Los denunciantes son organizaciones no gubernamentales preocupadas por la práctica de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) de prestar asistencia a terceros países para desarrollar capacidades de vigilancia. En particular, los denunciantes consideran que Frontex no evaluó adecuadamente el posible riesgo para los derechos humanos ni llevó a cabo evaluaciones de impacto, teniendo en cuenta las preocupaciones en materia de privacidad, antes de prestar dicha asistencia.

La Defensora del Pueblo constató que el agente de derechos fundamentales de Frontex, que evalúa si las actividades de Frontex en el contexto de su cooperación con terceros países respetan los derechos fundamentales, había establecido un procedimiento que incluía los elementos esenciales de una evaluación de impacto en materia de derechos humanos. No obstante, el procedimiento debe aplicarse sistemáticamente y la información pertinente al respecto debe hacerse pública y, hasta la fecha, esto no es suficiente. La Defensora del Pueblo concluyó la investigación con sugerencias de mejora.