Estrasburgo, 19 de enero de 2005

Muy señor mío:

El 23 de octubre de 2003 recibí su denuncia contra la Comisión Europea relativa a su supuesta falta de respuesta a las cartas y a la tramitación de un expediente.

El 17 de noviembre de 2003, transmití su denuncia a la Comisión. La Comisión envió su dictamen el 19 de febrero de 2004, que le remití junto con una solicitud de observaciones.

El 18 de marzo de 2004, usted envió sus observaciones, incluidos anexos.

El 2 de mayo de 2004, usted envió copias de documentos relativos a la situación de su empresa en el procedimiento ante un órgano jurisdiccional nacional, que no parecían estar relacionados con su denuncia.

A petición suya, su denuncia se ha tramitado de forma confidencial.

Le escribo ahora para informarle de los resultados de las investigaciones que se han realizado.

Pido disculpas por el tiempo que ha tardado en tramitar su denuncia.

LA DENUNCIA

El denunciante parece ser el consultor contable de Y, una empresa privada de telecomunicaciones de Luxemburgo.

Según el denunciante, los hechos pertinentes fueron los siguientes.

En 2001, el gerente de Y presentó una denuncia ante la Dirección General de Competencia de la Comisión contra EPT, el operador de red pública en Luxemburgo, en relación con su negativa a dar acceso a su bucle local para su empresa. La Dirección General de Competencia de la Comisión fue consultada sobre este asunto en diciembre de 2001 y el 15 de enero de 2002 por el director de Y y el 25 de enero de 2002 por el abogado de este último.

El denunciante se dirigió a la Comisión por primera vez el 4 de febrero de 2003. Envió otras cartas a la Comisión los días 9 y 17 de febrero de 2003 y el 14 de abril de 2003. La Comisión no respondió a sus cartas ni envió acuse de recibo de las mismas.

En sus cartas a la Comisión de 9 y 17 de febrero de 2003, el demandante se refirió a lo que consideraba prácticas comerciales desleales en el sector de las telecomunicaciones en Luxemburgo. En su carta de 14 de abril de 2003, informó a la Comisión de que, en marzo de 2003, el EPT había cortado el acceso a su bucle local para Y.

Según el denunciante, el gerente de Y y el abogado de este último mantuvieron correspondencia con la Comisión. En un correo electrónico enviado al gerente de Y el 13 de diciembre de 2002, la Comisión declaró que durante un año el funcionario responsable de la Comisión no había tenido tiempo de ocuparse del caso de Y y que un secretario había perdido un documento relativo al caso.

El 1o de junio de 2003, el autor escribió al Presidente de la Comisión en relación con los problemas de Y y recibió una respuesta el 23 de junio de 2003, firmada en nombre del Presidente por un jefe de unidad. En su carta, la Comisión informó al denunciante de que sus investigaciones sobre la denuncia de Y estaban en curso, pero que no consideraba que el denunciante fuera su interlocutor en este caso, dado que la denuncia fue presentada a la Comisión por otra persona (el gerente de Y). El demandante respondió a esta carta el 30 de junio de 2003, pero no recibió respuesta.

El 19 de octubre de 2003, el demandante presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo y adjuntó una serie de anexos a su reclamación (copias de la correspondencia con la Comisión y documentos relacionados con la situación financiera y jurídica de Y).

Alegó que la Comisión no respondió ni acusó recibo de varias cartas relativas al caso de Y (a saber, la carta del administrador de Y de 15 de enero de 2002, la carta del abogado del administrador de Y de 25 de enero de 2002 y las cartas del denunciante de 4, 9 y 17 de febrero de 2003, 14 de abril de 2003 y 30 de junio de 2003).

También alegó que la Comisión admitió en su correo electrónico de 13 de diciembre de 2002 que no había llevado a cabo una investigación sobre la denuncia de Y durante un año y justificó tal retraso alegando que no había tenido tiempo y que se había perdido un documento del expediente del asunto.

Por último, alegó que la Comisión no verificó (a la luz de la denuncia de Y presentada a la Comisión) la afirmación del EPT de que la conexión de Y había sido interrumpida porque Y no había pagado sus facturas.

El 2 de mayo de 2004, el demandante envió al Defensor del Pueblo copias de documentos que no parecían estar relacionados con la reclamación, ya que se referían a la situación financiera de Y y a los procedimientos ante el órgano jurisdiccional nacional relativos al acceso al bucle local.

LA INVESTIGACIÓN

Dictamen de la Comisión

El dictamen enviado por la Comisión puede resumirse del siguiente modo.

El 25 de abril de 2001, la Comisión recibió una denuncia relativa a la negativa de EPT, el operador de telecomunicaciones de la red pública de telefonía fija de Luxemburgo, a facilitar a Y el acceso a su bucle local. La denuncia fue presentada por el gestor de Y y registrada con el número de referencia COMP 38136.

Desde esa fecha, la Comisión ha intercambiado regularmente correspondencia con las partes interesadas en el asunto: el director de Y (5 comunicaciones enviadas y 12 recibidas entre el 25 de abril de 2001 y el 25 de junio de 2003) y el EPT. Los servicios de la Comisión también se desplazaron a Luxemburgo para comprobar las circunstancias del caso.

El 4 de febrero de 2003, paralelamente a la investigación de la denuncia, la Comisión comenzó a recibir comunicaciones del denunciante, que, según la Comisión, aparentemente era pariente del gerente de Y. La Comisión recibió cinco comunicaciones: faxes de 4, 9 y 17 de febrero de 2003 y 14 de abril de 2003 y carta al Sr. Prodi de 1 de junio de 2003.

El 23 de junio de 2003, la Comisión respondió al denunciante. En esta carta, la Comisión agradeció al demandante su correspondencia. Sin embargo, no entendió en qué calidad intervenía en el caso, ya que hasta esa fecha el contacto oficial de la Comisión parecía ser el gerente de Y. La Comisión también indicó en este escrito que la investigación de la denuncia había sido suspendida dado que la Comisión no había recibido una respuesta a esa solicitud de información adicional que envió al gerente de Y el 1 de abril de 2003 (con una copia enviada al abogado de este último el 25 de junio de 2003).

El demandante envió una respuesta a la Comisión el 30 de junio de 2003. Indicó en su carta que estaba interviniendo en el caso de Y debido a su juramento de cargo (que informaría a las autoridades sobre hechos punibles de los que tiene conocimiento). También señaló que era posible ponerse en contacto con el abogado del gerente de Y.

En su dictamen al Defensor del Pueblo, la Comisión alegó que su carta de 23 de junio de 2003 constituía una respuesta a todas las comunicaciones enviadas anteriormente por el demandante (del 4 de febrero de 2003 al 1 de junio de 2003).

La Comisión también consideró que las comunicaciones del denunciante, de 4, 10 y 17 de febrero y 14 de abril de 2003, no requerían una respuesta individual y específica por las siguientes razones:

El fax del demandante de 4 de febrero de 2003 era una respuesta a un correo electrónico de la Comisión de 13 de diciembre de 2002 y, por lo tanto, se asignó al expediente de la denuncia Y. Su fax de 9 de febrero de 2003 era una solicitud de dirección de M. Buigues y M. Monti y no era necesaria una respuesta dado que las direcciones solicitadas eran conocidas por el gestor de Y y accesibles en el sitio web de la Comisión y a través de la oficina de la Comisión en Luxemburgo. En el fax de 17 de febrero de 2003, el denunciante pidió a la Comisión que tuviera en cuenta los documentos facilitados por él y que los incluyera en el expediente de la denuncia Y presentada a la Comisión. Mediante fax de 14 de abril de 2003, el denunciante envió un artículo de prensa relativo a la apertura del mercado de las telecomunicaciones en Luxemburgo, con una breve carta introductoria. La Comisión declaró que no contestaba a este fax porque, el 1 de abril de 2003, se había puesto en contacto con Y para obtener información sobre la base de documentos facilitados previamente por el denunciante. La Comisión también consideró innecesario responder específicamente a esta carta, dado que ya había comenzado a preparar la compleja respuesta a las cuatro cartas (es decir, las cartas de 4, 9 y 17 de febrero y 14 de abril de 2003) enviadas anteriormente por el denunciante.

Por lo que se refiere a la carta del denunciante de 30 de junio de 2003, en la que el denunciante aclaraba por qué intervenía en el asunto Y y también, entre otras cosas, facilitaba los datos de contacto del abogado del director de Y, la Comisión afirma que tomó "debida nota" de dicha carta. La Comisión también señaló que esta carta contenía elementos a los que ya se había referido en su carta al denunciante de 23 de junio de 2003. La Comisión añadió asimismo que la persona facultada para actuar en relación con la denuncia de Y era el gerente de Y y que la Comisión había estado esperando la respuesta de este último para poder proseguir sus investigaciones sobre su denuncia.

La Comisión también declaró que, contrariamente a las alegaciones del denunciante, había enviado una copia de su carta dirigida al gerente de Y a su abogado y, en apoyo de esta declaración, adjuntaba el acuse de recibo.

Por lo que se refiere a la correspondencia con el gerente de Y, la Comisión explicó que el 1 de abril de 2003 le había enviado la solicitud de información adicional (y el 25 de junio de 2003 una copia a su abogado) y hasta la fecha del dictamen no había recibido su respuesta.

En resumen, la Comisión consideró que había tramitado adecuadamente las comunicaciones del denunciante, así como las del gerente de Y.

La Comisión también alegó que, según su práctica, cuando se trata de asuntos que requieren una gran correspondencia, los documentos enviados a la Comisión «en sentido descendente» (uno tras otro) se almacenan para un análisis complejo. Sin embargo, la Comisión declaró que envía un acuse de recibo y/o una respuesta sustantiva a cada comunicación electrónica, carta o fax que recibe.

Por último, la Comisión explicó que su afirmación de que el asunto se había archivado durante un año debido a la falta de tiempo solo era pertinente para el año 2002, cuando tuvo que dar prioridad a los asuntos Deutsche Telecom y Wanadoo. En este contexto, la Comisión declaró que, según la jurisprudencia de los tribunales europeos (a saber, el asunto T-24/90 (1991), apartado 77), su acción era compatible con el Derecho comunitario.

Por lo que se refiere a la declaración de la Comisión en la misma correspondencia con el denunciante de que un secretario había perdido un documento, la Comisión reconoció su error administrativo y alegó que muy poco después de dicha correspondencia se encontró el documento en cuestión. La Comisión subrayó que actuó con franqueza en sus relaciones con el demandante.

En su dictamen, la Comisión consideró que el denunciante alegó erróneamente que la Comisión no había verificado la alegación del EPT relativa a las facturas Y (que las facturas no se pagaron y por esa razón se produjo la desconexión). En este contexto, la Comisión señaló que, en su carta de 23 de junio de 2003, informó al denunciante de que, según su información, la desconexión sufrida por Y era el resultado de un litigio comercial relativo a los pagos pendientes y que el asunto estaba siendo tratado cuidadosamente por un órgano jurisdiccional nacional. Por lo tanto, la Comisión no consideró que tuviera interés comunitario actuar en esa fase de la investigación. Sin embargo, puede ser posible adjuntar la cuestión presentada por el denunciante al asunto Y en el futuro, sobre la base de argumentos convincentes y explícitos.

La Comisión adjuntó una serie de anexos a su dictamen, incluidas copias de todas las comunicaciones mencionadas en el dictamen (de ella misma, del denunciante y del gestor de Y y el acuse de recibo del fax de la Comisión de 25 de junio de 2004).

Observaciones del demandante

En resumen, el denunciante no estuvo de acuerdo con las observaciones de la Comisión sobre su denuncia.

LA DECISIÓN

1 Supuesta falta de respuesta a las cartas

1.1 El denunciante alega que la Comisión no respondió ni acusó recibo de varias cartas relativas al caso de Y (a saber, la carta del gerente de Y de 15 de enero de 2002, la carta del abogado del gerente de Y de 25 de enero de 2002 y las cartas del reclamante de 4, 9 y 17 de febrero de 2003, 14 de abril de 2003 y 30 de junio de 2003).

1.2 La Comisión alega que envía un acuse de recibo y/o una respuesta sustantiva a todas las comunicaciones electrónicas, cartas o faxes que recibe.

La Comisión afirma que consideró que las cartas del denunciante de 4, 9, 17 de febrero y 14 de abril de 2003 no requerían una respuesta individual y específica debido a su contenido. La Comisión también alega que su carta enviada al denunciante el 23 de junio de 2003 constituye una respuesta a todas las comunicaciones enviadas anteriormente por el denunciante (del 4 de febrero de 2003 al 1 de junio de 2003). La Comisión también afirma que tomó "debida nota" de la carta del denunciante de 30 de junio de 2003 y que dicha carta contenía elementos a los que ya se había referido la Comisión en su carta al denunciante de 23 de junio de 2003.

Por último, la Comisión señala sus preocupaciones en cuanto a la capacidad en la que el denunciante intervenía en el caso de Y, dado que el contacto oficial de la Comisión en este caso era otra persona.

1.3 El Defensor del Pueblo señala que la declaración general de la Comisión en su opinión de que envía un acuse de recibo y/o una respuesta sustantiva a cada comunicación electrónica, carta o fax que recibe es coherente con el propio código de buena conducta administrativa de la Comisión (1). Según el código de la Comisión, la respuesta a una carta dirigida a la Comisión se enviará en un plazo de quince días hábiles a partir de la fecha de recepción de la carta por el servicio responsable de la Comisión. Si no se puede enviar una respuesta dentro del plazo mencionado anteriormente, se enviará una respuesta en espera, indicando una fecha en la que el destinatario puede esperar que se le envíe una respuesta.

1.4 Por lo que se refiere a la carta del director de Y de 15 de enero de 2002 y a la carta del abogado del director de 25 de enero de 2002, la información disponible no permite al Defensor del Pueblo determinar si la Comisión reconoció y/o respondió a estas cartas a su debido tiempo.

1.5 Por lo que se refiere a las cartas del demandante de los días 4, 9 y 17 de febrero y 14 de abril de 2003, el Defensor del Pueblo señala, en primer lugar, que la calidad en que el demandante se dirigía a la Comisión no parece pertinente para el deber de responder a las cartas de los ciudadanos.

1.6 El Defensor del Pueblo señala que la Comisión explicó que el fax del demandante de 4 de febrero de 2003 era en sí mismo una respuesta a un correo electrónico de la Comisión de 13 de diciembre de 2002. La Defensora del Pueblo considera razonable la opinión de la Comisión de que, por lo tanto, el fax no requería una respuesta individual. Sin embargo, el Defensor del Pueblo toma nota con sorpresa de la opinión de la Comisión de que no era necesaria una respuesta a la solicitud del demandante de 9 de febrero de 2003 de que se le facilitara la dirección de M. Buigues y M. Monti debido a que las direcciones solicitadas eran conocidas por el gestor de Y y accesibles en el sitio web de la Comisión y a través de la oficina de la Comisión en Luxemburgo.

1.7 El Defensor del Pueblo señala asimismo que, aunque la Comisión declaró en su dictamen que su carta al demandante de 23 de junio de 2003 constituía una respuesta a las cartas del demandante de 4, 9 y 17 de febrero de 2003 y de 14 de abril de 2003, la carta de la Comisión de 23 de junio de 2003 se refiere únicamente al correo electrónico del demandante «de 4 de junio de 2003» (el Defensor del Pueblo entiende: "de 1 de junio de 2003") y no menciona la correspondencia anterior del denunciante. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo no entiende cómo puede considerarse que la carta de la Comisión de 23 de junio de 2003 responde a la correspondencia anterior.

1.8 Por consiguiente, el Defensor del Pueblo considera que la Comisión no ha aplicado sistemáticamente su propio código de buena conducta administrativa al tratar la correspondencia del demandante. Este fue un caso de mala administración. Por lo tanto, se hará una observación crítica en relación con este aspecto de la denuncia.

2 Tramitación del expediente Y por parte de la Comisión

2.1 El demandante alega que la Comisión admitió en su correo electrónico de 13 de diciembre de 2002 que no había llevado a cabo una investigación sobre la denuncia de Y durante un período de un año y justificó tal retraso alegando que no había tenido tiempo y que se había perdido un documento del expediente del caso.

2.2 La Comisión explica que su afirmación de que el asunto fue archivado durante un año por falta de tiempo solo fue válida para el año 2002, cuando tuvo que dar prioridad a los asuntos Deutsche Telecom y Wanadoo. En este contexto, la Comisión afirma que, según la jurisprudencia de los tribunales europeos (a saber, el asunto T-24/90 (1991), apartado 77), su acción era compatible con el Derecho comunitario.

La Comisión reconoce un error administrativo en relación con el documento Y que se perdió temporalmente. La Comisión señala que actuó con franqueza en sus relaciones con el denunciante.

2.3 El Defensor del Pueblo recuerda que en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, citada por la Comisión (2), el Tribunal declaró que el hecho de que la Comisión aplique diferentes grados de prioridad a los asuntos que se le someten en el ámbito de la competencia es compatible con las obligaciones que le impone el Derecho comunitario. El Defensor del Pueblo ha examinado detenidamente el correo electrónico de la Comisión de 13 de diciembre de 2002 y señala que afirma que «durante un año, el funcionario responsable de un expediente de Y ha estado muy ocupado con dos expedientes muy importantes y no ha tenido un momento para dedicarse al expediente de Y». El Defensor del Pueblo considera que la redacción del correo electrónico es lamentable, ya que está abierto a diversas interpretaciones, no todas las cuales serían coherentes con los principios de buena administración. Sin embargo, el Defensor del Pueblo no considera que el correo electrónico en cuestión sea suficiente por sí solo para demostrar que la Comisión ha incumplido sus obligaciones en la tramitación de una reclamación en el ámbito de la competencia.

2.4 El Defensor del Pueblo también considera lamentable la pérdida temporal de un documento por parte de la Comisión. Sin embargo, el Defensor del Pueblo señala que la Comisión explicó la situación al demandante con prontitud y franqueza y que el documento se volvió a encontrar pronto. Por lo tanto, la Comisión adoptó las medidas necesarias para corregir el error administrativo que se produjo.

2.5 En vista de lo anterior, el Defensor del Pueblo considera que no son necesarias más investigaciones en relación con este aspecto de la reclamación.

3 Supuesta falta de tratamiento de un aspecto específico del asunto

3.1 El denunciante alega que la Comisión no verificó (a la luz de la denuncia de Y presentada a la Comisión) la afirmación del operador de red pública en Luxemburgo (EPT) de que la conexión de Y se interrumpió porque Y no había pagado sus facturas.

3.2 La Comisión afirma que, en su carta de 23 de junio de 2003, informó al demandante de que la desconexión sufrida por Y era consecuencia de un litigio comercial relativo a pagos pendientes y de que el asunto estaba siendo examinado cuidadosamente por un órgano jurisdiccional nacional. Por lo tanto, la Comisión no considera que sea de interés comunitario actuar en la actualidad. Sin embargo, sería posible adjuntar la cuestión presentada por el denunciante al asunto Y en el futuro, sobre la base de argumentos convincentes y explícitos.

La Comisión también señala que su investigación de la denuncia presentada por Y no está cerrada y que está esperando la respuesta de Y a una solicitud de información adicional.

3.3 El Defensor del Pueblo considera útil comenzar su evaluación de la posición de la Comisión afirmando que su comprensión de las funciones respectivas de la Comisión y del órgano jurisdiccional nacional en el presente asunto es la siguiente: la Comisión se ocupa del asunto en lo que respecta a posibles prácticas comerciales desleales con arreglo al Derecho comunitario, mientras que el órgano jurisdiccional nacional se ocupa de un litigio mercantil que implica obligaciones civiles, con arreglo al Derecho nacional.

El Defensor del Pueblo señala, además, que, por lo que se refiere a este aspecto específico del asunto Y, la cuestión presentada a la Comisión y la que está tratando el órgano jurisdiccional nacional parecen ser las mismas en cuanto al fondo.

3.4 En este contexto, el Defensor del Pueblo recuerda el principio de cooperación leal de las instituciones con los órganos jurisdiccionales nacionales, consagrado en el artículo 10 (anteriormente 5) del Tratado CE, tal como establece la jurisprudencia (3), y que este principio obliga a la Comisión a respetar las decisiones de los órganos jurisdiccionales nacionales relativas al mismo asunto (4).

3.5 Habida cuenta de lo anterior, el Defensor del Pueblo considera que la posición de la Comisión según la cual no encuentra un interés comunitario para actuar en la actualidad parece razonable. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo no constata mala administración en este aspecto de la reclamación.

Conclusión

Sobre la base de las investigaciones del Defensor del Pueblo sobre esta reclamación, es necesario hacer la siguiente observación crítica:

El Defensor del Pueblo considera que la Comisión no ha aplicado sistemáticamente su propio código de buena conducta administrativa al tratar la correspondencia del reclamante. Este fue un caso de mala administración.

Dado que este aspecto del asunto se refiere a hechos concretos ocurridos en el pasado, no procede buscar una solución amistosa del asunto. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo archiva el asunto.

Se informará de esta decisión al Presidente de la Comisión.

Le saluda con sinceridad,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

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(1) Código de buena conducta administrativa de la Comisión, disponible en el sitio web de la Comisión (http://ec.europa.eu/secretariat_general/code/index_en.htm).

(2) Asunto T-24/90, Automec Srl/Comisión, Rec. 1992, p. II-02223.

(3) Véase el asunto C-2/88 Zwartveld Auto del Tribunal de Justicia (1990) I-03365, apartado 53.

(4) Véase el asunto T-24/90 Automec Srl/Comisión [1992] II-0223, apartados 87 y ss.