La Defensora del Pueblo llevó a cabo una investigación de oficio sobre la forma en que el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea tramitan las solicitudes de acceso público a documentos legislativos, que están sujetos a mayores obligaciones de transparencia. La investigación tenía por objeto realizar una evaluación sistémica, pero se centró en las solicitudes de acceso público relacionadas con tres actos legislativos adoptados recientemente.

La Defensora del Pueblo constató que el Parlamento recibió muy pocas solicitudes de acceso público en el ámbito de esta investigación para que pudiera extraer conclusiones sobre su práctica.

Por lo que se refiere al Consejo y a la Comisión, la investigación puso de manifiesto que, cuando se formulan las solicitudes, las dos instituciones divulgan una gran cantidad de documentos legislativos. Sin embargo, en muchos casos, siguieron aplicando las excepciones al acceso en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos de manera demasiado amplia. En particular, no aportan pruebas concretas de los riesgos reales que entrañaría la divulgación de los documentos legislativos solicitados.

El Defensor del Pueblo también constató que sigue habiendo retrasos significativos por parte de la Comisión en la tramitación de las solicitudes de acceso público, incluidas las relativas a documentos legislativos. Esto ya fue objeto de un informe especial del Defensor del Pueblo al Parlamento Europeo, y reiteró las graves consecuencias de estos retrasos en lo que respecta a los documentos legislativos.

La Defensora del Pueblo concluyó la investigación exponiendo sus conclusiones y reiterando su posición de que las instituciones deben dar pleno efecto a la jurisprudencia de la UE sobre el acceso del público a los documentos legislativos. Para ayudar a las instituciones a mejorar sus prácticas, el Defensor del Pueblo formuló una serie de sugerencias.