Informe Anual 2021

Introducción

El año 2021 fue otro año ensombrecido por la pandemia de la Covid-19. En la Unión Europea tuvimos la fortuna de contar con una gran distribución de vacunas contra la COVID-19, pero el debate público sobre la aceptación de las vacunas y las maneras de contener el virus ha vuelto a poner claramente de manifiesto el problema de la confianza depositada en las Administraciones públicas.

Mi Oficina ha continuado con la aplicación de nuestra Estrategia «De cara a 2024» a través de una gestión eficiente de las reclamaciones y de la apertura de investigaciones estratégicas sobre cuestiones de interés público general, en particular los efectos de la pandemia en la labor de las instituciones.

Este año, he vuelto a poner el foco en cómo gestionan las instituciones de la UE el tránsito de miembros del personal de la Administración pública de la UE hacia el sector privado: el fenómeno conocido como «puertas giratorias». Si no se supervisan adecuadamente los riesgos que esto entraña, los efectos pueden ser corrosivos y erosionar la confianza de la ciudadanía. No es un problema que deba subestimarse.

He iniciado una investigación a gran escala sobre cómo gestiona la Comisión el fenómeno de las puertas giratorias, solicitando información detallada sobre las decisiones adoptadas respecto al personal que pasa al sector privado. La investigación abarcó la actividad de departamentos económicamente relevantes, así como los gabinetes de los comisarios y el Servicio Jurídico. La finalidad es evaluar el proceso decisorio y las mejoras que podrían realizarse.

Al margen de esto, pero ligado al problema más general, detecté mala administración en la gestión de la Agencia Europea de Defensa del paso de su anterior director ejecutivo a Airbus, y he abierto una investigación sobre cómo el Banco Europeo de Inversiones (BEI) tramitó la solicitud de una de sus vicepresidentas de pasar a Iberdrola, una compañía energética.

Realicé sugerencias a Frontex sobre cómo mejorar la rendición de cuentas respecto al trabajo que desempeña, y remití un escrito al BEI con propuestas para hacer pública información adicional acerca de las repercusiones ambientales de los proyectos que financia.

Como parte de nuestro seguimiento general de la manera en que las instituciones abordan cuestiones importantes, me dirigí a la Comisión y al Supervisor Europeo de Protección de Datos para preguntar cómo funcionarán en la práctica las normas relativas a la inteligencia artificial. Este es un problema que suscita preocupación en la Red Europea de Defensores del Pueblo, con la que la Oficina ha celebrado seminarios periódicamente a lo largo del año. También he solicitado información sobre cómo garantiza la Comisión el respeto de los derechos humanos durante sus negociaciones de acuerdos comerciales internacionales.

Con ocasión del vigésimo aniversario de la «Ley de transparencia» de la UE (Reglamento 1049/2001 relativo al acceso del público a documentos), organicé una conferencia pública para debatir la necesidad de actualizar esta legislación. Ciertos problemas recurrentes, como los retrasos en la tramitación de las solicitudes de acceso por parte de las instituciones, o la insatisfacción de los solicitantes sobre las razones aducidas para denegarles dicho acceso, junto con los importantes cambios tecnológicos sobrevenidos durante los últimos veinte años, indican que ya es hora de plantearse si las normas cubren las necesidades de la ciudadanía en este ámbito.

Tuve el placer de organizar la tercera edición del Premio a la Buena Administración, concedido ex aequo al personal de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior por el trabajo realizado para repatriar a ciudadanos bloqueados en el extranjero por culpa de la pandemia. Una vez más, el galardón viene a refrendar la excelente labor que desarrolla la Administración de la Unión Europea y confío en que sirva de inspiración a otros para presentar proyectos en el futuro.

Este informe anual presenta también el nuevo logotipo de la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo, diseñado con el fin de transmitir una imagen pública contemporánea y reforzar el conocimiento del papel que desempeñamos dentro de la Administración de la UE. La presencia de la bandera de la Unión es una clara muestra de que formamos parte del conjunto de instituciones y organismos de la UE, mientras que los tres elementos del logotipo representan los objetivos esenciales de nuestra misión: rendición de cuentas, transparencia y confianza.

Por último, quiero agradecer al Parlamento Europeo su aprobación unánime del nuevo Estatuto que mantiene las competencias de la Oficina, refuerza la base jurídica del Defensor del Pueblo e introduce salvaguardias que garantizan aún más la independencia de la Oficina.

Considero que el nuevo Estatuto valida el trabajo realizado por nuestra Oficina para mantener a las instituciones de la UE en la vanguardia de la excelencia en el ámbito de la Administración pública.

Emily O’Reilly

1. El año 2021 en síntesis

2. Asuntos destacados

La institución del Defensor del Pueblo ayuda a la ciudadanía, las empresas y las organizaciones en su relación con las instituciones, órganos, oficinas y organismos de la UE. Los problemas pueden abarcar desde la falta de transparencia en la toma de decisiones o la denegación de acceso a documentos, hasta violaciones de los derechos humanos fundamentales y problemas contractuales. Las distintas secciones presentan una visión general de los casos más destacados en relación con un ámbito concreto.

2.1. Las «puertas giratorias»

En 2021, la Oficina del Defensor del Pueblo siguió dando prioridad al modo en que la Administración de la UE trata las denominadas «puertas giratorias»: cuando funcionarios de la Unión ocupan puestos en el sector privado o cuando empleados del sector privado se incorporan al servicio público. El objetivo general de la Oficina del Defensor del Pueblo es conciliar el derecho al trabajo con el interés público de que la Administración de la UE funcione con el máximo nivel de integridad y rendición de cuentas.

Como parte de este enfoque, la Defensora abrió una investigación estratégica general sobre cómo la Comisión gestiona las situaciones de puertas giratorias. El equipo de investigación de la Oficina inspeccionó expedientes de la Comisión en 2019, 2020 y 2021 en los que respondía a las solicitudes de altos cargos y de mandos intermedios de aprobación de un nuevo empleo, o de una baja no remunerada con el fin de emprender otra actividad. Los expedientes abarcaban un total de catorce Direcciones Generales, además de los gabinetes de todos los comisarios, el Servicio Jurídico de la Comisión, la Secretaría General, el grupo de reflexión interno de la Comisión y el Comité de Control Reglamentario.

Después de analizar las decisiones de la Comisión, la Defensora del Pueblo solicitó aclaraciones adicionales, en particular con respecto a la frecuencia con que se ha prohibido que un funcionario, según lo previsto en el artículo 16 del Estatuto de los funcionarios, ocupe el puesto que pretendía y cómo se neutraliza el riesgo de que antiguos funcionarios puedan asesorar a sus nuevos compañeros sobre cuestiones relacionadas con las funciones que desempeñaban anteriormente. La investigación continúa en 2022.

La Defensora también abrió investigaciones a raíz de reclamaciones relacionadas con las «puertas giratorias». Una de ellas se refería al paso de una vicepresidenta española del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a una compañía energética española que había recibido préstamos de dicho banco. Las reclamaciones, presentadas por dos diputados al Parlamento Europeo, expresaban inquietud respecto al riesgo de que se produjeran conflictos de intereses, y respecto a las medidas propuestas por el BEI para disminuir dicho riesgo. La Defensora del Pueblo inspeccionó documentos relativos a la decisión del BEI de aprobar el traslado y pidió al banco que contestase a una serie de preguntas.

La Agencia Europea de Defensa (AED) fue objeto de otra investigación de «puertas giratorias»: aprobó la salida de su anterior director ejecutivo para ocupar un puesto de asesor estratégico en Airbus, uno de los principales operadores de la industria de defensa europea. Esta investigación de oficio concluyó que la AED debería haber prohibido la partida del director, por motivos de conflicto de intereses. La Defensora recomendó que, en el futuro, la AED prohíba que sus altos funcionarios ocupen puestos en los que exista un claro conflicto de intereses. A su vez, la Agencia debería adoptar criterios para prohibir movimientos de esta índole, y todas las personas candidatas a puestos de alta dirección deberían ser informados de los mismos. La AED acordó poner en práctica las recomendaciones sobre la posibilidad de prohibir que los miembros de su personal ocupen determinados puestos y proporcionarles directrices sobre la forma de aplicar dicha medida.

2.2. Acceso a documentos

La ciudadanía europea tiene amplios derechos de acceso a los documentos que obran en poder de las instituciones de la UE. El Defensor del Pueblo es un mecanismo de recurso para quienes tienen dificultades para acceder a estos documentos.

En 2021, la reclamación de un ciudadano que quería acceder a los mensajes de texto enviados por la Presidenta de la Comisión Europea al consejero delegado de una importante compañía farmacéutica puso el foco de atención en si la Administración de la UE registra los mensajes de texto y los mensajes instantáneos relacionados con su actividad. La Defensora del Pueblo pidió a la Comisión que aclarara su política en esta materia y que explicara cómo había buscado los mensajes de texto mencionados en la reclamación.

En una actuación al margen, la Defensora del Pueblo preguntó a ocho instituciones y organismos de la UE (la Comisión, el Consejo, el Parlamento, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la Agencia Europea del Medicamento, Frontex y el Banco Central Europeo) cuáles son las medidas establecidas para documentar los mensajes de texto y los mensajes instantáneos relacionados con su actividad.

La Defensora recibió reclamaciones en el ámbito del acceso a documentos relacionadas con diferentes instituciones y organismos de la UE.

Durante una investigación sobre el acceso a los datos de un contrato que la Comisión había firmado con una compañía farmacéutica para adquirir vacunas contra la COVID-19, la Comisión publicó versiones censuradas del contrato y de contratos similares con otras compañías farmacéuticas. En el contexto de una investigación de la Oficina del Defensor, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) aceptó que en el futuro, las actas de su Junta de Supervisores contuviesen información sobre los votos emitidos por sus miembros respecto a decisiones adoptadas sobre normas reglamentarias.

Otro organismo de la UE que posee una importante capacidad de regulación, la Autoridad Bancaria Europea, aceptó publicar datos de las votaciones de su Junta de Supervisores, en el contexto de la investigación de una vulneración del Derecho de la Unión por parte de las autoridades nacionales con respecto a la supervisión de dos bancos concretos.

Se han realizado notables avances en la investigación del modo en que Frontex tramita las solicitudes de acceso del público a través de su portal de internet. Las reclamaciones presentadas se referían a cuestiones relacionadas con la declaración de Frontex sobre derechos de autor, sobre los plazos de conservación de los documentos y sobre el modo en que el portal de Frontex interactúa con otros portales de internet. La investigación continuó en 2022.

Por desgracia, la Administración de la UE no siempre ha puesto en práctica las propuestas hechas por la Defensora en sus investigaciones de acceso a documentos. La Defensora determinó que existió un caso de mala administración cuando la Comisión denegó el acceso a información relacionada con las importaciones de aceite de cocina usado. La Comisión afirmó que, si bien recopila los datos solicitados, no elabora documentos que extraigan la información solicitada en la reclamación y, por lo tanto, se negó a aplicar la propuesta de solución presentada por la Defensora. La Defensora del Pueblo también determinó la existencia de mala administración cuando la Comisión se negó a publicar documentos relacionados con la compra de 1,5 millones de mascarillas quirúrgicas que no cumplían con las normas de calidad en vigor. La Defensora percibió el enorme interés público que suscitó la divulgación de esta información.

En 2018, la Defensora del Pueblo puso en marcha un procedimiento acelerado para gestionar rápidamente las reclamaciones de acceso del público a documentos de la UE. Este procedimiento se revisó en 2021 y presentó excelentes resultados, en particular:

• Un notable descenso de los tiempos de tramitación.
• Un incremento del número de reclamaciones de acceso a documentos.
• Una satisfacción general de las partes interesadas con el procedimiento acelerado.

2.3. Consideraciones éticas

Algunas investigaciones de la Defensora tratan de garantizar que las instituciones de la UE apliquen las normas existentes para garantizar un nivel ético elevado en la Administración de la UE.

A raíz de una reclamación de un diputado al Parlamento Europeo, la Defensora del Pueblo examinó la composición del Foro de Alto Nivel sobre la propuesta de Unión de los Mercados de Capitales (UMC) de la UE. Para elaborar su Plan de Acción sobre la UMC, la Comisión tuvo en cuenta las recomendaciones del Foro, que reunió a altos ejecutivos industriales, expertos internacionales y académicos. Durante su propia evaluación respecto a la independencia de los candidatos, la Comisión determinó que cinco tenían intereses que comprometían, o daban esa impresión, su capacidad para actuar con independencia y en pro del interés público. Sin embargo, no aplicó a renglón seguido sus propias normas sobre el tratamiento de estos conflictos de interés. La Defensora determinó que había existido mala administración y propuso que en todos los informes elaborados por un grupo de expertos se especificase qué tipo de miembros integraban dicho grupo.

Dos organizaciones de la sociedad civil presentaron reclamaciones relativas a la participación de la Presidenta de la Comisión y de una Vicepresidenta de la Comisión en un vídeo de apoyo a la campaña electoral de un partido político croata. En las reclamaciones se cuestionaba si esta actuación se correspondía con el Código de Conducta que aplica la Comisión a sus miembros. En respuesta a la carta de la Defensora del Pueblo, en la que pedía que se aclarase esta cuestión, la Comisión afirmó que tenía la intención de elaborar unas directrices relativas a las condiciones de participación de sus miembros en campañas electorales nacionales.

A raíz de una investigación de la Defensora del Pueblo en relación con los gastos de desplazamiento vinculados a un viaje oficial a China, el Comité Económico y Social Europeo aceptó en 2021 mejorar la transparencia de los gastos y dietas de sus miembros publicando proactivamente dicha información en su sitio web. La información adicional incluye detalles de las normas relativas a reembolsos y dietas, así como información acerca de actos concretos celebrados en el extranjero y los gastos ocasionados.

En abril, la Comisión reaccionó de manera constructiva a las sugerencias de la Defensora, tras una investigación sobre su decisión de adjudicar a BlackRock Investment Management un contrato para realizar un estudio en un área que es de interés financiero y de reglamentación para dicha empresa. En su respuesta, la Comisión afirmó que estaba considerando elaborar directrices adicionales en materia de conflictos de intereses para facilitar la labor de los miembros de su personal responsables de los procedimientos de contratación pública. La Comisión afirmó también que estaba reflexionando sobre la posibilidad de proponer enmiendas al Reglamento Financiero (la ley de la UE que regula cómo deben celebrarse los procedimientos de contratación pública financiados con cargo al presupuesto de la Unión), a fin de incluir la obligación de que los licitadores declaren posibles conflictos de intereses. Las conclusiones de la Defensora obtuvieron el respaldo del Parlamento, que pidió a la Comisión que actualizase el Reglamento Financiero para abordar posibles conflictos de intereses por contratos relacionados con políticas.

2.4. Derechos fundamentales

En marzo, la Defensora abrió una investigación de oficio acerca del modo en que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) cumple con sus obligaciones en materia de derechos fundamentales y garantiza la rendición de cuentas en relación con sus competencias reforzadas. Este mayor nivel de responsabilidad existe desde diciembre de 2019, con la entrada en vigor del nuevo Reglamento (UE) 2019/1896 sobre Frontex. La investigación trata de aclarar cuestiones relativas a la rendición de cuentas de Frontex respecto a sus «operaciones conjuntas», actividades relacionadas con el «retorno» de migrantes y con la asistencia a la migración en el control en las fronteras exteriores de la UE.

Esta investigación llega tras otra investigación de la Oficina del Defensor sobre el «mecanismo de denuncia» de Frontex, cuyo foco de atención se centra en los retrasos de Frontex en el cumplimiento de sus nuevas obligaciones derivadas de este mecanismo y del puesto de agente de derechos fundamentales. En su investigación, la Defensora también encontró deficiencias en este mecanismo que podrían dificultar a los particulares denunciar presuntas vulneraciones de los derechos fundamentales y solicitar reparación. La Defensora formuló varias propuestas prácticas para reforzar la independencia del mecanismo de denuncia y animar a la ciudadanía a utilizarlo; en particular, propuso que la información pública sobre el mecanismo debería especificar claramente que presentar denuncias sobre presuntos abusos de los derechos humanos fundamentales no tiene un impacto en las resoluciones en materia de asilo.

Otra investigación clave ligada a los derechos fundamentales se centró en el modo en que la Comisión garantiza que las autoridades croatas respeten los derechos fundamentales en el contexto de las operaciones de gestión de fronteras. El reclamante, Amnistía Internacional, puso en duda que Croacia hubiese establecido un «mecanismo de vigilancia» que garantizase que las operaciones de gestión de fronteras fueran plenamente conformes con los derechos fundamentales y el Derecho de la Unión. Durante el verano, Croacia anunció que había establecido este mecanismo. Las conclusiones generales de la Defensora se publicarán a principios de 2022.

La Defensora abrió una investigación de oficio para examinar cómo controla la Comisión Europea que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos se utilicen para promover el derecho de las personas con discapacidad y las personas mayores a vivir de manera independiente. La Defensora del Pueblo solicitó a la Comisión que respondiese a una serie de preguntas, y a continuación realizó una consulta selectiva entre las partes interesadas.

La Defensora del Pueblo suele utilizar iniciativas de recogida de información para llamar la atención sobre un asunto sin por ello abrir una investigación formal. En una iniciativa de esta índole, la Defensora pidió a la Comisión que aportase información sobre cómo vela por que se respeten los derechos humanos en los acuerdos comerciales internacionales firmados por la Unión Europea. La iniciativa tiene por objeto examinar el uso de «cláusulas de derechos humanos» en dichos acuerdos comerciales internacionales, así como observar el tratamiento que reciben los derechos humanos una vez que los acuerdos comerciales entran en vigor. La solicitud de información se produce a raíz de varias investigaciones de la Defensora en este ámbito, en particular una reciente investigación de 2020 acerca del incumplimiento por parte de la Comisión de su obligación de llevar a cabo una evaluación actualizada del impacto sobre la sostenibilidad antes de concluir el acuerdo comercial UE-Mercosur. En una resolución publicada en marzo, la Defensora determinó que la Comisión debería haber concluido la evaluación definitiva antes de que se cerrara el acuerdo comercial. La Defensora del Pueblo pidió que, en futuras negociaciones comerciales, esta clase de evaluaciones se concluyan antes del acuerdo final.

Motivada por el anuncio de la Comisión, en abril, de su intención de proponer normas en materia de inteligencia artificial (IA), la Defensora del Pueblo escribió tanto a la Comisión como al Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) para solicitar información adicional sobre las posibles implicaciones de las nuevas normas propuestas. El equipo de investigación de la Defensora se reunió a continuación con representantes de la Comisión para resolver dudas relacionadas con el posible funcionamiento de las normas en materia de IA, por ejemplo cuál es el uso que hace la Comisión de la IA en la actualidad y cómo garantizar que las futuras normas tengan en cuenta el interés público.

2.5. La rendición de cuentas en el proceso de toma de decisiones

Como continuación de su trabajo previo realizado en el área de la rendición de cuentas en los procesos decisorios de la UE, la Defensora del Pueblo abrió en noviembre una investigación sobre el modo en que la Comisión garantiza la transparencia de sus interacciones con los grupos de presión de la industria del tabaco. La Defensora pidió a la Comisión que facilitase todos los documentos relativos a las interacciones mantenidas con estos grupos de presión en 2020 y 2021 para poder inspeccionarlos, en particular mediante solicitudes de acceso público a los documentos relativos a dichas interacciones. La Defensora también solicitó inspeccionar las posibles directrices internas que se hubieran dado al personal de la Comisión.

La UE es Parte del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece que se debe evitar que la industria del tabaco tenga repercusiones negativas en las políticas de salud pública. Entre otras cosas, esto exige que la Comisión ofrezca una transparencia total y proactiva sobre sus reuniones con los representantes de la industria del tabaco. Sin embargo, exceptuando a la DG SANTE y la DG TAXUD, los departamentos de la Comisión no publican de forma proactiva información sobre las reuniones mantenidas a un nivel inferior al de los directores generales.

Como reacción a la investigación de la Defensora del Pueblo para examinar la transparencia de su respuesta a la pandemia de COVID-19, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) puso en marcha medidas para mejorar la rendición de cuentas de su proceso decisorio, como facilitar que el público siga la evolución de su asesoría científica y consulte los datos que sustentan sus evaluaciones científicas. También se comprometió a ser más transparente en sus contactos con los socios internacionales y a mejorar su comunicación con el público en general.

En su evaluación de la respuesta del Consejo a la pandemia, la Defensora determinó que, durante los primeros meses de la crisis, las reuniones ministeriales que se celebraron a distancia no cumplieron las normas de transparencia que se aplican a las reuniones presenciales del Consejo en circunstancias normales. Sin embargo, la Defensora también señaló que algunas de las prácticas adoptadas por el Consejo durante este periodo de tiempo mejoraron la rendición de cuentas y pidió que continuasen con las mismas, en particular el uso general de los comentarios por escrito antes y después de las reuniones de los funcionarios nacionales, lo que permitió ampliar la documentación relativa a los debates de los grupos de trabajo.

Para que la ciudadanía pueda estar al corriente de cómo se toman las decisiones en el ámbito de la UE, necesitan un repositorio de documentos al que puedan solicitar acceso. Para que sean significativos y útiles, estos registros públicos de documentos deben estar actualizados y completos. A raíz de una investigación de la Defensora del Pueblo, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) acordó mejorar y actualizar su registro de documentos, en particular, mediante la creación de una página web específica, a fin de que sea una herramienta más útil para el público.

La Defensora del Pueblo también investigó el registro público de documentos de Frontex, a raíz de una reclamación en la que se sostenía que el registro no se mantenía de manera adecuado. La Defensora presentó varias propuestas de solución para mejorar el registro, que Frontex aceptó poner en práctica.

Los interrogantes acerca de la transparencia del proceso decisorio en cuestiones ambientales siguieron siendo motivo de reclamación en 2021.

En abril de 2021, la Defensora abrió una investigación sobre el papel de la Comisión en la evaluación de sostenibilidad de los proyectos de gas que forman parte de la lista de proyectos de importancia regional elaborada por la Comunidad de la Energía (que integra a la UE, a los países de los Balcanes Occidentales, de la región del mar Negro y a Noruega). En la reclamación se consideraba que estos proyectos no se sometían a una evaluación de sostenibilidad adecuada antes de incorporarse a la lista, ya que la metodología utilizada era parecida a la antiguamente empleada para evaluar los «proyectos de interés común» de la UE, que la Comisión considera inadecuada desde hace tiempo.

A raíz de una reclamación de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, la Defensora abrió una investigación relativa a cómo la Comisión llevó a cabo una consulta pública sobre la Iniciativa de Gobernanza Empresarial Sostenible, que tiene por objeto animar a las empresas a mejorar la gestión de los aspectos de sostenibilidad en sus operaciones. En la reclamación se sostenía que la Comisión, en su informe sobre los resultados de la consulta, no había tenido debidamente en cuenta los puntos de vista de todas las personas consultadas.

En junio, la Defensora del Pueblo presentó sus conclusiones preliminares al Banco Europeo de Inversiones (BEI) sobre la transparencia de la información ambiental de los proyectos que financia, tanto directa como indirectamente.

La Defensora del Pueblo sugirió que el BEI debía hacer pública mucha más información sobre las repercusiones ambientales de los proyectos que financia. La Defensora pidió al BEI que publicase los documentos justificativos que contienen los datos, así como las premisas técnicas y los cálculos utilizados en la evaluación de los proyectos. Por lo que respecta a proyectos que tienen importantes repercusiones ambientales, la Defensora también propuso que el BEI otorgase prioridad a potenciar una transparencia proactiva, de modo que sus informes de control de los proyectos ya en marcha puedan publicarse rápidamente.

Es evidente que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea va a suscitar mucho interés público, ya que son fondos que se destinarán a ayudar a la recuperación de la UE de la pandemia, y a abordar retos como la crisis climática. Con este fin, la Defensora escribió a la Comisión para pedirle que anticipase el gran interés que despertarían sus negociaciones con los Estados miembros en relación con sus planes de recuperación y resiliencia. Señalando la probabilidad de que haya solicitudes de acceso a documentos en relación con este asunto, la Defensora del Pueblo sugirió a la Comisión que proporcionase más información sobre los documentos pertinentes que estén en su poder.

3. Estatuto revisado del Defensor del Pueblo

En junio de 2021, el Parlamento adoptó un Estatuto actualizado de la Oficina del Defensor del Pueblo por una amplia mayoría: 602 de los 692 votos emitidos. El nuevo Estatuto codifica muchas de las exitosas prácticas de trabajo de la Oficina durante los últimos años. El Defensor del Pueblo podrá poner en marcha investigaciones de oficio siempre que encuentre fundamentos, en consonancia con el Tratado. El amplio respaldo al nuevo Estatuto puede considerarse una validación del trabajo realizado por la Oficina en el tratamiento e investigación de las reclamaciones presentadas por la ciudadanía.

El Estatuto tiene en cuenta la nueva base jurídica del Tratado de Lisboa y es un Reglamento del Parlamento, más que una Decisión. El Estatuto es el primer instrumento legislativo adoptado en el marco del Tratado de Lisboa que se basa en el derecho de iniciativa del Parlamento. El Estatuto revisado refuerza el marco jurídico de la Oficina e introduce nuevas salvaguardias que ofrecen una mayor garantía de su independencia, en particular un presupuesto adecuado a las actividades que desarrolla. Se establece un nuevo periodo de incompatibilidad de dos años para los políticos, en particular los diputados al Parlamento Europeo, que quieran presentarse como candidatos al puesto de Defensor del Pueblo Europeo. Esta salvaguardia ayuda a proteger la independencia de la Oficina, que es crucial para el desempeño de su papel conforme al Tratado.

El Estatuto revisado mantiene las amplias competencias de investigación del Defensor del Pueblo, que incluyen la obligación de las instituciones de proporcionarle cualquier información que necesite para sus investigaciones. Cuando proceda, en relación con una investigación, el Defensor del Pueblo podrá comparecer ante el Parlamento, a petición de esta institución o por propia iniciativa.

La Oficina trabaja actualmente en la actualización de las normas de desarrollo del Estatuto, que detallan sus procedimientos de trabajo.

4. Veinte años del Reglamento 1049/2001

La transparencia y el acceso a documentos son áreas prioritarias para la Oficina del Defensor del Pueblo desde hace mucho tiempo y suponen aproximadamente una cuarta parte de sus investigaciones. La Oficina sirve como mecanismo de recurso para las personas a quienes se deniega el acceso a documentos de la UE, por lo que ha adquirido una amplia experiencia sobre la forma en que se aplica este derecho fundamental en la práctica en la Administración de la UE.

En 2021 se cumplió el vigésimo aniversario de la entrada en vigor de la «Ley de transparencia» de la Unión Europea (Reglamento 1049/2001), que dio una expresión concreta al derecho de acceso del público a los documentos de la UE y aumentó notablemente la rendición de cuentas de la Administración de la UE. En este contexto, la Defensora del Pueblo convirtió el tema del acceso a los documentos en una prioridad especial de la Oficina durante todo el año,

El momento cumbre fue una conferencia pública celebrada el 15 de noviembre en Bruselas con el título El acceso a los documentos de la UE: el futuro inmediato.. Esta conferencia, que tuvo un formato «híbrido», se dividió en dos partes: un foro de alto nivel en el que se debatió el futuro de las normas de acceso a documentos y un foro de expertos que analizó las experiencias de los ciudadanos que solicitan documentos.

En el panel de alto nivel, la Defensora O’Reilly, estuvo acompañada de Věra Jourová, Vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Heidi Hautala, Vicepresidenta del Parlamento Europeo, y Reijo Kemppinen, Director General de Comunicación e Información en la Secretaría General del Consejo. A fin de preparar la conferencia, la Defensora del Pueblo llevó a cabo una encuesta ad hoc entre algunas partes interesadas para conocer sus experiencias en las solicitudes de acceso a documentos de la UE.

A principios de año, la Defensora llevó a cabo una iniciativa para averiguar cómo las instituciones, órganos, oficinas y organismos de la UE informan al público sobre el derecho de acceso a los documentos. La iniciativa dio lugar a una guía para instituciones de la UE sobre las políticas y prácticas que deberían adoptar para hacer efectivo el derecho de acceso del público, que se publicó el mismo día de la conferencia (15 de noviembre).

Una cuestión clave, que se planteó durante la conferencia pero igualmente a través de reclamaciones recibidas, es cómo gestiona la Administración de la UE los mensajes de texto y los mensajes instantáneos, así como otras nuevas tecnologías, en el contexto de sus obligaciones de transparencia. En julio, la Defensora del Pueblo puso en marcha una iniciativa estratégica para determinar cómo registra la Administración los mensajes de texto y mensajes instantáneos enviados y recibidos por los miembros de su personal en su actividad profesional. Esta iniciativa tiene por objeto inventariar las normas y prácticas actuales sobre el registro de estos mensajes, con miras a determinar buenas prácticas en la Administración de la UE.

5. Premio a la Buena Administración

El Premio del Defensor del Pueblo a la Buena Administración 2021 reconoció los extraordinarios esfuerzos de ayuda a la repatriación de más de medio millón de ciudadanos europeos que habían quedado varados por todo el mundo debido a la pandemia.

Los ganadores ex aequo fueron el personal de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO) y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Los ganadores de la categoría principal, así como los premiados en las otras categorías restantes, se anunciaron durante una ceremonia digital en junio, que comenzó con un discurso en vídeo de la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Hablando del impacto de la COVID-19 en la actividad interna y externa de la Administración de la UE, la Defensora O’Reilly observó que «muchos de los proyectos presentados muestran el enorme esfuerzo realizado por el personal de la UE para ayudar a los ciudadanos durante la pandemia».

En septiembre se celebró una breve ceremonia de entrega presencial de los premios en el Jardín de los Ciudadanos de Bruselas.

Este galardón bienal, que O’Reilly lanzó en 2017, reconoce las acciones de la Administración pública europea que tienen repercusiones positivas visibles y directas para la vida de las personas dentro y fuera de Europa. También se otorgaron premios adicionales en cuatro categorías.

Los distintos proyectos a concurso fueron evaluados por un comité asesor independiente y los ganadores fueron seleccionados por la Defensora del Pueblo.

6. Reclamaciones e investigaciones: cómo ayudamos a la ciudadanía

El Defensor del Pueblo Europeo ayuda a las personas, empresas y organizaciones que encuentran problemas con la Administración de la UE, a través de la gestión de las reclamaciones que estos presentan. el Defensor también trata de promover buenas prácticas administrativas al identificar de manera proactiva los problemas sistémicos generales existentes en las instituciones de la UE.

La Defensora del Pueblo trata constantemente de mejorar sus procedimientos internos, con el fin de asegurarse de que la Oficina realice las investigaciones del modo más eficiente, y de ofrecer una experiencia positiva a las personas que presentan reclamaciones. La optimizada Dirección de Investigaciones, que se creó en 2020, ha realizado mejoras adicionales para tal fin. Por ejemplo, ha perfeccionado los conocimientos especializados y las buenas prácticas a través de equipos de investigación temáticos, lo cual ha contribuido a mejorar todavía más la coherencia y eficiencia de las investigaciones de la Defensora del Pueblo.

Aunque los métodos de trabajo híbridos se mantuvieron a lo largo de 2021, el sistema de reclamación en línea de la Oficina del Defensor del Pueblo garantizó la continuidad en este ámbito esencial de su trabajo. El número de reclamaciones tramitadas por la Oficina aumentó en comparación con 2020.

El modo de presentación y publicación de las investigaciones de la Defensora del Pueblo en internet fue objeto de mejoras adicionales, buscando facilitar que el público pueda seguir la actividad de la Oficina. Una nueva sección de «Investigaciones de alto nivel» en el sitio web pone el foco en las investigaciones de la Oficina que revisten mayor importancia pública. Se creó también una nueva sección sobre el trabajo de la Defensor en el área del acceso público a los documentos de la UE. También se mejoró la funcionalidad de búsqueda del sitio web.

La diversidad del equipo encargado de gestionar los casos, así como el sitio web, reflejan el compromiso del Defensor de comunicarse en los veinticuatro idiomas oficiales de la UE.con los ciudadanos que precisen ayuda.

Aunque la Defensora del Pueblo no siempre está en condiciones de investigar todas las reclamaciones recibidas, la Oficina intenta ayudar a todos los que buscan asistencia, por ejemplo aconsejando sobre otras posibilidades de solución al problema presentado.

6.1. Tipología y origen de las reclamaciones

6.1.1. Resumen de reclamaciones e investigaciones estratégicas

La Defensora solo puede abrir investigaciones a partir de reclamaciones que correspondan a su ámbito de competencias, y que hayan cumplido los «criterios de admisibilidad» necesarios, como haber intentado resolver el problema con anterioridad directamente con la institución afectada. La nueva estructura organizativa ha supuesto nuevas mejoras en la gestión de las reclamaciones en la Oficina, que ha reducido el tiempo necesario para dicha gestión y para la conclusión de las investigaciones.

Los temas sobre los que trabaja la Oficina vienen determinados por el ámbito de competencias del Defensor del Pueblo y de las reclamaciones recibidas, dado que estas representan la mayor parte de los expedientes. En 2021 se cumplió el vigésimo aniversario de la entrada en vigor de la «Ley de transparencia» de la Unión Europea (Reglamento 1049/2001). En este contexto, la Defensora estableció el tema del acceso a los documentos como una prioridad de la Oficina durante todo el año. Como en años anteriores, la transparencia sigue siendo el tema principal de las reclamaciones y también constituye una prioridad del trabajo estratégico de la institución.

Además de su labor principal en el área de las reclamaciones, la Oficina también lleva a cabo investigaciones e iniciativas estratégicas más generales sobre cuestiones sistémicas relacionadas con las instituciones de la UE. En consonancia con la Estrategia «De cara a 2024», en 2021 se registró un incremento del trabajo estratégico de la Defensora del Pueblo, con la puesta en marcha de un mayor número de investigaciones e iniciativas sobre una gran diversidad de cuestiones.

6.1.2. Reclamaciones no incluidas en el ámbito de competencias del Defensor del Pueblo Europeo

En 2021, la Oficina tramitó más de 1 400 reclamaciones no incluidas dentro de su ámbito de competencias, principalmente porque no se referían a la actividad de la Administración de la UE. Más del 40 % de esas reclamaciones procedían de España, Polonia y Alemania.

En su mayor parte, las reclamaciones presentadas al Defensor tenían que ver con cuestiones relacionadas con la asistencia sanitaria, la igualdad de trato o discriminación y la protección del consumidor, así como con la pandemia de COVID-19. Estas reclamaciones fuera de su ámbito de competencias se referían principalmente a problemas con órganos públicos nacionales, regionales o locales, así como con tribunales nacionales o internacionales (como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos). También se registró un gran número de reclamaciones relativas al sector privado. Otras reclamaciones fuera de su ámbito de competencias tenían que ver con la actividad política o legislativa de las instituciones de la UE.

La Oficina respondió a todas las solicitudes de ayuda en la lengua de la reclamación o de su preferencia. En estas respuestas, se explicaba cuál es su ámbito de competencias y, en la medida de lo posible, se informaba a los ciudadanos sobre otros órganos que podrían ayudarlos. Con el consentimiento de los ciudadanos, la Oficina también transfirió reclamaciones a los miembros adecuados de la Red Europea de Defensores del Pueblo.

A los reclamantes que manifestaron su disconformidad con legislación específica de la UE, se les recomendó, por norma general, que se dirigieran a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. A quienes presentaron reclamaciones en relación con otras cuestiones, como la aplicación del Derecho de la UE, se les remitió a la Comisión Europea, a los defensores del pueblo nacionales o regionales o a redes de la UE como Europe Direct o SOLVIT.

6.2. ¿Contra quién se reclamó?

6.3. ¿Sobre qué se reclamó?

6.4. Resultados obtenidos

6.5. Repercusión y logros

Uno de los objetivos generales de la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo es lograr mejoras tangibles en el seno de la Administración de la UE en pro de los reclamantes y la ciudadanía. Para ello, la Defensora presenta propuestas en forma de soluciones, recomendaciones y sugerencias. La Defensora también puede promover mejoras a través de iniciativas estratégicas, que no son investigaciones formales. También puede instar a una institución a resolver un asunto incluso antes de que se presente una recomendación o propuesta de solución formal.

6.5.1. Índice de aceptación

El índice de aceptación es el porcentaje de respuestas positivas al número total de propuestas (soluciones, recomendaciones y sugerencias) presentadas por la Defensora del Pueblo. Dado que la Defensora concede hasta seis meses de plazo a las instituciones para aplicar las sugerencias formuladas en las decisiones de cierre de sus investigaciones, el índice de aceptación de 2021 comprende casos cerrados en 2020.

En 2020, las instituciones de la UE cooperaron de forma satisfactoria con la Oficina en el 81 % de los casos. Este índice representa una mejora respecto al año anterior [hasta 2020, el informe Putting it right? (¿Rectificar?) presentaba una relación de la respuestas remitidas por las instituciones de la UE a la Defensora del Pueblo en los casos concluidos el año anterior; tras la adopción del nuevo Estatuto del Defensor del Pueblo en 2021, esta evaluación se incluye ahora en el Informe anual].

En general, las instituciones de la UE reaccionaron positivamente a 29 de las 36 propuestas presentadas por la Defensora del Pueblo con el fin de corregir o mejorar sus prácticas administrativas. De las doce instituciones a las que la Defensora del Pueblo presentó propuestas, diez incorporaron plenamente todas las soluciones, propuestas y recomendaciones. Por lo que se refiere a las dos instituciones restantes, la Comisión cumplió con 16 de las 22 propuestas formuladas por la Defensora, mientras que el Consejo cumplió con una de las dos propuestas presentadas por la Defensora.

6.5.2. Mayor impacto

El índice de aceptación refleja las respuestas de las instituciones a las propuestas presentadas en un momento concreto y no recoge plenamente las repercusiones del trabajo realizado por la Oficina a lo largo del tiempo.

Las investigaciones de la Defensora del Pueblo pueden llamar la atención sobre problemas sistémicos, y los cambios positivos que se producen no siempre se reflejan en las cifras anuales.

Buen ejemplo de ello es la investigación de la Defensora del Pueblo Europeo sobre el patrocinio empresarial de las Presidencias del Consejo de la UE. En respuesta a las conclusiones de la Defensora, el Consejo llegó a adoptar directrices sobre el patrocinio empresarial para los Estados miembros que acogen estas Presidencias semestrales. La investigación trajo una mayor transparencia respecto a esta cuestión, ya que los Estados miembros que asumieron la Presidencia comenzaron a publicar sus patrocinios empresariales en los sitios web oficiales de su Presidencia, lo que permite al Parlamento y a los medios de comunicación seguir la cuestión.

También se puede alcanzar repercusión intensificando el debate sobre una cuestión. El trabajo de la Defensora, así como del Parlamento y otras muchas instancias, puede tener un importante «efecto disuasorio». Las instituciones saben que las actuaciones administrativas que no se ajusten a los exigentes criterios que tiene la ciudadanía podrían dar lugar a una investigación de la Defensora del Pueblo o a un mayor escrutinio público.

Un ejemplo concreto de ello tiene que ver con la participación de los miembros de la Comisión Europea en campañas electorales nacionales. La Defensora del Pueblo recibió dos reclamaciones acerca de la participación de la Presidenta y una Vicepresidenta de la Comisión en un vídeo de campaña de un partido político croata. Aunque la Defensora del Pueblo no encontró motivos para abrir una investigación, solicitó a la Comisión que aclarase cómo se aplica el Código de Conducta en el contexto de las campañas electorales. En respuesta, la Comisión anunció que elaboraría nuevas directrices sobre las condiciones de participación de los comisarios en elecciones nacionales.

7. Comunicación y cooperación

7.1. Comunicación

La Oficina ha seguido trabajando para informar sobre sus actividades al mayor público posible. Con la intención de dar a conocer investigaciones concretas e informar al público sobre cuestiones generales, como por ejemplo la transparencia y la ética, así como la función del Defensor del Pueblo en tanto que impulsor de normas exigentes de rendición de cuentas para la Administración de la UE, se han utilizado métodos específicos e innovadores de comunicación

El sitio web ha continuado evolucionando en tanto que centro dinámico de contenidos relativos al trabajo de la Oficina, buscando que sea lo más sencillo posible para el público encontrar las investigaciones que les resulten pertinentes, las noticias más recientes y explicaciones sobre cuestiones clave.

Se creó una nueva sección de «Investigaciones de alto nivel» en el sitio web centrada en las investigaciones de la Oficina que revisten mayor importancia pública. Las investigaciones se presentan por orden de aparición de las noticias más recientes, utilizando páginas breves con textos de avance que sirven de introducción a quienes buscan información sobre una investigación. Se ha mejorado la funcionalidad de búsqueda en el sitio web, de modo que ahora es más fácil para los visitantes encontrar los documentos que están buscando.

Se han introducido nuevas secciones en el sitio web, que abarcan desde el trabajo de la Oficina sobre el acceso público a los documentos de la UE, y la labor en el área de acceso a los documentos del Defensor del Pueblo. Una campaña de comunicación complementó el énfasis en el acceso a los documentos, así como una historia web y un breve vídeo explicativo.

Por primera vez, el Informe anual del Defensor de 2020 se presentó en forma de historia web, lo que facilita la tarea de ver cuáles son los principales ámbitos de trabajo de la Oficina y dónde ha tenido mayor repercusión su labor.

La Defensora del Pueblo presentó el trabajo de la Oficina en la conferencia de prensa anual celebrada en mayo. En el curso de dicha conferencia de prensa, la Defensora del Pueblo anunció la apertura de una gran investigación sobre el modo en que la Comisión gestiona las «puertas giratorias» (tema ya mencionado anteriormente) y presentó las principales investigaciones recientemente concluidas o todavía en marcha.

Para dar a conocer a los ganadores del Premio a la Buena Administración y fomentar la puesta en común de buenas ideas y prácticas, se realizó una campaña en redes sociales sobre la ceremonia de entrega, seguida de una presentación visual de los proyectos ganadores.

La Defensora del Pueblo participó en el Evento Europeo de la Juventud (EYE2021) que se celebró el 8 de octubre en Estrasburgo y fue organizado en el marco del proceso de consulta para la Conferencia sobre el Futuro de Europa. En un debate moderado por la autora y activista Nini Tsiklauri, la Defensora respondió a las preguntas de los jóvenes acerca del trabajo de la Oficina, así como sobre cuestiones tales como la transparencia y la democracia, y el futuro de la UE.

En 2021, al igual que el año anterior, Instagram fue la red social que registró un mayor crecimiento (un 46 %, que equivale a 1 195 seguidores nuevos). En LinkedIn, el número de seguidores aumentó un 24 % (+1 148), mientras que en Twitter, que es la red social donde la Defensor tiene mayor audiencia, se llegó a 31 300 seguidores en diciembre de 2021, lo que representa un incremento del 7 % (+2 140).

Por último, la Defensora del Pueblo y los miembros de su personal continuaron con sus actividades de difusión, por ejemplo dando entrevistas a la prensa, tomando la palabra en conferencias académicas y jurídicas de alto nivel, así como haciendo presentaciones a grupos de visitantes.

7.2. Relaciones con las instituciones de la UE

7.2.1. Parlamento Europeo

Las excelentes relaciones existentes entre la Defensora del Pueblo, Emily O’Reilly, y el Parlamento continuaron consolidándose en 2021. A principios de año, la Defensora se dirigió al Pleno del Parlamento y, durante el año, tanto ella como miembros de su personal asistieron a reuniones de distintas comisiones para presentar el trabajo de la Oficina en investigaciones concretas. La Defensora del Pueblo mantuvo reuniones periódicas con diputados del Parlamento de todo el espectro político, bien por videoconferencia o bien en persona, en Estrasburgo y Bruselas. Debido a la pandemia, la presentación al presidente del Parlamento Europeo del informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2020 se realizó de manera digital, el 6 de septiembre de 2021.

7.2.2. Comisión de Peticiones

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo forma parte de la Red Europea de Defensores del Pueblo y es la comisión parlamentaria responsable de las relaciones con la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo. Es importante mantener una sólida colaboración entre ambos órganos a fin de conseguir una mayor rendición de cuentas democrática de las instituciones de la Unión. A lo largo del año, esta comisión y de su presidenta, Dolors Montserrat, apoyaron con firmeza el trabajo de la Defensora del Pueblo, y ambas se reunieron con regularidad. La Defensora del Pueblo y su personal participaron en las reuniones de esta comisión sobre temas de interés común y varias de las resoluciones que en ellas se adoptaron hacían referencia a investigaciones de la Defensora del Pueblo, especialmente en relación con la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración de la UE en el contexto de la COVID-19.

7.2.3. Comisión Europea

La Comisión Europea es la mayor institución de la Unión Europea. El alcance de su trabajo como rama ejecutiva de la UE hace que, en proporción, la mayoría de las reclamaciones recibidas por la Defensora del Pueblo se refieran a dicho trabajo. Las relaciones de trabajo entre la Defensora del Pueblo Europeo y la Comisión siguieron siendo muy constructivas en 2021. La Vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová, habló en una conferencia sobre el acceso a documentos organizada por la Oficina en noviembre (véase anteriormente) —una cuestión que está en el origen de muchas de las reclamaciones recibidas en la Oficina— y anunció que la Comisión trabajaría para mejorar las normas al respecto. Se han mantenido contactos periódicos a nivel de servicios entre ambas instituciones, que han permitido a su personal mantener relaciones constructivas.

7.2.4. Otras instituciones, organismos y organizaciones

Las relaciones con las distintas partes de la Administración de la UE son parte integrante de la estrategia de la Defensora del Pueblo «De cara a 2024». Solo a través de una estrecha cooperación se podrá ejercer un impacto positivo y duradero en la Administración de la UE. La Defensora del Pueblo mantiene relaciones estrechas con muchas instituciones, órganos y organismos de la UE. En 2021, la Defensora del Pueblo Europeo se reunió, entre otros, con el presidente del Tribunal de Justicia Europeo, la fiscal general europea, el director de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), el presidente y el director ejecutivo de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), así como con un miembro del Tribunal de Cuentas Europeo. La Defensora del Pueblo también mantiene buenas relaciones con la sociedad civil y con distintas organizaciones internacionales; se reunió por ejemplo con el Secretario General de la OCDE, y su Oficina forma parte en la actualidad de la red informal de la OCDE sobre transparencia y rendición de cuentas. Varios miembros del personal de la Oficina hablaron en actos organizados por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Academia de Derecho Europeo (ERA) y el Comité Meijers, una red neerlandesa de estudios sobre el Derecho de la Unión.

7.2.5. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Como miembro del Marco de la UE relativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) el Defensor protege, promueve y controla la aplicación del Convenio por parte de la Administración de la Unión. En 2021, este Marco estuvo presidido por el Parlamento Europeo. El Marco realizó un seguimiento estrecho de la evolución de la Estrategia de la UE sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030, a la cual contribuyó dicho Marco. También inició los preparativos para la revisión, por parte de la UE, de la aplicación de las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Como parte del seguimiento de dos investigaciones —concluidas en 2019 y 2020 respectivamente— relativas a la forma en que se utilizan los fondos de la UE en relación con las instituciones de asistencia social, la Defensora abrió una investigación de oficio sobre el modo en que la Comisión controla los fondos de la UE utilizados para promover el derecho de las personas con discapacidad y las personas mayores a vivir de forma independiente. La Defensora del Pueblo evalúa actualmente la respuesta de la Comisión, tras haber consultado también con organizaciones que trabajan en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad y las personas mayores.

La gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos es compartida entre la Comisión y las autoridades nacionales, por lo que la Defensora del Pueblo solicitó a los miembros de la Red Europea de Defensores del Pueblo información al respecto. La Oficina también organizó un webinario con miembros de la Red para debatir sobre asistencia institucional, el uso de los fondos y las lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19.

En junio de 2021, la Defensora concluyó una iniciativa estratégica sobre la manera en que la Comisión tiene en cuenta las necesidades especiales de los miembros del personal con discapacidad en el contexto de la COVID-19. Basándose en la respuesta de la Comisión a la pandemia y en las aportaciones de expertos, en particular del Foro Europeo de la Discapacidad y de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, la Defensora del Pueblo elaboró una lista indicativa de buenas prácticas para tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad durante las emergencias.

La Defensora del Pueblo recibió una reclamación relativa a la negativa de la Comisión Europea a conceder, según sus normas, un aumento de la indemnización por hijo a cargo a un miembro del personal que tiene un hijo con discapacidad. La Defensora del Pueblo abrió una investigación e invitó a la Comisión a responder a la reclamación y a una serie de preguntas concretas.

La Oficina presentó su trabajo en el área de los derechos de las personas con discapacidad en varios actos celebrados a lo largo del año, en particular en uno organizado por el Foro Europeo de la Discapacidad.

7.3. Red Europea de Defensores del Pueblo

La Defensora del Pueblo Europeo se propuso reforzar los métodos de trabajo y cooperación de la Red Europea de Defensores del Pueblo, una red informal coordinada por su Oficina. La Red está integrada por un centenar de oficinas de treinta y seis países europeos y también da cabida a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

En 2021, la Defensora se propuso ampliar las funciones de la Red en el desarrollo de capacidades y la puesta en común de buenas prácticas. A este fin, se organizaron tres webinarios dirigidos a expertos de las oficinas de los miembros de esta red, en los que participaron expertos de la Administración de la UE. Estos webinarios se centraron en distintos temas: la inteligencia artificial y la administración electrónica en las Administraciones públicas, el mecanismo de denuncia de Frontex y el control de los retornos forzosos; la asistencia institucional, el uso de los fondos de la UE y las lecciones aprendidas durante la pandemia.

La Defensora del Pueblo Europeo prosiguió su «trabajo paralelo» con la Red en 2021. Se consultó y se integró a los miembros nacionales de la Red en la investigación de oficio de la Defensora acerca del modo en que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) tramita las denuncias sobre presuntas violaciones de los derechos fundamentales a través de su mecanismo de denuncia. También se les consultó y se les integró a la investigación de oficio sobre el modo en que la Comisión Europea supervisa los fondos de la UE utilizados para promover el derecho de las personas con discapacidad y de las personas mayores a vivir de forma independiente.

A través del procedimiento de «consulta», la Oficina también ayuda a los miembros de la Red a obtener respuestas de expertos de la sección pertinente de la Administración de la UE a las cuestiones incluidas dentro del ámbito de la Unión que se plantean en el curso de sus investigaciones. En 2021, los temas objeto de consulta incluyeron los criterios de admisibilidad para el certificado COVID digital de la UE y las obligaciones de España en relación con la protección de la naturaleza y la biodiversidad.

La Defensora del Pueblo mantuvo reuniones con defensores del pueblo nacionales y regionales a lo largo del año.

7.4. Premio Europa de la Universidad de Flensburgo

En noviembre, la Defensora del Pueblo recibió el «Premio Europa» de la Universidad de Flensburgo en reconocimiento a su trabajo para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia de la Administración de la UE. En su discurso de aceptación, la Defensora habló de la importancia de preservar el Estado de Derecho.

«Intento garantizar que las instituciones de la UE hagan honor a su discurso sobre el Estado de Derecho, los valores democráticos, sobre la rendición de cuentas y la transparencia de sus actuaciones en su trato con la ciudadanía. [...] [L]os actos contrarios a los valores que la Administración de la UE está obligada a respetar, incluso cuando esos actos sean menores y puedan pasar inadvertidos, agotan ese precioso y frágil recurso democrático y permiten que agentes nocivos encuentren hueco para llevar a cabo sus maniobras contrarias a la democracia», declaró la Defensora del Pueblo en su discurso.

8. Recursos

8.1. Presupuesto

El presupuesto de la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo constituye una sección independiente del presupuesto de la UE. Se divide en tres títulos. El título 1 incluye los sueldos, indemnizaciones y otros gastos relacionados con el personal. El título 2 cubre los inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento. El título 3 cubre los gastos resultantes del ejercicio de las funciones generales que lleva a cabo la institución. En 2021, los créditos presupuestarios ascendieron a 12 501 836 EUR.

Para garantizar la gestión efectiva de los recursos, el auditor interno del Defensor del Pueblo lleva a cabo una serie de comprobaciones periódicas de los sistemas de control interno y de las operaciones financieras efectuadas por la Oficina. Como en el caso de otras instituciones de la UE, el Tribunal de Cuentas Europeo también se encarga de auditar al Defensor del Pueblo.

8.2. Utilización de los recursos

La Defensora del Pueblo aprueba todos los años un Plan de gestión anual en el que se describen las acciones concretas que la Oficina prevé adoptar con el fin de llevar a la práctica los objetivos y las prioridades de su estrategia quinquenal «De cara a 2024». El Plan de gestión anual de 2021 es el primero basado en esta nueva estrategia.

La Oficina del Defensor del Pueblo cuenta con personal altamente cualificado y multilingüe. Esto permite gestionar reclamaciones en las veinticuatro lenguas oficiales de la UE y aumentar la sensibilización respecto a la labor de la Oficina del Defensor del Pueblo en el conjunto de la UE. Partiendo de su experiencia en 2020, la Oficina siguió respondiendo de manera rápida y positiva, en 2021, a los retos planteados por la pandemia de la COVID-19. Adoptó una moderna política de trabajo híbrido para beneficiarse del nuevo entorno de trabajo digital y garantizar al mismo tiempo el bienestar del personal y un alto grado de eficiencia.

En 2021, el organigrama de la Oficina del Defensor del Pueblo constaba de setenta y tres puestos, a los que hay que sumar una media de seis agentes contractuales empleados, y dieciséis becarios que adquirieron experiencia laboral en la Oficina en el transcurso del año.

En junio de 2021, la Defensora del Pueblo finalizó la reorganización de la Oficina con la creación de una Dirección de Administración. Marie-Pierre Darchy fue nombrada Directora de Administración mediante un proceso de selección abierto. La nueva entidad es la responsable de todos los asuntos relacionados con la administración de la institución, recursos humanos, presupuesto, inmuebles, tecnologías de la información y gestión de archivos.

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