El denunciante, una organización no gubernamental, expresó su preocupación ante la Comisión Europea en relación con la adjudicación de un contrato para un estudio sobre la política de la UE en materia de fusiones de empresas a una consultora privada especializada en Derecho de la competencia. En particular, al denunciante le preocupaba que la Comisión no hubiera evaluado adecuadamente el riesgo de conflictos de intereses con la consultora a la que se adjudicó el contrato.

En el curso de la investigación, la Comisión resolvió el contrato porque consideró que el resultado del contrato podía percibirse como parcial. En vista de ello, el Defensor del Pueblo decidió que no estaban justificadas nuevas investigaciones sobre las cuestiones planteadas en las reclamaciones.

Sin embargo, la investigación del Defensor del Pueblo también evaluó los cambios realizados por la Comisión en sus orientaciones internas para el personal que trabaja en la contratación pública sobre cómo evaluar los «intereses profesionales en conflicto», que siguieron a una sugerencia formulada por el Defensor del Pueblo en una investigación anterior. El Defensor del Pueblo acogió con satisfacción los cambios introducidos y se comprometió a seguir supervisando este ámbito.