¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?
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Decisión sobre el modo en que la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) tramitó una reclamación relativa a un procedimiento de selección para la contratación de personal en el ámbito de las normas financieras aplicables al presupuesto de la UE (asunto 1656/2021/FA)
Decisión
Caso 1656/2021/FA - Abierto el Jueves | 14 octubre 2021 - Recomendación sobre Viernes | 30 junio 2023 - Decisión de Miércoles | 28 febrero 2024 - Institución concernida Oficina Europea de Selección de Personal ( Se constató mala administración ) - País Bélgica
El asunto se refería al modo en que la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) tramitó una reclamación administrativa relativa a un procedimiento de selección para la contratación de personal en el ámbito de las normas financieras aplicables al presupuesto de la UE. El reclamante discrepó de la decisión de la EPSO de no incluirlo en la lista de reserva y expresó su preocupación por el régimen lingüístico en el procedimiento de selección.
La Defensora del Pueblo consideró que la posición adoptada por la EPSO en su respuesta a la reclamación administrativa era jurídicamente errónea. Propone que la EPSO reconsidere la reclamación administrativa del reclamante, teniendo en cuenta la jurisprudencia reciente de la UE relativa al uso de lenguas en los procedimientos de selección, e invita a la EPSO a abordar el impacto negativo que el régimen lingüístico tuvo en el reclamante. La EPSO rechazó la propuesta de solución.
Por consiguiente, la Defensora del Pueblo concluyó que la forma en que la EPSO respondió a la reclamación administrativa constituía mala administración. Recomendó a la EPSO que reconsiderara la reclamación administrativa del demandante y su solicitud de volver a realizar las pruebas en cuestión. La EPSO rechazó la recomendación del Defensor del Pueblo, alegando que el demandante no había demostrado un vínculo estrecho entre la decisión de no incluirlo en la lista de reserva y la ilegalidad del régimen lingüístico en el procedimiento de selección, que, según la EPSO, estaba exigida por la jurisprudencia de la Unión.
El Defensor del Pueblo consideró que, contrariamente a lo que afirmaba la EPSO, en su reclamación administrativa el demandante había vinculado la decisión de no incluirlo en la lista de reserva al régimen lingüístico del procedimiento de selección. Según la jurisprudencia de la UE, el conocimiento de una lengua por parte de un candidato se refleja inevitable y necesariamente en los resultados de las pruebas. Por consiguiente, la Defensora del Pueblo archivó el asunto reiterando su conclusión de mala administración.
Antecedentes de la denuncia
1. El demandante es un hablante nativo de español que participó en un procedimiento de selección organizado por la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) para la contratación de personal de la UE en el ámbito de las normas financieras aplicables al presupuesto de la UE [1].
2. Los candidatos debían designar una primera lengua, en la que realizarían las pruebas iniciales de preselección de opciones múltiples, y una segunda lengua, en la que debían completar un «evaluador de talentos» como parte de su solicitud. La elección del segundo idioma se limitó al inglés, francés, alemán e italiano.
3. Los candidatos que superaron con éxito la fase inicial del procedimiento de selección y la posterior fase de «evaluador de talentos» fueron invitados a las pruebas de la fase de «centro de evaluación»[2], que tuvieron que realizar en la lengua que habían designado como segunda lengua.
4. El denunciante superó con éxito las fases iniciales y fue invitado a realizar las pruebas del centro de evaluación.
5. En enero de 2021, la EPSO informó al reclamante de que su puntuación en las pruebas del centro de evaluación no era suficiente para incluirlo en la lista de candidatos aprobados que podrían ser contratados por las instituciones y órganos de la UE («lista de reserva»).
6. El demandante presentó una reclamación administrativa ante la EPSO contra la decisión del tribunal de no incluirlo en la lista de reserva [3]. En su reclamación administrativa, expuso varias dudas sobre la forma en que la EPSO organizó y llevó a cabo el procedimiento de selección. También expresa su preocupación por el régimen lingüístico del procedimiento de selección. Sostiene que, al permitir a los candidatos presentarse en el centro de evaluación únicamente en las cuatro lenguas designadas, la EPSO ha discriminado a candidatos, como él, cuya lengua materna no es una de esas lenguas.
7. El 13 de septiembre de 2021, la EPSO desestimó la reclamación administrativa. En cuanto al régimen lingüístico, la EPSO consideró que el demandante debería haber presentado una reclamación contra la convocatoria de oposición, que establecía los requisitos lingüísticos, cuando se publicó. La EPSO declaró que un candidato excluido de un procedimiento de selección aún podía impugnar las disposiciones de una convocatoria de oposición si demostraban una estrecha relación entre dichas disposiciones y la decisión impugnada [4]. Consideraba que la decisión de no incluirlo en la lista de reserva no estaba relacionada con el régimen lingüístico de las pruebas y que no había demostrado una relación suficientemente estrecha entre el régimen lingüístico y su actuación en las pruebas del centro de evaluación. Por lo tanto, la EPSO rechazó este aspecto de su reclamación.
8. Insatisfecho con la respuesta de la EPSO, el reclamante se dirigió al Defensor del Pueblo en septiembre de 2021.
9. El 24 de septiembre de 2021, el denunciante escribió a la EPSO preguntando cómo podría afectar a su reclamación una reciente sentencia del Tribunal General de la UE [5] por la que se anulaba la convocatoria de oposición debido al régimen lingüístico elegido. El denunciante consideró que debía permitírsele realizar nuevas pruebas en el centro de evaluación.
10. La Defensora del Pueblo inició una investigación y pidió a la EPSO que respondiera a la carta del reclamante de 24 de septiembre de 2021.
11. La EPSO respondió al reclamante rechazando su solicitud. La EPSO consideró que el demandante ya había agotado su derecho de recurso y que la sentencia del Tribunal no alteraba su situación jurídica.
Propuesta de solución del Defensor del Pueblo
12. La Defensora del Pueblo señaló que, antes de la respuesta de la EPSO a la reclamación administrativa, el Tribunal General había declarado ilegal el régimen lingüístico del procedimiento de selección [6] y había constatado que la respuesta de la EPSO a la reclamación administrativa relativa al régimen lingüístico no estaba en consonancia con una sentencia reciente del Tribunal General («la sentencia Correia de Paiva») [7].
13. El Tribunal General consideró que limitar la elección de la segunda lengua del procedimiento de selección afecta a la capacidad de los candidatos para expresarse oralmente o por escrito. La probabilidad de obtener mejores calificaciones en las pruebas es mayor si estas pruebas se realizan en la primera lengua del candidato o en una lengua en la que también tenga un nivel alto o un hablante nativo.[8] Por consiguiente, el tribunal concluyó que existía inevitablemente y necesariamente un vínculo entre el régimen lingüístico en la convocatoria de la oposición y los resultados de las pruebas del solicitante.
14. El Defensor del Pueblo consideró que el mismo razonamiento se aplicaba en el caso del demandante y que el hecho de que estuviera obligado a realizar las pruebas del centro de evaluación en una de las cuatro lenguas designadas afectaba inevitablemente a sus resultados en las pruebas. Por lo tanto, la Defensora del Pueblo no estuvo de acuerdo con el razonamiento de la EPSO, en la respuesta a la reclamación administrativa, de desestimar la reclamación del reclamante relativa al régimen lingüístico.
15. La Defensora del Pueblo propuso como solución que la EPSO reconsiderara la reclamación administrativa del reclamante. La Defensora del Pueblo sugirió que, al hacerlo, la EPSO tuviera en cuenta la jurisprudencia reciente de la UE y adoptara las medidas necesarias para hacer frente al impacto negativo que el régimen lingüístico establecido en la convocatoria de oposición tenía en la condición de candidato del demandante [9].
16. La EPSO rechazó la propuesta de solución del Defensor del Pueblo. Alegó que, en virtud del Estatuto, no podía revisar por sí misma una decisión adoptada en respuesta a una reclamación administrativa; estas decisiones solo pueden impugnarse ante el Tribunal de Justicia. La EPSO alegó que, dado que el demandante no había recurrido la decisión sobre su reclamación administrativa ante el Tribunal, la decisión había adquirido firmeza y ya no podía modificarse.[10] La EPSO también declaró que, de conformidad con la jurisprudencia de la UE, un acto lesivo solo puede ser objeto de una reclamación administrativa [11].
Recomendación del Defensor del Pueblo
17. La Defensora del Pueblo señaló que, en su respuesta a la propuesta de solución, la EPSO no abordó el fondo del asunto, sino que simplemente rechazó la propuesta sobre la base de argumentos procedimentales. Recuerda que la función del Defensor del Pueblo Europeo consiste precisamente en actuar como mecanismo alternativo de recurso para las personas afectadas por una decisión sobre una reclamación administrativa. Como tal, el hecho de que el reclamante no llevara el asunto ante los tribunales de la UE no impidió en modo alguno que el reclamante recurriera al Defensor del Pueblo. Además, el Defensor del Pueblo constató que, si bien las decisiones de las autoridades de la UE, incluidas las respuestas a reclamaciones administrativas, solo pueden ser anuladas por los tribunales de la UE, la autoridad de la UE que dictó la decisión aún puede revocar una decisión que posteriormente considere ilegal [12].
18. Además, la Defensora del Pueblo confirmó su conclusión de que, en cuanto al fondo, la posición adoptada por la EPSO en su respuesta a la reclamación administrativa era jurídicamente errónea y constituía una mala administración. En particular, consideró que no se ajustaba a la sentencia Correia de Paiva, confirmada por el Tribunal a raíz de un recurso de casación [13], ni a la decisión del Tribunal de anular la convocatoria de oposición debido a su régimen lingüístico. La Defensora del Pueblo señaló que ambas decisiones habían sido adoptadas por el Tribunal antes de la decisión de la EPSO sobre la reclamación administrativa, y que la EPSO debería haber garantizado que su decisión sobre la reclamación administrativa estuviera en consonancia con las sentencias del Tribunal. Por consiguiente, recomendó a la EPSO que reconsiderara la reclamación administrativa del demandante y aceptara su solicitud de volver a realizar las pruebas en cuestión [14].
19. La EPSO rechazó la recomendación del Defensor del Pueblo. En su respuesta, aclaró que no tenía intención de cuestionar el papel del Defensor del Pueblo como mecanismo de recurso en tales reclamaciones. Esto se basó en un malentendido de la propuesta de solución de la Defensora del Pueblo, que entendió que se aplicaba a su respuesta al mensaje del reclamante de 24 de septiembre de 2021 y no a su respuesta a la reclamación administrativa.
20. No obstante, en cuanto al fondo, la EPSO no estuvo de acuerdo con la conclusión del Defensor del Pueblo de que su respuesta a la reclamación administrativa era jurídicamente errónea. En particular, consideró que, si bien un candidato puede invocar la ilegalidad de elementos procedimentales en una convocatoria de oposición para impugnar una decisión individual, debe poder demostrar un vínculo directo entre la motivación de la decisión individual impugnada y los elementos ilegales. En el caso que nos ocupa, la EPSO consideró que no existía una estrecha relación entre la decisión de no incluir al demandante en la lista de reserva del procedimiento de selección, que no hacía referencia a sus requisitos lingüísticos, y la ilegalidad de la convocatoria de oposición. Además, la EPSO constató que, en su reclamación administrativa, el demandante no alegó la existencia de tal vínculo, ni demostró cómo el régimen lingüístico del procedimiento de selección afectó a su rendimiento en las pruebas del centro de evaluación. La EPSO alegó que, por el contrario, en la sentencia Correia de Paiva, la candidata aportó argumentos concretos sobre por qué el régimen lingüístico aplicable afectaba negativamente a su rendimiento en las pruebas del centro de evaluación [15].
Evaluación del Defensor del Pueblo tras la recomendación
21. La Defensora del Pueblo acepta la explicación de la EPSO de que su respuesta a la propuesta de solución se basó en un malentendido sobre el alcance de la propuesta de solución y que no tenía intención de cuestionar el papel de la Defensora del Pueblo.
22. No obstante, en cuanto al fondo del asunto, la Defensora del Pueblo mantiene su opinión de que la posición adoptada por la EPSO en su respuesta a la reclamación administrativa era jurídicamente errónea.
23. En consonancia con la jurisprudencia de la Unión, un candidato solo puede invocar la ilegalidad de elementos de una convocatoria de oposición para impugnar una decisión individual si puede demostrar una estrecha relación entre la decisión impugnada y las disposiciones ilegales [16].
24. En el caso que nos ocupa, el Defensor del Pueblo observa que el demandante no fue incluido en la lista de reserva del procedimiento de selección porque no recibió puntuaciones suficientemente altas en sus pruebas del centro de evaluación, que se llevaron a cabo en su segunda lengua. Las pruebas del centro de evaluación evaluaron una serie de competencias, incluida, en la entrevista general basada en competencias y en el estudio de caso, la competencia para «comunicar». El denunciante presentó una reclamación administrativa precisamente para impugnar sus resultados en las pruebas del centro de evaluación y, por tanto, la decisión de no incluirlo en la lista de reserva. Alegó, en primer lugar, que había sido discriminado por motivos lingüísticos.
25. Antes de que la EPSO adoptara su decisión sobre la reclamación administrativa del demandante, el Tribunal de Justicia anuló la convocatoria de oposición sobre la base de las irregularidades del régimen lingüístico del procedimiento de selección.
26. El Defensor del Pueblo considera que, contrariamente a lo que alegó la EPSO, el demandante estableció un estrecho vínculo entre la decisión de la EPSO de no incluirlo en la lista de reserva y el régimen lingüístico de las pruebas, que sirvió de base para que el Tribunal anulara la convocatoria de oposición. En particular, en su reclamación administrativa, el demandante alegó específicamente que había sido discriminado debido al régimen lingüístico del procedimiento de selección. Si bien el autor no indicó expresamente que el régimen lingüístico hubiera afectado a sus resultados en las pruebas del centro de evaluación, el objetivo de su reclamación administrativa era precisamente impugnar su no inclusión en la lista de reserva y, por tanto, sus resultados en dichas pruebas. Al alegar que había sido objeto de discriminación, el autor alegó esencialmente que, debido al régimen lingüístico, se le había puesto en desventaja con respecto a otros candidatos, lo que, en consecuencia, afectaba a su rendimiento en las pruebas.
27. Además, si bien el Defensor del Pueblo observa que el demandante no proporcionó elementos concretos para demostrar cómo el régimen lingüístico del procedimiento de selección había afectado a sus resultados en las pruebas del centro de evaluación, en la sentencia Correia de Paiva, el Tribunal sostuvo que el conocimiento de una lengua por parte del solicitante se reflejaba inevitable y necesariamente en los resultados de las pruebas. En particular, las pruebas del centro de evaluación evalúan, entre otras cosas, la capacidad de un candidato para «comunicarse» en la lengua en cuestión. Así pues, limitar la elección de la segunda lengua afecta a la capacidad de los candidatos para expresarse oralmente o por escrito y, en consecuencia, la probabilidad de obtener mejores calificaciones en las pruebas es mayor si estas pruebas se llevan a cabo en la primera lengua del candidato o en una lengua en la que también tienen un nivel alto o nativo.[17]
28. Sobre esta base, el Defensor del Pueblo considera que el demandante no tuvo que demostrar a la EPSO cómo afectó el régimen lingüístico a sus resultados, ya que los resultados obtenidos en estas pruebas están inevitablemente y necesariamente vinculados al régimen lingüístico. Bastaba con que el demandante impugnara, en su reclamación administrativa, su no inclusión en la lista de reserva sobre la base del régimen lingüístico del procedimiento de selección.
29. En la sentencia Correia de Paiva, la denunciante proporcionó ejemplos concretos de cómo sus resultados se vieron afectados por el régimen lingüístico de los procedimientos de selección haciendo referencia, en particular, a la limitada elección del teclado. Sin embargo, el Tribunal consideró que se trataba de elementos de prueba adicionales y no de la base de su decisión.
30. En vista de lo anterior, la Defensora del Pueblo mantiene su conclusión de que la posición adoptada por la EPSO en su respuesta a la reclamación administrativa constituye mala administración. Por lo tanto, reitera su recomendación de que la EPSO reconsidere la reclamación administrativa del reclamante y le permita volver a realizar las pruebas.
31. La Defensora del Pueblo es consciente de que, desde entonces, la EPSO ha puesto en marcha un nuevo «modelo de competencia» y actualmente está reflexionando sobre cómo seguir mejorando sus procedimientos de selección. En particular, la EPSO ha anunciado recientemente que empezará a ejecutar sus procedimientos de selección en las 24 lenguas [18]. El Defensor del Pueblo seguirá supervisando, en este contexto, la forma en que la EPSO aplica esto en la práctica.
Conclusión
Sobre la base de la investigación, el Defensor del Pueblo archiva este caso con la siguiente conclusión:
La posición de la EPSO en su respuesta a la reclamación administrativa constituye un caso de mala administración.
Se informará de esta decisión al reclamante y a la EPSO.
Emily O'Reilly
Defensor del Pueblo Europeo
Estrasburgo, 28.2.2024
[1] Oposición general EPSO/AD/374/19 - 4: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2019%3A191A%3ATOC. La lista de reserva resultante del procedimiento de selección es válida hasta finales de junio de 2024 (véase https://epso.europa.eu/en/successful-candidates/reserve-list/374-4).
[2] Debido al brote de la pandemia de COVID-19, las pruebas de ejercicio grupales se suspendieron temporalmente y se sustituyeron por una entrevista situacional basada en competencias. Véase la adenda de la convocatoria de oposición: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2020/374A/01&from=NL
[3] Véase la sección 4.3 de la convocatoria de oposición y el artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios de la UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
[4] Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 31 de enero de 2006, Giulietti/Comisión, asunto T-293/03, apartado 41: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62003TJ0293;
[5] Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 8 de septiembre de 2021, España/Comisión, asunto T-554/19: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245709&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1595857;
[6] España/Comisión, asunto T-554/19, véase la nota a pie de página 5.
[7] Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 9 de junio de 2021, Ana Calhau Correia de Paiva/Comisión, c. ase T‐2021/17: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=en&num=T-202/17&jur=T.
[8] Sentencia de 2 de julio de 2014, Da Cunha Almeida/Comisión, asunto F‐5/13, apartado 38: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62013FJ0005_SUM.
[9] Para más información sobre los antecedentes de la reclamación, los argumentos de las partes y la investigación del Defensor del Pueblo, consúltese el texto completo de la propuesta del Defensor del Pueblo para una solución disponible en: https://www.ombudsman.europa.eu/en/solution/en/172045
[10] Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 14 de junio de 2016, Comisión Europea/Peter McBride y otros, asunto C-361/14, apartado 55: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-361/14%20P
[11] Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 11 de diciembre de 2007, Jörn Sack/Comisión Europea, asunto T-66/05, apartados 36 a 37: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-66/05.
[12] Sentencia del Tribunal General (Sala Novena) de 12 de febrero de 2020, ZF/Comisión Europea, T-605/18, apartado 148: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-605/18&language=EN;
[13] Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 16 de marzo de 2023, Comisión/Calhau Correia de Paiva, C-511/21 P: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-511/21%20P
[14] Para más información sobre la recomendación del Defensor del Pueblo, consúltese el texto completo disponible en: https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/171802
[15] A saber, las limitaciones en los idiomas en los que podía tomar sus pruebas de estudio de caso escritas, y las restricciones relacionadas con el tipo de teclado de computadora que se le permitió usar para la prueba en cuestión.
[16] Giulietti/Comisión, asunto T-293/03, apartado 41, nota 4; Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de septiembre de 2020, Comisión/Consejo/Carreras y otros, asuntos acumulados C-119/19 P y C-126/19 P, apartados 66 a 70: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-119/19%20P.
[17] Da Cunha Almeida/Comisión, asunto F-5/13, apartado 38, véase la nota a pie de página 8.
[18] Procedimientos de selección de la EPSO: hacia un régimen lingüístico completo de veinticuatro lenguas: https://eu-careers.europa.eu/en/news/epso-selection-procedures-towards-full-24-language-regime