La denuncia se refería al proceso de toma de decisiones en el Consejo de la UE, que condujo a la adopción de los reglamentos anuales por los que se fijan los totales admisibles de capturas (TAC) de determinadas poblaciones de peces.

Al denunciante le preocupaba que el Consejo a) no registrara las posiciones de los Gobiernos de los Estados miembros expresadas en los «órganos preparatorios» del Consejo o en las reuniones del Consejo de Ministros, b) no facilitara el acceso oportuno a los documentos legislativos, de forma proactiva y previa solicitud, y c) contara con un registro de documentos incompleto e insatisfactorio.

A juicio del Defensor del Pueblo, dado que los documentos en cuestión son «documentos legislativos» y contienen «información medioambiental», debe concederse a , un acceso más amplio y oportuno. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo recomendó que el Consejo pusiera a disposición de forma proactiva los documentos relacionados con la adopción del Reglamento TAC en el momento de su distribución a los Estados miembros o lo antes posible a partir de entonces.

El Consejo optó por no seguir la recomendación del Defensor del Pueblo. Por consiguiente, la Defensora del Pueblo confirmó su constatación de mala administración, expresando su decepción por el hecho de que el Consejo no siguiera su recomendación.