El denunciante pidió a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) que diera acceso público a los correos electrónicos que intercambió con una organización que trabaja en la lucha contra el abuso sexual de menores en línea (CSAM).

Europol identificó una serie de documentos que entran en el ámbito de aplicación de la solicitud y concedió acceso parcial a algunos de ellos. Al denegar el acceso al resto de documentos y partes de documentos, invocó excepciones en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso público a los documentos, alegando que la divulgación podría socavar la protección de la seguridad pública y su proceso de toma de decisiones.

El Defensor del Pueblo inspeccionó los documentos en cuestión y consideró que había margen para una mayor divulgación. Pide a Europol que reconsidere su posición y conceda el acceso más amplio posible a los documentos.

En respuesta, Europol concedió un acceso público más amplio a algunos de los correos electrónicos que intercambió con la organización. El Defensor del Pueblo acogió con satisfacción este hecho, pero lamentó que Europol no aprovechara la oportunidad para explicar mejor por qué no se podía conceder el pleno acceso. Concluyó la investigación concluyendo que Europol había aceptado parcialmente su propuesta de solución.