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Resumen de la decisión en la investigación estratégica OI/2/2017/TE relativa a la transparencia del proceso legislativo del Consejo

Idiomas disponibles:  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Caso:  OI/2/2017/TE
    Abierto el 10-mar-2017 - Recomendación sobre 09-feb-2018 - Informe especial de 16-may-2018 - Decisión de 15-may-2018
  • Institución concernida :  Consejo de la Unión Europea

Esta investigación estratégica se refería a la transparencia de los debates sobre propuestas legislativas en los órganos preparatorios del Consejo de la UE («el Consejo»).

Para que los ciudadanos europeos puedan ejercer debidamente su derecho democrático a participar en el proceso de toma de decisiones de la UE y pedir a los responsables que rindan cuentas, las deliberaciones legislativas han de ser suficientemente transparentes.

Cuando los gobiernos de los 28 Estados miembros adoptan formalmente legislación de la UE en el seno del Consejo, las reuniones y los debates legislativos son públicos. Sin embargo, antes de que el Consejo adopte una posición formal, se celebran debates en más de 150 órganos preparatorios. La mayoría de las modificaciones de propuestas legislativas se propone a ese nivel, en el que también se intenta alcanzar compromisos entre Estados miembros.

Sin embargo, las reuniones de los órganos preparatorios no son públicas. Los ciudadanos solo pueden ejercer su derecho democrático a seguir los debates legislativos accediendo a los registros correspondientes. Por tanto es necesario que los debates legislativos de los órganos preparatorios se documenten adecuadamente y que se pueda acceder a los documentos pertinentes de manera fácil y oportuna.

En este contexto, en marzo de 2017 la Defensora del Pueblo Europeo abrió esta investigación estratégica: formuló preguntas concretas al Consejo, puso en marcha una consulta pública y examinó los expedientes legislativos del Consejo.

La Defensora del Pueblo consideró que las prácticas actuales del Consejo constituyen mala administración. Criticó en particular que el Consejo no registre de manera sistemática la identidad de los Estados miembros que toman posiciones en los órganos preparatorios, así como la práctica generalizada de restringir el acceso a los documentos legislativos durante el proceso de toma de decisiones (el «código LIMITE»).

El 9 de febrero de 2018, la Defensora del Pueblo formuló tres recomendaciones específicas y diversas sugerencias dirigidas al Consejo sobre cómo mejorar la transparencia del proceso legislativo.

El Consejo no respondió a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo en el plazo de tres meses dispuesto por la ley. Así pues, la Defensora del Pueblo confirmó sus conclusiones, sus recomendaciones y sus sugerencias de mejora y cerró la investigación. Se presentará un informe especial al Parlamento Europeo.

 

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