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Decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre la reclamación 1056/2000/JMA contra la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo


Estrasburgo, 26 de noviembre de 2001

Estimado Sr. G.,

Con fecha 31 de agosto de 2000 presentó Vd. una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo contra la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EASHW). La reclamación estaba motivada porque no se había tenido en cuenta la reglamentación sobre contratación de personal local a la hora de proceder a su clasificación como agente local.

El 11 de septiembre de 2000 remití su reclamación al Director de la Agencia. El 25 de enero de 2001 recibí de la Agencia la versión española de el informe, que le transmití el 14 de febrero de 2001, invitándole a formular las observaciones oportunas. El 19 de marzo de 2001 recibí sus observaciones.

Me dirijo a usted para darle a conocer el resultado de las investigaciones realizadas.

RECLAMACIÓN

De acuerdo con la reclamación, los hechos fueron los siguientes:

El 2 de junio de 1998, el demandante fue contratado como agente local por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (en adelante, "la Agencia"). El artículo 3 del contrato laboral dispuso que sería de aplicación la reglamentación de la Comisión sobre las condiciones de trabajo de sus agentes locales en España (en adelante, "reglamentación sobre personal local"). Esta reglamentación establece, en su artículo 4.II, que la edad del agente local debe tenerse en cuenta en su clasificación inicial. El demandante indicó que la Agencia hizo caso omiso de este criterio al determinar su grado y escalón iniciales.

El 13 de diciembre de 1999, el demandante, junto con otros agentes locales, dirigió una nota al Sr. Konkolewsky, Director de la Agencia, solicitando la aplicación efectiva del artículo 4.II-a de la reglamentación sobre personal local, y en consecuencia, la revisión de las decisiones ya adoptadas en relación con la clasificación del personal local. En su respuesta al demandante, fechada el 13 de marzo de 2000, el Director de la Agencia explicó que la edad no podía tenerse en cuenta para su clasificación inicial puesto que ello vulneraría el ordenamiento jurídico español.

Seguidamente, el demandante solicitó una entrevista con el Director de Recursos Humanos de la Agencia. Esta entrevista tuvo lugar el 27 de marzo de 2000. Ante la negativa de la Agencia a modificar su posición, el 28 de marzo de 2000 el demandante interpuso una reclamación administrativa interna, según lo previsto en la reglamentación sobre personal local. El 17 de abril de 2000, el Director de la Agencia desestimó la petición del demandante. En su nota, incluyó también algunas consideraciones sobre las vías de recurso previstas para el personal local y sobre la posible mediación del Defensor del Pueblo Europeo. El punto 1 de la nota reza como sigue:

"El Director de Recursos Humanos me ha informado que durante la reunión celebrada el pasado 27 de marzo el Sr. G. en ningún caso sugirió la posibilidad de una conciliación por medio del Defensor del Pueblo Europeo, sino al contrario: trató de disuadirle firmemente de hacerlo aduciendo que esta vía era totalmente inadecuada al caso puesto que cualquier posible diferencia entre la Agencia y su personal debe dirimirse según el procedimiento establecido en los artículos 29 y 31 de la reglamentación aplicable a las condiciones de trabajo del personal local de servicio en España."

En síntesis, el demandante adujo que su clasificación como agente local efectuada por la Agencia no respetó a la reglamentación sobre personal local, y en particular su artículo 4.II-a en virtud del cual la edad del agente debe tenerse en cuenta en el momento de determinar su grado y escalón iniciales.

INVESTIGACIÓN

Informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

En primer lugar, el informe hacía referencia a la política de contratación de agentes locales de la Agencia, así como a las disposiciones aplicables. La Agencia indicó que se había visto obligada a contratar agentes locales porque la tabla de efectivos de su presupuesto sólo preveía un escaso número de puestos C, insuficiente para atender sus necesidades. Se afirmaba asimismo que al determinar las condiciones de empleo, las intenciones de la Agencia fueron ofrecer modalidades atractivas a los agentes locales, razón por la cual decidió aplicar las condiciones de empleo de los agentes locales de la UE de servicio en España, según lo dispuesto en la reglamentación de la Comisión Europea para los agentes locales empleados en sus oficinas de España. Esta normativa está basada en el Título IV (artículos 79, 80 y 81) de las Condiciones de Empleo de Otros Funcionarios de las Comunidades Europeas), que permite a cada institución determinar las condiciones de empleo de sus agentes locales de acuerdo a las normas y prácticas vigentes en el lugar en el que el personal local deba desempeñar sus funciones.

Por lo que respecta a las decisiones relativas a la clasificación por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en la Agencia, en el informe se afirmaba que la Agencia no había considerado adecuado tomar en consideración el criterio de la edad porque ello habría entrado en conflicto con el sistema jurídico español. La Agencia alegaba que las disposiciones aplicables al personal local están subordinadas al ordenamiento jurídico español, y en particular a su Estatuto de los Trabajadores, que consagra como principio básico el de igualdad de trato. Por consiguiente, según la Agencia, la aplicación de criterios de clasificación diferenciados en función de la edad constituiría un acto de discriminación, y como tal, contrario al ordenamiento español, según la jurisprudencia de los tribunales españoles. La Agencia argumentaba también que debía tenerse en cuenta la actual revisión en curso de la reglamentación de la Comisión sobre personal local.

La Agencia explicó su posición respecto al recurso interpuesto por el demandante, y en particular, sobre la reclamación de éste ante el Defensor del Pueblo. Destacó que el demandante presentó su reclamación sin respetar las vías de recurso previstas en los artículos 29 y 31 de la reglamentación sobre personal local. Conforme a este procedimiento, el demandante hubiera debido presentar una reclamación al Director de la Agencia, a través de su superior inmediato y dentro de los tres meses posteriores a la fecha de la decisión de clasificación. Pese a haber vencido el plazo para acogerse a este procedimiento interno, el Director decidió contestar al demandante explicándole el punto de vista de la Agencia en relación con la política de contratación de agentes locales y sugiriéndole, según el procedimiento legal previsto, que si decidía proseguir con el asunto, debía presentar un recurso ante la jurisdicción española competente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la reglamentación sobre personal local.

El Director de la Agencia afirmó que intentó en todo momento tratar el tema de forma constructiva, informando al demandante de la instancia adecuada a que debía someter su recurso, concretamente la jurisdicción española competente en materia de diferencias laborales. En su opinión, "[.] para la Agencia, no hubo caso de mala administración que debiera ser elevado ante su alta instancia [el Defensor del Pueblo Europeo]".

El informe concluyó refiriendo diversas informaciones generales sobre la relación entre el demandante y la Agencia durante el período en que aquél desempeñó sus funciones. También se incluía un memorándum con un análisis jurídico detallado de la legislación laboral española pertinente en materia de discriminación por razón de edad.

Observaciones del demandante

En sus observaciones, el demandante agradeció al Defensor del Pueblo su investigación y expresó su desacuerdo con las afirmaciones formuladas en el informe de la Agencia.

En primer lugar, el demandante consideraba irregular que la Agencia hubiera estado contratando a agentes locales para desempeñar tareas inadecuadas para este tipo de personal. Señaló asimismo que la naturaleza temporal de los contratos de los agentes locales disuadía a éstos de intentar defender sus intereses frente a la Agencia en caso de conflicto.

En lo relativo a la consideración del criterio de la edad para su clasificación inicial, el demandante explicó que la Agencia decidió adoptar la reglamentación de la Comisión sobre personal local, reglamentación que se adjuntaba a todos los contratos individuales celebrados con agentes locales. Pese a que la Agencia, según el demandante, podría haber elaborado su propia reglamentación o modificado la de la Comisión, optó por no hacerlo. Al actuar de este modo, el demandante consideraba que la Agencia había infringido unilateralmente sus obligaciones contractuales. El demandante añadió que la Comisión seguía aplicando actualmente su propia reglamentación.

El demandante rechazó asimismo las afirmaciones de la Agencia en relación a su rendimiento laboral y consideró que la valoración negativa que la Agencia hizo de su carrera profesional tenía por objeto enmascarar el auténtico problema.

DECISIÓN

1 Admisibilidad de la reclamación

1.1 En su informe, la Agencia sostuvo que había respondido a la reclamación del demandante pese a que éste incumplió el plazo establecido en el procedimiento de recurso previsto en los artículos 29 y 31 del la reglamentación sobre personal local. En dicha respuesta, la Agencia aconsejó al demandante que sometiera el caso a los tribunales laborales españoles, informándole de que, a su parecer, no procedía en absoluto acudir al Defensor del Pueblo Europeo.

1.2 De conformidad con el apartado 8 del artículo 2 de su Estatuto, para que el Defensor del Pueblo Europeo declare admisible una reclamación relativa a las relaciones laborales entre las instituciones y organismos comunitarios y sus funcionarios y otros agentes, es preciso que el interesado haya agotado todas las posibilidades de reclamación y recurso internos de carácter administrativo. Por consiguiente, el demandante estaba obligado a utilizar el procedimiento de recurso previsto en la reglamentación sobre personal local antes de presentar su reclamación al Defensor del Pueblo. Pese a que el demandante, según sostiene la Agencia, no respetó el plazo establecido en el procedimiento de recurso, la Agencia dio curso a su reclamación. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo entiende que la reclamación cumplía el criterio de admisibilidad previsto en el apartado 8 del artículo 2 de su Estatuto.

1.3 El Defensor del Pueblo considera razonable el que la Agencia aconsejara al demandante que sometiera el litigio a los tribunales laborales españoles una vez agotado el procedimiento administrativo interno, pero al mismo tiempo lamenta que, según todos los indicios, intentara disuadirle de ejercer su derecho a acudir al Defensor del Pueblo y de que calificara el ejercicio de este derecho como "totalmente inadecuado".

2 Incumplimiento de la reglamentación sobre personal local

2.1 El demandante sostuvo que la Agencia no respetó el artículo 4-II.a) de la reglamentación sobre personal local al proceder a su clasificación como agente local. El citado artículo dispone que el criterio de la edad debe tenerse en cuenta al determinar el grado y escalón iniciales.

2.2 La Agencia alegó que las normas previstas en la citada reglamentación están subordinadas al ordenamiento jurídico español. Consideró asimismo que las leyes españolas prohiben utilizar este parámetro como criterio de clasificación.

2.3 El Defensor del Pueblo constata que la Agencia adoptó la reglamentación sobre personal local de la Comisión por la que se regulan las condiciones de trabajo de los agentes locales en España. Además, adjuntó dicha reglamentación (incluido el artículo 4.II-a al contrato del demandante.

2.4 Los principios de la buena administración exigen que la Agencia actúe dentro de la legalidad y con coherencia. Antes de celebrar su contrato con el demandante, la Agencia debió haberse cerciorado de que el contrato se ajustaba a la legislación laboral española. Al celebrar primero un contrato con el demandante, y luego negarle el beneficio de una de sus disposiciones, la Agencia no actuó con coherencia. El Defensor del Pueblo entiende por consiguiente que estamos ante un caso de mala administración, por lo que remitirá un comentario crítico a la Agencia.

2.5 La cuestión de si el demandante puede hacer valer frente a la Agencia el artículo 4-II.a) de la reglamentación sobre personal local como parte de los términos de su contrato de trabajo sólo podría dirimirse efectivamente ante la jurisdicción competente española, que tendría la posibilidad de oír los argumentos de ambas partes en relación con la interpretación y la aplicación de la ley española.

3 Conclusión

Sobre la base de las investigaciones efectuadas por el Defensor del Pueblo en relación con este asunto, parece necesario formular el siguiente comentario crítico:

Los principios de la buena administración exigen que la Agencia actúe dentro de la legalidad y con coherencia. Antes de celebrar su contrato con el demandante, la Agencia debió haberse cerciorado de que el contrato se ajustaba a la legislación laboral española. Al celebrar primero un contrato con el demandante, y luego negarle el beneficio de una de sus disposiciones, la Agencia no actuó con coherencia.

Teniendo en cuenta que estos aspectos de la reclamación afectan a procedimientos relacionados con hechos concretos acaecidos en el pasado, no procede buscar una solución amistosa de la cuestión. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo ha decidido archivar el asunto.

Se informará de la presente decisión también al Director de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Atentamente,

 

Jacob SÖDERMAN