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Resultados de la consulta pública - Principios de la función pública para los funcionarios de la UE

Introducción

Mi experiencia a la hora de resolver reclamaciones y mi contacto con las instituciones y el personal que las compone, con los ciudadanos y con las organizaciones de la sociedad civil, me han llevado a la conclusión de que los funcionarios y el público deberían disponer de una declaración clara y concisa de los principios de la función pública para los funcionarios europeos. Anuncié mi intención de elaborar esta declaración en abril de 2009, en el VI Seminario de Defensores del Pueblo nacionales de la Unión Europea.

Después de consultar a los defensores del pueblo nacionales de la Red Europea de Defensores del Pueblo para tener en cuenta las mejores prácticas en los Estados miembros, preparé un proyecto que comprende cinco principios: compromiso, integridad, objetividad, respeto y transparencia. En febrero de 2011 se inició una consulta pública sobre el proyecto.

El presente documento analiza las respuestas a la consulta pública. En primer lugar, examina las opiniones expresadas sobre la propuesta general, y posteriormente los comentarios y sugerencias que se han formulado sobre el contenido de los principios y la forma de redactarlos. Al final de cada subapartado respondo a los comentarios y sugerencias mencionados en el análisis precedente.

Un documento de este tipo es necesariamente selectivo. No es posible mencionar todos los aspectos expuestos por cada participante, en particular en lo que respecta a detalles de la redacción. Sin embargo, considero que el presente documento refleja bastante todos los comentarios formulados, incluidos aquellos que han criticado la iniciativa.

Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todas las instituciones, organizaciones y personas que han respondido a la consulta pública. Su contribución marcará una verdadera diferencia en la versión definitiva de los principios.

El siguiente paso será estudiar detenidamente la mejor forma de comunicar la versión definitiva de los principios de la función pública al público, los funcionarios, las instituciones de la UE y otras partes interesadas. Como bien han señalado algunos de los participantes, los propios principios deberían ir acompañados de una exposición de motivos.

Un punto en el que se hará hincapié en la exposición de motivos es que los principios de la función pública no constituyen ni la primera ni la última palabra sobre las normas éticas que se aplican a los funcionarios de la UE. Como dejan claro los documentos de la consulta, el Estatuto de los funcionarios, el Reglamento financiero y el Código europeo de buena conducta administrativa ya engloban dichas normas, explícita e implícitamente.

Además, la idea de elaborar una declaración de principios de la función pública no es desarrollar nuevas normas éticas, sino dejar claras las expectativas existentes de los funcionarios y los ciudadanos. El valor añadido del hecho de explicitar estas normas, en mi opinión, es que ayuda a generar y centrar un debate constructivo continuo entre los funcionarios y entre estos y el público, sobre el comportamiento adecuado desde el punto de vista ético. La propia consulta pública ha demostrado, creo, el valor de este debate.

Por lo tanto, la versión definitiva de los principios seguirá siendo una declaración solemne de las normas éticas que todos los funcionarios esperan cumplir y que se espera de ellos que cumplan. No pretende duplicar los instrumentos existentes, o sustituir la revisión y la complementación de estos instrumentos cuando resulten necesarias. También resistiré las presiones para incluir elementos que, en mi opinión, se aplicarían principalmente a los funcionarios con responsabilidades de dirección, o que deben considerarse obligaciones de las instituciones, más que de cada funcionario individual.

Sin embargo, estos elementos constituyen una rica fuente de ideas, en las que se basará el Defensor del Pueblo a la hora de trabajar en el futuro, con las instituciones, órganos y organismos de la Unión, para fomentar y alimentar una cultura institucional que haga de los principios de la función pública una realidad viva.

Espero que todos quienes lean este informe estén de acuerdo en que la declaración de principios de la función pública, y la consulta pública sobre dichos principios, contribuyen de forma importante al cumplimiento de la misión del Defensor del Pueblo, definida en la Estrategia y aprobada en septiembre de 2010:

El Defensor del Pueblo trata de lograr una solución aceptable a las reclamaciones presentadas contra las instituciones de la Unión Europea, fomenta la transparencia y promueve una cultura administrativa de servicio. Su objetivo es generar confianza a través del diálogo entre los ciudadanos y la Unión Europea y promover los más elevados niveles de comportamiento en las instituciones de la Unión.

P. Nikiforos Diamandouros

1. El proceso de consulta

El 24 de febrero de 2011, el Defensor del Pueblo Europeo lanzó una consulta pública sobre un proyecto de declaración de cinco principios de la función pública para los funcionarios.

El documento de consulta se publicó en las 23 lenguas oficiales.

El plazo inicial para la recepción de las contribuciones era el 15 de mayo de 2011. Tras recibir peticiones de varias organizaciones, el plazo se prorrogó un mes, hasta el 15 de junio de 2011.

En total, se recibieron 56 respuestas a la consulta: 28 en inglés, 22 en francés, 3 en español, 2 en alemán y 1 en griego.

Como se señala en el documento de consulta, la lista de participantes que no solicitaron que su nombre se mantuviese en el anonimato se publicó en la página web del Defensor del Pueblo. Las propias contribuciones también se publicaron en la página web, a raíz de una petición de acceso público a las mismas.

Un funcionario solicitó que no se publicase su nombre. El Defensor del Pueblo aceptó esta petición. El Defensor del Pueblo también decidió no publicar otra contribución porque contenía acusaciones contra terceros. Ninguna contribución llevó al Defensor del Pueblo a plantearse la revisión del proyecto de principios.

En el apartado 2 se enumeran los 54 participantes cuyas contribuciones se han publicado en la página web.

Durante el período de consulta, el Defensor del Pueblo envió respuestas individuales a dos participantes, la Unión de Federalistas Europeos y el Comité de Personal del Consejo. Estas respuestas se publicaron en la página web, junto con las contribuciones correspondientes. El Defensor del Pueblo también celebró reuniones con las delegaciones de Solidarité européenne, un sindicato de personal, y el comité central de personal de la Comisión, el 30 y 31 de mayo de 2011, respectivamente.

2. Lista de participantes

A continuación se presenta una lista, por orden alfabético, de los particulares y las organizaciones que han enviado una respuesta por escrito a la consulta pública.

- Access Info Europe - Helen Darbishire, Pamela Bartlett, y Lydia Medland

- Adriaen, Charlotte

- Agencia Europea de Medicamentos - Frances Nuttall, Directora de Recursos Humanos

- Alexakis, Georgios

- Allgeier, Timo

- ALTER-EU - Koen Roovers, coordinador

- Asociación Europea de Universidades - Lesley Wilson, Secretaria General

- Association Inscrire - Françoise Schein y Katia de Radiguès

- Banneux, Dominique

- Bartholomé, Etienne

- BEUC-Organización Europea de Consumidores - Ilaria Passarani, Funcionaria superior de políticas

- Birbeck, Vaughan

- Bordes, Arnaud

- Cámara de los Lores, Comité ante la Unión Europea - Lord John Roper, Presidente

- Casana, Francois

- Cerchez, Marius

- Chaouch, Dhikra

- Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP - John Temple Lang

- Comisión Europea - José Manuel Barroso, Presidente

- Comité central de personal de la Comisión - Cristiano Sebastiani, Presidente

- Comité de Personal del Consejo de la UE - Catherine Bony-Brandt, Presidenta

- Docherty, Michael

- Domm, Rory

- Dumont du Voitel, Rainer

- Escuela Europea de Policía- Detlef Schröder, Subdirector

- Euclid Network - Luisa De Amicis, Funcionaria de proyectos y políticas

- Eulaerts, Olivier

- Gargaro, Vittorio

- Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft - Stephan Schweda (Asociación General de Aseguradoras Alemanas)

- Hermans, Barbara

- Ibáñez García, Isaac

- Jones, Alice

- Lacerda, Antonio

- Lefavrais, Thibaut

- Lemoigne, Brigitte

- Mauro, Massimo

- N'Dong, Stéphane

- Noriega Guerra, Alberto

- Oficina Antifraude de Cataluña - Xavier Sisternas, Director del departamento de prevención

- Parlamento Europeo - Jerzy Buzek, Presidente

- Ratel, Christine

- Red de Agencias de la UE- Geert Dancet, Presidente, Director Ejecutivo, Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas

- Robertson, Colin

- Romera Agüero, Lidia Maria

- Sanchez Amillategui, Fernando

- Sindicato de Funcionarios Internacionales y Europeos - Pilar Antelo, Presidenta

- Sociedad de Profesionales de Asuntos Europeos (SEAP) - Gary Hills, Secretario General

- Solidarité Européenne - Luigia Dricot Daniele, Secretaria política

- Strack, Guido

- Talacchi, Alessandro

- Talevska, Snezana

- Tribunal de Cuentas Europeo - Vítor Caldeira, Presidente

- Unión de Federalistas Europeos - Andrew Duff, Diputado al Parlamento Europeo

- Wellens, Ingrid

3. Análisis de las respuestas a la consulta

3.1. Lo que dijeron las personas sobre la propuesta general

3.1.1 Reacciones generales

Se expresaron diferentes opiniones sobre la utilidad de la iniciativa del Defensor del Pueblo.

Muchos participantes (por ejemplo, Access Info Europe, la Asociación Europea de Universidades, el Comité de Personal del Consejo, la Red de Agencias de la UE y la Asociación General de Aseguradoras Alemanas) acogieron favorablemente la iniciativa. Algunos participantes (en particular, Access Info Europe, ALTER-EU y Cleary, Gottblieb, Steen & Hamilton) llamaron la atención sobre algunos ámbitos específicos preocupantes, para los que pensaban que los principios podrían ser particularmente relevantes. Entre ellos se incluían el tratamiento de los conflictos de interés, las relaciones con los grupos de presión, el fenómeno de «puertas giratorias» y los cambios de composición de la función pública de la UE.

Red de Agencias de la UE

Las agencias están de acuerdo en que es importante definir los principios comunes relacionados con todos los funcionarios de la UE, que deben reflejar los valores de la administración pública moderna, como la transparencia, la imparcialidad, la responsabilidad y la eficacia.

Por otro lado, algunos participantes (por ejemplo, el comité central de personal de la Comisión y uno de los sindicatos de personal, Solidarité européenne) señalaron el riesgo de que la iniciativa podría resultar contraproducente. Si se interpreta erróneamente que la iniciativa implica que los instrumentos existentes, como el Estatuto de los funcionarios, son insuficientes, la confianza de los ciudadanos en la función pública de la UE podría debilitarse más que reforzarse.

La Unión de Federalistas Europeos, que escribió a través de su Presidente, el diputado al Parlamento Europeo Andrew Duff, manifestó su inquietud por el mensaje exacto transmitido por la consulta y señaló el riesgo de que la iniciativa pudiera tener efectos desmoralizadores sobre los funcionarios.

Además, algunos funcionarios enviaron repuestas en las que cuestionaban la necesidad de una declaración de principios y, en algunos casos, la facultad del Defensor del Pueblo para poner en marcha esta iniciativa o sus motivos para hacerlo.

La respuesta del Comité de Personal del Consejo llamó la atención sobre el problema con la versión francesa de los principios, que utilizaba el verbo «devraient» para traducir el verbo inglés «should». Según el Comité, el uso de esta forma tiene consecuencias negativas y recomendaba utilizar el presente de indicativo en su lugar. En posteriores reuniones con las delegaciones del Comité central de personal de la Comisión y Solidarité européenne, celebradas a petición de las mismas, se planteó la misma cuestión.

 Comité du personnel du Conseil de l'UE/ Comité de Personal del Consejo de la UE

Or, bien que l'intention de la déclaration soit constructive, sa rédaction pourrait, au lieu d'accroître la confiance des citoyens dans le service public européen, mettre sérieusement en doute l'intégrité même de celui-ci.

Chaque phrase contient notamment le mot "devraient", ce qui a une connotation d'accusation très forte. Ce conditionnel donne l'impression que la fonction publique européenne fait preuve d'une gestion administrative des plus mauvaises, ce qui n'est de toute évidence pas le cas. C'est pourquoi il nous semble que la rédaction du projet pourrait être sensiblement améliorée en supprimant ce verbe "devraient" et en mettant la totalité du texte au présent de l'indicatif[1].

En las reuniones con el Comité central de personal de la Comisión y Solidarité européenne se propuso que las cuestiones de comunicación se estudiasen detenidamente y que la versión definitiva de los principios se acompañase de una exposición de motivos que explicase su finalidad y, en particular, que reconociese que los funcionarios cumplen actualmente los principios.

La contribución por escrito del Tribunal de Cuentas Europeo también sugirió que se añadiese una introducción a la declaración en la que se recordase por qué se creó la UE y cuáles son sus valores esenciales. El Tribunal de Cuentas propuso que se inspirase en la Declaración Schuman y el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que se refiere a los valores del respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.

Euclid también llamó la atención sobre la necesidad de que los principios se acompañasen de una introducción.

La opinión del Defensor del Pueblo

Como se menciona en el documento de consulta, el principal objetivo de elaborar una declaración clara y concisa de principios de la función pública es fomentar la confianza de los ciudadanos en la función pública europea y las instituciones de la UE a las que sirve.

Nunca hubo intención de insinuar que los funcionarios de la UE no cumplan o apliquen los principios en la actualidad.

El Defensor del Pueblo ha aceptado con gratitud la sugerencia positiva y constructiva del Comité de Personal del Consejo, el Comité central de personal de la Comisión y Solidarité européenne de redactar una nueva versión francesa de los principios, que ayude a evitar malentendidos.

Con respecto a la versión inglesa, el Defensor del Pueblo considera que la palabra «should» es adecuada para expresar las obligaciones existentes, que es la intención de la declaración de principios de la función pública.

El Defensor del Pueblo garantizará que las demás versiones lingüísticas se revisen teniendo en cuenta esta cuestión.

El Defensor del Pueblo también está totalmente de acuerdo con la importancia de comunicar la versión definitiva de los principios de la función pública de manera eficaz y adecuada, y que para ello será esencial una exposición de motivos.

3.1.2 Relación con las normas, códigos y procesos existentes

Muchos participantes señalaron la importancia de otros instrumentos y procesos para llevar a efecto los principios de la función pública.

El Parlamento Europeo señaló su código de conducta para el personal (Guía de las obligaciones de los funcionarios y agentes del Parlamento Europeo) aprobado por su Mesa el 7 de julio de 2008, cuya introducción explica que la función pública europea está sujeta a su propio código ético.

La Comisión Europea recordó que, en los últimos años, ha adoptado medidas para concienciar a su personal y fomentar la aplicación de las normas y principios incluidos en el Estatuto y en su Código de buena conducta administrativa, que aprobó el 17 de octubre de 2000.

Las respuestas de dos particulares centraron la atención del Defensor del Pueblo en la Comunicación del Vicepresidente Kallas a la Comisión sobre la mejora del marco para la ética profesional en la Comisión (SEC(2008) 301 final, 5 de marzo de 2008) y la Guía práctica sobre la ética y la conducta de los funcionarios (que está disponible en la intranet de la Comisión).

Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP mencionaron que la DG de Competencia de la Comisión dispone de su propio código ético[2] y recomendaron que la Comisión se planteara adoptar códigos similares, adaptados a las circunstancias de las demás DG.

Un sindicato del personal, el Sindicato de Funcionarios Internacionales y Europeos (SFIE), definió una serie de ámbitos en los que consideraba que la aplicación del Estatuto no era satisfactoria e invitó al Defensor del Pueblo a formular propuestas en el marco de las modificaciones del Estatuto previstas para 2012.

La Organización Europea de Consumidores (BEUC) destacó el proceso de evaluación de impacto de la Comisión[3] como fuente de información y pruebas para garantizar la objetividad en la elaboración de políticas, e hizo hincapié en la necesidad de mantener la imparcialidad en la puesta en marcha y el diseño de la investigación para apoyar las evaluaciones de impacto. BEUC también pidió a las instituciones que reconsiderasen sus procedimientos de consulta, con el fin de garantizar un equilibrio entre los diferentes intereses e interesados.

La respuesta de un funcionario que trabaja en la Agencia de los Derechos Fundamentales propuso que cada institución, órgano y organismo de la UE contase con un «responsable de ética», que ofrezca información y formación en materia de ética, presente propuestas para mejorar el código ético, esté disponible para las consultas del personal y actúe como mecanismo de alerta. Debería crearse una plataforma o red para intercambiar información e ideas entre los diferentes responsables de ética. Otros participantes también hicieron hincapié en la importancia de que las instituciones impartan formación en materia de ética a su personal.

La opinión del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo reconoce la importancia de los puntos expuestos y expresa su agradecimiento a los participantes que los plantearon.

En su discurso del 22 de septiembre de 2011ante la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo se refirió a las importantes iniciativas de la Comisión sobre el nombramiento de «corresponsales éticos» y el desarrollo de programas de formación sobre ética. Señaló que podría darse a esta labor una dimensión interinstitucional y ofreció su ayuda en este proceso. En este contexto, el Defensor del Pueblo examinará atentamente la interesante sugerencia de nombrar funcionarios responsables de ética.

En opinión del Defensor del Pueblo, los puntos estudiados en este apartado no exigen modificar el proyecto de principios de la función pública.

3.1.3 Cumplimiento y sanciones

Un particular preguntó quién supervisará el cumplimiento de los principios por parte de los funcionarios, quién decidirá si se han vulnerado los principios en caso de controversia o acusación y si habrá sanciones para quienes vulneren los principios. La Sociedad de Profesionales de Asuntos Europeos (SEAP) también quería saber qué sucede cuando un funcionario incumple los principios y si el Defensor del Pueblo considerará que el incumplimiento de un principio constituye un motivo para presentar una reclamación.

La opinión del Defensor del Pueblo

La finalidad de los principios de la función pública no es imponer obligaciones jurídicas o disciplinarias a los funcionarios.

Además, se han redactado con vistas a expresar las máximas aspiraciones de la conducta de los funcionarios, más que definir, detectar y sancionar malas conductas.

Podrían constituir un punto de referencia útil con respecto al sentido en el que interpretar y aplicar las normas y códigos que contienen obligaciones específicas que dan efecto a los principios de la función pública.

El Defensor del Pueblo tendrá en cuenta los principios de la función pública en el cumplimiento de su mandato y espera que las instituciones de la UE hagan lo mismo. Sin embargo, el Defensor del Pueblo recuerda que sus investigaciones se refieren a la mala administración en las actividades de las instituciones de la UE, no a la conducta de los funcionarios desde un punto de vista disciplinario.

3.1.4 Ámbito de aplicación de los principios

Dos participantes mencionaron la nota al pie del título de los principios, que explica que el término «funcionario» hace referencia al personal de las instituciones, órganos y organismos de la UE. Según la terminología de la UE, se les conoce formalmente como «funcionarios y otros agentes».

Un participante (SEAP) preguntó si se incluía a los Comisarios y, de no ser así, deseaba que esto quedase claro.

Otro particular recomendó hacer constar explícitamente, en aras de la transparencia, que los miembros de la Comisión, los jueces del Tribunal de Justicia y los diputados al Parlamento Europeo no son funcionarios de la UE y que, o bien son nombrados por los Estados miembros de la Unión, o bien son elegidos.

La opinión del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo conviene en que es importante aclarar que los miembros de la Comisión, los jueces del Tribunal de Justicia y los diputados al Parlamento Europeo no son «funcionarios y agentes» de la Unión Europea en el sentido del Estatuto[4]. Además, sus obligaciones no vienen definidas por el Estatuto. Por lo tanto, el término «funcionarios» utilizado en los principios de la función pública no los incluye.

Sin embargo, el Estatuto define una categoría de «consejero especial»[5], al que se aplican determinadas disposiciones del Estatuto.

El Defensor del Pueblo considera que sería conveniente incluir las explicaciones pertinentes en la exposición de motivos que acompañará a los principios, en lugar de en una nota al pie.

3.2. Lo que dijeron las personas sobre el proyecto de principios

3.2.1 Propuestas de principios y temas adicionales emes

El uso racional de recursos/austeridad

La Oficina Antifraude de Cataluña propuso, como principio adicional («austeridad»), que los funcionarios administrasen los recursos públicos con prudencia y buscasen la economía, la eficiencia y la eficacia. La Oficina señaló que la Resolución de las Naciones Unidas[6] sobre un código internacional de conducta para los titulares de cargos públicos ya menciona este principio: «[l]os titulares de cargos públicos velarán por desempeñar sus obligaciones y funciones de manera eficiente y eficaz, conforme a las leyes o las normas administrativas, y con integridad. Procurarán en todo momento que los recursos públicos de que sean responsables se administren de la manera más eficaz y eficiente».

Una propuesta similar de Euclid consistía en expresar que «los funcionarios de la UE deben demostrar una actitud positiva en la consecución de los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad, coherencia, asunción de riesgos y reducción de la burocracia (incluida la reducción de gastos administrativos)»[7].

Un particular propuso que los funcionarios comunicasen el mal funcionamiento o los defectos en la administración a sus superiores. En particular, deben presentar propuestas para aumentar la productividad y reducir la burocracia, los gastos administrativos y el gasto público.

Sobre el mismo tema, el Tribunal de Cuentas destacó, en sus comentarios generales, la importancia del uso racional de los recursos públicos por parte de los funcionarios de la UE.

El Tribunal también mencionó que el principio del mérito debe orientar el nombramiento y el ascenso de los funcionarios de la UE.

Responsabilidad

La Oficina Antifraude de Cataluña indicó que el principio de responsabilidad puede deducirse del texto en su conjunto y debería definirse por separado. En opinión de la Oficina, la disposición a reconocer y corregir errores (que el documento de consulta incluye en el principio de objetividad) podría formar parte de este principio.

Flexibilidad e innovación

Euclid propuso definir flexibilidad y orientación a la innovación como principios. En resumen, estos principios establecerían que los funcionarios deben adaptar las normas institucionales para satisfacer las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos, tener visión de futuro y fomentar la innovación y las buenas prácticas.

En opinión de Euclid, estos dos principios deben hacer referencia a la capacitación de los ciudadanos, la posibilidad de que los ciudadanos contribuyan y el fomento de un enfoque participativo.

 

Denuncia de irregularidades

Access Info Europe

… es esencial que los funcionarios no toleren prácticas corruptas, el favorecimiento de intereses privados, la falta de integridad y transparencia o la falta de actuación respetuosa y ética.

La contribución de Access Info Europe propuso que los principios incluyesen explícitamente, o mencionasen, tanto la obligación de los funcionarios de denunciar irregularidades como la protección de los denunciantes.

Un particular también lamentaba en su contribución la omisión de una declaración clara sobre cómo deben reaccionar los funcionarios «si se enteran de alguna mala conducta que está siendo encubierta por una institución».

La opinión del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo está de acuerdo en que el uso racional de los recursos públicos y la búsqueda de la economía, la eficiencia y la eficacia revisten una importancia fundamental para las instituciones y la función pública de la UE. Lo mismo se dijo durante la consulta previa con la Red Europea de Defensores del Pueblo.

El Defensor del Pueblo también reconoce la importancia de la denuncia de irregularidades.

En instrumentos como el Estatuto y el Reglamento financiero, así como en varios códigos, deben incluirse, y se incluyen, mecanismos jurídicos e institucionales detallados para la denuncia de irregularidades y la utilización prudente de los recursos públicos.

El Defensor del Pueblo no excluye la conveniencia de establecer instrumentos adicionales o revisar los instrumentos existentes a la luz de los principios, y con el fin de darles pleno efecto.

El Defensor del Pueblo ve los principios de la función pública como una declaración de alto nivel de las normas éticas que se aplican a todos los funcionarios. En consonancia con este enfoque, no procede incluir elementos que se apliquen principalmente a los funcionarios con responsabilidades de dirección, o que deban considerarse obligaciones de las instituciones, más que de cada funcionario individual.

Es verdad que cada funcionario tiene la oportunidad de ayudar a evitar el despilfarro. Sin embargo, la responsabilidad principal del uso racional de los recursos públicos sigue recayendo en las instituciones y los directivos.

En el caso de la denuncia de irregularidades, el Estatuto impone a todos los funcionarios la obligación de comunicar las malas conductas[8]. Además, el Defensor del Pueblo no tiene ninguna duda de que los funcionarios no deben pasar por alto la mala conducta de los demás. Sin embargo, el Defensor del Pueblo señala también que la práctica internacional no es uniforme en cuanto a la imposición de una obligación jurídica específica a los funcionarios para denunciar irregularidades.

Por estas razones, el Defensor del Pueblo considera que la inclusión de una referencia a la confianza pública en el primer principio (compromiso - véase a continuación), junto con el primer párrafo del segundo principio (integridad)[9], aborda estas cuestiones de forma adecuada y suficiente, teniendo en cuenta el carácter solemne de los principios.

El Defensor del Pueblo considera que la creación de las condiciones institucionales que ofrezcan a todos los funcionarios la oportunidad de ser flexibles e innovadores es responsabilidad de las instituciones y de su administración. Como obligación universal, se considera que estos conceptos quedan abarcados de manera suficiente en la referencia del tercer principio (objetividad) a que los funcionarios estén «libres de prejuicios».

El Defensor del Pueblo tiene una opinión similar en lo que respecta a la responsabilidad de capacitar a los ciudadanos; fomentar la participación ciudadana; y utilizar el mérito como criterio para el nombramiento y el desarrollo de la carrera profesional en la Administración Pública. En la medida en que estas responsabilidades conllevan obligaciones para todos los funcionarios, estas se expresan de manera suficiente a través de los principios de compromiso (en particular a través de la referencia adicional a la confianza pública - véase más adelante) e integridad.

En relación con esto, algunos participantes utilizaron el término «proactividad» y el Defensor del Pueblo ha sopesado si conviene incluirlo en los principios. Sin embargo, puesto que no está claro si existe un término equivalente en otros idiomas, parece mejor no hacerlo. (Por la misma razón, los principios no utilizan el término «responsabilidad»). Los párrafos tercero y cuarto revisados del primer principio (compromiso) dan a entender un enfoque proactivo, y la exposición de motivos de los principios hará hincapié en este punto.

3.2.2 Principio 1: Compromiso con la Unión Europea y sus ciudadanos

El Tribunal de Cuentas consideró que sería adecuado añadir una referencia a la competencia del personal de la UE, exigiendo que los funcionarios de la UE se comporten de manera profesional en todo momento y apliquen las normas profesionales más estrictas en el desempeño de su labor, de forma que les permita realizar sus funciones de forma competente e imparcial.

El Tribunal también propuso mencionar la necesidad de que los funcionarios de la UE mantengan su independencia de los grupos de interés externos y su neutralidad política. Otros participantes plantearon cuestiones similares.

La Sociedad de Profesionales de Asuntos Europeos (SEAP) propuso dividir el tercer párrafo[10] en dos, puesto que figuran dos conceptos diferentes. Esto ofrecería también la posibilidad de relacionar «dar buen ejemplo» con «confianza», una palabra que de otro modo no aparece en los principios, aunque se menciona en el documento de consulta.

ALTER-EU señaló que el Tratado de Lisboa incluye compromisos globales. Access Info Europe dijo lo mismo y también propuso que en la versión inglesa se expresase «set a good example to others», en lugar de simplemente «aim to».

ALTER-EU

… el Tratado de Lisboa asume un compromiso con el desarrollo sostenible y conlleva la clara responsabilidad de proteger los intereses de las personas y el medio ambiente en todo el mundo.

El diputado Andrew Duff, en nombre de la Unión de Federalistas Europeos, propuso una adición a la primera frase del primer principio, de forma que rece «… servir a los intereses de la Unión y de sus ciudadanos en cumplimiento de los objetivos de los Tratados».

La Oficina Antifraude de Cataluña manifestó la opinión de que el primer principio establece la obligación de los funcionarios de guardar lealtad a la Unión Europea y a los ciudadanos a los que sirve, y propuso que se cambiase el nombre en consecuencia.

Según la Oficina, este principio debe mencionar también expresamente el registro y la custodia de documentos, así como su posterior transmisión a quienes asuman la responsabilidad en la materia.

La opinión del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo está de acuerdo con las sugerencias del Tribunal de Cuentas. Para ponerlas en práctica, el primer principio se modificará para incluir la referencia a «las normas profesionales más estrictas».

Con respecto a la independencia de los grupos de interés externos y su neutralidad política, el Defensor del Pueblo añadirá una referencia a la «imparcialidad» en el tercer principio (objetividad), como sugiere la Red de Agencias de la UE.

El Defensor del Pueblo está de acuerdo con la sugerencia de la SEAP de tratar por separado las cuestiones de la capacidad y de «dar buen ejemplo». Además, se introducirá la palabra «confianza» en este último contexto y se eliminarán las palabras «aim to» en la versión inglesa.

El Defensor del Pueblo también acepta la sugerencia de ALTER-EU y Access Info Europe sobre el papel global de la UE. De hecho, el artículo 3, apartado 5, del Tratado de la Unión Europea dice así:

«En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas.»

El Defensor del Pueblo considera que el texto adicional propuesto por la Unión de Federalistas Europeos, que se refiere a los objetivos de los Tratados, cubre adecuadamente este aspecto y que no es conveniente que los principios de la función pública destaquen determinados objetivos específicos.

En cuanto a la sugerencia de cambiar el nombre del primer principio por «lealtad», el Defensor del Pueblo recuerda que una de las cuestiones planteadas durante la consulta previa con la Red Europea de Defensores del Pueblo fue que los funcionarios responden ante las instituciones para las que trabajan, y tienen una obligación de lealtad con las mismas. El primer principio, al mismo tiempo que es totalmente coherente con la lealtad institucional, pretende transmitir una idea diferente y más amplia, que se expresa adecuadamente con la palabra «compromiso».

El Defensor del Pueblo está de acuerdo con la sugerencia de la Oficina Antifraude de Cataluña acerca de que los principios deben incluir el mantenimiento de registros adecuados. El Comité de la Cámara de los Lores ante la Unión Europea (Reino Unido) formuló una sugerencia similar en relación con el segundo principio (integridad). En opinión del Defensor del Pueblo, el mantenimiento de registros adecuados sirve para múltiples fines, y lo incluirá como un aspecto del quinto principio (transparencia).

El Defensor del Pueblo también suprimirá la frase «no con otros fines» en el segundo párrafo. Esta formulación negativa es innecesaria, teniendo en cuenta que la primera parte de la frase incluye la palabra «únicamente».

3.2.3 Principio 2: Integridad

Este principio es el que más comentarios recibió de los participantes. De estos comentarios se desprenden dos temas. En primer lugar, muchos participantes desean que se refuerce la formulación del principio. En segundo lugar, algunos participantes, en especial los funcionarios individuales, están descontentos con la formulación del cuarto párrafo, que se refiere específicamente a las dietas.

La Red de Agencias de la UE propuso reformular el primer párrafo de la forma siguiente: «adoptar en todo momento un comportamiento conforme a las normas más estrictas de probidad, imparcialidad, etc.» La Red también propuso hacer constar que los funcionarios deben «evitar» conflictos de intereses, más que «tomar medidas» para hacerlo.

Access Info Europe dijo que las disposiciones son positivas e importantes, pero demasiado vagas. Recomendaba ampliar los principios describiendo, o mencionando, un mecanismo específico a través del cual los funcionarios de la UE declaren los conflictos de intereses. También recomendaba especificar un «período de distanciamiento» de 18 meses como mínimo a partir del cese en el cargo antes de emprender actividades que podrían comportar un conflicto de intereses, o formar parte de un modelo de empleo de tipo «puerta giratoria».

La SEAP recomendaba reforzar la formulación del principio añadiendo que los funcionarios deben revelar los conflictos de intereses cuando se produzcan y tomar medidas rápidas para resolverlos. La SEAP también propuso especificar un período de un año entre el abandono del cargo y el inicio de una actividad remunerada que pueda conllevar un conflicto de intereses, o la aparición de dicho conflicto.

ALTER-EU respaldaba firmemente este principio y proponía añadir otro párrafo en el que se indicase que los funcionarios deben abstenerse de pasar a ocupar otros puestos de trabajo que creen un conflicto de intereses durante un período de varios años y que no deben, en ningún caso, iniciar negociaciones sobre dichos trabajos mientras sigan desempeñando una función pública.

El Comité de la Cámara de los Lores ante la Unión Europea (Reino Unido) propuso un párrafo adicional para precisar que los funcionarios no deben hacer un uso indebido de la información ni aceptar obsequios.

El cuarto párrafo [11]

Al comité central de personal de la Comisión le pareció chocante considerar que los funcionarios intentan beneficiarse al máximo de sus derechos. Según el comité, la administración determina si el funcionario goza de un derecho o no. El Estatuto prevé disposiciones para tratar los casos de intento de fraude, y la Comisión tiene una política de tolerancia cero, que ha existido durante muchos años.

El Comité de Personal del Consejo propuso añadir «precisión» (justesse) a la formulación del cuarto párrafo, con el fin de dejar claro que no se pide a los funcionarios que regalen nada a las instituciones, sino que limiten las solicitudes de reembolso de los costes en que incurran en el ejercicio de sus funciones.

Un particular declaró que entiende que el cuarto párrafo se refiere únicamente a los desembolsos efectuados en viajes de negocios e indicó que la palabra inglesa «allowances» podría dar lugar a confusión, porque también se refiere a algunas partes de la remuneración general, como la household allowance (asignación familiar). Por lo tanto, propuso que el párrafo indique «desembolsos».

La opinión del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo está de acuerdo en que sería adecuado reforzar el segundo principio añadiendo referencias a:

- el recibo de obsequios (segundo párrafo)

- la prontitud en la declaración de intereses privados (segundo párrafo)

- la rapidez de las medidas para resolver los conflictos de intereses (tercer párrafo).

El Defensor del Pueblo prefiere mantener la formulación de que los funcionarios deben «tomar medidas para evitar» conflictos de interés, porque indica la necesidad de ser proactivo, en lugar de reaccionar simplemente ante las situaciones a medida que surgen.

El Defensor del Pueblo entiende las preocupaciones de los participantes que destacaron la cuestión de las «puertas giratorias» y pidieron un período de distanciamiento obligatorio. El Defensor del Pueblo también está de acuerdo en que la cuestión de lo que pueden hacer los funcionarios después de abandonar el cargo es solo una parte del asunto. Igual de importante, si no más, es evitar el riesgo de que su conducta en el cargo pueda verse afectada, o parezca estar afectada, por la perspectiva de un empleo futuro fuera de la función pública. Sin embargo, el Defensor del Pueblo no considera que una declaración solemne, como los principios de la función pública, sea el instrumento adecuado para regular estas cuestiones en detalle.

En cuanto a la sugerencia de añadir que los funcionarios «no deben hacer un uso indebido de la información», el Defensor del Pueblo considera que esto ya queda cubierto de forma adecuada por la adición al primer principio (compromiso) de que los funcionarios deben esforzarse por cumplir las normas profesionales más estrictas en todo momento.

En cuanto al cuarto párrafo, que menciona en inglés la palabra «allowances», la intención del Defensor del Pueblo era referirse a los gastos, asignaciones e indemnizaciones.

El Defensor del Pueblo conviene en que no se espera que los funcionarios regalen nada a las instituciones y que, de conformidad con las normas aplicables, tengan todo el derecho a solicitar el reembolso de los gastos en que incurran en el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo no está convencido del argumento de que un derecho existe o no existe. Las normas que rigen las asignaciones, indemnizaciones y gastos son complejas, su significado no siempre está claro y su interpretación y aplicación pueden producir a veces resultados sorprendentes e inesperados.

El Defensor del Pueblo, en numerosas ocasiones, ha intentado convencer a las administraciones de las instituciones de la UE de que apliquen el sentido común y se orienten por el principio de justicia en la interpretación y aplicación de las normas financieras a casos específicos. El Defensor del Pueblo sigue considerando que, al reclamar las asignaciones, indemnizaciones y gastos a la administración, los funcionarios deben asimismo adoptar un enfoque razonable, más que maximalista.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo acepta que la formulación del cuarto párrafo podría dar la impresión de que se refiere al fraude, lo cual no es el caso.

Además, el Defensor del Pueblo considera que, pensándolo bien, no es conveniente que la declaración de principios se centre en el ámbito específico de las asignaciones, indemnizaciones y gastos, y que haciéndolo podría dar la impresión de que el Defensor cree que existe un problema generalizado en este ámbito, que tampoco es el caso.

Por lo tanto, el cuarto párrafo se suprimirá y la referencia a guiarse por el «sentido de la corrección» se incluirá en el primer párrafo.

3.2.4 Principio 3: Objetividad

La Red de Agencias de la UE propuso que el principio de objetividad mencionase específicamente la imparcialidad y la no discriminación. El Comité de la Cámara de los Lores ante la Unión Europea también propuso reflejar explícitamente que los funcionarios no deben discriminar, mientras que la Asociación General de Aseguradoras Alemanas y la Agencia Europea de Medicamentos recomendaron añadir una referencia específica a la imparcialidad.

Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP se centraron especialmente en la DG de Competencia de la Comisión. Sus comentarios expresaban la opinión de que la objetividad requiere una experiencia y formación adecuadas. También señalaron el riesgo de «sesgo de confirmación» (la tendencia a dar mayor peso a los argumentos y pruebas que respaldan opiniones que ya se mantienen provisionalmente y a minimizar o ignorar la importancia de los argumentos y pruebas que parecen contradictorios con estas opiniones).

ALTER-EU llamó la atención sobre los peligros de la «captura del regulador» (es decir, una autoridad reguladora que actúa en beneficio de aquellos a los que se supone que debe regular, y no en el interés público) y el acceso privilegiado a la toma de decisiones. Propuso mencionar la consulta proactiva de una amplia variedad de puntos de vista e intereses, así como la defensa activa de las preocupaciones del interés público frente a las prácticas de presión.

Access Info Europe también deseaba añadir un elemento proactivo haciendo constar que los funcionarios deben buscar activamente diferentes puntos de vista y fomentar encarecidamente la participación ciudadana en la toma de decisiones. Esta organización también deseaba ampliar el tercer párrafo para que expresase que los funcionarios no deben permitir que el hecho de que les guste o no les guste una persona, asociación o empresa, partido político o Gobierno particular, o el hecho de que tengan vínculos con ellos, influya en su conducta profesional.

La opinión del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo está de acuerdo en que sería adecuado reforzar el tercer principio añadiendo referencias a:

- la imparcialidad (primer párrafo)

- la no discriminación (tercer párrafo)

Con respecto a la no discriminación, el Defensor del Pueblo hará hincapié, en la exposición de motivos de los principios de la función pública, en que, según reiterada jurisprudencia, el principio de igualdad de trato o no discriminación tiene dos ramas:

(i) las situaciones comparables no deben tratarse de forma diferente, y

(ii) las situaciones diferentes no deben tratarse de la misma forma,

a menos que, en ambos casos, dicho trato esté justificado de manera objetiva.

El segundo elemento, que reviste una importancia particular en los contextos administrativos, a menudo tiende a ignorarse. De hecho, la experiencia del Defensor de Pueblo incluye muchos casos en los que los funcionarios parecen haber asumido que el principio de igualdad les exige siempre tratar a todo el mundo de la misma forma e ignorar las diferencias de sus situaciones.

En cuanto a la sugerencia de añadir que los funcionarios no deben permitir que los «vínculos con» una asociación o empresa, partido político o Gobierno particular influyan en su conducta profesional, el Defensor del Pueblo entiende el objetivo pretendido. Sin embargo, se puede interpretar que la formulación propuesta implica que es aceptable que los funcionarios, en principio, tengan dichos vínculos, cosa que no es normalmente el caso.

La importancia de la formación en cuestiones éticas ya se ha señalado (véase el apartado titulado «Relación con las normas, códigos y procesos existentes»). El Defensor del Pueblo conviene en que una formación inicial y continua adecuada podría ayudar también a reducir el riesgo de «captura del regulador» y «sesgo de confirmación».

El Defensor del Pueblo también está de acuerdo en la importancia de adoptar un enfoque proactivo de consulta y participación ciudadana. De hecho, el Tratado de la Unión Europea, modificado por el Tratado de Lisboa, exige a todas las instituciones mantener un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil. En particular, con objeto de garantizar la coherencia y la transparencia de las acciones de la Unión, la Comisión Europea debe mantener amplias consultas con las partes interesadas[12].

Sin embargo, en opinión del Defensor del Pueblo, los puntos relativos a la formación y la proactividad no exigen modificar el proyecto de principios de la función pública, porque se refieren a las responsabilidades de las instituciones, más que de cada funcionario individual.

3.2.5 Principio 4: Respeto hacia los demás

Tanto Euclid como el Comité de la Cámara de los Lores ante la Unión Europea propusieron que se mencionase la diligencia como un aspecto de este principio. La Organización Europea de Consumidores (BEUC) hizo una propuesta similar para expresar que los funcionarios deben responder a las cartas y peticiones del público «en un plazo de tiempo razonable».

La Red de Agencias de la UE sugirió que se mencionase la diversidad, con el fin de reconocer la dimensión cultural del respeto.

Access Info Europe recomendó añadir al quinto principio (transparencia) la diligencia en la respuesta a las peticiones, consultas y quejas de los ciudadanos. La SEAP formuló una sugerencia similar.

La Oficina Antifraude de Cataluña propuso añadir un párrafo al quinto principio (transparencia) con objeto de que los funcionarios se expresen de forma que facilite la comprensión por parte de los ciudadanos.

La opinión del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo acoge favorablemente la interesante sugerencia de varios participantes acerca de que los principios de la función pública deben mencionar la diligencia.

El Defensor del Pueblo está de acuerdo en que la diligencia es particularmente importante en relación con la transparencia. De hecho, muchas reclamaciones presentadas al Defensor del Pueblo se refieren al retraso injustificado en la tramitación de las solicitudes de acceso a los documentos. Sin embargo, el Defensor del Pueblo está convencido de que, como responsabilidad general individual, la diligencia pertenece desde el punto de vista conceptual al principio de respeto hacia los demás. Por lo tanto, la palabra «diligentes» se añadirá al primer párrafo de este principio, de forma que rece: «Los funcionarios deben actuar respetándose mutuamente y respetando a los ciudadanos. Deben ser educados, atentos, diligentes y serviciales.»

El Defensor del Pueblo también acoge favorablemente la interesante sugerencia de la Oficina Antifraude de Cataluña de que los principios de la función pública dejen claro que los funcionarios deben expresarse de forma que facilite la comprensión por parte de los ciudadanos. El Defensor del Pueblo está de acuerdo en que esta responsabilidad podría formar parte del principio de transparencia. Sin embargo, desde el punto de vista conceptual también forma parte del principio de respeto hacia los demás, en particular si se combina con el requisito de esforzarse por entender lo que dicen los demás. De hecho, con esta adición expresa la idea de diálogo. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo añadirá un segundo párrafo al principio de respeto hacia los demás, que rezará lo siguiente: «Deben esforzarse verdaderamente por entender lo que dicen los demás y expresarse de forma clara, utilizando un lenguaje sencillo».

El Defensor del Pueblo conviene en que la apreciación de la diversidad cultural es un aspecto importante del principio de respeto hacia los demás. De hecho, la divisa de la Unión Europea es «unida en la diversidad»[13]. Sin embargo, el concepto de respeto de la diversidad es complejo y requiere una explicación. Por lo tanto, en opinión del Defensor del Pueblo, es preferible incluirlo en la exposición de motivos.

3.2.6 Principio 5: Transparencia

El Tribunal de Cuentas propuso aclarar que este principio se entiende sin perjuicio del secreto profesional y del derecho a la protección de datos personales.

Euclid propuso añadir otro párrafo que rezase: «[c]on objeto de responder ante los ciudadanos, deben ser más accesibles y promover un sistema para supervisar su desempeño y resultados».

ALTER-EU también propuso un párrafo adicional que dijese que los funcionarios deben informar de la «huella legislativa» de una propuesta, para que el público pueda entender quién ha intentado influir en la legislación, qué contribuciones consideran útiles (o no) los funcionarios y por qué.

Como se ha señalado anteriormente, la propuesta de Access Info Europe de añadir la diligencia a este principio se ha incorporado al cuarto principio (respeto hacia los demás).

La misma organización propuso también mencionar la proactividad, manifestando que los funcionarios deben publicar de manera proactiva la mayor información posible sobre sus funciones, responsabilidades y actividades, incluso sobre el gasto y las reuniones, tanto internas como externas.

La opinión del Defensor del Pueblo

Como se ha mencionado en el análisis de los comentarios sobre el primer principio (compromiso), la sugerencia de la Oficina Antifraude de Cataluña y del Comité de la Cámara de los Lores ante la Unión Europea (Reino Unido), relativa al mantenimiento de registros adecuados, se incorporará como un aspecto de la transparencia. Por lo tanto, el segundo párrafo del principio rezará así: «Deben mantener registros adecuados y acoger de forma positiva el hecho de que su conducta, incluido el cumplimiento de los presentes[14] principios de la función pública, esté sometida a examen público.»

La sugerencia del Tribunal de Cuentas de aclarar que el principio de transparencia se entiende «sin perjuicio del secreto profesional» es similar a la propuesta realizada por el Comité de la Cámara de los Lores ante la UE en relación con el segundo principio (integridad) acerca de que los funcionarios «no deben hacer un uso indebido de la información». En opinión del Defensor del Pueblo, este aspecto queda cubierto de forma adecuada por la formulación añadida al primer principio (compromiso) relativa a que los funcionarios deben esforzarse por cumplir las normas profesionales más estrictas en todo momento.

La protección de los datos personales, al igual que el derecho de acceso a los documentos, se incluye en la Carta de los Derechos Fundamentales y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea[15]. El Defensor del Pueblo no cree que sea adecuado que los principios de la función pública se refieran específicamente a estos derechos. En este sentido, es útil señalar que, como principio de la función pública, la transparencia no se deriva del derecho individual de acceso a los documentos. Más bien es una condición indispensable de la gobernanza y la responsabilidad.

En cuanto a las sugerencias de incluir proactividad y responsabilidad, ya se ha explicado que los principios de la función pública evitan estas palabras por las posibles dificultades de traducción a otras lenguas.

Las sugerencias para mencionar la accesibilidad, la promoción de un sistema para supervisar el desempeño y los resultados y las «huellas legislativas» plantean cuestiones importantes. Sin embargo, el Defensor del Pueblo considera que están relacionadas con las responsabilidades de las instituciones o los altos funcionarios, y no con las de todos los funcionarios. Por esta razón, el Defensor del Pueblo no considera adecuado incorporarlas a los principios de la función pública.

4. Conclusión

Este informe se traducirá a todas las lenguas oficiales y se publicará en la página web del Defensor del Pueblo. La versión inglesa se pondrá en la página web inmediatamente, y las otras versiones lingüísticas tan pronto como estén disponibles las traducciones.

El Defensor del Pueblo tiene intención de publicar la versión definitiva de los principios, junto con una exposición de motivos, en todas las lenguas, en el primer semestre de 2012.



[1] Sin embargo, aunque la intención de la declaración sea constructiva, su formulación, en lugar de aumentar la confianza de los ciudadanos en la función pública europea, podría poner en duda seriamente la integridad de la misma.

En concreto, todas las frases incluyen la palabra «devraient» (deberían), que tiene una connotación de acusación muy fuerte. Este condicional da la impresión de que la función pública europea demuestra una mala gestión administrativa, que obviamente no es el caso. Por eso consideramos que la redacción del proyecto podría mejorarse ligeramente suprimiendo el verbo «deberían» y poniendo todo el texto en presente de indicativo.

[2] Informe anual de actividades de 2010 de la DG de Competencia http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/comp_aar.pdf menciona este Código. Véase en especial la p. 20.

[3] La Comisión explica la evaluación de impacto como un proceso que presenta pruebas para los responsables políticos sobre las ventajas y desventajas de las posibles opciones políticas evaluando su potencial impacto: http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm

[4] Formalmente, Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea. La Comisión facilita una versión consolidada en la página web Europa: http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf.

[5] «El agente que, en virtud de su excepcional cualificación y no obstante su dedicación a otras actividades profesionales, sea contratado para prestar colaboración a alguna de las instituciones de la Unión Europea, bien de modo regular o durante períodos determinados, y que sea retribuido con cargo a los créditos globales habilitados a tal fin en la sección de presupuestos correspondiente a la institución de la que dependa.» (Artículo 5 del Régimen aplicable a los otros agentes).

[6] A/RES/51/59 de 28 de enero de 1997.

[7] Euclid propuso este párrafo como adición al principio 1 («compromiso»). Sin embargo, parece conveniente abordarlo aquí.

[8] Véase el artículo 22a.

[9] «Los funcionarios deben adoptar en todo momento un comportamiento que resistiría al escrutinio público más minucioso.»

[10] «Los funcionarios deben desempeñar sus funciones de la mejor manera posible y dar buen ejemplo a los demás.»

[11] “In claiming expenses and allowances, civil servants should be guided by a sense of propriety, rather than seeking to maximise their benefits.”

[12] Véase el artículo 1, apartados 2 y 3.

[13] http://europa.eu/abc/symbols/motto/index_es.htm

[14] La palabra «presentes» también se ha insertado en aras de la claridad.

[15] Véanse los artículos 8 y 42 de la Carta y el artículo 15, apartado 3, y el artículo 16 del TFUE.