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Decisión sobre la forma en que la Comisión Europea tramitó dos solicitudes de acceso público a las evaluaciones de impacto y los dictámenes del Comité de Control Reglamentario en relación con la revisión prevista de los Reglamentos de la UE sobre sustancias químicas (REACH) y mercurio (asunto 1053/2023/MIK)

El denunciante, una organización de la sociedad civil, pidió a la Comisión Europea que concediera acceso público a las evaluaciones de impacto y los dictámenes conexos del Comité de Control Reglamentario en relación con las revisiones previstas del Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) y del Reglamento sobre el mercurio.

En sus decisiones iniciales sobre las solicitudes, la Comisión divulgó versiones muy expurgadas de documentos relativos al Reglamento REACH y se negó a divulgar ningún documento relativo al Reglamento sobre el mercurio. Al hacerlo, la Comisión invocó excepciones en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos, alegando que la divulgación socavaría la protección de los intereses comerciales y un proceso de toma de decisiones en curso. Insatisfecho con este resultado, el denunciante pidió a la Comisión que revisara sus decisiones. Cuando la Comisión no respondió dentro de los plazos legales, el demandante recurrió al Defensor del Pueblo.

En el curso de la investigación de la Defensora del Pueblo, la Comisión adoptó decisiones definitivas relativas a ambas solicitudes. Concedió pleno acceso público a los documentos relativos a la revisión del Reglamento sobre el mercurio, ya que había concluido el proceso de toma de decisiones pertinente entretanto. Sin embargo, mantuvo su decisión de divulgar únicamente los documentos muy censurados relativos a la revisión del Reglamento REACH.

Por lo que se refiere a los documentos relativos a la revisión del Reglamento sobre el mercurio, la Defensora del Pueblo reitera su opinión de que el incumplimiento de los plazos establecidos en la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos no puede ser una buena práctica administrativa. Es fundamental que los ciudadanos tengan acceso público oportuno a los documentos legislativos, de modo que puedan ejercer su derecho democrático a influir en la elaboración de la legislación de la UE. Debido a los siete meses transcurridos desde la solicitud inicial, los documentos divulgados ya no son útiles para el fin que el denunciante tenía previsto, es decir, dar a conocer sus puntos de vista antes de la adopción de la propuesta legislativa.

Por lo que se refiere a los documentos relativos a la revisión del Reglamento REACH, el Defensor del Pueblo consideró que la negativa de la Comisión a conceder el pleno acceso público constituía una mala administración. Por consiguiente, recomienda que la Comisión conceda pleno acceso público. En particular, el Defensor del Pueblo señaló que los documentos solicitados constituyen documentos legislativos y, además, contienen información sobre el medio ambiente. De conformidad con la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos y el Reglamento de Aarhus de la UE, se aplica un nivel de transparencia especialmente elevado a dichos documentos.

La Comisión rechazó la recomendación del Defensor del Pueblo.

La Defensora del Pueblo lamenta profundamente la negativa de la Comisión y cierra la investigación, manteniendo su conclusión de mala administración. Es preocupante que la Comisión no esté dando efecto a una jurisprudencia clara de la UE que dice que los documentos legislativos deben divulgarse cuando los ciudadanos aún pueden influir en el procedimiento. Esta influencia es una expresión legítima de los derechos democráticos de los ciudadanos de la UE, en lugar de una presión no deseada de la que la Comisión debe protegerse. Uno esperaría que la Comisión acogiera con satisfacción la participación ciudadana en una cuestión de importancia pública tan esencial como la gestión del riesgo de las sustancias químicas peligrosas.

Antecedentes de la denuncia

1. El Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)[1] tiene por objeto mejorar la protección de la salud humana y del medio ambiente frente a los riesgos potenciales de las sustancias y preparados químicos, mejorando al mismo tiempo la competitividad de la industria química de la UE. En 2020, la Comisión Europea anunció su intención de revisar el Reglamento REACH [2].

2. El Reglamento sobre el mercurio [3] establece normas sobre cómo se utiliza y trata el mercurio a lo largo de su ciclo de vida. En 2023, la Comisión propuso revisar el Reglamento sobre el mercurio [4].

Solicitud de acceso público a los documentos relacionados con REACH

3. El 25 de noviembre de 2022, el denunciante, una organización de la sociedad civil, solicitó el acceso público [5] a las evaluaciones de impacto y los dictámenes conexos del Comité de Control Reglamentario (CCR) en relación con cualquier revisión prevista del Reglamento REACH.

4. El 13 de enero de 2023, la Comisión concedió acceso público a una versión muy expurgada de estos documentos. Al ocultar la información, la Comisión invocó excepciones en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos (Reglamento 1049/2001), alegando que la divulgación socavaría un proceso de toma de decisiones en curso [6].

5. El 19 de enero de 2023, el denunciante pidió a la Comisión que revisara su decisión (mediante una «solicitud confirmatoria»). El plazo ampliado para que la Comisión respondiera expiró el 2 de marzo de 2023.

6. El 12 de junio de 2023, al no haber recibido respuesta, el reclamante se dirigió al Defensor del Pueblo.

Solicitud de acceso público a los documentos relacionados con el Reglamento sobre el mercurio

7. El 17 de enero de 2023, el denunciante solicitó acceso público a las evaluaciones de impacto y los dictámenes conexos del Comité de Control Reglamentario, así como una lista y actas de cualquier «reunión previa» celebrada entre el Comité de Control Reglamentario y el personal de la Comisión en relación con la revisión del Reglamento sobre el mercurio.

8. El 24 de febrero de 2023, la Comisión se negó a divulgar los documentos solicitados.

9. El 1 de marzo de 2023, el denunciante presentó una solicitud confirmatoria. El plazo ampliado para que la Comisión respondiera expiró el 18 de abril de 2023.

10. El 12 de junio de 2023, al no haber recibido respuesta, el reclamante se dirigió al Defensor del Pueblo.

La investigación

11. La Defensora del Pueblo inició una investigación para solicitar una pronta respuesta a las solicitudes confirmatorias del reclamante. El equipo de investigación del Defensor del Pueblo también inspeccionó los documentos en cuestión con el fin de examinar el alcance del acceso público concedido y las razones específicas aportadas por la Comisión para justificar la denegación (parcial).

12. En el curso de la investigación, el 5 de julio de 2023, la Comisión emitió una decisión confirmatoria sobre la solicitud de acceso público relativa al Reglamento REACH, manteniendo su posición inicial sobre la necesidad de proteger el proceso de toma de decisiones en curso. Además, la Comisión alegó que la divulgación socavaría la protección de los intereses comerciales [7].

13. El 14 de julio de 2023, la Comisión publicó una evaluación de impacto revisada y el segundo dictamen conexo del Comité de Control Reglamentario sobre la propuesta de revisión del Reglamento sobre el mercurio, concluyendo así su proceso de toma de decisiones. El 10 de agosto de 2023, la Comisión concedió acceso público a los documentos solicitados en relación con dicho Reglamento, es decir, una versión anterior de la evaluación de impacto, el dictamen conexo del CCR y el acta de una reunión previa, a excepción de los datos personales.

Recomendación del Defensor del Pueblo

14. Dado que el reclamante había obtenido entretanto acceso a los documentos relacionados con el Reglamento sobre el mercurio, la recomendación del Defensor del Pueblo solo se refería a los documentos relacionados con la revisión del Reglamento REACH.

15. En su recomendación, la Defensora del Pueblo señaló que los ciudadanos tienen «derecho a participar en la vida democrática de la Unión»[8], y que las decisiones deben adoptarse «de la manera más abierta y próxima posible a los ciudadanos». [9] Como dejan claro la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos [10] y la jurisprudencia de la UE [11], esto es especialmente importante cuando las instituciones de la UE actúan en su «capacidad legislativa».

16. Los documentos controvertidos en esta investigación son claramente documentos legislativos, a los que deben aplicarse los más altos estándares de transparencia. La jurisprudencia de la UE ya ha establecido que los informes de evaluación de impacto y los dictámenes del Comité de Control Reglamentario que los acompañan constituyen elementos importantes del proceso legislativo de la UE [12] y, por tanto, son «documentos legislativos» en el sentido del artículo 12, apartado 2, del Reglamento 1049/2001.[13] Además, los documentos en cuestión contienen «información medioambiental» en el sentido del Reglamento de Aarhus de la UE, ya que se refieren al estudio del impacto de las diferentes opciones políticas previstas en materia de medio ambiente.[14] También por esta razón las excepciones previstas en la legislación de la UE sobre acceso del público deben interpretarse de manera restrictiva [15].

17. Tras inspeccionar las versiones no expurgadas de los documentos solicitados, el Defensor del Pueblo constató que las partes expurgadas no eran especialmente sensibles y constituían un trabajo legislativo ordinario. El hecho de que la toma de decisiones estuviera en curso no puede ser un argumento en sí mismo para denegar la divulgación. Los tribunales de la UE han sostenido en múltiples ocasiones que el público es perfectamente capaz de comprender que determinados documentos son de carácter provisional y, por lo tanto, pueden estar sujetos a cambios.[16] Los ciudadanos de la UE tienen derecho democrático a expresar sus puntos de vista sobre las opciones políticas previstas por la Comisión antes de que se anuncien propuestas legislativas específicas.[17]

18. Además, el Defensor del Pueblo consideró que, contrariamente a lo que exige la jurisprudencia, la Comisión no presentó «pruebas tangibles» de que la divulgación de los documentos solicitados perjudicara gravemente su proceso de adopción de la propuesta legislativa [18].

19. Tampoco convencieron al Defensor del Pueblo los argumentos de la Comisión sobre la necesidad de proteger los intereses comerciales de sus contratistas que aún no habían finalizado determinadas partes de la evaluación de impacto. [19] El Defensor del Pueblo recordó la jurisprudencia según la cual la protección concedida a los derechos de propiedad intelectual no prevalece sistemáticamente sobre el derecho de acceso del público a los documentos de las instituciones de la UE.[20] El Defensor del Pueblo consideró que la Comisión no había demostrado hasta qué punto los intereses comerciales de sus contratistas se verían perjudicados por la divulgación.

20. En vista de ello, el Defensor del Pueblo consideró que la negativa de la Comisión a dar pleno acceso público a los documentos legislativos controvertidos constituía una mala administración. Hizo la siguiente recomendación:[21]

La Comisión Europea debe divulgar plenamente los documentos solicitados relativos a la revisión del Reglamento REACH sin más demora.

21. En respuesta, la Comisión mantuvo su posición. Alegó que el trabajo sobre la propuesta legislativa en cuestión era transparente e inclusivo. Alegó además que «el riesgo de presión externa de los medios de comunicación y los grupos de presión sobre el proceso de toma de decisiones era grave y previsible», y que ya se había producido presión debido a la filtración de información del proyecto de evaluación de impacto. También alegó que no estaba obligada a evaluar si el riesgo de presión externa en este caso era excepcional o superior al de otros casos.

22. La Comisión también alegó que, aunque la información expurgada en los documentos solicitados constituía información medioambiental, ya había tenido en cuenta la interpretación restrictiva de las excepciones, de conformidad con la jurisprudencia de la Unión, y había concedido el acceso más amplio posible a los documentos solicitados.

23. Además, la Comisión alegó que, en el momento de la decisión confirmatoria, aún no había adquirido todos los derechos de propiedad intelectual de los estudios realizados por sus contratistas. La Comisión consideró que «la divulgación de los pasajes redactados sobre la base de los estudios no finalizados vulneraría los derechos de autor del contratista y, por lo tanto, socavaría sus intereses comerciales al revelar sus conocimientos técnicos y metodología» y «expondría a la Comisión Europea al riesgo de litigios».

24. En las observaciones sobre la respuesta de la Comisión, el denunciante alegó que la Comisión no tuvo en cuenta la jurisprudencia de la UE relativa al acceso del público a los documentos legislativos. En particular, el denunciante consideró que la Comisión no había demostrado que no pudiera evitar el impacto de la presión externa en su toma de decisiones y que los intereses comerciales de sus contratistas se verían perjudicados por la divulgación de los documentos solicitados.

Evaluación del Defensor del Pueblo tras la recomendación

25. La Defensora del Pueblo reitera su opinión de que la Comisión no aportó «pruebas tangibles» que demostraran un riesgo razonablemente previsible de que su adopción de esta propuesta legislativa se viera sustancialmente afectada debido a la mayor presión externa que, según afirmó, resultaría de una mayor divulgación. El Defensor del Pueblo no encuentra elementos que distingan este expediente legislativo de cualquier otro expediente de este tipo examinado por las instituciones de la UE. La Comisión basó su negativa a conceder un acceso público más amplio a los documentos en cuestión en afirmaciones generales e infundadas relativas a la presión externa.

26. La posición de la Comisión es especialmente preocupante dada la clara jurisprudencia sobre el acceso del público a los documentos legislativos, en la que los órganos jurisdiccionales ya han desestimado argumentos generales, como los planteados por la Comisión en el presente asunto, para justificar la no divulgación. Estos argumentos generales incluyen que el expediente político es sensible,[22] que el documento solicitado aún no se ha finalizado,[23] que «las frases específicas de las partes expurgadas podrían sacarse de contexto»,[24] o que, si se publica, el documento «podría dar lugar a una presión externa no deseada», incluida la de la sociedad civil.[25]

27. Los procesos legislativos de toma de decisiones de la UE suelen suscitar un interés público significativo, también por parte de diferentes representantes de intereses. Como tal, el Defensor del Pueblo no cuestiona que la Comisión esté sujeta a «presión externa» mientras trabaja en propuestas legislativas. Sin embargo, como han sostenido los tribunales de la UE, la negativa a conceder acceso público a los documentos legislativos no puede ser utilizada como salvaguardia por las instituciones de la UE cuando se enfrentan a presiones externas.[26] En términos más generales, el Defensor del Pueblo considera que la actividad de los grupos de presión es un aspecto esperado del proceso legislativo. La divulgación permitiría al público, incluidas las partes interesadas y los medios de comunicación, participar más eficazmente en el proceso de toma de decisiones, mejorando así su calidad y legitimidad. Para que todos los intereses estén en condiciones de compartir opiniones informadas durante los procesos legislativos en curso, es especialmente importante que exista, en la mayor medida posible, unas condiciones de competencia equitativas en términos de acceso a la información.

28. El Defensor del Pueblo tampoco está convencido de los argumentos de la Comisión relativos a la propiedad intelectual de sus contratistas. Esta propiedad intelectual («know-how y metodología») se revelará en cualquier caso una vez finalizado el proceso de toma de decisiones y publicado el informe de evaluación de impacto.

29. Por lo que se refiere a la tramitación por parte de la Comisión de la solicitud de acceso público a los documentos relacionados con el Reglamento sobre el mercurio, que no entraba en el ámbito de aplicación de la recomendación de la Defensora del Pueblo en este caso, la Defensora del Pueblo reitera su opinión de que el incumplimiento de los plazos establecidos en la legislación de la Unión sobre el acceso público a los documentos no puede ser una buena práctica administrativa. Es fundamental que los ciudadanos tengan acceso público oportuno a los documentos legislativos, de modo que puedan ejercer su derecho democrático a influir en la elaboración de la legislación de la UE.

30. En este caso, la Comisión solo concedió acceso público a los documentos solicitados relativos a la revisión del Reglamento sobre el mercurio tras la adopción de su propuesta legislativa y la publicación del informe final de evaluación de impacto y el dictamen del Comité de Control Reglamentario.

31. La Comisión no solo incumplió los plazos obligatorios establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1049/2001 para tramitar la solicitud de acceso público, sino que también incumplió su obligación de garantizar que los ciudadanos de la UE obtengan acceso público a los documentos legislativos «a su debido tiempo, en un momento que les permita dar a conocer eficazmente sus puntos de vista». [27] Debido al paso de siete meses desde la solicitud inicial, los documentos divulgados ya no son útiles para el fin que el reclamante había pretendido, es decir, dar a conocer sus puntos de vista antes de la adopción de la propuesta legislativa.

32. Como ya ha declarado el Defensor del Pueblo, al tramitar las solicitudes de acceso público a documentos legislativos, las instituciones de la Unión deben respetar los plazos legales, su obligación de tramitar las solicitudes «con prontitud» y su obligación de proporcionar acceso público «con la suficiente antelación» para que los solicitantes puedan influir en el proceso legislativo.[28] Este no fue el caso en la forma en que tramitó esta solicitud.

Conclusión

Sobre la base de la investigación, la Defensora del Pueblo archiva este asunto con la siguiente conclusión:

La Defensora del Pueblo lamenta profundamente que la Comisión haya rechazado su recomendación de conceder pleno acceso público a los documentos legislativos relativos a la revisión del Reglamento REACH. Por consiguiente, la Defensora del Pueblo confirma su constatación de mala administración.

El retraso en que incurrió la Comisión para conceder acceso público a los documentos solicitados en relación con la revisión del Reglamento sobre el mercurio constituyó mala administración.

Se informará de esta decisión al denunciante y a la Comisión.

 

Emily O'Reilly Defensora del Pueblo
Europeo


Estrasburgo, 15.3.2024

 

[1] Reglamento (CE) n.o 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), DO L 396/1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410

[2] https://environment.ec.europa.eu/news/chemicals-commission-seeks-views-revision-reach-eus-chemicals-legislation-2022-01-20_en

[3] Reglamento (UE) 2017/852 sobre el mercurio, DO L 137/1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1531231211865&uri=CELEX:32017R0852

[4] https://environment.ec.europa.eu/topics/chemicals/mercury_en#:~:text=In%20July%202023%20the%20Commission%20adopted%20the%20Delegated%20Regulation%20transposing,lamps%20and%20non%2Delectrical%20equipment

[5] En virtud del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN

[6] Artículo 4, apartado 3, del Reglamento 1049/2001

[7] Artículo 4, apartado 2, del Reglamento 1049/2001

[8] Artículo 10, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE)

[9] Artículos 1 TUE y 10 TUE, apartado 3

[10] Artículo 12, apartado 2, y considerando 6 del Reglamento 1049/2001

[11] Véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 1 de julio de 2008, Suecia y Turco/Consejo (asuntos acumulados C-39/05 P y C-52/05 P), apartado 46, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-39/05&language=en, y de 17 de octubre de 2013, Consejo/Access Info Europe (C-280/11 P), apartado 33, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-280/11&language=EN

[12] Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de septiembre de 2018, asunto C-57/16 P, Client Earth/Comisión, apartados 90-91, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B9F99C57C8DB211068B32EC7E0E0AF0B?text=&docid=205322&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3832024

[13] Asunto C-57/16 P, Client Earth/Comisión, apartado 93

[14] Véase una evaluación similar en el asunto C-57/16 P, Client Earth/Comisión, apartados 97 y 101.

[15] Artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, DO L 264/13, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006R1367.

[16] Sentencia del Tribunal General de 22 de marzo de 2018, De Capitani/Parlamento, T-540/15, apartado 102. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200551&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=774069.

[17] Asunto C-57/16 P, Client Earth/Comisión, apartado 108.

[18] Sentencia del Tribunal General de 21 de abril de 2021, asunto T-252/19, Pech/Consejo, apartado 92, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240171&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1916898

[19] Sentencia del Tribunal General de 5 de febrero de 2018, asunto T-718/15, PTC Therapeutics International/EMA, apartados 64 y 85, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199044&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1918748

[20] Sentencia del Tribunal General de 13 de enero de 2017, Deza/ECHA, T-189/14, apartado 119, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186721&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1918841

[21] El texto completo de la recomendación puede consultarse aquí: https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/175628

[22] Según la jurisprudencia, la dificultad política y jurídica del expediente no justifica, en sí misma, la no divulgación. Véase la sentencia del Tribunal General de 25 de enero de 2023, asunto T-163/21, De Capitani/Consejo, apartado 76, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269684&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=809123

[23] Según la jurisprudencia, el carácter provisional de un documento no puede, como tal, demostrar el riesgo para el proceso de toma de decisiones. La Comisión tendría que proporcionar explicaciones mucho más específicas sobre por qué la publicación de un documento provisional socavaría el proceso de toma de decisiones. Véase el asunto C-57/16 P, Client Earth/Comisión, apartado 123.

[24] Según la jurisprudencia, «la opinión pública es perfectamente capaz de entender que el autor de una propuesta puede modificar su contenido posteriormente». Véase el asunto T-163/21, De Capitani/Consejo ,, apartado 79.

[25] Según la jurisprudencia, la Comisión tendría que establecer que la presión externa podría obstaculizar la capacidad de la Comisión para resistir esta presión o completar el proceso de toma de decisiones a su debido tiempo. Sin embargo, la Comisión no está obligada a mantener el diálogo con todas las partes interesadas. Véase el asunto C-57/16 P, Client Earth/Comisión, apartados 106-108.

[26] Asunto C-57/16 P, Client Earth/Comisión, apartado 124

[27] Asunto C-57/16 P, Client Earth/Comisión, apartado 84

[28] Decisión sobre la forma en que el Parlamento Europeo tramitó una solicitud de acceso público a un documento de cuatro columnas relativo a las negociaciones tripartitas en la adopción de la Ley de Mercados Digitales (asunto 253/2023/MIK), apartado 25, https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/172851.

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