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Decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre la reclamación 3732/2005/JMA contra la Comisión Europea


Estrasburgo, 12 de diciembre de 2006

Estimado Señor O.,

El 5 de diciembre de 2005 presentó Ud. una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo contra la Comisión Europea, en nombre de la organización ecologista española «WWF/Adena». La reclamación concernía a una solicitud de acceso al dictamen motivado que la Comisión envió a las autoridades españolas en septiembre de 2004, en el marco de un procedimiento de infracción resultante de la queja presentada por Ud. (n° de referencia 2002/4677, SG (2002) A/5976 2001/2263).

El 19 de diciembre de 2005, transmití su reclamación al Presidente de la Comisión Europea y le solicité que presentara un informe sobre dicha reclamación antes del 28 de febrero de 2006. El 4 de enero de 2006, Ud. me envió información adicional que transmití a la Comisión el 19 de enero de 2006.

El 2 de marzo de 2006, la Comisión envió su informe en inglés. El 10 de marzo de 2006, la Comisión remitió una traducción de su informe al español, que le fue transmitida a usted el 21 de marzo de 2006, con la invitación de que expusiera sus observaciones, si así lo deseaba.

El 29 de marzo de 2006, me presentó sus observaciones y, el 9 de junio de 2006, me envió información adicional al respecto.

Ahora me dirijo a usted para darle a conocer los resultados de las investigaciones efectuadas.


RECLAMACIÓN

Según el demandante, los hechos son, en resumen, los siguientes:

En 2002, el demandante presentó, en nombre de la organización ecologista española «WWF/Adena», una queja a la Comisión. El demandante denunciaba el desarrollo de numerosos proyectos cerca de regiones costeras en España (Islas Baleares y Valencia) que, desde su punto de vista, estaban ocasionando un impacto medioambiental muy negativo en la zona. El demandante argumentaba que esos proyectos no habían ido precedidos de la necesaria evaluación del impacto ambiental, infringiendo así la normativa comunitaria en materia de medio ambiente, en particular la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y la Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

La Comisión registró la queja con el número de referencia 2002/4677, SG (2002) A/5976 2001/2263, e inició una investigación sobre el asunto. Como resultado de estas investigaciones, la Comisión decidió iniciar procedimientos de infracción contra España, en virtud del artículo 226 del Tratado CE. En el marco de estos procedimientos, la Comisión presentó, en septiembre de 2004, un dictamen motivado dirigido a las autoridades españolas.

El demandante solicitó acceso al texto del dictamen motivado el 19 de enero de 2005. Al no obtener respuesta a la primera solicitud, el demandante volvió a presentar otra el 29 de abril de 2005, que tampoco obtuvo respuesta. El 20 de septiembre de 2005, el demandante escribió a la Comisión recordando sus cartas anteriores y exigiendo una respuesta escrita a su solicitud de acceso.

Al no recibir respuesta a ninguna de sus cartas, el demandante presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo contra la Comisión Europea. Los días 4 y 23 de enero de 2006, el demandante facilitó información complementaria en la que explicaba que la construcción de los proyectos no se había interrumpido y que el desarrollo de los mismos estaba teniendo un impacto medioambiental negativo en las zonas costeras afectadas.

La alegación sobre la que el Defensor del Pueblo solicitó a la Comisión que presentara un informe fue la siguiente:

El demandante alega que la Comisión no ha respondido a las tres cartas de 19 de enero, 29 de abril y 20 de septiembre de 2005 en las que solicitaba acceso al dictamen motivado enviado por la Comisión en el marco del procedimiento de infracción abierto sobre el asunto 2002/4677, SG(2002) A/5976 2001/2263.

INVESTIGACIÓN

Informe de la Comisión

En su informe, la Comisión describe en primer lugar los antecedentes de hecho del caso. El informe expone que los servicios de la Comisión decidieron comenzar una investigación por iniciativa propia (ref.: 2001/2263) después de que la Comisión, a través de la pregunta parlamentaria escrita (P−3431/01) presentada por el diputado al Parlamento Europeo Pere Esteve i Abad, recibiera información sobre la incorrecta aplicación por parte de las autoridades españolas de la normativa comunitaria en materia de medio ambiente, en relación a varios proyectos de extracción de arena y de regeneración de playas.

En una fecha posterior, la Comisión recibió numerosas denuncias de los ciudadanos sobre el mismo asunto, que se trataron conjuntamente a través de la apertura de una investigación por iniciativa propia. El demandante había presentado una de estas denuncias el 26 de mayo de 2002.

La Comisión decidió iniciar procedimientos de infracción contra España el 23 de octubre de 2002, durante los cuales la Comisión dirigió un dictamen motivado a las autoridades españolas el 3 de septiembre de 2004. El demandante fue informado pertinentemente del desarrollo de estas actuaciones.

El demandante escribió a la Comisión, el 19 de enero, el 29 de abril y el 20 de septiembre de 2005, solicitando una copia del dictamen motivado enviado a las autoridades españolas. En su respuesta de 16 enero de 2006, la Comisión explicó que no podía permitir el acceso al dictamen motivado solicitado, en virtud del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) n 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, en el que se establece que las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección del objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría, salvo que su divulgación revista un interés público superior. La Comisión señaló que su posición respondía a la jurisprudencia comunitaria, que establece que los documentos relativos a una investigación sobre un posible incumplimiento del Derecho comunitario por parte de un Estado miembro que puedan dar lugar a un procedimiento de infracción en virtud del artículo 226 del Tratado CE, entran dentro de la excepción basada en la protección del interés público, para no afectar negativamente al correcto desarrollo de los procedimientos de infracción, en particular sus objetivos de permitir al Estado miembro ajustarse voluntariamente a las exigencias del Tratado o justificar su posición. La Comisión concluía que, en virtud de estas normativas, la defensa de este objetivo justifica que, para la protección del interés público, las instituciones puedan denegar el acceso a documentos relativos a investigaciones dentro del marco del procedimiento establecido en el artículo 226 del Tratado CE.

Después de haber examinado cuidadosamente la solicitud del demandante, teniendo en cuenta las disposiciones que establece el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1049/2001, así como la jurisprudencia en la materia, la Comisión concluyó que no era posible identificar un interés público superior que justificara el acceso al documento solicitado. La Comisión consideró que el acceso al documento solicitado podría perjudicar cualquier medida que eventualmente se hubiera de tomar durante los procedimientos de infracción.

En cuanto a la tramitación de la denuncia por infracción presentada por el demandante contra España, la Comisión señaló que se había informado correctamente al demandante sobre todas las decisiones relevantes que se habían tomado durante la investigación de su denuncia. La Comisión declaró que, antes de su carta de 16 de enero de 2006, ya se había comunicado informalmente al demandante la imposibilidad de aprobar su solicitud de acceso. Sin embargo, la Comisión se disculpó por el retraso en responder oficialmente a la solicitud presentada por el demandante y señaló que había establecido mecanismos para garantizar una respuesta con prontitud a todas las solicitudes de acceso a documentos. Sin embargo, constató que dichos mecanismos no habían funcionado en esta ocasión, pero que se habían tomado las medidas oportunas para evitar problemas similares en el futuro.

Observaciones del demandante

En sus observaciones, el demandante reiteró los argumentos expuestos en su denuncia y rebatió el razonamiento de la Comisión por el que se le denegaba el acceso, basándose en que el principio fundamental del Reglamento (CE) n° 1049/2001, como se establece en los artículos 1, 2 y 4, era el del acceso del público, como respalda la jurisprudencia reiterada de los tribunales comunitarios(1).

El demandante afirmaba que el principio de acceso del público a cualquier documento de la UE también se refleja en la normativa de la UE, en particular en la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información medioambiental, y la Directiva 2005/35/CE por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.

DECISIÓN

1 Respuesta de la Comisión a la solicitud de acceso público del demandante

1.1 El demandante argumenta que la Comisión no respondió a tres cartas de fecha 19 de enero, 29 de abril y 20 de septiembre de 2006, en las que solicitaba acceso al dictamen motivado de la Comisión en el asunto relativo al procedimiento de infracción 2002/4677, SG(2002) A/5976 2001/2263.

1.2 La Comisión afirma que respondió a la solicitud del demandante el 16 de enero de 2006 y explica que no pudo autorizar el acceso en virtud del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) n°1049/2001, que establece que la institución debe denegar el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección del objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría, salvo que su divulgación revista un interés público superior. La Comisión señaló que su posición respondía a la jurisprudencia comunitaria, y afirmó que no era posible identificar un interés público superior que justificara el acceso al documento solicitado.

La Comisión se disculpa por el retraso en su respuesta formal a la solicitud presentada por el demandante y observa que los mecanismos existentes para garantizar una respuesta oportuna a todas las solicitudes de acceso a documentos no habían funcionado adecuadamente en esta ocasión, pero que se habían tomado las medidas oportunas para evitar problemas similares en el futuro.

1.3 En sus observaciones, el demandante rebate el razonamiento de la Comisión, y señala que el principio fundamental del Reglamento (CE) n 1049/2001, como se establece en los artículos 1, 2 y 4, es el de la accesibilidad pública, como respalda la jurisprudencia constante de los tribunales comunitarios y la legislación de la UE.

1.4 El Defensor del Pueblo observa que los argumentos expuestos por el demandante en la reclamación original únicamente se refieren a la falta de respuesta por parte de la Comisión a su solicitud de acceso. Sin embargo, el Defensor del Pueblo tiene presente que la Comisión también ha explicado en su informe los motivos fundamentales que justifican su decisión, comentada por el demandante en sus observaciones. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo estudiará ambos aspectos del asunto en la presente decisión.

Supuesta falta de respuesta a la solicitud de acceso del demandante

1.5 El Defensor del Pueblo observa que el marco legal que rige el acceso a los documentos de la Comisión queda establecido en el Reglamento (CE) n o 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión [«el Reglamento»](2).

El procedimiento para la tramitación de solicitudes de acceso se recoge en el artículo 7 del Reglamento, que en su apartado 1 establece lo siguiente:

Las solicitudes de acceso a los documentos se tramitarán con prontitud. Se enviará un acuse de recibo al solicitante. En el plazo de 15 días laborables a partir del registro de la solicitud, la institución o bien autorizará el acceso al documento solicitado y facilitará dicho acceso con arreglo al artículo 10 dentro de ese plazo, o bien, mediante respuesta por escrito, expondrá los motivos de la denegación total o parcial e informará al solicitante de su derecho de presentar una solicitud confirmatoria [...].

1.6 Por lo tanto, de la información disponible resulta que el demandante presentó tres solicitudes de acceso sucesivas el 19 de enero, el 29 de abril y el 20 de septiembre de 2005 respectivamente, a las que la Comisión no respondió hasta el 16 de enero de 2006, una vez que el Defensor del Pueblo ya había iniciado la investigación. El Defensor del Pueblo considera lamentable que la Comisión tramitara las solicitudes del demandante varios meses después de que le fueran presentadas, y por consiguiente, fuera del plazo establecido en el Reglamento. El Defensor del Pueblo, sin embargo, observa que la Comisión ha reconocido el retraso y ha presentado sus disculpas, además de que ha adoptado las medidas pertinentes para evitar problemas de este tipo en el futuro. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo considera que no parece justificado emprender nuevas investigaciones en lo relativo a este aspecto del asunto.

Decisión de la Comisión de denegación del acceso al dictamen motivad

1.7 El Defensor del Pueblo observa que el artículo 4 del Reglamento (CE) n 1049/2001 establece en su apartado 2 lo siguiente:

Las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de:

[...]

- el objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría, salvo que su divulgación revista un interés público superior.

1.8 El Defensor del Pueblo observa asimismo que los tribunales comunitarios han respetado la aplicación de la excepción mencionada a los documentos relativos a la investigación sobre una posible infracción del Derecho comunitario por parte de un Estado miembro, que puede resultar en un procedimiento de infracción en virtud del artículo 226 del Tratado CE. Se exceptúan, por consiguiente, del acceso del público(3), las cartas de comunicación formal y los informes motivados . El Defensor del Pueblo tiene presente que en una sentencia relativa a la Decisión 94/90 de la Comisión (sustituida por el Reglamento (CE) n° 1049/2001), el Tribunal de Primera Instancia consideró que preservar el objetivo de la solución amistosa de la controversia entre la Comisión y el Estado miembro correspondiente justificaba la posición de la Comisión de denegar el acceso a los escritos de requerimiento redactados en el marco del procedimiento del artículo 226 del Tratado CE(4).

1.9 Por consiguiente, el Defensor del Pueblo opina que, a la luz de la jurisprudencia mencionada, la Comisión podría concluir razonablemente que estaba justificado denegar el acceso del público al dictamen motivado en cuestión. Por tanto, el Defensor del Pueblo considera que la información y los argumentos expuestos por el demandante en sus observaciones no son motivo suficiente para ulteriores investigaciones en este aspecto del asunto.

1.10 A pesar de que, en el estado actual de la normativa comunitaria, la Comisión tiene derecho a denegar el acceso al dictamen motivado en cuestión, el Defensor del Pueblo desea señalar que el demandante tiene la posibilidad de dirigir su solicitud a las autoridades españolas, que podrían considerar la concesión del acceso al documento, en caso de que esta actuación fuera compatible con la normativa nacional en la materia.

2 Conclusión

Por las razones anteriormente expuestas, el Defensor del Pueblo considera que no es necesario realizar investigaciones adicionales en relación a la presente reclamación. En consecuencia, el Defensor del Pueblo archiva el asunto.

Asimismo, se informará de esta decisión al Presidente de la Comisión.

Le saluda atentamente,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Asunto T-14/98 y asunto T-191/99.

(2) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43–48.

(3) Asunto T-191/99 Petrie y otros contra Comisión, 2001 Rec. II-3677, pp. 64-71; asunto T-105/95 WWF UK/ Comisión [1997] Rec. II-313, apartado 63.

(4) Véase asunto anterior T-191/99 Petrie, apartado 68.