El demandante, un periodista, pidió al Parlamento Europeo que concediera acceso público a la información sobre su contribución financiera a un fondo voluntario de pensiones del que hacían uso algunos diputados al Parlamento Europeo. El Parlamento señaló que un informe de gestión de 2022 entraba en el ámbito de aplicación de la solicitud, pero denegó el acceso. Al hacerlo, el Parlamento invocó una excepción en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso público a los documentos, alegando que la divulgación podría socavar los intereses comerciales de la empresa privada responsable del fondo.

Tras inspeccionar el documento en cuestión, el Defensor del Pueblo constató que contenía mucha más información de la solicitada por el demandante, y estuvo de acuerdo con el Parlamento en que no podía proporcionar al demandante un acceso significativo y parcial al documento. En este contexto, la decisión de denegar el acceso estaba justificada.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo consideró que, cuando una institución de la UE no puede conceder acceso público a un documento, debe esforzarse por facilitar a los solicitantes la información pertinente para su solicitud o solicitudes. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo sugirió que el Parlamento tratara de facilitar al demandante la información solicitada, es decir, una lista de las inversiones individuales realizadas por el fondo voluntario de pensiones, ya que existe un claro interés público en esta información.