El denunciante solicitó a la Comisión Europea acceso público a una carta de aprobación que había recibido de las autoridades serbias en relación con la designación del proyecto minero Jadar en Serbia como «proyecto estratégico» en virtud de la Ley de Materias Primas Fundamentales de la UE. La Comisión denegó el acceso al documento. Al hacerlo, invocó una excepción en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos, alegando que la divulgación podría socavar la protección de las relaciones internacionales con Serbia.

El denunciante pidió a la Comisión que revisara su decisión (mediante una «solicitud confirmatoria»). Si bien la Comisión acusó recibo de la solicitud del denunciante, no adoptó una decisión al respecto dentro del plazo legal. La Defensora del Pueblo inició una investigación en la que pedía a la Comisión que adoptara una decisión lo antes posible. También trató de inspeccionar el documento en cuestión.

La Comisión resolvió la denuncia concediendo un amplio acceso parcial al documento en cuestión, expurgando únicamente datos personales limitados, que el denunciante no impugnó. Dicho esto, la Defensora del Pueblo lamenta el retraso de la Comisión en la adopción de la decisión confirmatoria, que persistió incluso después de que la Defensora del Pueblo hubiera iniciado su investigación.