La denuncia se refería a la decisión de la Comisión Europea de dejar de publicar los nombres de todos los miembros del personal de la UE, pero en lo sucesivo solo de los altos directivos, en su directorio en línea de personal de la UE (Whoiswho). El denunciante alegó que esto socava la transparencia y la rendición de cuentas.

La Defensora del Pueblo detectó deficiencias en la forma en que la Comisión adoptó la decisión sobre una cuestión importante que afectaba a la transparencia de la institución. Para abordar esta cuestión, presentó una propuesta de solución para que la Comisión llevara a cabo un nuevo proceso de toma de decisiones, teniendo en cuenta tanto la necesidad de proteger al personal de influencias indebidas como la necesidad de transparencia. La Comisión no aceptó la propuesta de solución.

La Defensora del Pueblo archivó el asunto, considerando que no estaba justificada ninguna otra investigación, pero expresó su pesar por la forma en que la Comisión había adoptado la decisión sobre una cuestión de tan amplio alcance para la transparencia de la institución.