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Decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre la reclamación 759/2003/IP contra la Comisión Europea


Estrasburgo, 19 de mayo de 2004

Muy señor mío:

El 28 de abril de 2003, presentó usted una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, en nombre de la Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (Fundación Luso-Americana para el Desarrollo; en lo sucesivo, «la Fundación»), en relación con el rechazo por parte de la Comisión de la propuesta presentada por la Fundación a raíz de la convocatoria de propuestas EuropeAid/113172, Operaciones en los países en desarrollo (PVD) cofinanciada con ONG europeas de desarrollo (B7-6000).

El 21 de mayo de 2003, transmití la denuncia al Presidente de la Comisión. La Comisión envió su dictamen el 10 de julio de 2003 y se lo remití con una invitación a presentar observaciones, que usted envió el 28 de agosto de 2003.

A la luz de estas observaciones, parecía que era necesario llevar a cabo nuevas investigaciones. Por consiguiente, el 10 de noviembre de 2003 escribí a la Comisión pidiéndole que comentara sus observaciones. El 6 de enero de 2004 recibí la respuesta de la Comisión, que le remití con una invitación a formular observaciones. El 1 de marzo de 2004 recibí sus observaciones.

Le escribo ahora para informarle de los resultados de las investigaciones que se han realizado.


LA DENUNCIA

Según el denunciante, los hechos pertinentes son los siguientes:

El 17 de julio de 1998, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) n° 1658/98 relativo a la cofinanciación de acciones con organizaciones no gubernamentales (ONG) europeas de desarrollo en ámbitos de interés para los países en desarrollo (1). El apartado 1 del artículo 3 dispone que "los agentes de cooperación que podrán optar a la cofinanciación en virtud del presente Reglamento serán las ONG que cumplan las siguientes condiciones: i) deben constituirse como organizaciones autónomas sin ánimo de lucro en un Estado miembro de conformidad con el Derecho de dicho Estado; ii) deben tener su sede en un Estado miembro y la sede debe ser el centro principal de las decisiones relativas a las operaciones cofinanciadas; iii) la mayor parte de su financiación debe proceder de Europa».

La Fundación presentó una solicitud en el marco de la convocatoria de propuestas EuropeAid/113172, para un proyecto relativo a la rehabilitación del sector productivo en Angola a través de la formación de personal e instructores/2° Edición - PFQA II, Angola.

Mediante carta de 22 de enero de 2003, firmada por el Presidente del Comité de Evaluación, la Comisión informó a la Fundación de que su solicitud no cumplía uno o varios criterios de admisibilidad y, por lo tanto, no fue admitida.

La Comisión propuso que la Fundación se creara en 1985 en el marco del Acuerdo de Cooperación y Defensa entre los Gobiernos de Portugal y de los Estados Unidos. Su Consejo de Patronato, que establece la política general de la Fundación y supervisa sus actividades, está compuesto por 9 miembros, incluido el Embajador de los Estados Unidos en Portugal y un miembro designado por la Embajada de los Estados Unidos, los otros 7 miembros designados por el Primer Ministro portugués. Sobre esta base, la Comisión consideró que la Fundación no podía considerarse una organización no gubernamental. Además, la Comisión declaró que también era cuestionable si la mayoría de los recursos financieros de la Fundación procedían de la UE y si la Fundación tenía la capacidad de movilizar recursos financieros privados dentro de Europa.

El 24 de febrero de 2003, la Fundación, a través de su Secretario General, escribió a la Comisión para impugnar la decisión de la Comisión de rechazar su solicitud. La Fundación formuló las siguientes observaciones:

Por lo que se refiere a la autonomía de la Fundación, se remitió al artículo 3, apartado 1, del Reglamento 1658/98, que establece que las organizaciones que se beneficien de la cofinanciación deben ser «…organizaciones autónomas sin ánimo de lucro en un Estado miembro de conformidad con la legislación de dicho Estado». Aunque la Fundación admitió que las declaraciones de la Comisión sobre la creación y composición del Patronato eran ciertas, subrayó que, de conformidad con el Decreto Ley portugués n.o 168/85, de 20 de mayo de 1985, la Fundación Lusoamericana para el Desarrollo es una organización privada, a pesar de su origen público, y que se rige por el derecho privado, que es financieramente autónoma y que sus acciones están subordinadas únicamente a las normas del derecho privado. El Decreto-ley correspondiente se aplicó mediante la Ley no 66/98, de 14 de octubre de 1998. En virtud de esta ley, los únicos organismos que pueden ser considerados como organizaciones no gubernamentales de cooperación para el desarrollo son los regidos por el derecho privado y que no tienen fines lucrativos. La Fundación ha sido reconocida como ONG y está registrada como tal. La conclusión de la Comisión de que la Fundación no es una ONG, basada en sus orígenes públicos y en los métodos de designación de los miembros del Consejo de Patronato, no pudo aceptarse.

Por lo que se refiere al origen de sus recursos financieros, la Fundación señaló que el argumento invocado por la Comisión sobre la inadmisibilidad de la Fundación, es decir, que la mayoría de sus recursos financieros no procedían de la Unión Europea y que no se había demostrado su capacidad para movilizar recursos privados, era erróneo. Los fondos procedentes únicamente del Gobierno portugués entre 1985 y 1991 constituían el patrimonio de la Fundación. Desde esa fecha, la Fundación ha estado funcionando con los ingresos generados por su capital fundador. Además, desde el inicio de su actividad, la capacidad de la Fundación para movilizar otros recursos financieros ha sido bien conocida y el desarrollo de programas en asociación financiera con otras organizaciones en forma de subvenciones de contrapartida forma parte del trabajo de la Fundación.

Además, la Fundación consideró que la decisión de la Comisión era aún más sorprendente, ya que la misma Fundación había sido considerada recientemente como una ONG por la propia Comisión, cuando ésta había aprobado su solicitud para el desarrollo de un programa similar, también en Angola, que se había desarrollado con éxito durante los años 2000 y 2001. En opinión de la Fundación, por lo tanto, era incomprensible cómo, sin ninguna modificación del Estatuto de la Fundación, la misma ya no era considerada una ONG por la misma Comisión Europea que la había reconocido como tal antes.

En su reclamación al Defensor del Pueblo, el demandante, que es el Presidente del Consejo Ejecutivo de la Fundación, alegó que la decisión de la Comisión de rechazar la solicitud de la Fundación era manifiestamente errónea y que las razones de inelegibilidad invocadas por la institución eran infundadas. El denunciante también alegó que la Fundación debía ser reconocida como ONG, tanto para esta denuncia como para todas las relaciones futuras con la Unión Europea.

LA INVESTIGACIÓN

Dictamen de la Comisión

En su dictamen, la Comisión formuló en resumen las siguientes observaciones:

La Fundación presentó una solicitud para un proyecto en Angola, en el marco de la convocatoria de propuestas EuropeAid/113172 "operaciones en países en desarrollo cofinanciadas con organizaciones no gubernamentales europeas de desarrollo (línea presupuestaria B7/6000)".

La base jurídica de los proyectos relativos a la línea presupuestaria mencionada fueron el Reglamento (CE) no 1658/98, de 17 de julio de 1998 (2), y las Condiciones generales para la cofinanciación de las acciones de desarrollo emprendidas por las ONG europeas en los países en desarrollo (en lo sucesivo, "las condiciones generales"), que entraron en vigor el 7 de enero de 2000. Esta legislación establecía las condiciones de admisibilidad que permitían a los servicios de la Comisión determinar si la organización en cuestión estaba bien establecida y arraigada en la sociedad civil europea y si procedía de esa misma sociedad civil y contaba con suficiente apoyo dentro de la sociedad europea en general. La solicitud presentada por la Fundación había sido analizada por los servicios de la Comisión a la luz de dicha normativa. De ello se deduce que no cumple los criterios de admisibilidad establecidos para esa línea presupuestaria concreta. Por consiguiente, la Comisión comunicó al denunciante la denegación de la solicitud de la Fundación mediante carta de 22 de enero de 2003.

Por lo que se refiere a las razones de la denegación de la solicitud, la Comisión tuvo en cuenta la autonomía y los recursos financieros de la Fundación, así como su capacidad para movilizar recursos financieros privados y posiblemente otras ayudas dentro de Europa.

Por lo que se refiere a la autonomía, la Fundación se creó en 1985 en el marco del Acuerdo de Cooperación y Defensa entre los Gobiernos de Portugal y de los Estados Unidos. Su Patronato, que establece la política general de la Fundación y supervisa sus actividades, está compuesto por un mínimo de 7 y un máximo de 9 miembros. Los nombres de dos de ellos son propuestos por el Embajador de los Estados Unidos en Portugal, y los otros siete miembros son designados, como se indica en el sitio web de la Fundación, por el Primer Ministro de Portugal. Sobre la base de las necesidades de la línea presupuestaria B7-6000, la autonomía de la organización no gubernamental era una característica esencial.

Además, el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1658/98, que prevé los criterios de admisibilidad de las ONG en el marco de esta línea presupuestaria, menciona como prioridad la autonomía y la independencia de las ONG. El texto de la convocatoria de propuestas también hacía referencia a esta norma, así como a las condiciones generales. Además, el punto 2.2 de las condiciones generales establece que, al determinar si una ONG puede optar a la financiación, se tendrá en cuenta su adhesión a los principios básicos del apéndice 1, que se refiere, en el punto C, a la estructura de las ONG. De conformidad con esta disposición, las ONG de desarrollo de la UE deben estar arraigadas en la sociedad civil de la UE, deben ser un grupo de personas, deben ser independientes para perseguir sus propios objetivos de desarrollo y deben tener un consejo representativo de la circunscripción de la ONG de desarrollo de la UE y deben ser independientes en sus acciones.

Sobre la base de la forma en que se constituyó la Fundación y teniendo en cuenta la pertenencia a esta organización, es decir, la forma en que se designan los miembros de sus Consejos Ejecutivo y Consultivo, la Comisión decidió que la Fundación no cumplía el criterio de autonomía.

Por lo que se refiere a los recursos financieros, el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1658/98 establece que, para poder optar a la financiación, la mayor parte de la financiación de la ONG debe proceder de Europa. Este requisito también se recordó en la convocatoria de propuestas.

En el caso de la Fundación, los fondos transferidos a la organización por el Gobierno portugués habían sido puestos a disposición por el Gobierno de los Estados Unidos, como se indica en los apartados 1 y 2 del artículo 4 de sus estatutos. Dado que las actividades de la Fundación se financiaron con los ingresos generados por este capital inicial, según declaró el propio denunciante, la Fundación no cumplió la condición de que la mayor parte de la financiación de la ONG tuviera que proceder de Europa.

Por lo que se refiere a la capacidad de la Fundación para movilizar recursos financieros privados y posiblemente otras ayudas dentro de Europa, esta disposición también estaba prevista en la convocatoria de propuestas y en el artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 1658/58, que exigen que las organizaciones tengan que demostrar una capacidad para movilizar una verdadera solidaridad por parte de los ciudadanos europeos.

La Fundación parecía, por el contrario, totalmente dependiente de los fondos procedentes de fuentes públicas. No ha demostrado ninguna capacidad para movilizar fondos privados. Esta capacidad debe ser confirmada por la existencia, entre los recursos financieros propios de la Fundación, de fondos de origen privado. El hecho de que la Fundación estableciera asociaciones con otras organizaciones proporcionando fondos de contrapartida para programas o proyectos específicos no demostraba que tuviera esa capacidad de movilizar fondos privados. Los posibles fondos privados movilizados e invertidos en esos programas o proyectos fueron efectivamente puestos a disposición por las organizaciones asociadas y no por la Fundación.

Sobre esta base, se puso de manifiesto que la Fundación, además, no cumplía la condición según la cual tenía que demostrar la capacidad de movilizar recursos financieros privados y posiblemente otras ayudas dentro de Europa y, por lo tanto, no era subvencionable.

La solicitud presentada por la Fundación no era admisible con arreglo a las normas de la línea presupuestaria B7/6000.

Observaciones del demandante

En sus observaciones sobre el dictamen de la Comisión, el denunciante declaró que la Comisión solo había proporcionado una respuesta formal, sin abordar los puntos específicos planteados en la denuncia presentada el 28 de abril de 2003.

La Fundación era, de conformidad con el Decreto-ley portugués n.o 168/85, de 20 de mayo de 1985, una organización privada, y se rige por el Derecho privado. El denunciante consideró que la Comisión había incumplido por completo la legislación portuguesa al tramitar la solicitud presentada por la Fundación. Además, el demandante expresó su sorpresa por la actitud de la Comisión en el presente caso, ya que en ocasiones anteriores la Fundación había sido considerada apta para ser miembro del Centro Europeo de Fundaciones. Además, subraya que la decisión de la Comisión de no considerar a la Fundación como candidata adecuada para el programa EuropeAid/113172 es manifiestamente contraria a la posición adoptada por la misma institución en 1999, cuando se adjudicó a la Fundación un contrato para un proyecto que se llevó a cabo en Angola (proyecto ANG/3210-98/04).

Por lo tanto, la Fundación tenía la confianza legítima de que la Comisión, como en el pasado, la consideraría un candidato adecuado. Habida cuenta de que no se habían producido cambios en la estructura de la Fundación, el comportamiento de la Comisión no parecía ser coherente con su posición anterior.

Por lo que se refiere a la autonomía de la Fundación, el denunciante subrayó que la Fundación ejercía su actividad de forma autónoma y que sus acciones estaban subordinadas únicamente a las normas de Derecho privado.

Otras consultas

Tras un cuidadoso examen del dictamen de la Comisión y de las observaciones del denunciante, se consideró necesario realizar nuevas investigaciones. Por consiguiente, el 10 de noviembre de 2003 el Defensor del Pueblo escribió a la Comisión. En su carta, pidió a la institución que comentara i) el argumento del denunciante de que la Fundación estaba constituida como una organización autónoma sin ánimo de lucro en Portugal de conformidad con la legislación de dicho Estado miembro y ii) el argumento del denunciante de que el comportamiento de la Comisión en el presente asunto no parecía ser coherente con su decisión anterior de adjudicar a la Fundación un contrato para el proyecto ANG/3210-98/04.

Dictamen complementario de la Comisión

En su respuesta, la Comisión formuló las siguientes observaciones:

Por lo que se refiere al primer punto sobre el que se había pedido a la Comisión que presentara sus observaciones, nunca había cuestionado el hecho de que la Fundación se hubiera constituido como ONG con arreglo al Derecho nacional portugués. Sin embargo, consideró que el reconocimiento como organización sin ánimo de lucro con arreglo a la legislación de un Estado miembro era solo uno de los criterios que debían tenerse en cuenta. Para determinar si la ONG cumplía las condiciones exigidas, debían tenerse en cuenta otros criterios. Para ser elegible, una ONG de desarrollo de la UE tenía que i) demostrar su capacidad para movilizar una verdadera solidaridad por parte del público europeo para sus actividades en los países en desarrollo; ii) arraigarse en la sociedad civil de la UE; iii) ser un grupo de personas; iv) Ser independiente para perseguir sus propios objetivos de desarrollo y tener una junta que sea representativa de la circunscripción de la ONG e independiente en su acción.

El denunciante había ignorado (3) las razones invocadas por la institución en el punto 2.A de su dictamen para explicar por qué había considerado que la Fundación no era elegible.

En cuanto a los recursos financieros y con vistas a determinar la autonomía real y las raíces en la sociedad civil de la UE de la ONG en cuestión, se exigió que la mayor parte de su financiación procediera de Europa y que la ONG demostrara su capacidad para movilizar recursos financieros privados u otro tipo de apoyo dentro de Europa. Como se indica en la convocatoria de propuestas, las ONG que soliciten cofinanciación deben aportar una contribución financiera significativa procedente de fuentes privadas de la UE o de otros países europeos. Sobre la base de la documentación facilitada por el denunciante, parecía que la Fundación no cumplía estas condiciones. Sus recursos financieros se originaron básicamente en los Estados Unidos, en el marco de un acuerdo bilateral entre los gobiernos de Portugal y de los Estados Unidos. Además de eso, y también de acuerdo con la documentación proporcionada por la Fundación, la organización dependía de fondos procedentes de fuentes públicas, por lo que carecía de la capacidad de movilizar recursos financieros privados y otras ayudas en Europa. El argumento presentado por la Fundación en sus observaciones de que había movilizado algunos fondos de bancos privados portugueses para algunos proyectos específicos solo mostró que estos fondos deberían considerarse fondos de contrapartida para proyectos y programas específicos y no realmente como financiación de los recursos financieros propios de la Fundación.

Además, al haber sido creada no por la sociedad civil portuguesa, sino por los Gobiernos de Portugal y de los Estados Unidos en el marco de un acuerdo bilateral y depender, en lo que respecta a sus recursos financieros, de fuentes públicas de origen no europeo, la Fundación no respetó las condiciones aplicables a la licitación específica.

Por lo que se refiere al segundo punto sobre el que se había pedido a la Comisión que formulara observaciones, no era correcto suponer que, dado que una ONG había sido considerada subvencionable en el marco de un programa específico, debía ser aceptada en el marco de cualquier otro programa gestionado por la Comisión. Cada programa tenía objetivos específicos y tenía su propia base jurídica y sus propias normas. La línea presupuestaria B7-6000 sólo era accesible a las ONG europeas que tenían el derecho exclusivo de iniciativa para proponer operaciones que se cofinanciarían con cargo a esta línea presupuestaria. En el marco de este programa de cofinanciación, la Comisión complementa los principales instrumentos de financiación de la cooperación al desarrollo. Por esta razón, los criterios de admisibilidad eran más estrictos que los de otros instrumentos de cooperación que perseguían objetivos diferentes.

Observaciones adicionales del demandante

En sus observaciones, el denunciante alegó que el tono del lenguaje utilizado por la Comisión en su dictamen, a saber, el uso del término «escamotear», era inadecuado e inadecuado para cualquier administración pública. La Fundación siempre se había dirigido a la Comisión con cortesía y lenguaje apropiado. Sin embargo, la Comisión no había utilizado la misma norma en su respuesta.

En cuanto al fondo de la respuesta, el demandante mantuvo su posición sobre la naturaleza de la Fundación. Además, señaló que la propia Comisión había reconocido que los criterios de selección seguidos en el caso de los proyectos ANG/3210-98/04 y EuropeAid/113172 eran diferentes. El denunciante consideró que, dado que los dos proyectos eran de la misma naturaleza, la Comisión debería haber explicado las razones por las que había decidido aplicar criterios de selección diferentes y más estrictos en el presente caso.

LA DECISIÓN

1 Observaciones preliminares

1.1 En sus observaciones sobre el dictamen complementario de la Comisión, el demandante alegó que el tono del lenguaje utilizado por la Comisión en su respuesta a la carta del Defensor del Pueblo de 10 de noviembre de 2003, a saber, el uso del término «escamotear», era inadecuado e inadecuado para una administración pública.

1.3 Los principios de buena administración exigen que, en sus relaciones con el público y al tramitar las reclamaciones de los ciudadanos, las instituciones utilicen un lenguaje adecuado.

1.4 El Defensor del Pueblo está de acuerdo en que, como señaló el demandante, el término "escamotear", utilizado por la Comisión en su respuesta a la carta del Defensor del Pueblo de 10 de noviembre de 2003, no parece adecuado, ya que tiene una connotación peyorativa en lo que respecta al comportamiento del demandante. Cabe señalar, sin embargo, que el texto portugués es una traducción del original del dictamen de la Comisión redactado en inglés. En la versión inglesa, la Comisión utilizó el término «disregard», que parece ser más neutro.

Aunque es lamentable que la traducción al portugués no fuera coherente con el original inglés, el Defensor del Pueblo no tiene motivos para suponer que la Comisión tenía la intención de incurrir en un delito en este caso. Con el fin de informar al denunciante de la forma más completa posible, se adjunta a la presente Decisión una copia de la versión inglesa de la respuesta de la Comisión.

1.5 En sus observaciones sobre esta respuesta, el denunciante también señaló que la propia Comisión había reconocido que los criterios de selección seguidos en el caso del proyecto ANG/3210-98/04 y EuropeAid/113172 eran diferentes. Por lo tanto, el denunciante consideró que, dado que los dos proyectos eran de la misma naturaleza, la Comisión debería haber explicado las razones por las que había decidido aplicar criterios de selección diferentes y más estrictos en el presente caso.

Dado que esta alegación no formaba parte de la reclamación original, el Defensor del Pueblo considera que, para no retrasar la conclusión de sus investigaciones en el presente asunto, no sería adecuado abordar este aspecto del asunto en la presente investigación. El demandante sigue siendo libre de dirigir su reclamación a la Comisión y, en caso de que no reciba una respuesta satisfactoria de la institución, de presentar una nueva reclamación ante el Defensor del Pueblo.

2 Decisión de la Comisión de rechazar la propuesta de la Fundación

2.1 La Fundación Lusoamericana para el Desarrollo (la Fundación) presentó una solicitud a la Comisión, en el marco de la convocatoria de propuestas EuropeAid/113172, para un proyecto relativo a la rehabilitación del sector productivo en Angola mediante la formación de personal e instructores/2° Edición - PFQA II, Angola.

Mediante carta de 22 de enero de 2003, la Comisión informó a la Fundación de su opinión de que la solicitud no cumplía uno o varios criterios de admisibilidad establecidos en la legislación pertinente, a saber, el Reglamento (CE) no 1658/98 del Consejo (4), por lo que no fue admitida.

En su reclamación al Defensor del Pueblo, el demandante alegó que la decisión de la Comisión de rechazar la solicitud de la Fundación era manifiestamente errónea y que las razones de inelegibilidad invocadas por la institución eran infundadas.

2.2 En sus observaciones sobre el dictamen de la Comisión, el demandante consideró que la Comisión había hecho caso omiso de la legislación portuguesa al tramitar la solicitud presentada por la Fundación. Además, el denunciante subrayó que la decisión de la Comisión de no considerar a la Fundación como candidata adecuada para el programa EuropeAid/113172 era, en su opinión, contraria a la posición adoptada por la misma institución en 1999, cuando se adjudicó a la Fundación un contrato para un proyecto que se llevó a cabo en Angola (proyecto ANG/3210-98/04).

2.3 En su dictamen, la Comisión explicó que su decisión se había adoptado de conformidad con los criterios de admisibilidad establecidos en las normas pertinentes. La institución subrayó que había tenido en cuenta la autonomía, los recursos financieros de la Fundación y su capacidad para movilizar recursos financieros privados y posiblemente otras ayudas dentro de Europa.

La Comisión consideró que, habida cuenta de la forma en que se había constituido la Fundación y teniendo en cuenta la pertenencia a esta organización, la Fundación no cumplía los criterios de autonomía.

Por lo que se refiere a los recursos financieros, la Comisión sostuvo que las actividades de la Fundación no estaban financiadas con fondos procedentes de Europa.

Por lo que se refiere a la capacidad de la Fundación para movilizar recursos financieros privados y posiblemente otras ayudas dentro de Europa, la Fundación parecía depender totalmente de los fondos procedentes de fuentes públicas. Además, no había demostrado ninguna capacidad para movilizar fondos privados.

2.4 En su segundo dictamen, la Comisión subrayó que nunca había cuestionado el hecho de que la Fundación se hubiera constituido como ONG con arreglo a la legislación nacional portuguesa. Sin embargo, el reconocimiento como organización sin ánimo de lucro con arreglo a la legislación del Estado miembro era solo uno de los criterios que debían tenerse en cuenta a la hora de decidir sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de un solicitante. Además, el hecho de que una ONG haya sido considerada subvencionable en el marco de un programa específico no significa que deba ser aceptada en el marco de cualquier otro programa gestionado por la Comisión. Cada programa tenía objetivos específicos y tiene su propia base jurídica y normas.

2.5 Las normas pertinentes en este caso se establecen en el Reglamento (CE) no 1658/98 del Consejo, de 17 de julio de 1998, y en las Condiciones generales para la cofinanciación de las acciones de desarrollo emprendidas por las ONG europeas en los países en desarrollo, que entraron en vigor el 7 de enero de 2000.

De conformidad con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1658/98 del Consejo, los agentes de cooperación que podrán optar a la cofinanciación en virtud del presente Reglamento serán las ONG que cumplan las siguientes condiciones: i) deben constituirse como organizaciones autónomas sin ánimo de lucro en un Estado miembro de conformidad con el Derecho de dicho Estado; ii) deben tener su sede en un Estado miembro y la sede debe ser el centro principal de las decisiones relativas a las operaciones cofinanciadas; iii) la mayor parte de su financiación debe proceder de Europa.

Además, de conformidad con las condiciones generales para la cofinanciación de las operaciones de desarrollo emprendidas por las ONG europeas en los países en desarrollo, las ONG de desarrollo de la UE deben estar arraigadas en la sociedad civil de la UE, ser un grupo de personas, ser independientes para perseguir sus propios objetivos de desarrollo, tener un consejo representativo de la circunscripción de ONG de desarrollo de la UE y ser independientes en sus acciones.

2.6 El Defensor del Pueblo señala que la Fundación se creó en 1985 en el marco del Acuerdo de Cooperación y Defensa entre los Gobiernos de Portugal y de los Estados Unidos. Su Patronato, que establece la política general de la Fundación y supervisa sus actividades, está compuesto por un mínimo de 7 y un máximo de 9 miembros. Los nombres de dos de ellos son propuestos por el Embajador de los Estados Unidos en Portugal, y los otros 7 miembros son designados por el Primer Ministro de Portugal. En estas circunstancias, el Defensor del Pueblo considera que la decisión de la Comisión de no considerar a la Fundación como un organismo autónomo en el sentido del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1658/98 del Consejo parece razonable. Dado que todos los criterios previstos en un programa específico deben ser cumplidos por el solicitante para ser admisibles, el Defensor del Pueblo considera que, en vista de lo anterior, no es necesario comprobar si el reclamante cumplía los demás criterios a los que se refiere la Comisión.

2.7 El Defensor del Pueblo también considera que el hecho de que una ONG haya sido considerada elegible en el marco de un programa específico no significa que deba ser aceptada en el marco de cualquier otro programa gestionado por la Comisión. La elegibilidad debe determinarse sobre la base de los criterios establecidos para cada programa individual.

2.8 Además, el Defensor del Pueblo señala que el demandante no ha cuestionado el hecho de que la Comisión haya aplicado criterios de selección diferentes y más estrictos en el presente caso en comparación con otros para los que se había seleccionado a la Fundación.

2.9 A la luz de las pruebas y argumentos presentados en el curso de esta investigación, el Defensor del Pueblo considera, por tanto, que la Comisión proporcionó una explicación coherente y razonable de sus acciones y de su decisión en este caso.

2.10 Por consiguiente, el Defensor del Pueblo considera que no hay pruebas de mala administración por parte de la Comisión Europea en relación con este aspecto del asunto.

3 Reclamación del demandante

3.1 En su denuncia, el autor afirmaba que la Fundación debía ser reconocida como ONG, tanto para este caso como para todas las relaciones futuras con la Unión Europea.

3.2 En cuanto a la alegación del demandante de que la Fundación debe considerarse una ONG en este caso, el Defensor del Pueblo considera que esta alegación no puede sostenerse por las razones expuestas anteriormente.

3.3 En cuanto a la alegación del demandante de que la Fundación debe considerarse una ONG para todas las relaciones futuras con la Unión, el Defensor del Pueblo considera que, como se indica en el punto 2.7, la elegibilidad debe determinarse sobre la base de los criterios establecidos para cada programa individual.

3.4 Sobre la base de lo anterior, el Defensor del Pueblo considera que la reclamación del demandante no puede sostenerse.

4 Conclusión

Sobre la base de las investigaciones del Defensor del Pueblo sobre esta reclamación, no parece haber habido mala administración por parte de la Comisión Europea. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo archiva el asunto.

También se informará de esta decisión al Presidente de la Comisión Europea.

Le saluda con sinceridad,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) DO L 213 de 30.7.1998, pp. 1-5.

(2) DO L 213 de 30 de julio de 1998, pp. 1-5.

(3) En la versión portuguesa del dictamen de la Comisión, el término «desconsideración» se tradujo por el término «escamotear». Este término podría traducirse como "ocultar algo con intención fraudulenta, con mente culpable".

(4) DO L 213 de 30 de julio de 1998, pp. 1-5.

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