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Decisión en el asunto OI/1/2018/AMF en relación con la tramitación por parte de la Junta Única de Resolución de solicitudes de acceso a documentos de accionistas del Banco Popular

El caso se refería a las solicitudes de antiguos accionistas del Banco Popular para que se les diera acceso privilegiado a los documentos relativos a la resolución del banco, al considerar que eran sujetos de la decisión tomada por la Junta Única de Resolución de resolver el Banco Popular y, por lo tanto, que tenían derecho a un mayor acceso a documentos en relación con el público en general.

Durante el transcurso de la investigación de la Defensora del Pueblo, la Junta Única de Resolución informó a la Defensora que el asunto de si los antiguos accionistas tienen derecho a un acceso privilegiado a los documentos en cuestión está siendo examinado por el Tribunal General de la UE. Por lo tanto, las normas que rigen el trabajo del Defensor del Pueblo obligan a la Defensora cerrar su investigación sin medidas adicionales.

Contexto de la reclamación

1. El 7 de junio de 2017, la Junta Única de Resolución (en adelante, «JUR») decidió resolver el Banco Popular y adoptó un plan de resolución[1].

2. En febrero de 2018, la JUR publicó[2] versiones no confidenciales de los documentos relativos a la resolución del Banco Popular.

3. También en febrero de 2018, la Defensora del Pueblo recibió muchas reclamaciones de antiguos accionistas del Banco Popular sobre el hecho de que la JUR no les había dado acceso privilegiado a los documentos relativos a la resolución del Banco Popular, es decir, un mayor acceso a documentos que el previsto en las normas generales de la UE en materia de acceso público a documentos[3]. Los antiguos accionistas consideraron que tenían derecho a dicho acceso privilegiado como «sujetos de la decisión de la Junta» en virtud del artículo 90.4 del Reglamento 806/2016[4].

La investigación

4. En aras de una mayor eficiencia, la Defensora del Pueblo abrió una investigación de oficio a raíz de las reclamaciones recibidas sobre la forma en que la JUR había tramitado las solicitudes de los reclamantes, presentadas en calidad de personas sujetas a la decisión de la Junta, para tener acceso a los documentos relativos a la resolución del Banco Popular.

5. En el curso de la investigación, la Defensora del Pueblo mantuvo una reunión con los servicios de la JUR en abril de 2018.

Evaluación de la Defensora del Pueblo

6. Durante la reunión de abril de 2018, la JUR informó a la Defensora del Pueblo que la cuestión de si los antiguos accionistas del Banco Popular tienen derecho a un acceso privilegiado a los documentos relativos a la resolución está siendo examinada por el Tribunal General de la UE en el asunto T-16/18[5]. La Defensora del Pueblo ha comprobado que esta información es precisa.

7. De conformidad con el artículo 228 del TFUE[6] y el artículo 2.7 del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo[7], el Defensor del Pueblo no puede examinar reclamaciones cuando los hechos alegados son o han sido objeto de un procedimiento jurisdiccional.

Conclusión

A la luz de lo anterior, la Defensora del Pueblo cierra el asunto sin necesidad de medidas adicionales.

La Junta Única de Resolución será informada de esta decisión, al igual que las personas cuyas reclamaciones dieron lugar a la investigación de oficio.

 

Emily O'Reilly

Defensora del Pueblo Europeo

Hecho en Estrasburgo el 16/07/2018

 

[1] Disponible en lengua inglesa en: https://srb.europa.eu/en/node/315

[2] https://srb.europa.eu/en/node/483

[3] Véase el Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1531494844133&uri=CELEX:32001R1049

[4] De conformidad con el Artículo 90 «Las personas sujetas a las decisiones de la Junta tendrán derecho a acceder a su expediente, a reserva del interés legítimo de terceros en la protección de sus secretos comerciales. El derecho de acceso al expediente no se extenderá a la información confidencial ni a los documentos preparatorios internos de la Junta».

[5]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199982&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=331854

[6] Con arreglo al Artículo 228 TFUE «[...] el Defensor del Pueblo llevará a cabo las investigaciones que considere justificadas, bien por iniciativa propia, bien sobre la base de las reclamaciones recibidas directamente o a través de un miembro del Parlamento Europeo, salvo que los hechos alegados sean o hayan sido objeto de un procedimiento jurisdiccional[...]».

[7] https://www.ombudsman.europa.eu/es/resources/statute.faces