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Decisión del Defensor del Pueblo Europeo por la que se da por concluida su investigación sobre la reclamación 3177/2008/(JDG)OV contra la Comisión Europea

Antecedentes de la denuncia

1. La presente reclamación se refiere a la rescisión del contrato del Jefe de Finanzas de la Misión de Observación de la Unión Europea (MOUE) en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina). La EUMM (anteriormente la Misión de Observación de la Comunidad Europea, ECMM) fue creada por una Acción Común del Consejo de 22 de diciembre de 2000 (2000/811/PESC)[1]. La MOUE operaba en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y su objetivo principal era contribuir, a través de sus actividades y siguiendo las instrucciones del Secretario General/Alto Representante del Consejo, a la formulación de la política de la Unión Europea con respecto a los Balcanes Occidentales.

2. El Jefe de Misión (Sr. X.), que se encargaba de la gestión cotidiana de la EUMM, fue nombrado por el Consejo. Sin embargo, su contrato de trabajo era con la Comisión Europea, que lo empleó como asesor especial/jefe de misión de la PESC. El artículo 11, apartado 1, de su contrato establecía que «[l]o Consejero Especial celebrará contratos de trabajo por cuenta propia respetando la legislación social y laboral aplicable». Cuando la EUMM dejó de existir el 31 de diciembre de 2007, el Sr. X. se convirtió en embajador de su país en un tercer país.

3. De conformidad con la Acción Común 2000/811/PESC, la MOUE informó al Consejo a través del Secretario General/Alto Representante del Consejo. La Acción Común también establecía que la Comisión estaba plenamente asociada a la EUMM.

4. El denunciante había trabajado para la EUMM en virtud de varios contratos desde enero de 2001. Su último contrato de trabajo, como «Jefe de Finanzas de la EUMM», entró en vigor durante un período de dos meses (enero-febrero de 2007). La duración del contrato se prorrogó posteriormente hasta el 31 de diciembre de 2007.

5. El 11 de junio de 2007, el Jefe de Misión informó al demandante de que su contrato se rescindiría con efecto a partir del 31 de agosto de 2007 [2].

6. El 2 de enero de 2008, el autor escribió al Consejo para reclamar una indemnización por la rescisión anticipada de su contrato.

7. En su respuesta de 16 de enero de 2008, el Consejo señaló que la EUMM había dejado de existir a 31 de diciembre de 2007 [3] y que la relación entre el reclamante y el Jefe de Misión era competencia de la Comisión, a la que el Consejo transfirió la carta del reclamante. El 16 de enero de 2008, la Vicesecretaria General del Consejo escribió al Secretario General de la Comisión. Se refirió a la reclamación de indemnización del demandante y señaló que, de conformidad con el artículo 5, apartado 3, de la Acción Común 2000/811/PESC, el Jefe de Misión debe informar plenamente a la Comisión y ser supervisado por ella en relación con las actividades emprendidas en el marco de su contrato de Asesor Especial. El Secretario General Adjunto del Consejo explicó que, por lo tanto, había transferido la reclamación del autor a la Comisión. El 11 de febrero de 2008, el abogado del autor se puso en contacto con la Comisión a este respecto.

8. La Comisión respondió el 27 de febrero de 2008, señalando que el personal internacional contratado por el Jefe de Misión no podía considerarse "empleados de la Comisión". Afirmó que la cuestión se regía por las disposiciones del contrato celebrado con el Jefe de Misión. En su respuesta posterior de 2 de abril de 2008, la Comisión alegó que el denunciante había sido contratado por la EUMM (mediante un contrato celebrado con el Jefe de Misión) y no por la Comisión. Se refirió al contrato celebrado entre la Comisión y el Sr. X., y señaló que tenía autoridad para celebrar contratos de trabajo "en su propio nombre" y seguía siendo financieramente responsable de esos contratos. Recuerda asimismo que, aunque la misión de la MOUE finalizó el 31 de diciembre de 2007, la MOUE aún no había dejado de existir en ese momento. La Comisión consideró que no había ninguna razón para apartarse del contrato de trabajo del demandante con la EUMM y, por tanto, para implicarse como parte. Sugirió que el demandante pudiera dirigirse a la EUMM, en particular al Sr. X., en relación con cualquier reclamación que considerara tener sobre la base de su contrato de trabajo.

9. El 30 de abril de 2008, el autor escribió al Sr. Dado que el Sr. X. no respondió a esta carta, y a otra que le fue enviada el 15 de mayo de 2008, el autor escribió el 27 de mayo de 2008 al Ministerio de Asuntos Exteriores pidiéndole que interviniera en este asunto.

10. El 23 de octubre de 2008, el demandante envió tres cartas idénticas sobre el asunto al Comisario Ferrero-Waldner, al Sr. X. y a la EUMM. Las cartas contenían la misma solicitud de indemnización que la enviada anteriormente. El 26 de noviembre de 2008, el demandante presentó la presente reclamación al Defensor del Pueblo.

Objeto de la investigación

11. El demandante sugirió en su reclamación al Defensor del Pueblo que su destitución se basaba " en el hecho de que había informado a Bruselas de irregularidades relativas a la misión". El denunciante declaró que su denuncia iba dirigida contra i) la EUMM, ii) el Sr. X. y iii) la Comisión.

12. A continuación, el Defensor del Pueblo informó al demandante de que la reclamación contra el Sr. También señala que el Sr. X. ya no trabaja para la EUMM. La Defensora del Pueblo también informó al reclamante de que una investigación contra la EUMM había resultado imposible desde que la misión de la EUMM finalizó el 31 de diciembre de 2007.

13. Por lo tanto, la presente investigación se refería únicamente a la denuncia contra la Comisión. El Defensor del Pueblo resumió las alegaciones y alegaciones del demandante del siguiente modo:

Alegación:

El denunciante alegó que la Comisión no había tramitado correctamente el asunto.

Reclamación:

El autor reclamó una indemnización pecuniaria, a saber, su sueldo durante cuatro meses (de septiembre a diciembre de 2007), el pago de sus gastos de mudanza y viaje, así como el pago de sus gastos de salud y seguro.

La investigación

14. La denuncia se remitió a la Comisión para que emitiera un dictamen. La Comisión emitió su dictamen el 30 de marzo de 2009. Se remitió al denunciante con una invitación a presentar observaciones a más tardar el 31 de mayo de 2009. No se recibieron observaciones del denunciante [4].

15. El 28 de octubre de 2009, el Defensor del Pueblo solicitó a la Comisión que facilitara más información sobre dos puntos. La Comisión envió su dictamen adicional el 1 de diciembre de 2009. El Defensor del Pueblo lo remitió al demandante, que envió sus observaciones el 27 de enero de 2010.

16. El 18 de junio de 2010, el Defensor del Pueblo presentó a la Comisión una propuesta de solución amistosa. La Comisión envió su respuesta el 18 de noviembre de 2010. Se transmitió al autor de la queja, que envió sus observaciones adicionales el 27 de diciembre de 2010.

17. El 10 de octubre de 2011, el Defensor del Pueblo presentó un proyecto de recomendación a la Comisión. La Comisión envió su dictamen motivado el 16 de enero de 2012. Se remitió al autor de la queja, que envió sus observaciones adicionales el 28 de febrero de 2012.

Análisis y conclusiones del Defensor del Pueblo

A. Presunta falta de tratamiento adecuado del asunto y de la reclamación de indemnización

Argumentos presentados al Defensor del Pueblo

18. El denunciante alegó que la Comisión no había tramitado correctamente el asunto. En particular, alegó que la Comisión estaba eludiendo su responsabilidad. Alegó que había creado la EUMM y nombrado al Sr. X. Consejero Especial. El denunciante alegó además que la Comisión no aportó aclaraciones sobre si la EUMM seguía existiendo o no. Reclamó una indemnización pecuniaria, a saber, su sueldo durante cuatro meses (de septiembre a diciembre de 2007), sus gastos de mudanza y de viaje, así como sus gastos de salud y de seguro.

19. En su dictamen, la Comisión explicó que había contratado al Sr. X. como Consejero Especial/Jefe de Misión de la PESC y le había encomendado los importes acordados con cargo al presupuesto de la PESC para que pudiera hacer frente a los gastos derivados de la aplicación de la Acción Común. Señaló que el Jefe de una Misión PESC es contratado como Consejero Especial y que son aplicables las disposiciones de los artículos 5, 123 y 124 del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (ROA). Además, señaló que un contrato de asesor especial de la PESC es un contrato sui generis previsto exclusivamente para permitir a una persona física actuar en nombre del Consejo en el ámbito de la PESC. Como Jefe de Misión, el Asesor Especial de la PESC actúa bajo la autoridad y la dirección operativa del Alto Representante para la PESC y del Comité Político y de Seguridad (CPS). De conformidad con la Acción Común y el contrato de Consejero Especial de la PESC, es responsable ante la Comisión de la administración financiera del presupuesto de la misión.

20. La Comisión explicó que, dada la estructura única de las misiones de la PESC, las precarias condiciones sobre el terreno, la necesidad general de un despliegue y una operatividad rápidos y la duración limitada de dichas operaciones, el Consejo, mediante un contrato celebrado con la Comisión, encomienda al jefe de una misión de la PESC la contratación y el empleo del personal que necesite para la aplicación de los objetivos fijados por el Consejo. La inmensa mayoría del personal de estas misiones está compuesto por funcionarios enviados en comisión de servicios por los Estados miembros. Por consiguiente, el contrato de un Asesor Especial de la PESC con la Comisión, tras su nombramiento por el Consejo o el CPS, prevé que el Jefe de Misión celebre contratos de trabajo en su propio nombre. Al hacerlo, deberá aplicar las normas aplicables al personal empleado por asesores especiales o destinado en comisión de servicios a los mismos, que se establecen en la Comunicación de la Comisión sobre normas específicas aplicables a los asesores especiales de la Comisión encargados de la ejecución de las acciones operativas de la PESC («la Comunicación de la Comisión»)[5].

21. La Comisión declaró que los contratos de trabajo del personal internacional celebrados con el Jefe de Misión están sujetos a la legislación laboral de los respectivos Estados miembros del personal. Estos contratos contienen las cláusulas necesarias impuestas por la legislación social y laboral nacional aplicable, incluida una cláusula de rescisión y una cláusula compromisoria.

22. Por lo que se refiere al caso en cuestión, la Comisión declaró que había informado al abogado del demandante en sus cartas de 27 de febrero y 2 de abril de 2008 sobre la forma en que se ejecutó el presupuesto de la PESC. También había llamado su atención sobre el hecho de que el Jefe de Misión de la EUMM había contratado al demandante en su propio nombre. Por lo tanto, no puede considerarse que el personal de la EUMM esté empleado directamente por la UE. La Comisión declaró que esto también se confirmó en la decisión del Defensor del Pueblo sobre la reclamación 3008/2005/OV. Sobre la base de lo anterior, la Comisión consideró, por tanto, que había tratado adecuadamente el asunto.

23. Tras examinar el dictamen de la Comisión, el Defensor del Pueblo llegó a la conclusión de que era necesaria más información. Por lo tanto, pidió a la Comisión que abordara la alegación del denunciante de que había incumplido sus responsabilidades en la materia. En ese contexto, recordó que, en su carta de 16 de enero de 2008 dirigida a la Comisión, el Consejo declaró que "el Jefe de Misión informa plenamente a la Comisión, y es supervisado por ella, sobre las actividades realizadas en el marco del contrato de Asesor Especial que celebró con la Comisión. " El Defensor del Pueblo también pidió a la Comisión que formulara observaciones sobre la declaración del autor de que su despido se basaba "finalmente en el hecho de que había informado a Bruselas de las irregularidades relativas a la misión".

24. En su dictamen adicional, la Comisión señaló que todas las acciones conjuntas relativas a las misiones de la PESC incluyen una disposición estándar sobre la función de supervisión de la Comisión. En consecuencia, el artículo 6, apartado 3, de la Acción Común 2002/921/PESC del Consejo, por la que se prorroga el mandato de la EUMM [6], incluía la redacción mencionada por el Defensor del Pueblo. La Comisión señaló que, actuando en este papel, estableció el marco para la ejecución del presupuesto de la misión mediante la adopción de la Comunicación de la Comisión. En este contexto, la Comisión define el contenido del contrato que debe firmarse con el Asesor Especial/Jefe de Misión. Al firmar dicho contrato con la Comisión, el Consejero Especial pasa a ser responsable, bajo la supervisión de la Comisión, de la gestión de los fondos de conformidad con el Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de la UE, sus normas de desarrollo y las normas financieras y presupuestarias establecidas en el contrato. El Asesor Especial también se hace personalmente responsable de celebrar contratos de trabajo en su propio nombre.

25. La Comisión declaró que, a su entender, el motivo del despido del demandante se debió a una falta de confianza provocada principalmente por un caso de fraude que el demandante, en su calidad de jefe de finanzas, no había identificado. Afirmó que el Jefe de Misión había detectado una apropiación indebida de fondos por un importe aproximado de 100 000 EUR como consecuencia de la falsificación de las facturas de combustible, durante un período de al menos dos años, por parte de uno de los empleados locales de la EUMM. La Comisión señaló que había informado debidamente a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre el caso. También señaló que, en el verano de 2006, el denunciante había expresado su preocupación por la forma en que la EUMM había eliminado una serie de vehículos antiguos en su poder. A petición de la Comisión, la EUMM había presentado los documentos pertinentes a este respecto. Tras examinar estos documentos, la Comisión informó a la EUMM de que, en el futuro, debería obtenerse la aprobación previa de la Comisión para dichos procedimientos, y aclaró el tipo de documentos que debía conservar la misión.

26. En sus observaciones relativas al nuevo dictamen de la Comisión, el demandante explicó que trabajaba para la EUMM en diferentes cargos desde enero de 2001, incluso como Jefe Adjunto de Misión durante el segundo semestre de 2004 y el primer semestre de 2005. Señaló que ya había descubierto irregularidades en 2002 y 2003, pero que estas se abordaron rápidamente con la asistencia del entonces Jefe de Misión. Cuando el nuevo Jefe de Misión asumió el cargo en septiembre de 2003, la colaboración entre el autor y él fue inicialmente excelente. El denunciante añadió, sin embargo, que la atmósfera de trabajo se deterioró posteriormente, especialmente a partir de 2006, dado que tenía una visión crítica de la gestión diaria de la EUMM y de los gastos en que se había incurrido. Según el denunciante, la situación se intensificó en junio de 2006, cuando notificó a la Comisión ciertas irregularidades en relación con la venta de automóviles usados y el pago de salarios. A continuación, el Jefe de Misión le prohibió mantener nuevos contactos con la Comisión en Bruselas. Según el autor, el entonces jefe de Estado Mayor (que tenía la misma nacionalidad que el Jefe de Misión) y el Jefe de Misión se enojaron mucho con él y comenzaron a hacer imposible su trabajo. Esto, afirmó, le causó una gran frustración. El autor alegó además que, en mayo de 2007, un funcionario local le informó de que el Jefe de Misión había participado en la venta irregular de automóviles usados en 2006 y en la destrucción de documentos relativos a este procedimiento. Señaló que había presentado documentos pertinentes a la OLAF a este respecto. El demandante añadió que se sentía decepcionado por «Bruselas» y que había sido su deber como jefe de finanzas informar de dichas irregularidades a «Bruselas».

27. El denunciante observó que, en 2007, también se descubrió un fraude relacionado con los gastos de combustible. Posteriormente fue culpado por no descubrirlo. Sin embargo, señaló que, cuando planteó la misma cuestión en relación con los gastos de combustible en 2006, el jefe de gabinete le dijo que debía confiar en las declaraciones realizadas por las personas afectadas.

Evaluación preliminar del Defensor del Pueblo que conduce a una propuesta de solución amistosa

28. El Defensor del Pueblo ya tuvo ocasión de ocuparse de la situación contractual del personal de las misiones de la PESC empleado por los consejeros especiales/jefes de misión en su decisión de 26 de julio de 2007 sobre la reclamación 3008/2005/OV, que también estaba dirigida a la Comisión. En primer lugar, cabe señalar que los miembros del personal de esas misiones no son contratados directamente por la Comisión. En su lugar, se ha creado una estructura de dos niveles para la ejecución de acciones operativas en el marco de la PESC. Esta estructura de dos niveles implica, en primer lugar, un contrato entre la Comisión y el Asesor Especial/Jefe de Misión empleado por la Comisión y, en segundo lugar, un contrato entre el Asesor Especial y el funcionario. En su decisión en el asunto 3008/2005/OV, el Defensor del Pueblo consideró que, a falta de normas explícitas que regulen el sector, la Comisión dispone de cierto margen de apreciación en cuanto a la forma de organizar las relaciones contractuales con el personal que trabaja para las misiones de la PESC. El Defensor del Pueblo señaló en su decisión que la Comisión había expuesto su enfoque con respecto a estas relaciones contractuales en la Comunicación de la Comisión, a la que también se refiere el contrato del reclamante en el presente asunto, y que, a primera vista, las explicaciones proporcionadas por la Comisión para la elección de esta estructura contractual parecían razonables. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo concluyó que no había ningún caso de mala administración por parte de la Comisión en lo que respecta a la estructura contractual como tal.

29. Dado que el demandante tenía un contrato con el Sr. X., y no con la Comisión, las alegaciones que consideraba derivadas de dicho contrato debían dirigirse en primer lugar al Sr. X. Esto también se aplica a la pretensión de indemnización formulada en el presente asunto.

30. Sin embargo, a pesar de que no existía ningún vínculo contractual entre el denunciante y la Comisión, estaba claro que la Comisión tenía un papel de supervisión que desempeñar en lo que respecta a la forma en que el Jefe de Misión desempeñaba las funciones que se le habían encomendado. Por lo que se refiere al caso que nos ocupa, el artículo 4, apartado 1, de la Acción Común 2000/811/PESC establece que el Jefe de Misión garantizará la gestión cotidiana de las operaciones de la EUMM. El artículo 5, apartado 3, añade que "el Jefe de Misión informará plenamente a la Comisión y será supervisado por ella sobre las actividades emprendidas en el marco de su contrato". El Defensor del Pueblo señaló que esta función de supervisión de la Comisión también fue destacada por el Secretario General Adjunto del Consejo, quien, en su carta de 16 de enero de 2008 al Secretario General de la Comisión, se refirió al artículo anterior al transferir la reclamación de indemnización del demandante a la Comisión. En esa carta, el Secretario General Adjunto del Consejo señaló que esa supervisión abarcaba también la contratación de personal por el Jefe de Misión. El Defensor del Pueblo señaló que la Comisión no lo había cuestionado.

31. El Defensor del Pueblo consideró obvio que el hecho de que la Comisión supervisara al Jefe de Misión no significaba que tuviera que llevar a cabo una revisión minuciosa de todas y cada una de las acciones emprendidas por esa persona sobre la base de su contrato con ella. Tampoco significaba que la Comisión fuera necesariamente responsable de las eventuales reclamaciones que un agente pudiera derivar de su contrato con el Jefe de Misión. El Defensor del Pueblo consideró, sin embargo, que la función de supervisión de la Comisión significaba que debía examinar adecuadamente cualquier queja que recibiera sobre la forma en que el Jefe de Misión había desempeñado sus funciones en virtud del contrato de este último con ella.

32. El Defensor del Pueblo consideró que, al igual que en los casos contractuales, su revisión debería limitarse, en este contexto, a verificar si la Comisión le había proporcionado una explicación coherente y razonable de las razones por las que consideraba justificada su posición al respecto. Si ese fuera el caso, el Defensor del Pueblo concluiría que su investigación no había revelado un caso de mala administración.

33. Parecía justo suponer que, en la mayoría de los casos, este examen sería bastante sencillo. De hecho, si una disputa entre un miembro del personal y el Jefe de Misión se refiere a cuestiones puramente contractuales, la Comisión normalmente tendría derecho a informar al miembro del personal de la posibilidad de hacer valer sus derechos contra el Jefe de Misión. Como señaló acertadamente la Comisión, los contratos pertinentes celebrados por los miembros del personal contenían una cláusula que preveía la posibilidad de un arbitraje con respecto al Jefe de Misión.

34. Sin embargo, el Defensor del Pueblo señaló que existían dos circunstancias que podían distinguir el presente caso de lo que podrían denominarse litigios contractuales normales.

35. En primer lugar, el demandante alegó que, tras la expiración de la EUMM, el Sr. X. fue nombrado embajador de su país en un tercer país. La información de que disponía el Defensor del Pueblo parecía sugerir que el Sr. X. no había reaccionado a las cartas que le habían dirigido el demandante y su abogado. Sin embargo, si el Sr. X. se negara efectivamente a someterse a arbitraje o, debido a su inmunidad diplomática, a aceptar cualquier otro procedimiento judicial que el autor deseara iniciar contra él, la posición de la Comisión de que toda reclamación debería dirigirse al Sr. Aunque el Defensor del Pueblo entiende las razones que llevaron a la Comisión a adoptar la mencionada estructura de dos niveles en relación con sus relaciones con los jefes de misión y el personal de la misión, tiene serias dudas de que ese resultado pueda considerarse equitativo. En este contexto, el Defensor del Pueblo recordó en particular la jurisprudencia reiterada, según la cual la Unión Europea es una Unión basada en el Estado de Derecho [7]. En opinión del Defensor del Pueblo, no sería conforme con este principio fundamental que una decisión adoptada por una institución de la Unión tuviera el resultado práctico de dejar a un ciudadano sin un recurso efectivo.

36. En segundo lugar, y lo que es aún más importante, el demandante sugirió que su destitución por el Jefe de Misión de la EUMM fue el resultado de haber informado a la Comisión o a la OLAF sobre determinadas irregularidades financieras que, en su opinión, se produjeron en la EUMM. En sus observaciones sobre la respuesta de la Comisión a la solicitud de información adicional del Defensor del Pueblo, el demandante declaró que el propio Jefe de Misión estaba implicado en estas irregularidades. Por lo tanto, el denunciante argumentó básicamente que, de hecho, fue castigado por actuar como lo que puede describirse como un denunciante.

37. El Defensor del Pueblo consideró que se trataba de un asunto grave y que, por lo tanto, la Comisión debería tratar de determinar si las sospechas del demandante estaban bien fundadas. La propia Comisión había explicado que, a raíz de las preocupaciones expresadas por el denunciante en el verano de 2006 en relación con la forma en que se eliminaban los vehículos antiguos, informó a la EUMM de que en el futuro debía solicitarse su aprobación previa para dicho procedimiento. Por lo tanto, parece que la información comunicada por el denunciante no carecía de fundamento.

38. En su respuesta a una pregunta en este sentido formulada por el Defensor del Pueblo, la Comisión formuló algunas observaciones a este respecto. Sin embargo, su afirmación de que, "a conocimiento de la Comisión", el motivo de la destitución del autor era una falta de confianza provocada "principalmente" por un caso de fraude que el autor no había descubierto, no aclaró este contexto y dejó muchas preguntas sin respuesta. En efecto, esta declaración sugiere que la Comisión no investigó activamente la cuestión.

39. Sobre la base de lo anterior, el Defensor del Pueblo concluyó que la Comisión no había demostrado hasta el momento que había tratado adecuadamente el asunto y que le había proporcionado una explicación coherente y razonable de por qué creía que la forma en que actuaba estaba justificada. A la luz de lo anterior, el Defensor del Pueblo llegó a la conclusión preliminar de que el hecho de que la Comisión no tratara adecuadamente el asunto equivalía a un caso de mala administración. Por consiguiente, presenta la propuesta de solución amistosa que se reproduce a continuación, de conformidad con el artículo 3, apartado 5, del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo.

40. Por lo que se refiere al argumento del demandante de que la Comisión no proporcionó aclaraciones sobre la existencia o el cese de la EUMM, el Defensor del Pueblo señaló en primer lugar que el demandante y su abogado no pidieron específicamente aclaraciones sobre esta cuestión. Además, en su carta de 2 de abril de 2008, la Comisión informó al abogado del denunciante de que, aunque la misión operativa de la EUMM expiró el 31 de diciembre de 2007, la EUMM no había sido liquidada en ese momento. Esto significaba que la EUMM aún no había dejado de existir de iure. Además, en su dictamen adicional, la Comisión aportó aclaraciones adicionales sobre la estructura de las misiones de la PESC. Por lo tanto, no era necesario realizar más investigaciones sobre este aspecto del presente asunto.

41. El artículo 3, apartado 5, del Estatuto del Defensor del Pueblo ordena al Defensor del Pueblo que busque, en la medida de lo posible, una solución con la institución de que se trate para eliminar el caso de mala administración y satisfacer al reclamante. A la luz de las conclusiones expuestas anteriormente, el Defensor del Pueblo presentó a la Comisión la siguiente propuesta de solución amistosa:

Teniendo en cuenta las conclusiones del Defensor del Pueblo, la Comisión podría reconsiderar cuidadosamente su posición, abrir una investigación sobre las cuestiones planteadas por el demandante, escuchar a las partes implicadas y adoptar las medidas de seguimiento que pudieran ser necesarias a la luz del resultado de la investigación.

Los argumentos presentados al Defensor del Pueblo tras su propuesta de solución amistosa

42. En su respuesta, la Comisión reconoció que debería haber detallado las medidas que había adoptado para examinar las irregularidades notificadas por el denunciante. La Comisión declaró que las medidas propuestas por el Defensor del Pueblo ya se habían adoptado en aquel momento.

43. En junio de 2006, el denunciante informó a la Comisión de posibles irregularidades en relación con la venta de automóviles usados (no informó sobre irregularidades en el pago de salarios). Como prueba, el denunciante facilitó a la Comisión una lista de las ofertas para diecisiete automóviles, lo que, en su opinión, demostraba que los automóviles se habían vendido a licitadores que no necesariamente habían ofrecido el precio más alto. La Comisión comparó esta lista con el resumen de los ganadores del procedimiento. Esto demostró que, en 13 casos, los coches se habían vendido a los licitadores con las ofertas más altas. De los cuatro coches restantes, la lista indicaba que, en dos casos, se había retirado la oferta más alta y, por lo tanto, estos coches también se vendieron a los licitadores con las ofertas más altas. La Comisión también observó que la lista presentada por el denunciante contenía algunos textos y símbolos manuscritos.

44. Los servicios competentes de la Comisión debatieron la cuestión con el Jefe de Misión en agosto de 2006, durante su misión sobre el terreno a la EUMM. El Jefe de Misión explicó que el procedimiento de licitación había sido bastante oficioso y que los registros no eran de calidad suficiente. También aseguró a la Comisión que, aunque no estaba perfectamente formalizado, el procedimiento había sido justo y los coches habían sido vendidos a los licitadores con las ofertas más altas. También señaló que algunos licitadores habían retirado sus ofertas, lo que podría haber tenido un impacto en la venta final.

45. Tras evaluar la información recibida, la Comisión llegó a la conclusión de que, en los dos casos poco claros del total de diecisiete automóviles vendidos, el problema era probablemente una cuestión de documentación deficiente en lugar de una cuestión de irregularidades. La Comisión también señaló que, a diferencia de la contratación pública, no existen normas específicas de la Unión que rijan los procedimientos de licitación de las misiones de la PESC para la enajenación de activos. El posible riesgo para los intereses financieros de la UE radica en unos ingresos más bajos (en este caso, un importe de 2 950 EUR) en lugar de gastos injustificados. Además, las misiones de la PESC no están obligadas a vender activos no utilizados u obsoletos. También pueden donarse, con la aprobación de la Comisión, a beneficiarios locales o transferirse a otras misiones de la PESC, por lo que no generan ningún ingreso. De hecho, esta es una práctica más frecuente. A la luz de la falta de normas detalladas, la Comisión informó por escrito a la EUMM de que, en el futuro, debería solicitarse la aprobación ex ante de la Comisión de dicho procedimiento. También aclaró el tipo de documentos que debe conservar la EUMM, a saber, un informe sobre el procedimiento, incluidos los nombres y precios ofrecidos por todos los licitadores, con los originales de las ofertas y la lista de licitadores seleccionados adjunta.

46. Así pues, la Comisión estuvo de acuerdo con el Defensor del Pueblo en que la información comunicada por el demandante en relación con la venta de automóviles no carecía de fundamento. Sin embargo, la Comisión no estuvo de acuerdo con la afirmación de que no investigó activamente la cuestión, afirmando que se ocupó de la cuestión con el Jefe de Misión y, sobre la base de este contacto, informó a la EUMM del procedimiento que debía seguirse en el futuro.

47. La Comisión señaló que el denunciante también había informado a la OLAF de posibles irregularidades. En este contexto, la Dirección General de Relaciones Exteriores (DG RELEX) facilitó a la OLAF toda la información y las explicaciones mencionadas anteriormente. Tras la verificación, la OLAF informó al denunciante, mediante carta de 14 de mayo de 2009, de que había remitido a las autoridades judiciales competentes la alegación relativa al fraude relacionado con el combustible para automóviles. El caso estaba siendo analizado por la Fiscalía de Bosnia-Herzegovina. Por lo que se refiere a las demás alegaciones, la OLAF informó al reclamante de que no se habían detectado irregularidades. Esta constatación dio a la Comisión garantías adicionales en relación con el caso y confirmó la evaluación realizada por la DG RELEX. La Comisión concluyó que había examinado adecuadamente las denuncias en ese momento y que, dadas las circunstancias, no era necesario iniciar una nueva investigación.

48. En sus observaciones adicionales, el demandante alegó que la respuesta de la Comisión a la propuesta de solución amistosa no abordaba la resolución de su contrato ni el hecho de que el Jefe de Misión y la EUMM no pudieran oírle. La Comisión tampoco examinó la legalidad de su despido. Argumentó que, de conformidad con la legislación neerlandesa, su contrato se rescindió prematura e irregularmente.

49. En cuanto a la observación de la Comisión de que la lista de las ofertas para 17 automóviles contenía texto y símbolos escritos a mano, el demandante declaró que nunca había habido otra cosa que una lista manuscrita, que el demandante había copiado de un original en su poder. El autor volvió a referirse a sus observaciones de 27 de enero de 2010 y citó su declaración en la que afirmaba que el Jefe de Misión había participado en la venta irregular de automóviles y había dado la orden, junto con el entonces Jefe de Estado Mayor, de destruir determinadas ofertas. El denunciante declaró que, sobre la base de la lista, la Comisión no podía concluir que se hubieran retirado las ofertas más elevadas. El denunciante se refirió a documentos adjuntos de los que parecía que algunas ofertas habían sido retiradas y las cartas pertinentes destruidas. El autor declaró que el Jefe de Misión estaba enojado con él porque había informado de ello a la Comisión.

50. El denunciante también adjuntó a sus observaciones los estados financieros anuales y el informe del auditor independiente de la EUMM correspondientes al ejercicio 2006. En particular, llama la atención sobre las conclusiones de los puntos 4.5 ("Oferta de venta de bienes") y 4.6 ("Destrucción de la documentación"[8]) del presente informe. El autor citó además una carta que envió a su abogado el 28 de septiembre de 2007, tras la rescisión de su contrato por el Jefe de Misión. En esa carta, mencionó la supuesta venta irregular de automóviles y los desarrollos.

51. El autor mantuvo la opinión de que el asunto no se había investigado suficientemente, especialmente desde el punto de vista del conflicto de intereses. El orador se refiere a la declaración de la Comisión de que ha examinado la cuestión con el Jefe de Misión. Señaló que, como el Jefe de Misión estaba involucrado, esta conversación no podría haber proporcionado información objetiva e independiente.

52. El autor declaró que era correcto que no hubiera informado sobre irregularidades en el pago de salarios en 2006. La razón por la que no lo había hecho era porque las irregularidades en el pago de salarios no comenzaron hasta principios de 2007. A continuación, el denunciante comunicó estas irregularidades a la Comisión. El denunciante declaró que de una carta del asesor jurídico de la EUMM se desprendía que la menor confianza en él se debía a que había notificado las irregularidades en cuestión.

53. Por lo que se refiere a la investigación de la OLAF, el denunciante señaló que, en el momento en que la OLAF inició su investigación, la EUMM ya estaba siendo desmantelada. Sin lugar a dudas, la investigación no fue una investigación en profundidad. Además, la OLAF no se puso en contacto con los miembros más importantes del personal de la EUMM, como el jefe de personal. El autor llegó a la conclusión de que la Comisión le había dejado solo, lo que no le proporcionó suficiente apoyo, sin reconocer el hecho de que, como Jefe de Finanzas, tenía la obligación de informar de las irregularidades.

Evaluación del Defensor del Pueblo que dio lugar a un proyecto de recomendación

54. El Defensor del Pueblo lamentó que, en su respuesta a la propuesta de solución amistosa, la Comisión optara por no abordar la cuestión de si el demandante había sido castigado por notificar irregularidades a la Comisión. En resumen, en lugar de abordar el fondo mismo de la presente denuncia, la Comisión optó por centrarse únicamente en la forma en que trataba las irregularidades que el denunciante le había comunicado. Sin embargo, no cabe duda de que el elemento central de la presente denuncia y la propuesta de solución amistosa se referían a la supuesta relación entre la desestimación del denunciante y el hecho de que informara de irregularidades a la Comisión [9].

55. El Defensor del Pueblo consideró que es importante que el personal de las misiones, que son financiadas [10] y supervisadas por las instituciones de la UE, no se vea disuadido de comunicar información a las autoridades competentes cuando tengan motivos para sospechar que se han producido irregularidades. En su respuesta a la propuesta de solución amistosa, la Comisión aceptó implícitamente que la información comunicada por el denunciante sobre las irregularidades en la venta de automóviles usados no carecía de fundamento [11]. A raíz de dicha Comunicación, la Comisión solicitó que, en el futuro, la EUMM solicitara su aprobación ex ante en los casos relacionados con la venta de activos. Sin embargo, una vez que la Comisión llegó a estas conclusiones, no dio más detalles sobre el supuesto vínculo entre la notificación del denunciante de las presuntas irregularidades y su despido.

56. El Defensor del Pueblo señaló que, en sus observaciones adicionales sobre la respuesta de la Comisión a la propuesta de solución amistosa, el reclamante citó una carta del Asesor Jurídico de la EUMM, según la cual, "el deterioro del nivel de confianza entre HOM [nota: el Jefe de Misión] y COF [el Jefe de Finanzas] comenzaron ya a mediados del año pasado cuando COF sobre ciertas cuestiones se dirigió directamente a la Comisión Europea en Bruselas sin informar a su superior directo o HOM. La propia Bruselas informó inmediatamente a HOM sobre este suceso. La desconfianza hacia las capacidades de HOM ha sido el factor desencadenante del COF." Esto parecía apoyar la opinión del autor de que existía un vínculo entre la notificación de irregularidades a Bruselas y la menor confianza del Jefe de Misión en él.

57. El Defensor del Pueblo consideró que la función de supervisión de la Comisión solo puede hacerse efectiva si puede tranquilizar al personal empleado por las misiones de la UE de que se le pueden notificar presuntas irregularidades sin sanción. Por lo tanto, la Comisión debería haber investigado a fondo la posible existencia de un vínculo entre la notificación de irregularidades por parte del denunciante a la Comisión y su despido.

58. No hay pruebas de que la Comisión haya investigado suficientemente lo que era un problema extremadamente grave: la supuesta sanción de despido impuesta al demandante. Por ejemplo, la Comisión no intentó entrevistar a todo el personal pertinente (el jefe de misión, el entonces jefe de personal, el asesor jurídico de la EUMM, el denunciante); la Comisión tampoco trató de obtener copias de toda la documentación pertinente (como copias de los correos electrónicos intercambiados entre las personas pertinentes en el momento pertinente). Sin embargo, esas medidas podrían haber sido útiles para aclarar la cuestión. Por lo tanto, estos fracasos dejaron muchas preguntas sin respuesta.

59. El Defensor del Pueblo subrayó que el hecho de que la Comisión no llevara a cabo una investigación completa del supuesto vínculo entre el despido del demandante y la notificación de irregularidades dejaba muchas preguntas sin respuesta. No obstante, subrayó que no se pronunciaba sobre la existencia efectiva de tal vínculo. Una posición sobre si tal vínculo existía o no sólo puede adoptarse una vez que la Comisión haya llevado a cabo una investigación completa.

60. Sobre la base de lo anterior, el Defensor del Pueblo concluyó que la reacción de la Comisión a su propuesta de solución amistosa era insatisfactoria. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo confirmó su conclusión provisional de mala administración, que se hizo en su propuesta de solución amistosa.

61. Dada la gravedad de esta cuestión, el Defensor del Pueblo formuló el siguiente proyecto de recomendación a la Comisión, de conformidad con el artículo 3, apartado 6, del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo:

"La Comisión debería reconsiderar cuidadosamente su posición, iniciar una investigación sobre la supuesta relación entre la denuncia de irregularidades por el autor y su destitución por el Jefe de Misión, escuchar a las partes interesadas, evaluar los documentos pertinentes y adoptar las medidas de seguimiento que pudieran ser necesarias a la luz del resultado de la investigación".

Los argumentos presentados al Defensor del Pueblo tras su proyecto de recomendación

62. En su dictamen detallado, la Comisión señaló que el hecho de que el Consejero Especial de la PESC sea responsable ante la Comisión de la gestión financiera del presupuesto de la misión no significa que la Comisión tenga una función de supervisión. Solo tiene ese papel cuando la gestión financiera está directamente involucrada. La Comisión reiteró que, a su entender, el motivo del despido del demandante era la falta de confianza provocada por un caso de fraude que el demandante, en su calidad de jefe de finanzas, no había descubierto. Fue el Jefe de Misión quien descubrió la malversación de fondos resultante de la falsificación de las facturas de combustible, durante un período de al menos dos años, por parte de uno de los empleados locales de la EUMM. La Comisión reiteró que en Bosnia-Herzegovina están en curso procedimientos judiciales y que informó debidamente a la OLAF sobre el caso.

63. La Comisión declaró que la Acción Común del Consejo por la que se crea la MOUE establece en su artículo 3, apartado 3, que «[e]l Secretario General/Alto Representante [SG/AR] velará por que la MOUE funcione de manera flexible y racionalizada. En este contexto, reexaminará periódicamente las funciones y el territorio geográfico cubiertos por la EUMM a fin de seguir adaptando la organización interna de la EUMM a las prioridades de la Unión en los Balcanes Occidentales». En ese momento, el SGAR fue asistido en el desempeño de estas tareas por una entidad responsable de supervisar los aspectos operativos de las misiones de la PESC, incluidos los asuntos mencionados en el artículo 3.3 de la Acción Común. Esta entidad se convirtió en la Capacidad Civil de Planificación y Ejecución (CPCC) en agosto de 2007. Anteriormente formaba parte de la Secretaría del Consejo y ahora forma parte del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). En el contexto de sus trabajos sobre el control operativo de las misiones de la PESC, la CPCC ha elaborado un conjunto de directivas relativas a los aspectos disciplinarios de las misiones de la PESC. Esa labor entra claramente en el concepto de "organización interna". Por lo tanto, la Comisión consideró que la CPCC se encargaba de cuestiones disciplinarias más amplias, incluida cualquier posible investigación del presente asunto.

64. La Comisión declaró que deseaba estar en condiciones de disculparse sinceramente con el denunciante. Sin embargo, consideró que se había ocupado debidamente de la cuestión y que había hecho todo lo que estaba a su alcance para abordarla, teniendo especialmente en cuenta sus limitadas funciones de supervisión, que se limitan a cuestiones puramente financieras. La Comisión sugirió respetuosamente que el denunciante dirigiera su denuncia al Secretario General Ejecutivo del SEAE, Sr. Pierre Vimont. Precisó que prestaría al SEAE toda la asistencia posible para tramitar el expediente y que comunicaría al SEAE la información que poseía sobre el asunto. La Comisión también añadió que está trabajando en propuestas para aclarar la situación del personal empleado en las misiones de la PESC.

65. En sus observaciones adicionales, el denunciante señaló que la Comisión evitó de nuevo abordar la cuestión y los argumentos principales. La Comisión se limitó a reiterar sus posiciones anteriores, pero de hecho no reaccionó al proyecto de recomendación. Sostuvo que parte del dictamen detallado de la Comisión constituye un mero "relleno de páginas "y que la Comisión se esconde detrás del Asesor Especial de la PESC, que, a su vez, goza de inmunidad diplomática. Así que al final, afirmó, nadie es responsable. La referencia de la Comisión a la CPCC demuestra, una vez más, que la Comisión está eludiendo la responsabilidad. El demandante se preguntaba por qué la Comisión no le había informado tres años antes del órgano apropiado al que dirigirse. El demandante no podía creer que tuviera que volver a iniciar todo el procedimiento para dirigirse ahora al Sr. Vimont. Esto va en contra de la idea de justicia del autor.

66. El denunciante subrayó que, contrariamente a lo que alegaba la Comisión, la falta de confianza no se debió al hecho de que no hubiera descubierto un caso de fraude, sino al hecho de que había descubierto algunas irregularidades y las había notificado a Bruselas en agosto de 2006. A pesar de la prohibición del Consejero Especial y del Jefe de Gabinete de volver a ponerse en contacto con la Comisión en Bruselas, el demandante informó de nuevas irregularidades en octubre de 2006. La Comisión, en su calidad de supervisora, no ayudó al denunciante. El nuevo requisito de aprobación ex ante por parte de la Comisión fue el resultado de la notificación de irregularidades por parte del denunciante. A juicio del autor, el hecho de que informara de esas irregularidades hizo que el Asesor Especial y el Jefe de Estado Mayor confiaran menos en él; en suma, consideraron que esa información constituía una amenaza para su posición.

67. El denunciante alegó que, después de haber notificado las irregularidades como jefe de finanzas, básicamente estaba solo sin ningún respaldo, dado el argumento de la Comisión de que solo tiene una función de supervisión limitada. El demandante consideró chocante leer en el dictamen detallado de la Comisión que parece que fue despedido por falta de confianza debido al hecho de que no había descubierto la falsificación de las facturas de combustible. El autor señaló que, ya un año antes, había denunciado el problema y había introducido un sistema de registro diferente para el consumo de combustible. Sin embargo, el Asesor Especial y Jefe de Gabinete no le permitió hacer un seguimiento de la cuestión porque, al parecer, necesitaba "confiar en los demás". El resultado es que el autor se encuentra ahora en una situación kafkiana: se le reprocha no haber supervisado ciertos comportamientos, cuando en realidad el Asesor Especial y el Jefe de Estado Mayor no le permitieron supervisarlos.

68. El autor sostuvo que debía pagarse su salario de septiembre a diciembre de 2007, así como los gastos de mudanza.

Evaluación del Defensor del Pueblo tras su proyecto de recomendación

69. El Defensor del Pueblo llega a la conclusión de que, una vez más, la Comisión no reaccionó a sus conclusiones, que condujeron, en primer lugar, a su propuesta de solución amistosa y, posteriormente, al proyecto de recomendación. La Comisión no investigó la cuestión central de esta denuncia, a saber, el presunto vínculo entre la notificación de irregularidades financieras por parte del demandante y su destitución por el Jefe de Misión. En cambio, la Comisión alega que: a) no tiene ninguna responsabilidad en la materia, b) hizo todo lo que estaba en su poder para abordarla, y c) el reclamante debería dirigirse ahora al Secretario General Ejecutivo del SEAE. En cuanto a las cuestiones pendientes, la Comisión, en su dictamen detallado, se limitó a reiterar su posición anterior.

70. El Defensor del Pueblo considera que la Comisión parece estar eludiendo su responsabilidad en este asunto. Es totalmente inadecuado que la Comisión sugiera, cuatro años después de que el abogado del demandante le escribiera por primera vez (el 11 de febrero de 2008), que el demandante se pusiera ahora en contacto con el Secretario General Ejecutivo del SEAE para solicitar una nueva investigación. El Defensor del Pueblo recuerda que, en enero de 2008, el demandante escribió por primera vez al Consejo. Fue entonces el Consejo el que, en su respuesta de 16 de enero de 2008, señaló que la EUMM había dejado de existir a 31 de diciembre de 2007 y que la relación entre el reclamante y el Jefe de Misión era competencia de la Comisión, a la que el Consejo transfirió la carta del reclamante. El 16 de enero de 2008, el Secretario General Adjunto del Consejo escribió al Secretario General de la Comisión y señaló que, de conformidad con el artículo 5, apartado 3, de la Acción Común 2000/811/PESC, el Jefe de Misión debe informar plenamente a la Comisión y ser supervisado por ella sobre las actividades emprendidas en el marco de su contrato de Asesor Especial. El Secretario General Adjunto del Consejo explicó que, por lo tanto, había transferido la reclamación del autor a la Comisión.

71. El Defensor del Pueblo considera que la presente reclamación se refiere a un asunto muy grave. Si una investigación demostrara que el autor fue efectivamente desestimado por haber denunciado irregularidades financieras, ello significaría que, de hecho, el autor fue sancionado por haber actuado como "denunciante ". La gravedad del asunto se vería agravada por el hecho de que el demandante era el jefe de finanzas de la EUMM y que, como tal, era su propio deber notificar las irregularidades financieras.

72. El Defensor del Pueblo señala que, aun suponiendo que, con arreglo al marco jurídico actual, el objeto de la presente reclamación debiera ponerse en conocimiento del SEAE y, más concretamente, de su Secretario General Ejecutivo, ello no desvirtúa el hecho de que, en enero de 2008, cuando el Consejo transfirió el asunto a la Comisión, y cuando el SEAE aún no había nacido, la Comisión no tomó ninguna medida al respecto. Esto ocurrió a pesar de que, en ese momento, estaba claramente en su poder investigar la cuestión. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo entiende perfectamente al autor cuando afirma que se encuentra en una "situación kafkiana". El Defensor del Pueblo sugiere al reclamante que, si desea continuar con el asunto, se ponga en contacto con el Secretario General Ejecutivo del SEAE. En caso de respuesta insatisfactoria, el demandante tiene la posibilidad de presentar una nueva reclamación al Defensor del Pueblo. Sin embargo, con respecto al período en el que la Comisión tuvo la posibilidad de investigar el presunto vínculo entre la notificación de irregularidades financieras por parte del demandante y su despido por parte del Jefe de Misión, pero no lo hizo, el Defensor del Pueblo hará la observación crítica que figura a continuación.

73. El Defensor del Pueblo concluye que la Comisión no ha tratado el asunto adecuadamente. Más concretamente, la Comisión no abrió una investigación sobre la supuesta relación entre la denuncia de irregularidades por el autor y su destitución por el Jefe de Misión, no escuchó a las partes implicadas, no evaluó los documentos pertinentes y no tomó las medidas de seguimiento que pudieran ser necesarias a la luz del resultado de la investigación. Esto constituye un caso de mala administración.

74. Cuando una institución de la UE no acepta un proyecto de recomendación del Defensor del Pueblo, lo que es claramente el caso aquí, el Defensor del Pueblo tiene la posibilidad de presentar un informe especial al Parlamento. La presentación de un informe especial brinda al Parlamento, como órgano político que deriva su legitimidad de su elección directa por los ciudadanos y que desempeña un papel importante en el orden constitucional de la Unión, la oportunidad de adoptar una posición sobre las opiniones y conclusiones del Defensor del Pueblo en casos de importancia general. En su informe anual de 1998, el Defensor del Pueblo señaló que la posibilidad de presentar un informe especial al Parlamento Europeo tiene un valor inestimable para su trabajo. No obstante, añade que, por lo tanto, los informes especiales no deben presentarse con demasiada frecuencia y solo deben presentarse en relación con asuntos importantes en los que el Parlamento pueda tomar medidas para ayudar al Defensor del Pueblo.

75. El presente asunto plantea ciertamente una cuestión importante y una cuestión de principio, a saber, la falta de una investigación sobre la cuestión de si el denunciante fue despedido por haber notificado irregularidades financieras y, por tanto, por haber actuado como denunciante, en el marco de una misión de supervisión de políticas que opera fuera del territorio de la UE en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión. No obstante, el Defensor del Pueblo considera que no sería adecuado presentar un informe especial al Parlamento en el presente asunto, por las razones que se exponen a continuación.

76. En primer lugar, en diciembre de 2010, el Defensor del Pueblo inició una investigación por iniciativa propia (OI/12/2010(BEH)MMN) con el fin de aclarar qué institución asume la responsabilidad de los posibles casos de mala administración en las actividades de las misiones de la PCSD en terceros países. Dado que esta investigación general de oficio aún está en curso, no sería apropiado realizar un informe especial sobre el presente caso específico que también plantee la cuestión de qué institución es la responsable en última instancia. Además, mientras no se aclare quién (la Comisión, el Consejo o el Alto Representante/SEAE) debe asumir la responsabilidad, el Parlamento no podrá adoptar ninguna medida útil tras un informe especial. Por último, si el demandante decidiera proseguir su reclamación ante el Secretario General Ejecutivo del SEAE, como propone ahora la Comisión, y no estuviera satisfecho con el resultado, seguiría teniendo la posibilidad de presentar una nueva reclamación al Defensor del Pueblo. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo dará por concluida la presente investigación con la observación crítica que figura a continuación.

C. Conclusiones

Sobre la base de su investigación sobre esta reclamación, el Defensor del Pueblo la cierra con la siguiente observación crítica:

La Comisión no ha tratado el asunto adecuadamente. Más concretamente, la Comisión no abrió una investigación sobre la supuesta relación entre la denuncia de irregularidades por el autor y su destitución por el Jefe de Misión, no escuchó a las partes implicadas, no evaluó los documentos pertinentes y no tomó las medidas de seguimiento que pudieran ser necesarias a la luz del resultado de la investigación. Esto constituye un caso de mala administración.

Se informará de esta decisión al denunciante y a la Comisión.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Hecho en Estrasburgo, el 20 de septiembre de 2012.


[1] Acción Común 2000/811/PESC del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, sobre la Misión de Observación de la Unión Europea (DO L 328, p. 53). El mandato de la MOUE se prorrogó varias veces. La última vez fue a finales de 2006, cuando el Consejo prorrogó el mandato hasta el 31 de diciembre de 2007 [Acción Común 2006/867/PESC del Consejo, de 30 de noviembre de 2006, por la que se prorroga y modifica el mandato de la Misión de Observación de la Unión Europea (MOUE) (DO L 335, p. 48)].

[2] El artículo 16 'Duración' del contrato establecía que "el empleador o el empleado podrán rescindir el contrato notificándolo por escrito con un (1) mes de antelación ".

[3] El Consejo mencionó erróneamente la fecha del 31 de diciembre de 2008 en lugar del 31 de diciembre de 2007.

[4] En sus observaciones adicionales de 27 de diciembre de 2010, el demandante señaló que su abogado había enviado observaciones en un correo electrónico de 26 de mayo de 2009. Sin embargo, un control realizado por la Secretaría del Defensor del Pueblo puso de manifiesto que este correo electrónico nunca había sido recibido por la Oficina del Defensor del Pueblo.

[5] C(2004) 2984 de 6 de agosto de 2004 y SEC (2007) 1746 de 21 de diciembre de 2007.

[6] Acción Común 2007/40/PESC del Consejo, de 22 de enero de 2007, por la que se modifica la Acción Común 2002/921/PESC por la que se prorroga el mandato de la Misión de Observación de la Unión Europea (DO 2007, L 17, p. 22).

[7] Asunto T-70/05, Evropaiki Dynamiki/Agencia Europea de Seguridad Marítima, Rec. 2010, p. II-313, apartado 64.

[8] "Durante nuestros procedimientos de auditoría realizados hemos observado la existencia de instrucciones para destruir la documentación antes de que se completen los informes anuales y el informe de auditoría".

[9] El Defensor del Pueblo observó que en el párrafo 11 de su propuesta de solución amistosa, bajo el epígrafe " objeto de la investigación", se indicaba claramente que el reclamante había sugerido, en la carta de presentación de su reclamación, que su desestimación se basaba " finalmente en el hecho de que había informado a Bruselas de irregularidades relativas a la misión " . En el párrafo 34 de la propuesta de solución amistosa, se reiteró una vez más que el reclamante había sugerido que había sido despedido porque había informado a la Comisión y a la OLAF de ciertas irregularidades.

[10] La Comisión declaró en su respuesta al demandante que el Sr. X. estaba facultado para celebrar contratos de trabajo "en su propio nombre" y seguía siendo financieramente responsable de esos contratos. No obstante, la Comisión también explicó que: a) cuando empleó al Sr. X. como asesor especial/jefe de misión de la PESC, le confió los importes acordados con cargo al presupuesto de la PESC para que pudiera hacer frente a los gastos derivados de la ejecución de la Acción Común, y b) era responsable ante la Comisión de la administración financiera del presupuesto de la misión. Como tal, incluso si, desde una perspectiva formal, la Sra. D. cubriera los gastos resultantes de la aplicación de la Acción Común, incluidos los gastos resultantes de las solicitudes de indemnización, los fondos que se utilizarían para cubrir dichos gastos serían los fondos de la UE que le proporcionara la Comisión. En este contexto, está claro que la Comisión, como parte de su función de supervisión, debe garantizar siempre que el Jefe de Misión no incurra en gastos sin una buena razón. Esto incluiría, por ejemplo, los gastos derivados de las reclamaciones de indemnización.

[11] Por otra parte, el Defensor del Pueblo subrayó que, en su calidad de Jefe de Finanzas, el demandante tenía la obligación de notificar cualquier irregularidad financiera. El hecho de no hacerlo habría constituido un grave fracaso profesional para el Jefe de Finanzas.

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