EuropeAid, expresadas en sus cartas de 14 de enero y 3 de febrero de 2005, debían revocarse sin reservas y que las seis solicitudes del Consorcio para los lotes 01, 02, 06, 07, 08 y 09 debían restablecerse inmediatamente. El 27 de enero de 2006, el Defensor del Pueblo inició una investigación sobre la alegación y la reclamación formuladas por el demandante.

Dictamen de la Comisión sobre la denuncia

En su dictamen, la Comisión rechazó la alegación del denunciante y la alegación pertinente, basándose, en esencia, en el artículo 24 del Reglamento 2137/85 y en el razonamiento contenido en sus decisiones impugnadas. La Comisión también i) observó que el contrato marco se inició el 16 de septiembre de 2005 y permanecerá en vigor hasta el 15 de septiembre de 2007; ii) dijo que, en su carta de 4 de noviembre de 2005 antes mencionada, el reclamante reconocía que ahora estaba claro que "se considera que todas las empresas miembros de la AEIE [A] participan en un proceso de licitación si la AEIE [A] participa como grupo "; y iii) remitió a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en los asuntos acumulados T-376/05 y T-383/05 (4). La Comisión alegó que el razonamiento del Tribunal en esta Decisión, en relación con el artículo 13 del anuncio de licitación en cuestión, también debe entenderse en el sentido de que se aplica a la norma de que la misma persona jurídica, incluidas las personas jurídicas del mismo grupo jurídico, no puede presentar más de seis solicitudes para todos los lotes.

El denunciante no parece haber presentado observaciones sobre el dictamen de la Comisión.

LA DECISIÓN

1 Enfoque del Defensor del Pueblo

1.1 La denuncia se refiere a la desestimación por parte de la Comisión Europea de determinadas solicitudes presentadas en el marco de un anuncio de licitación. Según una AEIE («el denunciante»), la Comisión se equivocó al acusar a B eG de solicitar siete lotes en lugar del máximo de seis. El denunciante alegó que las decisiones impugnadas debían revocarse y que las solicitudes debían restablecerse.

1.2 El Defensor del Pueblo Europeo señala, en primer lugar, que no le corresponde evaluar la admisibilidad de las ofertas y sustituir la apreciación de la institución de que se trate por la suya propia en cuanto a si una oferta cumple los criterios de admisibilidad/admisibilidad aplicables.

El enfoque del Defensor del Pueblo en la presente Decisión consistirá, por tanto, en examinar si la Comisión ha aportado motivos válidos y adecuados para su decisión impugnada.

1.3 Por lo que se refiere a los principios aplicables, el Defensor del Pueblo recuerda el principio de igualdad de trato de los licitadores, que es un principio general del Derecho comunitario (5). Con arreglo a este principio, los licitadores deben encontrarse en una situación de igualdad tanto cuando formulan sus ofertas como cuando estas son evaluadas por el poder adjudicador (6). El principio de igualdad de trato de los licitadores implica también una obligación de transparencia, a fin de permitir la comprobación del cumplimiento de este principio (7). Este requisito implica, entre otras cosas, que los criterios de admisibilidad y adjudicación establecidos en un anuncio de licitación (8), en el marco de un procedimiento de licitación restringido, deben formularse de manera que todos los licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes puedan interpretarlos de la misma manera (9). También significa que, al evaluar las ofertas, los criterios antes mencionados deben aplicarse de manera objetiva y uniforme a todos los licitadores (10). En este contexto, reviste especial importancia la información puesta a disposición del público por el poder adjudicador a los licitadores potenciales en relación con la interpretación y aplicación de i) los criterios de admisibilidad o de adjudicación, y ii) las normas de Derecho comunitario que puedan considerarse razonablemente pertinentes para la aplicación de dichos criterios. Esta información puede afectar a la preparación y formulación de las ofertas (11) y es sustancialmente pertinente para el importante interés comunitario de ofrecer a los licitadores potenciales la oportunidad de competir en igualdad de condiciones. Por lo tanto, cuando el poder adjudicador examina las ofertas que se le presentan, debe tenerse debidamente en cuenta el contenido de dicha información (y debe garantizarse la coherencia en el comportamiento del poder adjudicador), al menos en la medida en que su exactitud o corrección no haya sido impugnada por un licitador (potencial) o no sea manifiestamente contraria a las disposiciones pertinentes del anuncio de licitación (o documento similar) o del Derecho comunitario.

2 Sobre la adecuación del razonamiento de la Comisión

2.1 El artículo 13 del anuncio de licitación en cuestión excluye claramente a las personas físicas o jurídicas de presentar solicitudes para más de seis lotes en el marco de esta oferta concreta. Sin embargo, la cláusula de la disposición que se refiere a la "participación" no está clara. La cláusula dice lo siguiente:

"Una persona física o jurídica (incluidas las personas jurídicas del mismo grupo jurídico) no podrá presentar más de una solicitud por lote y seis solicitudes para todos los lotes, cualquiera que sea la forma de participación (como persona jurídica individual o como dirigente o socio de un consorcio que presente una solicitud)" (el subrayado es nuestro).

El Defensor del Pueblo considera que no está claro si esta prohibición se refiere a una persona jurídica que ha solicitado lotes, como entidad jurídica individual o como líder o socio de un consorcio, pero también es miembro formal de una AEIE que ha solicitado lotes, como líder o socio de un consorcio, sin tener en cuenta, no obstante, los recursos y capacidades de esta persona jurídica.

2.2 En el caso que nos ocupa, no se discute el hecho de que B es una persona jurídica, dentro de un grupo jurídico (AEIE). No obstante, el denunciante cuestiona la forma en que la Comisión interpretó y aplicó la cláusula antes mencionada en el caso de B. Argumenta que los conocimientos especializados, la experiencia en proyectos, los datos financieros y la mano de obra de B no se utilizaron en la solicitud del Consorcio para el lote 02. Esta circunstancia no parece haber sido cuestionada por la Comisión. Por lo tanto, aunque B participa en un grupo jurídico que era un líder o un socio de un consorcio que solicitó seis lotes, incluido el lote 02, puede argumentarse razonablemente, como ha hecho el denunciante, en esencia, que B no participó en la presentación de una solicitud para el lote 02, en el sentido del artículo 13 del anuncio de licitación. Este argumento se basa en el hecho de que B no solicitó ese lote, ni como entidad jurídica individual ni como líder o socio de un consorcio, y que, como alega el denunciante y no impugna la Comisión, sus recursos y capacidades no se tuvieron en cuenta en el contexto de la solicitud del denunciante para el lote 02.

2.3 A este respecto, es importante señalar que, a la luz de las observaciones formuladas en el punto 1.2 anterior, un licitador normalmente diligente podría basarse razonablemente en la Comunicación, en lo que respecta a la interpretación del Reglamento 2137/85 (12), en la medida en que sea pertinente para la interpretación del artículo 13 del anuncio de licitación. En sus escritos de 19 y 20 de enero de 2005 impugnando la desestimación de sus solicitudes, el Consorcio invocó, en particular, el siguiente pasaje de la Comunicación:

«Con arreglo a las Directivas sobre contratación pública, podrá solicitarse a todo contratista que desee participar en un contrato público que demuestre su identidad, su capacidad económica y financiera o su capacidad técnica (...). Si la propia AEIE, como entidad jurídica independiente, no cumple estos criterios de selección, el principio de evaluación consolidada exige que se tengan en cuenta las capacidades de sus miembros.».

Este pasaje va seguido de una explicación:

"Esto significa que:

- cuando todos los miembros de la AEIE sean empresas que cumplan los criterios de selección, no podrá exigirse a la AEIE que cumpla también estas condiciones,

- por otra parte, si los miembros de una AEIE no cumplen todos los criterios de selección, los miembros que ejecutarán en la práctica el contrato deberán cumplir las condiciones impuestas por el poder adjudicador (...)"(el subrayado es nuestro).

Esta última frase, leída junto con el pasaje anterior invocado explícitamente por el Consorcio, puede considerarse razonablemente que implica que, cuando una AEIE presenta una oferta, no se presume que todos los miembros de la AEIE se comprometan a participar en la ejecución del contrato. De ser así, lógicamente no debería presumirse que todos los miembros de la AEIE participan en la presentación de la oferta. Sin embargo, las decisiones impugnadas por la Comisión se basaban, en esencia, en tal presunción.

Además, la Comisión dispuso con demasiada facilidad de la confianza razonable del Consorcio en el pasaje anterior de la Comunicación. A este respecto, la Comisión, en su carta de 3 de febrero de 2005, alegó que la Comunicación es meramente interpretativa y que la única base jurídica es el Reglamento 2137/85, sobre cuya base había llegado a la conclusión de que las solicitudes del Consorcio debían rechazarse (13). Este argumento es infundado por dos razones. En primer lugar, "la única base jurídica" no era en realidad el Reglamento 2137/85, sino más bien el artículo 13 del anuncio de licitación. En segundo lugar, debe tenerse debidamente en cuenta el contenido de la Comunicación, al interpretar el artículo 13 del anuncio de licitación, al menos en la medida en que las declaraciones y aclaraciones formuladas en la Comunicación no hayan sido impugnadas por un licitador, mediante una reserva debidamente formulada, o por un licitador potencial, y no sean manifiestamente contrarias a las disposiciones del Reglamento 2137/85.

2.4 La aplicación por la Comisión del artículo 13 del anuncio de licitación en el presente caso se ha basado en el Reglamento 2137/85, más concretamente en su artículo 24, apartado 1, que dispone lo siguiente:

"Los miembros de [una AEIE] tendrán responsabilidad solidaria e ilimitada por sus deudas y otras responsabilidades de cualquier naturaleza. La legislación nacional determinará las consecuencias de esa responsabilidad."(14)

La Comisión ha extraído de este apartado (invocó, en su opinión, de forma acumulativa con el artículo 1, apartado 2, y el artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2137/85 (15)) la conclusión de que «un compromiso de una AEIE compromete a sus miembros: si una AEIE presenta una solicitud de licitación, sus miembros la presentan conjuntamente." Sin embargo, esta interpretación está lejos de ser inobjetable. En primer lugar, de las distintas versiones lingüísticas de la primera frase de este apartado no se desprende claramente si se refiere únicamente a las obligaciones financieras o a las obligaciones en general (16). En segundo lugar, incluso suponiendo que esta frase cubra realmente todo tipo de obligaciones, se refiere a la "responsabilidad" del miembro, aparentemente en caso de incumplimiento (o cumplimiento incompleto) de las obligaciones de la AEIE. Esta «responsabilidad» parece referirse a la responsabilidad financiera más que a la responsabilidad (adecuada) en el cumplimiento natura de las obligaciones pertinentes de la AEIE (como las que se derivarían de la celebración de los contratos marco en cuestión). La interpretación contraria no conduciría a resultados satisfactorios y razonables, al menos cuando el cumplimiento efectivo de las obligaciones por parte de un miembro de la AEIE presuponga la realización de actividades económicas no realizadas por el miembro específico. En tercer lugar, la segunda oración del párrafo anterior se refiere a la legislación nacional en lo que respecta a la determinación de "las consecuencias de esa responsabilidad". La Comisión no se ha referido en modo alguno a la legislación nacional pertinente. La Comisión parece haber considerado que la "responsabilidad", en el sentido del artículo 24, apartado 1, del Reglamento 2137/85, abarca la presentación de "una solicitud de licitación", sin haber abordado las cuestiones examinadas anteriormente, que ponen en tela de juicio razonable y claramente la exactitud de su interpretación. En cualquier caso, las aclaraciones efectuadas en la parte de la Comunicación no pueden considerarse manifiestamente incompatibles con lo dispuesto en el artículo 24, apartado 1, del Reglamento 2137/85 (17). La parte pertinente de la Comunicación, expuesta en el punto 2.3 anterior, establece que, si una AEIE no cumple por sí misma, como entidad jurídica independiente, los criterios de selección cualitativa, se examinará si sus miembros que ejecutarán en la práctica el contrato cumplen dichos criterios. El Defensor del Pueblo señala que la exactitud de la información contenida en las aclaraciones de la Comisión no parece haber sido cuestionada por un licitador (potencial) en el contexto del procedimiento de licitación controvertido.

2.5 En su opinión, la Comisión también observó que incluso el denunciante reconoció en su carta de 4 de noviembre de 2005 que ahora estaba claro para el denunciante que "se considera que todas las empresas miembros de la AEIE [A] participan en un proceso de licitación si la AEIE [A] participa como grupo ". Esta observación, en la medida en que implica que el denunciante ha aceptado el enfoque de la Comisión, no parece ser correcta. La declaración anterior hecha por el reclamante simplemente se refería a su comprensión de las consideraciones de otras partes sobre el asunto y fue seguida de un análisis y una consulta que cuestionaban claramente la idoneidad de estas consideraciones. Tampoco resulta convincente la alegación de la Comisión basada en la Decisión del Tribunal de Primera Instancia en los asuntos acumulados T-376/05 y T-383/05. Esta decisión se refería al artículo 13 del anuncio de licitación, pero no a su parte pertinente para el presente asunto. Más concretamente, esta decisión se refería a la aplicación de la disposición en virtud de la cual "[n]o más de una solicitud por lote (...) puede ser presentada por una persona física o jurídica (...) ". La motivación de la sentencia no parece aportar una solución a las cuestiones planteadas en la presente imputación.

2.6 A la luz de lo anterior, el Defensor del Pueblo considera que, cuando la Comisión aplicó el artículo 13 del anuncio de licitación, debería haber abordado adecuadamente la cuestión planteada por el reclamante sobre la información contenida en la Comunicación. Sin embargo, no lo hizo. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo concluye que las decisiones impugnadas, expresadas en los escritos de EuropeAid de 14 de enero y 3 de febrero de 2005, relativas a la desestimación, sobre la base del artículo 13 del anuncio de licitación, de las solicitudes del Consorcio para los lotes 01, 02, 06, 07, 08 y 09, y la solicitud de B para el lote 13, no estaban suficientemente motivadas. Este fue un caso de mala administración.

3 Pretensión de que se revoquen las decisiones impugnadas de EuropeAid y se restablezcan las seis solicitudes del Consorcio

3.1 Por lo que se refiere a la alegación del demandante, la Comisión señaló, en particular, lo siguiente:

  1. Los contratos relativos a los lotes anteriores se habían adjudicado y firmado y se estaban ejecutando actualmente. El contrato marco comenzó el 16 de septiembre de 2005 y permanecerá en vigor hasta el 15 de septiembre de 2007.
  2. Las decisiones impugnadas se referían a la fase de selección del procedimiento de licitación. Posteriormente, los licitadores seleccionados presentaron sus ofertas, que fueron evaluadas por la comisión competente. Incluso suponiendo que el denunciante hubiera sido excluido ilegalmente y hubiera podido presentar ofertas para los lotes en cuestión, estas ofertas habrían tenido que ser evaluadas y no habría podido haber ninguna certeza sobre el resultado del procedimiento.
  3. La exclusión de las solicitudes del Consorcio para los lotes 07 y 09 también se basó en otro motivo, a saber, la falta de capacidad técnica del Consorcio.

El Defensor del Pueblo señala que el demandante no ha impugnado el análisis de la situación actual realizado por la Comisión.

3.2 En las circunstancias mencionadas por la Comisión, el Defensor del Pueblo considera que no sería justificable aceptar la alegación del demandante de que las decisiones impugnadas deben ser revocadas y las solicitudes deben ser restablecidas. Dado que el demandante no ha presentado ninguna otra reclamación, el Defensor del Pueblo archivará el asunto con una observación crítica.

4 Conclusión

Sobre la base de su investigación de la presente reclamación, el Defensor del Pueblo formula la siguiente observación crítica:

Las decisiones impugnadas, expresadas en escritos de EuropeAid de 14 de enero y 3 de febrero de 2005, relativas a la desestimación, sobre la base del artículo 13 del anuncio de licitación, de las solicitudes del Consorcio relativas a los lotes 01, 02, 06, 07, 08 y 09, así como de la solicitud de B relativa al lote 13, no estaban suficientemente motivadas.

Por las razones expuestas en el punto 3, el Defensor del Pueblo considera que no están justificadas nuevas investigaciones sobre la reclamación del demandante. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo archiva el asunto.

También se informará de esta decisión al Presidente de la Comisión.

Observaciones adicionales

En su carta de 3 de febrero de 2005 al denunciante y en respuesta a un argumento presentado por el denunciante, la Comisión declaró que su Comunicación «Participación de las Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE) en los contratos y programas públicos financiados con fondos públicos» solo es interpretativa. La Comisión alegó que la única base jurídica pertinente es el Reglamento 2137/85. Las observaciones formuladas en la presente carta y en el dictamen de la Comisión sobre la denuncia podrían interpretarse en el sentido de que sugieren que la citada Comunicación contiene declaraciones que podrían no ser compatibles con las disposiciones pertinentes del Reglamento (CEE) no 2137/85 o proporcionar información engañosa sobre el verdadero significado de dichas disposiciones. Así pues, la Comisión podría estudiar más detenidamente esta cuestión.

Le saluda con sinceridad,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Reglamento (CEE) n.o 2137/85 del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativo a la Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE) (DO 1985, L 199, p. 1).

(2) Véanse la carta de la Comisión de 14 de diciembre de 2004, relativa a los lotes 07 y 09, y la carta de la Comisión de 17 de diciembre de 2004, relativa al lote 02.

(3) DO 1997, C 285, p. 17. Estos pasajes dicen lo siguiente:

«[...] la AEIE puede tener diferentes funciones: puede utilizarse simplemente como marco para coordinar y organizar las actividades de sus miembros o puede celebrar en su propio nombre y ejecutar contratos adjudicados por las autoridades públicas o en el marco de programas financiados con fondos públicos. (...)

Aspectos estructurales de la AEIE: estabilidad y flexibilidad

El Reglamento garantiza la capacidad de una agrupación para adaptarse a las condiciones económicas a través de la considerable libertad de que gozan sus miembros en sus relaciones contractuales y en la organización interna de la agrupación. (...)

El carácter accesorio de la actividad de una AEIE no debe ser un obstáculo para su participación en la contratación pública. (...)

Sobre la base de las Directivas sobre contratación pública, se podrá pedir a cualquier contratista que desee participar en un contrato público que demuestre su identidad, su capacidad económica y financiera o su capacidad técnica (...). Si la propia AEIE, como entidad jurídica independiente, no cumple estos criterios de selección, el principio de evaluación consolidada exige que se tengan en cuenta las capacidades de sus miembros.».

(4) Asuntos acumulados T-376/05 y T-383/05, TEA-CEGOS, Rec. 2006, p. II-205.

(5) Véase el asunto C-57/01, Makedoniko Metro, Rec. 2003, p. I-1091, apartado 69.

(6) Véase, por ejemplo, la sentencia de 11 de julio de 2003, Evn y Wienstrom (C-448/01, Rec. p. I-14558), apartado 47.

(7) Asunto C-448/01, Evn y Wienstrom, antes citado, apartado 49.

(8) O documento similar, como una invitación a personas específicas para la presentación de ofertas.

(9) Véase el asunto C-19/00, SIAC Construction, Rec. 2001, p. I-7725, apartado 42 (refiriéndose a los criterios de adjudicación).

(10) Véase la sentencia Evn y Wienstrom, antes citada, apartado 48 (refiriéndose a los criterios de adjudicación).

(11) Véase el asunto C-331/04, ATI EAC, Rec. 2005, p. I-10109, apartados 24, 28 y 29.

(12) Como se señaló en su introducción, "[l]a comunicación describe la AEIE y aclara algunas de sus características y la forma en que opera a fin de garantizar que pueda licitar para contratos públicos y participar en programas financiados con fondos públicos en pie de igualdad con otras empresas ".

(13) De la presente carta o del dictamen de la Comisión no se desprende claramente si la Comisión considera que la Comunicación contiene afirmaciones que pueden no ser correctas, habida cuenta de las disposiciones pertinentes del Reglamento (CEE) no 2137/85, o proporcionar información engañosa sobre el verdadero significado de dichas disposiciones. Al final de la presente Decisión, el Defensor del Pueblo hará una observación adicional pertinente.

(14) La versión francesa dice lo siguiente: "Les membres du groupement répondent indéfiniment et solidairement des dettes de toute nature de celui-ci. La loi nationale détermine les conséquences de cette responsabilité."

15) El artículo 1, apartado 2, establece que la AEIE "a partir de la fecha de su registro prevista en el artículo 6, tendrá capacidad, en su propio nombre, para tener derechos y obligaciones de todo tipo, para celebrar contratos o llevar a cabo otros actos jurídicos, y para demandar y ser demandada ".

El artículo 3, apartado 1, dispone lo siguiente: «La finalidad de una agrupación será facilitar o desarrollar las actividades económicas de sus miembros y mejorar o aumentar los resultados de dichas actividades; su propósito no es obtener beneficios por sí mismo. Su actividad estará relacionada con las actividades económicas de sus miembros y no podrá ser más que accesoria a dichas actividades.».

(16) Por ejemplo, el término "dettes" o "χρέη" utilizado en las versiones francesa y griega, respectivamente, parece referirse únicamente a las obligaciones financieras.

(17) Lo mismo puede decirse del apartado 2 del artículo 1, del apartado 1 del artículo 3 y de los artículos 5 y 7 del Reglamento 2137/85 mencionados en el dictamen de la Comisión, sin ninguna explicación específica sobre su incidencia en las posiciones de la Comisión. En relación con esto, también cabe señalar que las referencias en el dictamen de la Comisión a los artículos 6 y 12 del contrato de formación del denunciante o a la prohibición de cambios en la identidad o la composición de los licitadores no explican ni respaldan adecuadamente sus posiciones.

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