¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?
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Decisión del Defensor del Pueblo Europeo por la que se da por concluida su investigación sobre la reclamación 53/2010/OV contra la Comisión Europea
Decisión
Caso 53/2010/OV - Abierto el Viernes | 29 enero 2010 - Decisión de Miércoles | 28 marzo 2012 - Institución concernida Comisión Europea ( Solución amistosa )
El autor, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, una ONG flamenca que presta asistencia a los refugiados, obtuvo una subvención de la Comisión Europea para llevar a cabo un proyecto en la República Democrática del Congo. En septiembre de 2004, el denunciante envió un correo electrónico y una carta a la Comisión, en los que solicitaba la aprobación de la Comisión para un método simplificado alternativo de notificación de los costes del proyecto, incluidos los soportados por los empresarios locales que participaban en el proyecto. La persona de contacto de la Comisión respondió lo siguiente en un correo electrónico: "Por la presente, ..., le doy nuestro acuerdo ...". Sin embargo, tras una auditoría ex post, la Comisión decidió recuperar del denunciante un importe de 150 000 EUR, alegando que los costes pertinentes no se habían notificado de conformidad con las disposiciones del acuerdo de subvención. No obstante, según el denunciante, esos costes se habían notificado sobre la base del método alternativo de notificación de costes que la Comisión había aprobado. Así pues, el demandante presentó una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo, alegando que la Comisión había infringido el principio de confianza legítima al no respetar la metodología para la notificación de los costes acordada con ella.
En su dictamen, la Comisión alegó que el correo electrónico enviado por su persona de contacto no constituía una modificación del acuerdo de subvención. No obstante, el Defensor del Pueblo constató que el correo electrónico pertinente constituía una aprobación del método alternativo de notificación de costes propuesto por el reclamante y que era al menos discutible que la Comisión hubiera acordado renunciar a las partes pertinentes del acuerdo de subvención con vistas a permitir que el reclamante utilizara el sistema alternativo de notificación de costes. Por lo tanto, presentó una propuesta de solución amistosa a la Comisión pidiéndole que revisara, en relación con los costes soportados por los empresarios locales en el proyecto, si el denunciante había cumplido con los medios alternativos de justificación de los gastos y, sobre esa base, que considerara pagarle el importe correspondiente. La Comisión aceptó la propuesta de solución amistosa y declaró que, en el caso de los proyectos en los que el denunciante hubiera respetado el método alternativo de notificación de costes, consideraría que los costes correspondientes eran subvencionables y efectuaría un pago adicional.
En mayo de 2012, el demandante informó al Defensor del Pueblo de que había obtenido un pago de 104 842 EUR de la Comisión y le agradeció su intervención.
Antecedentes de la denuncia
1. La denuncia se refiere a un litigio surgido en el marco de un proyecto financiado por la Comisión Europea. El autor es una ONG belga que presta asistencia a los refugiados. Obtuvo una subvención de la Comisión Europea para el proyecto «VALEPRO [1]». La subvención se puso a disposición en el marco de la convocatoria de propuestas para las "Acciones preparatorias B7-667 - Cooperación con terceros países en el ámbito de la migración", lanzada en 2003 por la entonces Dirección General de Justicia y Asuntos de Interior (DG JAI) de la Comisión.
2. El acuerdo de subvención se firmó el 28 de mayo de 2004. Constaba de cinco partes: 1) las Condiciones Particulares [2], 2) las Condiciones Generales, 3) el anexo I (Descripción de la acción), 4) el anexo II (Presupuesto estimado de la acción) y 5) el anexo III (Informes técnicos de ejecución y estados financieros que deben presentarse). El autor era responsable de proyectos realizados en la República Democrática del Congo (RDC), mientras que Solidarité-Eau (PS-Eau), otra ONG, era responsable de proyectos que se establecerían en Benin, el Camerún, Guinea Conakry y el Togo. El denunciante y PS-Eau celebraron acuerdos de asociación con seis socios locales de estos países para prestar apoyo local y supervisar la ejecución de las empresas [3]. El denunciante tenía dos socios locales en la RDC, uno de los cuales era Cedita-Entreprendre («Cedita»), una empresa con sede en Kinshasa. Cedita fue responsable de la selección, asistencia, seguimiento y evaluación de proyectos en la zona más amplia de Kinshasa.
3. Los acuerdos de asociación preveían transferencias de importes específicos a PS-Eau y a los socios locales. El acuerdo de asociación entre el denunciante y PS-Eau preveía un compromiso de transferencia de 215 285,25 EUR. El acuerdo de asociación entre el denunciante y Cedita preveía un compromiso de transferencia de un máximo de 54 000 EUR. Los acuerdos de asociación entre PS-Eau y los cuatro socios locales preveían un compromiso de transferencia de 3 500 EUR (más una cantidad a tanto alzado de 2 000 EUR), junto con una contribución del propio socio por un importe de 3 500 EUR.
4. Mediante correo electrónico de 16 de septiembre de 2004, el autor envió un documento titulado "Pièces justificatifs dans le cadre du programme 'VALEPRO' concernant la subvention par activité" a dos funcionarios de la Comisión, a saber, la persona de contacto de la Comisión y su colega. El denunciante declaró que tenía previsto utilizar este documento como orientación para la presentación de documentos justificativos de algunos gastos en el marco del proyecto, en particular los gastos de los proyectos individuales iniciados por los migrantes (rúbrica D del presupuesto estimativo: "Consumibles y suministros"[4]). El denunciante pidió a la Comisión que examinara su propuesta y diera su opinión. Señaló que era importante que sus asociados supieran si los documentos pertinentes serían suficientes para la presentación final de los gastos. En su respuesta del mismo día, el colega de la persona de contacto de la Comisión respondió lo siguiente: "Esto me parece bien. Para mayor claridad, pido que el nombre del proyecto también se mencione como referencia en cada documento justificativo...".
5. En una carta de 28 de septiembre de 2004, el denunciante volvió a enviar el documento mencionado a la Comisión. En su carta, pidió explícitamente a la Comisión que aprobara este método de trabajo. Mediante correo electrónico de 7 de octubre de 2004, la Comisión, a través de su persona de contacto, declaró: "Por la presente, y puesto que ha tenido en cuenta la observación formulada en su momento por mi colega ..., le doy nuestro acuerdo...".
6. El 1 de diciembre de 2005, el denunciante presentó a la Comisión su informe financiero final y sus declaraciones de gastos. Estos habían sido auditados por un auditor externo independiente designado por el denunciante. El auditor externo no detectó ningún gasto no subvencionable. Del gasto total de 714 326 EUR declarado por el denunciante, la Comisión aceptó 708 863 EUR como gasto subvencionable (rechazando menos del 1 %). Por consiguiente, la Comisión pagó un importe de 470 047,01 EUR, es decir, el 66,31 % de los gastos subvencionables.
7. Mediante carta de 20 de noviembre de 2007, la Comisión informó al denunciante de que su proyecto había sido seleccionado para una auditoría ex post en el marco del programa anual de auditoría de 2007 de la DG JAI. Los días 11 y 12 de diciembre de 2007 se llevó a cabo una auditoría sobre el terreno por parte de dos auditores. Los auditores comunicaron sus conclusiones preliminares al reclamante durante el trabajo de campo y en la reunión de clausura. La principal constatación fue que no había documentos justificativos suficientes o inadecuados para una cantidad significativa de los gastos declarados. Estas deficiencias se referían, en particular, a los costes soportados por los socios locales en la RDC: no se disponía de documentos justificativos en relación con estos socios locales. Según los auditores, aunque la prueba de la transferencia de fondos (por ejemplo, a través de Western Union) del denunciante a los socios locales estaba generalmente disponible, la transferencia de fondos a estos socios no constituía en sí misma una prueba suficiente de los gastos de los socios locales y, por lo tanto, no permitía a los auditores verificar la subvencionabilidad de los gastos declarados. El denunciante manifestó su profundo desacuerdo con las conclusiones preliminares de los auditores. Al hacerlo, se refirió al correo electrónico de la Comisión de 7 de octubre de 2004, en el que, según el denunciante, la Comisión le dio su aprobación para el método de trabajo del denunciante.
8. Mediante carta de 3 de septiembre de 2008, la Comisión envió una copia del proyecto de informe de auditoría al denunciante y le pidió que reaccionara en un plazo de quince días hábiles. Entre otras cosas, los auditores llegaron a la conclusión de que una parte considerable de los gastos reclamados en relación con los epígrafes "Consumibles y suministros", "Conferencias y seminarios" y "Otros gastos directos" no estaban justificados por una documentación justificativa suficiente. Según los auditores, aunque se disponía de pruebas de pago por parte del reclamante (transferencias de la Unión Occidental, transferencias Moneytrans o transferencias locales), así como recibos de caja, cartas, informes de visitas de seguimiento, correos electrónicos o notas internas, no había documentos justificativos (como facturas o recibos) de los gastos financiados por estas transferencias de fondos. Por lo tanto, los auditores no pudieron comprobar si el gasto se había realizado realmente y si era realmente subvencionable. También señalaron que algunos de los documentos presentados no eran fiables.
9. Los auditores concluyeron además que la mayoría de las transferencias a Cedita se realizaron a través de una organización intermediaria, Solidarité Socialiste en Kinshasa, y que no se proporcionaron pruebas de las transferencias de Solidarité Socialiste a los socios locales de la RDC. El informe contenía una descripción detallada de los gastos no subvencionables. Los auditores concluyeron que un gasto de 453 510,95 EUR era subvencionable, pero que un importe de 260 815,23 EUR no lo era. La subvención de la Comisión, que cubría el 66,31 % de los gastos subvencionables, ascendió así a 300 723,11 EUR. Dado que la Comisión ya había pagado 470 047,01 EUR (mediante pagos de prefinanciación de 264 780,34 EUR y 185 346,24 EUR, y un pago de saldo de 19 920,43 EUR), el proyecto de informe de auditoría sugería que se recuperara del denunciante el importe de 169 323,90 EUR.
10. Mediante carta de 16 de septiembre de 2008, el denunciante informó a la Comisión de que no estaba de acuerdo con las conclusiones del proyecto de informe de auditoría. El denunciante alegó que los auditores no habían tenido suficientemente en cuenta el difícil contexto de la región de la RDC en la que trabajaba. Se refirió al "acuerdo explícito" alcanzado en octubre de 2004 con la Comisión sobre el procedimiento de notificación de los gastos y declaró que los auditores no habían tenido en cuenta ese acuerdo. El denunciante insistió en que era imposible tratar los procedimientos administrativos y financieros en un país como la RDC de la misma manera que los procedimientos correspondientes en Bélgica. Por consiguiente, pidió a la Comisión que aceptara debatir el asunto en una reunión. El denunciante también solicitó un aplazamiento del plazo para presentar observaciones sobre el proyecto de informe de auditoría hasta el 15 de octubre de 2008. En un correo electrónico de 25 de septiembre de 2008, la Comisión señaló que no veía la necesidad de una reunión, pero que estaba de acuerdo con el aplazamiento del plazo.
11. Mediante carta de 15 de octubre de 2008, el denunciante respondió a las conclusiones del proyecto de informe de auditoría. Presentó una serie de aclaraciones relativas a los gastos, así como copias de documentos justificativos adicionales. Las observaciones del demandante se referían, entre otras cosas, a: i) el rechazo de los costes soportados por los empresarios locales en la RDC (en la rúbrica D: b) "Bienes fungibles y suministros "de la estimación presupuestaria); y ii) el rechazo de 50 800 EUR de los costes de su socio local Cedita (en la rúbrica G: "otros costos directos"). El denunciante señaló que no se había resuelto la cuestión de la falta de pruebas de los costes incurridos en la RDC. Sin embargo, alegó que había seguido el acuerdo alcanzado con la unidad operativa de la Comisión en octubre de 2004. En cuanto a los costes de Cedita, alegó que, debido a la quiebra de la Banque de Commerce et de Développement (BCD) congoleña, se habían transferido fondos del denunciante a Cedita a través de la organización belga de desarrollo Solidarité Socialiste. El denunciante expresó la esperanza de que los auditores reconsideraran su posición, teniendo en cuenta el impacto de la corrección financiera propuesta en el denunciante.
12. El 11 de diciembre de 2008, la Comisión envió una copia del informe final de auditoría al denunciante. En este informe, los auditores reiteraron las conclusiones generales relativas a la falta de documentos justificativos. Sin embargo, sobre la base de los documentos adicionales facilitados por el denunciante junto con su carta de 15 de octubre de 2008, llegaron a la conclusión de que el importe de los costes no subvencionables debía reducirse a 231 402,33 EUR. Así pues, los costes subvencionables totales ascendieron a 482 923,85 EUR. Así pues, la subvención de la Comisión (que representaba el 66,31 % del total de los costes subvencionables) ascendió a 320 226,80 EUR. La Comisión señaló que, como ya había pagado 470 047,01 EUR al denunciante, ahora debían recuperarse 149 820,21 EUR del denunciante.
13. Por lo que se refiere al intercambio de correspondencia entre el denunciante y la unidad operativa de la Comisión en septiembre y octubre de 2004, la Comisión declaró que el acuerdo de subvención exigía que los costes fueran identificables y verificables. El acuerdo de subvención también exigía que cualquier modificación del acuerdo de subvención fuera objeto de un acuerdo complementario por escrito (artículo II.13.1) y que el acuerdo complementario no pudiera dar lugar a un trato desigual de los solicitantes (artículo II.13.2). La Comisión declaró que, si el contenido del intercambio de correspondencia constituyera una excepción a lo dispuesto en el artículo II.14 de las Condiciones Generales del Acuerdo de subvención (que establece que «para ser considerados costes subvencionables de la acción, los costes deben cumplir los siguientes criterios generales: (...) deben ser identificables y verificables"), ambas partes deberían haber elaborado y firmado un acuerdo complementario. Afirmó que, en opinión de los auditores, la aceptación de tal excepción sin una modificación formal del acuerdo de subvención implicaría un trato desigual de los beneficiarios de la Comisión. La Comisión observó que, por lo tanto, los auditores mantenían su conclusión sobre la inadmisibilidad de los costes en cuestión.
14. El 5 de junio de 2009, la Comisión envió una nota de adeudo al denunciante por un importe de 149 820,21 EUR.
15. En varias cartas posteriores dirigidas a la Comisión, el denunciante impugnó la nota de recuperación. Sostuvo que la "metodología comúnmente convenida" había suscitado expectativas legítimas que no debían frustrarse.
16. Tras intentar infructuosamente convencer a la Comisión de que aceptara la documentación que obraba en su poder como prueba suficiente de las costas pertinentes, el demandante presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo. El importe de la nota de adeudo fue finalmente recuperado por la Comisión en febrero de 2011, cuando decidió deducirlo de otro pago adeudado al denunciante en el marco de otro proyecto.
Objeto de la investigación
17. El Defensor del Pueblo resumió las alegaciones del demandante del siguiente modo:
1) La Comisión vulneró el principio de confianza legítima al no respetar la metodología de notificación de los costes del proyecto VALEPRO acordada entre el denunciante y la Comisión.
2) La decisión de la Comisión de recuperar el importe de 149 820,21 EUR es desproporcionada con respecto a los resultados positivos globales del proyecto VALEPRO, ya que no tuvo en cuenta la complejidad del proyecto en la RDC ni los esfuerzos del denunciante por garantizar el uso adecuado de la financiación comunitaria.
La investigación
18. La denuncia se remitió a la Comisión para que emitiera un dictamen. El 19 de febrero de 2010, el demandante envió información adicional al Defensor del Pueblo sobre los últimos acontecimientos en el caso. La Comisión emitió su dictamen el 28 de junio de 2010. Se remitió al denunciante, que envió sus observaciones el 31 de agosto de 2010.
19. El 20 de octubre de 2011, el Defensor del Pueblo presentó a la Comisión una propuesta de solución amistosa. La Comisión emitió su dictamen sobre la propuesta el 9 de febrero de 2012. El Defensor del Pueblo lo remitió al demandante que, en una conversación telefónica mantenida el 2 de marzo de 2012, indicó que estaba satisfecho con la reacción de la Comisión a la propuesta de solución amistosa.
Análisis y conclusiones del Defensor del Pueblo
20. Tras examinar detenidamente los argumentos del demandante y de la Comisión, el Defensor del Pueblo considera que la primera alegación (relativa a la vulneración del principio de confianza legítima) y la segunda (relativa al carácter desproporcionado de la orden de recuperación) están intrínsecamente vinculadas. Procede, por tanto, examinar conjuntamente ambas alegaciones.
A. Presunta violación de los principios de confianza legítima y de proporcionalidad
Argumentos presentados al Defensor del Pueblo
21. El denunciante declaró que los costes controvertidos se referían a dos tipos de gastos, a saber: i) los costes soportados por los empresarios locales en la RDC y ii) los costes de su socio Cedita.
22. Por lo que se refiere a los costes soportados por los empresarios locales en la RDC, el denunciante declaró que aproximadamente 150 000 EUR (a saber, la mayoría de los costes de la rúbrica D: "Consumibles y suministros ") de los gastos rechazados se referían a la ejecución de proyectos locales en la República Democrática del Congo. Señaló que en 2004 preveía dificultades para cumplir las normas administrativas y financieras de la UE cuando trabajaba en la RDC. Por lo tanto, solicitó y recibió autorización de la unidad operativa de la Comisión para utilizar una forma alternativa de presentación de informes sobre proyectos cuando faltaban o eran insuficientes elementos financieros. Alegó que la forma alternativa de presentación de informes sobre los proyectos (visitas de seguimiento, fotografías) podía demostrar que las actividades se habían llevado a cabo efectivamente y justificar los gastos. En segundo lugar, el denunciante declaró que había celebrado contratos con dos socios locales independientes (uno de los cuales era Cedita) para llevar a cabo tareas de seguimiento, como la de establecer el vínculo entre los fondos asignados y los gastos del proyecto. Estos socios locales presentaron varios informes. Por lo tanto, el denunciante pudo garantizar que el dinero se gastara correctamente. Por último, al final del proyecto, los beneficiarios firmaron declaraciones en las que declaraban haber recibido los importes indicados en el acuerdo de subvención. Las declaraciones firmadas indicaban con precisión cómo se asignaba la financiación. El denunciante alegó que había informado a los auditores de estos procedimientos durante su auditoría sobre el terreno en diciembre de 2007 y en todas las comunicaciones posteriores. Según el denunciante, la Comisión no pudo retroceder en el acuerdo alcanzado, ya que ello vulneraría el principio de confianza legítima.
23. Por lo que se refiere a los costes de Cedita, el denunciante declaró que Cedita era una organización con sede en Kinshasa con una experiencia considerable en la asistencia a las pymes en su fase de puesta en marcha. En su carta de 11 de diciembre de 2008, la Comisión declaró que 50 800 euros de los pagos efectuados a Cedita no eran subvencionables. Según el denunciante, la carta de la Comisión confundía, por una parte, a Cedita como receptora de fondos que debían transmitirse a los empresarios y, por otra, a Cedita como beneficiaria final de los pagos. Por consiguiente, el 9 de abril de 2009 el denunciante solicitó aclaraciones. La Comisión respondió el 18 de junio de 2009. Sin embargo, esta respuesta aún no distinguía claramente entre Cedita como receptora intermediaria de fondos y Cedita como beneficiaria final de las transferencias. El denunciante declaró que entendía que era difícil para los auditores seguir la pista del flujo de caja, ya que la quiebra de BCD obligó al denunciante a canalizar fondos a través de Solidarité Socialiste para que posteriormente los fondos se transfirieran a Cedita. Sin embargo, el autor subrayó que había proporcionado copias de una liberación ("descargo") firmada por Cedita, así como de varios cheques. Además, otros documentos detallaban el trabajo realizado por Cedita.
24. El denunciante alegó además que la decisión de la Comisión de recuperar el importe de 149 820,21 EUR era desproporcionada con respecto a los resultados positivos globales del proyecto VALEPRO, ya que no tuvo en cuenta la complejidad del proyecto en la RDC ni los esfuerzos del denunciante por garantizar el uso adecuado de la financiación comunitaria.
25. El denunciante alegó que el proyecto VALEPRO, que prestó apoyo a 59 proyectos, había tenido mucho éxito. Las empresas, principalmente en el campo agrícola, se establecieron efectivamente. El éxito del proyecto fue aclamado en varias evaluaciones posteriores, incluida una evaluación encargada por la propia DG JAI (realizada por el Centro de Servicios Estratégicos LLP en noviembre de 2007) sobre todos los proyectos emprendidos en el marco de la línea presupuestaria «Cooperación con terceros países en el ámbito de la migración» B7-667. Entre las conclusiones generales de esta evaluación, el proyecto VALEPRO recibió una evaluación positiva individual. El denunciante concluyó que los auditores habían aplicado un enfoque extremadamente rígido que no tenía en cuenta la complejidad del proyecto en la RDC y no tuvo en cuenta los esfuerzos realizados por el denunciante para garantizar el uso adecuado y cualitativo de la financiación de la UE.
26. En su opinión, la Comisión alegó que las obligaciones del denunciante estaban claramente establecidas en el acuerdo de subvención, en particular en la cláusula I.9.1 de las Condiciones Particulares y en la cláusula II.14 de las Condiciones Generales. El artículo I.9.1 de las Condiciones Particulares establecía la obligación de presentar justificantes de los gastos reclamados. Sin embargo, el denunciante no cumplió plenamente esta obligación, ya que no facilitó documentos justificativos adecuados y suficientes.
27. La Comisión alegó además que, en su correo electrónico de 7 de octubre de 2004 enviado en respuesta a la carta del reclamante de 28 de septiembre de 2004, aunque su persona de contacto había "respondido positivamente" a la utilización del documento de orientación, la Comisión no había "adoptado una posición" sobre la cuestión de si los documentos resultantes de la aplicación de la nota de orientación del reclamante se considerarían suficientes para demostrar la subvencionabilidad de los gastos del proyecto. No se discutía la necesidad de modificar el acuerdo de subvención. Por lo tanto, las partes no firmaron ningún acuerdo complementario a este respecto. El intercambio de correos electrónicos que tuvo lugar el 16 de septiembre y el 7 de octubre de 2004 no constituyó una modificación formal del acuerdo de subvención. La Comisión declaró que ambas partes debían firmar una modificación del acuerdo de subvención (como había ocurrido con una modificación firmada en noviembre de 2005). El denunciante había presentado el documento en cuestión a la Comisión como una directriz puramente interna para los cobeneficiarios. Por lo tanto, por lo que se refiere a los documentos justificativos requeridos, los auditores tuvieron que basarse exclusivamente en los requisitos del acuerdo de subvención.
28. La Comisión también alegó que, incluso si se hubiera aceptado la metodología propuesta en 2004, no sería pertinente en lo que respecta a los gastos de Cedita. Si bien la Comisión nunca cuestionó el hecho de que Cedita prestara servicios, el coste de estos servicios no estaba respaldado por una documentación adecuada y, por lo tanto, tuvo que rechazarse por razones de buena gestión financiera. Durante el largo procedimiento y el intercambio de correspondencia, el denunciante nunca pudo proporcionar documentación precisa sobre el pago de 50 800 EUR a Cedita. Por lo tanto, no cumplía lo dispuesto en el artículo I.9.1 de las Condiciones Particulares. Además, en una carta de 12 de octubre de 2009 dirigida a la Comisión, el propio denunciante reconoció que los costes relativos a los servicios de Cedita no estaban respaldados por una documentación adecuada, sino únicamente por resúmenes semestrales de los días trabajados en el proyecto. Además, el acuerdo de asociación firmado entre el denunciante y Cedita estipulaba la necesidad de una justificación detallada de cada elemento de los costes incurridos, así como una certificación por parte de un contable. Por lo tanto, incluso suponiendo que la metodología propuesta en 2004 fuera aceptada por la Comisión, habría que tener en cuenta que esta metodología ni siquiera fue plenamente respetada por el propio denunciante. Además, esta metodología solo afectaba a una parte de los gastos del denunciante. Por último, la Comisión mencionó que, en su carta de 12 de octubre de 2009, el denunciante había facilitado dos muestras de expedientes de gastos efectuados por los empresarios locales. En dicha carta, el denunciante había reconocido que uno de estos expedientes no se ajustaba a su propia metodología. La Comisión concluyó que, por lo tanto, tenía que mantener su posición de que los gastos efectuados por los empresarios locales no estaban suficientemente documentados. La Comisión concluyó que había actuado de manera leal y que su decisión de emitir una orden de recuperación estaba bien fundada. También había dado tiempo y orientación suficientes al denunciante para que presentara documentación adicional.
29. La Comisión recordó que el importe de 149 820,21 EUR correspondía estrictamente a los costes que no podían considerarse subvencionables, dado que estos costes no estaban justificados por documentos justificativos adecuados. Esto no incluía, ni implicaba, ninguna sanción. Así pues, el importe final de la subvención se determinó sobre la base de los costes subvencionables realmente contraídos. Por lo tanto, la Comisión no consideró que el importe de la orden de recuperación fuera desproporcionado.
30. En sus observaciones, el denunciante volvió a referirse a la metodología que había presentado a la Comisión el 28 de septiembre de 2004. Alegó que no le correspondía asesorar a la Comisión sobre si el acuerdo alcanzado debería haberse formalizado o no en una modificación del acuerdo de subvención. El denunciante alegó que una reacción positiva de dos funcionarios de la Comisión, uno de los cuales era la persona de contacto designada, comprometió a la Comisión a este respecto. Por lo que se refiere a los gastos en la RDC, la metodología propuesta establecía claramente «copies des factures locales (si disponible)».[5] Afirmaba que la razón por la que ambas partes propusieron y acordaron esta metodología era que resultaba difícil obtener, en la RDC, facturas o facturas de gastos locales (y mucho menos facturas que cumplieran plenamente las normas administrativas de la UE). El denunciante alegó que el éxito de los proyectos de los empresarios locales no habría sido el mismo si no hubiera intentado adaptar la ejecución administrativa del proyecto a la situación imperante en la RDC.
31. El denunciante sostuvo, en suma, que la Comisión se había negado a evaluar los informes de los empresarios locales de conformidad con la nota orientativa sobre la que ambas partes habían llegado a un acuerdo.
32. Por lo que se refiere a los costes de Cedita, el denunciante declaró que el acuerdo de asociación que tenía con esta empresa estaba mal estructurado, dado que establecía dos métodos de trabajo contradictorios. La Comisión observó acertadamente que el denunciante no pudo recuperar los documentos justificativos (facturas) de Cedita y no pudo obtener documentos certificados de un consultor externo. Esto fue desafortunado. Sin embargo, el denunciante insistió en que tenía una gran cantidad de documentos, correos electrónicos y otras pruebas relacionadas con el trabajo realizado por Cedita, así como revisiones periódicas de los días trabajados en el proyecto. Así pues, el denunciante alegó que el rechazo de 50 800 EUR de los costes de Cedita era desproporcionado.
33. A la luz de lo anterior, el denunciante mantuvo su opinión de que la Comisión había incumplido su confianza legítima.
34. El denunciante también alegó que nunca se plantearon dudas sobre si había gastado o no el dinero en el proyecto. Por lo tanto, la interpretación estricta de las normas por parte de la Comisión debía considerarse una "sanción" al denunciante.
35. El denunciante también alegó que las normas de la Comisión sobre la subvencionabilidad de los costes no siempre eran claras y podían ser objeto de interpretación en determinadas ocasiones. El denunciante alegó que el enfoque de la Comisión reflejaba una actitud de «riesgo cero de error financiero». Esta actitud dio lugar a una enorme carga financiera y administrativa para el denunciante como beneficiario. El denunciante declaró que estaba plenamente de acuerdo con una política de tolerancia cero frente al fraude. Sin embargo, subrayó que en el proyecto VALEPRO no se había detectado fraude, uso irregular o malversación de fondos. Además, auditorías anteriores habían demostrado la eficacia, la eficiencia y la economía del proyecto.
Evaluación preliminar del Defensor del Pueblo que conduce a una solución amistosa
36. El Defensor del Pueblo señaló que la posición de la Comisión se basaba en su opinión de que conservaba el derecho contractual de exigir al reclamante pruebas específicas de los gastos, principalmente facturas de los socios locales del reclamante en la RDC. El Defensor del Pueblo señaló que el concepto de «expectativas legítimas», en su sentido jurídico estricto, se refiere a la obligación de una administración de actuar de manera coherente con la información precisa, incondicional y coherente que emana de fuentes autorizadas y fiables dentro de la administración [6]. El Defensor del Pueblo estuvo de acuerdo en que si la Comisión sostenía convincentemente que conservaba un derecho contractual específico de exigir al reclamante que facilitara a la Comisión determinada documentación definida para demostrar los gastos (es decir, facturas de socios locales en la RDC), no podía, al mismo tiempo, argumentarse convincentemente que existían «garantías incondicionales y coherentes» de la Comisión de que la Comisión actuaría de otra manera. En resumen, no es posible que surja una "esperanza legítima" contraria a ese derecho contractual.
37. El artículo I.9.1 de las Condiciones Particulares del Acuerdo de Subvención dispone lo siguiente:
«Con referencia a la cláusula II.14.1, guión 5, se considerarán subvencionables los gastos correspondientes a los pagos reales efectuados por el beneficiario o sus organizaciones asociadas, enumerados en el anexo I, y justificados por facturas acompañadas de un justificante de pago. Los gastos efectuados por las organizaciones asociadas se considerarán subvencionables siempre que hayan sido facturados de nuevo al Beneficiario y figuren en las cuentas del Beneficiario. Además, el beneficiario garantizará a la Comisión la disponibilidad de los documentos justificativos."[7]
38. Por lo tanto, tal como se redactó originalmente, el acuerdo de subvención incluía el requisito de presentar facturas que demostraran los costes incurridos por el beneficiario y sus organizaciones asociadas.
39. El Defensor del Pueblo señaló, sin embargo, que si se determinaba que la Comisión había renunciado a su derecho contractual de exigir dicha documentación al reclamante, ciertamente podrían cumplirse las condiciones para la existencia de «expectativas legítimas».
40. Como tal, una cuestión clave en la presente investigación era si la Comisión había renunciado de hecho a su derecho contractual a dicha documentación.
41. El Defensor del Pueblo ha declarado reiteradamente [8] que el alcance de la revisión que puede llevar a cabo en los casos relativos a la interpretación de las obligaciones contractuales contraídas por una institución es necesariamente limitado. En particular, el Defensor del Pueblo opina que no debe tratar de determinar si se ha producido un incumplimiento contractual por cualquiera de las partes. Esta cuestión solo podría ser tratada eficazmente por un órgano jurisdiccional competente, que tendría la posibilidad de escuchar los argumentos de las partes sobre la legislación nacional pertinente y de evaluar pruebas contradictorias sobre cualquier cuestión de hecho controvertida. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo considera que, en los asuntos relativos a litigios contractuales, está justificado limitar sus investigaciones al examen de si la institución le ha proporcionado una explicación coherente y razonable de la base jurídica de sus acciones y de las razones por las que cree que su comprensión de la situación contractual está justificada. En caso afirmativo, el Defensor del Pueblo concluirá que la investigación no ha puesto de manifiesto un caso de mala administración. Esta conclusión no afectará al derecho de las partes a que su disputa contractual sea examinada y resuelta con autoridad por un tribunal de jurisdicción competente.
42. Por lo que se refiere a la posible modificación del contrato, el artículo II.13.1 de las Condiciones Generales establece que:
"1. Toda modificación de las condiciones de subvención deberá ser objeto de un acuerdo complementario por escrito. Ningún acuerdo verbal podrá obligar a las partes a tal efecto"[9]".
43. Los Defensores del Pueblo señalaron que el artículo II.13.1 de las Condiciones Generales no impone ningún requisito con respecto a la "forma" de una enmienda, aparte del requisito de que sea por escrito. En particular, la cláusula II.13.1 de las Condiciones Generales no impone ningún requisito de que la forma específica de una modificación sea idéntica a la forma del convenio de subvención original o de cualquier otra modificación. Estaba claro que el denunciante presentó a la Comisión un documento escrito en el que proponía un sistema alternativo de notificación de costes y que la persona de contacto de la Comisión indicó por escrito que la Comisión estaba de acuerdo con dicho sistema alternativo. Mediante carta de 28 de septiembre de 2004, el denunciante envió a la persona de contacto de la Comisión una carta que incluía un anexo en el que se describía el sistema alternativo. En su carta, el denunciante pedía expresamente la "aprobación de nuestro método de trabajo "[10] de la Comisión. En su respuesta por correo electrónico de 7 de octubre de 2004, la persona de contacto de la Comisión [11] declaró lo siguiente: "Por la presente, y dado que usted ha tenido en cuenta la observación formulada en su momento por mi colega ..., le doy nuestro acuerdo ..." [12] El Defensor del Pueblo no podía entender esta declaración como algo más que una aprobación del nuevo método de trabajo [13]. El Defensor del Pueblo también señaló que difícilmente podría haberse esperado que el demandante cuestionara más la clara comunicación escrita de la persona de contacto de la Comisión (que era la persona indicada en el artículo I.7 de las Condiciones Particulares). En resumen, no podía esperarse que el denunciante volviese a escribir a ninguna otra persona de la Comisión sobre el mismo asunto tras obtener garantías expresas por escrito de la persona de contacto designada. En efecto, no podría haberse comunicado con ninguna otra persona de la Comisión sin infringir el artículo I.7 de las Condiciones Particulares. Por último, el Defensor del Pueblo señaló que el demandante tenía derecho a entender que el funcionario de la Comisión interesado había obtenido todas las aprobaciones internas necesarias cuando declaró por escrito: "Le doy nuestro acuerdo"[14].
44. Por lo tanto, era al menos discutible [15] que la Comisión aceptara renunciar a las partes pertinentes del acuerdo de subvención con vistas a permitir al denunciante utilizar el sistema alternativo de notificación de costes. Por lo tanto, la conclusión provisional del Defensor del Pueblo fue que la Comisión no dio una explicación coherente y razonable de la base jurídica de sus acciones y de las razones por las que creía que su comprensión de la posición contractual estaba justificada. Además, el Defensor del Pueblo consideró que, al exigir un cumplimiento estricto de las disposiciones del acuerdo de subvención, sin tener debidamente en cuenta las acciones de su persona de contacto, la Comisión no actuó de manera coherente. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo presentó la propuesta de solución amistosa que se expone a continuación.
45. Para definir el alcance de su propuesta de solución amistosa, el Defensor del Pueblo consideró necesario comentar los argumentos de la Comisión de que el reclamante no cumplía plenamente el sistema alternativo de notificación de costes. El Defensor del Pueblo señaló que las objeciones del demandante a la orden de recuperación se referían al rechazo por parte de la Comisión de dos tipos de costas. Los primeros costes fueron los del socio local Cedita. Se encuadran en el epígrafe G: c) "Otros costos directos" de la estimación presupuestaria. Los auditores rechazaron 50 800 EUR de estos costes. Los segundos costes fueron los de los empresarios locales de la RDC, que se encuadran en la rúbrica D: b) "Consumibles y suministros" de la estimación presupuestaria. Los auditores concluyeron en su informe final que 150 065,69 EUR de estos costes no eran subvencionables.
46. Por lo que se refiere a los costes de Cedita (50 800 EUR), el Defensor del Pueblo señaló que, como explicó el propio reclamante en su correo electrónico de 16 de septiembre de 2004 a la Comisión, el sistema alternativo de notificación de costes se refería a los gastos de los proyectos individuales iniciados por los migrantes (en la rúbrica D del presupuesto estimativo: "Consumibles y suministros"). Los costes de Cedita corresponden a la rúbrica G: c) "Otros costos directos" de la estimación presupuestaria. Por lo tanto, el sistema alternativo sugerido por el denunciante no podía aplicarse a los costes de Cedita. Así pues, parece que las disposiciones originales del acuerdo de subvención siguieron aplicándose a los costes antes mencionados.
47. En sus observaciones sobre el dictamen de la Comisión, el propio denunciante admitió que la Comisión había observado acertadamente que el denunciante no había podido recuperar de Cedita los documentos justificativos pertinentes (facturas) mencionados en el artículo 2 del acuerdo de asociación ni obtener documentos certificados de un contable externo. Así pues, la decisión de la Comisión de declarar no subvencionables los costes de Cedita y proceder a la recuperación correspondiente estaba justificada y no era desproporcionada.
48. Por lo que se refiere a los costes soportados por los empresarios locales en la RDC, el Defensor del Pueblo señaló que la Comisión alegó que el propio denunciante no había respetado plenamente el sistema alternativo de notificación de costes propuesto por el demandante en lo que respecta a los costes soportados por los empresarios locales en la RDC. Esta redacción parecía implicar que la notificación de los costes soportados por al menos algunos de los empresarios locales de la RDC cumplía el sistema alternativo de notificación de costes propuesto a la Comisión.
49. La propuesta de solución amistosa que figura a continuación se refería, por tanto, a los costes soportados por los empresarios locales que se notificaron de conformidad con el sistema alternativo de notificación de costes propuesto a la Comisión. En resumen, el Defensor del Pueblo propuso a la Comisión que revisara cuidadosamente el expediente con el fin de determinar, en lo que respecta a los costes soportados por los empresarios locales, si el reclamante cumplía con el sistema alternativo de notificación de costes y en qué medida. El Defensor del Pueblo declaró además que, a la luz de dicha revisión y del hecho de que la Comisión ya ha compensado el importe total de la orden de recuperación con otro pago adeudado al reclamante, la Comisión podría considerar pagarle el importe correspondiente a los costes incurridos por los empresarios locales que fueron notificados por el reclamante de conformidad con el sistema alternativo de notificación de costes. El pago por parte de la Comisión se efectuaría sin perjuicio de su derecho a defender su posición contractual ante un órgano jurisdiccional competente y sin que se admitiera culpa alguna por su parte.
50. Sobre la base de las consideraciones anteriores, el Defensor del Pueblo presentó a la Comisión la siguiente propuesta de solución amistosa: "Teniendo en cuenta las conclusiones del Defensor del Pueblo, la Comisión podría examinar detenidamente el expediente con miras a determinar, en lo que respecta a los gastos efectuados por los empresarios locales, si el reclamante ha cumplido con los medios alternativos de justificación de los gastos y en qué medida, y debería, sobre esa base, considerar el pago al reclamante de la cantidad correspondiente".
Los argumentos presentados al Defensor del Pueblo tras su propuesta de solución amistosa
51. En su dictamen, la Comisión declaró que no consideraba que los intercambios de correos electrónicos con el denunciante fueran una modificación del acuerdo de subvención que le permitiera reducir el nivel de prueba requerido para que los costes imputados al proyecto se consideraran subvencionables. Además, el método alternativo propuesto por el denunciante en 2004 solo se aplicaba a los costes soportados por los empresarios locales en la RDC y no a los soportados por Cedita.
52. Sin embargo, tras reflexionar, y sobre la base del análisis del Defensor del Pueblo, la Comisión declaró que podía estar de acuerdo en que el intercambio de correos electrónicos de 2004 podría haber creado una expectativa legítima de que la documentación "alternativa" propuesta por el reclamante sería aceptada por la Comisión. Por lo tanto, la Comisión declaró que, en el caso de los proyectos en los que el denunciante respetó este método, la Comisión está dispuesta a aceptar los costes correspondientes como subvencionables. Por lo tanto, la Comisión está de acuerdo con la solución amistosa propuesta por el Defensor del Pueblo. Finalizará su análisis de la información facilitada por el denunciante y le comunicará el importe considerado subvencionable. Sobre esta base, la Comisión efectuará un pago adicional.
53. En una conversación telefónica mantenida con la Defensoría del Pueblo el 2 de marzo de 2012, el demandante indicó que estaba satisfecho con la reacción de la Comisión a la propuesta de solución amistosa y que, por lo tanto, se había acordado una solución amistosa.
Evaluación del Defensor del Pueblo tras su propuesta de solución amistosa
54. El Defensor del Pueblo acoge con satisfacción el hecho de que se haya logrado una solución amistosa entre el demandante y la Comisión. El Defensor del Pueblo desea felicitar a la Comisión por su disposición a examinar el expediente desde una perspectiva diferente y a revisar su análisis sobre la base de las conclusiones del Defensor del Pueblo. La aceptación por parte de la Comisión de la propuesta de solución amistosa en el presente caso también le ayudará, sin duda, a mejorar sus prácticas en el futuro. El Defensor del Pueblo confía en que la Comisión finalice su análisis de la información facilitada por el reclamante y le comunique el importe considerado subvencionable con el fin de efectuar el pago adicional correspondiente.
B. Conclusión
Sobre la base de su investigación sobre esta reclamación, el Defensor del Pueblo la cierra con la siguiente conclusión:
La Comisión y el denunciante han acordado una solución amistosa.
Se informará de esta decisión al denunciante y a la Comisión.
P. Nikiforos Diamandouros
Hecho en Estrasburgo, el 28 de marzo de 2012.
[1] El título completo del proyecto VALEPRO era "Valorisation de l'épargne des migrants résidant en France et en Belgique par l'appui à des activités productives au Bénin, au Cameroun, en Guinée Conakry, en République Démocratique du Congo et au Togo". El proyecto VALEPRO tenía por objeto apoyar el desarrollo de microempresas por parte de empresarios migrantes en la República Democrática del Congo, Benin, Camerún, Guinea Conakry y Togo. Los migrantes de estos países residentes en Bélgica y Francia recibieron asesoramiento y formación sobre cómo establecer planes empresariales realistas para una microempresa en su país de origen. Se les concedió una suma para invertir en la microempresa a condición de que ellos mismos invirtieran una suma igual. En total, se subvencionaron 59 proyectos.
[2] El artículo I.3 de las Condiciones Particulares mencionaba que el coste total de la acción ascendía a 798 660,68 EUR y que la Comisión contribuiría con un máximo de 529 560,69 EUR, es decir, el 66,31 % del coste total estimado de la acción. Una modificación del acuerdo de subvención, firmada el 15 de noviembre de 2005, sustituyó estos importes por 759 250,50 EUR y 503 459 EUR, respectivamente. La enmienda también prorrogó tres meses la duración inicial de 18 meses del proyecto, que había comenzado el 1o de enero de 2004, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2005.
[3] En total, se firmaron siete acuerdos de asociación, a saber, uno entre el denunciante y PS-Eau, dos entre el denunciante y sus dos socios locales en la RDC y cuatro entre PS-Eau y sus otros cuatro socios locales.
[4] El gasto total ascendió a 329 000 EUR.
[5] Énfasis añadido por el denunciante.
[6] La obligación de actuar de manera coherente también se menciona en el artículo 10, apartado 1, del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, que establece que "[l]o funcionario deberá ser coherente en su propio comportamiento administrativo, así como con la acción administrativa de la Institución ...". El propio Código de Buena Conducta Administrativa de la Comisión, anejo a su Reglamento interno, establece la misma obligación de actuar de manera coherente, Reglamento interno de la Comisión [C(2000) 3614], DO 2000, L 308, p. 26, disponible en: http://ec.europa.eu/civil_society/code/general_en.htm
[7] El subrayado es mío.
[8] Véanse, por ejemplo, las decisiones del Defensor del Pueblo en la reclamación 3249/2008/(BEH)KM y en la reclamación 1976/2009/BEH.
[9] El subrayado es mío.
[10] La versión original en neerlandés dice lo siguiente: "Daarom willen wij uw goedkeuring vragen voor onze werkwijze".
[11] El Defensor del Pueblo señaló que el demandante había enviado su carta a la persona indicada en el artículo I.7 de las Condiciones Particulares como la persona a la que debía enviarse cualquier comunicación relacionada con el acuerdo de subvención.
[12] La versión original neerlandesa dice lo siguiente: "Bij deze, en vermits U rekening hebt gehouden met de opmerking destijds geformuleerd door mijn collega ..., geef ik U hierbij ons akkoord".
[13] Habida cuenta de la respuesta de la persona de contacto de la Comisión, el Defensor del Pueblo se mostró sorprendido por la afirmación en opinión de la Comisión de que, aunque su persona de contacto había "respondido positivamente" al uso de la nota de orientación, no se había adoptado ninguna posición sobre la cuestión de si los documentos resultantes de la aplicación de la nota de orientación se considerarían o no suficientes en el momento de la presentación de los informes financieros. La afirmación que figura en el dictamen de la Comisión no es claramente un reflejo exacto de lo que realmente ocurrió.
[14] Énfasis añadido.
[15] El Tribunal de Justicia de la UE ha desestimado reclamaciones relativas a renuncias o modificaciones de derechos contractuales cuando no se han aportado pruebas concretas de dicha renuncia o modificación (véase el asunto T-500/04, Comisión/Informations-Industrie Consulting GmbH, Rec. 2007, p. II-1443, apartado 64). Sin embargo, en el presente caso, se han presentado correos electrónicos y cartas que contienen declaraciones y garantías precisas.