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Decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre la reclamación 1349/2003/JMA contra la Comisión Europea


Estrasburgo, 7 de junio de 2004

Estimado Sr. M.:

El 30 de abril de 2003, presentó Ud. una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo en representación de la organización medioambiental "AGADEN Bahía". Su reclamación se dirigía contra la Comisión Europea. En la misma, denuncia Ud. la decisión adoptada por la Comisión el 17 de enero de 2002 por la que se archivaba su queja formal ante esa institución (referencia: 99/4873), relativa a la negativa del "Consejo Superior de Investigaciones Científicas" (CSIC) a dar trámite a su solicitud de acceso a cierta información de carácter ambiental, lo que, en su opinión, vulneraba las disposiciones de la Directiva 90/313/CEE sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente.

Con fecha de 12 de marzo de 2003, Ud. ya había presentado una reclamación al Defensor del Pueblo (referencia 511/2003/VJ), relativa al mismo asunto. Su anterior reclamación había sido considerada inadmisible el 23 de abril de 2003 en razón a que, de la información facilitada en la misma, no se desprendía que Ud. hubiese llevado a cabo las preceptivas gestiones administrativas previas.

El 24 de julio de 2003, di traslado de su reclamación al Presidente de la Comisión. El 9 de septiembre de 2003, la Comisión envió su informe, que le fue remitido, junto con una invitación a formular sus observaciones. Recibí sus observaciones el 17 de noviembre de 2003.

Me permito escribirle para informarle del resultado de las investigaciones efectuadas.


RECLAMACIÓN

En abril de 2003, el demandante presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo contra la Comisión Europea. Los hechos eran, en resumen, los siguientes:

El 20 de enero de 1999, el demandante solicitó poder acceder a cierta información de carácter ambiental al "Consejo Superior de Investigaciones Científicas" (CSIC), un organismo público dependiente del Ministerio de Educación. La información solicitada incluía los programas de investigación del CSIC en curso sobre el control y la protección de una especie animal, el lince ibérico. En particular, el demandante solicitaba información sobre la duración y el alcance de dichos programas, los métodos empleados para la captura de esa especie, los controles aplicados y la índole de los procedimientos de evaluación del riesgo llevados a cabo por el CSIC, los datos científicos actuales, los resultados de toda necropsia de linces capturados y las conclusiones finales de todo programa de investigación. En su respuesta del 5 de abril de 1999, el CSIC realizaba una serie de observaciones generales que, en opinión del solicitante, no daban respuesta a su petición.

Al considerar el demandante que el CSIC estaba obligado a concederle acceso a la información solicitada con arreglo a la normativa comunitaria vigente, en especial la Directiva 90/313/CEE sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, presentó una queja formal ante la Comisión el 29 de julio de 1999. Tras el registro formal de la misma con el número 99/4873, los servicios de la Comisión iniciaron una investigación al respecto. El 20 de diciembre de 2001, dichos servicios concluyeron que no había motivos para proseguir la investigación y decidieron archivar el caso. El demandante fue informado de esta decisión mediante carta de 25 de enero de 2002.

En su reclamación al Defensor del Pueblo, el demandante denunciaba que la decisión de la Comisión de archivar su queja contra las autoridades españolas por su negativa a conceder acceso a la información de carácter ambiental solicitada se había adoptado sin tener debidamente en cuenta las disposiciones de la Directiva 90/313/CEE y, además, que las razones alegadas eran inadecuadas.

En resumen, el demandante alegaba que la decisión de la Comisión de 17 de enero de 2002 de archivar la queja formal presentada a dicha institución no estaba suficientemente motivada y no tenía adecuadamente en cuenta las disposiciones de la Directiva 90/313/CEE.

INVESTIGACIÓN

Informe de la Comisión

En su informe, la Comisión describió los antecedentes del caso, en particular cómo se había desarrollado el intercambio de correspondencia entre el demandante, sus servicios y las autoridades españolas.

La Comisión indicó que, tras recibir la queja contra las autoridades españolas, sus servicios enviaron un acuse de recibo al demandante el 24 de agosto de 1999. El 21 de octubre de 1999, sus servicios solicitaron del demandante si éste había formulado una petición a una administración o tribunal nacional. Mediante carta de 8 de noviembre de 1999, el demandante explicó que no había impugnado la decisión adoptada por el CSIC. El 3 de julio de 2000, los servicios de la Comisión se dirigieron a las autoridades españolas, informándoles de la queja y solicitando sus comentarios al respecto. El 10 de agosto de 2000, las autoridades españolas facilitaron la información solicitada. El 26 de octubre de 2001, los servicios de la Comisión informaron al demandante del contenido de la respuesta española y le explicaron que, en su opinión, la situación no constituía una infracción de la legislación comunitaria. A la luz de estos resultados, los servicios de la Comisión informaron al demandante de que se proponían recomendar a la Comisión que archivara el caso y le invitaron a presentar sus observaciones. En ausencia de todo comentario por parte del demandante, la Comisión archivó el caso el 20 de diciembre de 2001. El demandante fue informado de esta decisión por carta de 17 de enero de 2002.

En lo que respecta a las alegaciones concretas formuladas en la reclamación al Defensor del Pueblo, la institución argumentaba que las respuestas ofrecidas por las autoridades españolas a su petición del 29 de marzo de 1999 eran satisfactorias. Al parecer, se había respondido de modo bastante exhaustivo, si bien es cierto que las respuestas referentes a los métodos, las evaluaciones de impacto, los datos científicos y los informes sobre necropsias eran de índole muy general. En opinión de la Comisión, cabe dudar que las autoridades españolas hubieran podido proporcionar información más detallada sobre estos aspectos. En lo que se refiere, por ejemplo, a la existencia de informes escritos relativos a las necropsias, la Comisión señalaba que la mayoría de los Estados miembros no tienen los suficientes recursos para disponer de esta información.

La Comisión destacaba que el demandante no había intentado llevar adelante este asunto ante las autoridades españolas, sino que se había limitado a recurrir a sus servicios.

La Comisión explicó que, en sus contactos con el demandante, sus servicios habían dejado claro que el artículo 4 de la Directiva 90/313/CEE dispone expresamente que la persona cuya solicitud de información no haya recibido respuesta, podrá presentar un recurso judicial o administrativo de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional en la materia. La institución señalaba que, en los casos relativos a la aplicación de la Directiva 90/313/CEE por parte de los Estados miembros, había procurado hacer uso de sus facultades en virtud del artículo 226 del Tratado CE únicamente cuando la reclamación se refiere a cuestiones de carácter horizontal.

A tenor de los argumentos anteriores, la Comisión concluía que sus servicios habían gestionado correctamente la reclamación presentada por el demandante.

Observaciones del demandante

En sus observaciones sobre el informe de la Comisión, el demandante reiteró las alegaciones formuladas en su reclamación. En su opinión, la respuesta dada por las autoridades españolas a la petición de la Comisión había sido inadecuada y, por tanto, consideraba que la institución no debería haberla encontrado satisfactoria.

El demandante argumentaba que la postura de la Comisión era injustificable, pues no todos los ciudadanos pueden hacer frente a los gastos económicos que supone incoar un proceso judicial. En su opinión, las disposiciones de la Directiva 90/313/CEE le conceden un derecho que las autoridades españolas no habían respetado y, en consecuencia, la Comisión debería haber intervenido.

DECISIÓN

1 Razones en las que se basa la decisión de la Comisión de archivar la queja

1.1 El demandante alega que la decisión de la Comisión de 17 de enero de 2002 por la que se archivaba su queja no estaba suficientemente motivada y no tenía debidamente en cuenta las disposiciones de la Directiva 90/313/CEE.

En opinión del demandante, la respuesta dada por las autoridades españolas a la Comisión había sido inadecuada y, por tanto, la institución no debería haberla encontrado satisfactoria.

1.2 La Comisión argumenta que todas las preguntas formuladas por sus servicios en su petición del 29 de marzo de 1999 acerca de la cuestión objeto de queja habían recibido una contestación exhaustiva y, además, que las respuestas dadas por las autoridades españolas a su petición fueron satisfactorias.

1.3 En lo que concierne al razonamiento ofrecido por la Comisión, el Defensor del Pueblo señala que el derecho a una buena administración establecido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea impone a la Administración la obligación de motivar sus decisiones. Tal como reconoce el propio Código de buena conducta administrativa de la Comisión, el deber de justificar las decisiones implica que una decisión de la Comisión debe exponer claramente las razones en que se basa(1).

1.4 El Defensor del Pueblo constata que, como parte de la información facilitada en el transcurso de esta investigación, la Comisión envió copia de su carta al demandante de 26 de octubre de 2001, en la que informaba a éste del propósito de la institución de archivar el caso. Los servicios de la Comisión resumían en la carta los antecedentes fácticos y jurídicos de la reclamación, y el contenido de su petición de información a las autoridades españolas fechada el 29 de marzo de 1999. La carta describía con detalle las razones dadas por las autoridades españolas para denegar en parte la solicitud del demandante, en concreto que ésta incluía informaciones sobre evaluaciones del riesgo y soluciones alternativas, las cuales no podían considerarse relativas al medio ambiente; que se refería a actuaciones inacabadas y a hechos pasados; y que tales informaciones habían sido proporcionadas por un tercero que tenía derechos de propiedad sobre su obra.

Habiendo considerado estos argumentos, la Comisión concluía lo siguiente:

"En lo que respecta al caso concreto objeto de este expediente de queja, se comprueba que las autoridades españolas han respondido a la solicitud de información planteada ofreciendo una serie de informaciones y datos, y también remitiéndose a otras vías para obtenerlos. Las autoridades españolas han alegado algunas de las causas recogidas en el artículo 3 de la Directiva 90/313/CEE para explicar porqué no se han podido facilitar todas estas informaciones. Asimismo, se comprueba que la decisión de las autoridades españolas no ha sido recurrida por el solicitante.

[S]obre la base de las informaciones que obran en poder de los servicios de la Comisión, no ha sido posible identificar una violación de las obligaciones resultantes del Derecho Comunitario de medio ambiente aplicable al caso que nos ocupa [...]."

1.5 A tenor de lo anterior, el Defensor del Pueblo considera que la explicación dada por la Comisión para justificar el archivo de la queja, esto es que según la información de la que disponía no hubo infracción de la legislación comunitaria por parte de las autoridades españolas, exponía de manera clara e inequívoca los motivos de su decisión, de modo que se comunicaban al demandante las razones de la misma, permitiéndole así defender sus derechos.

1.6 El Defensor del Pueblo constata que en su correspondencia con el demandante, la Comisión también le informó de los recursos posibles a nivel nacional. El Defensor del Pueblo considera que fue adecuado y útil que la Comisión ofreciera esta información y que lo hiciera de tal modo que se distinguiera claramente este punto de su conclusión en el sentido de que no había habido infracción de la legislación comunitaria por parte de las autoridades españolas.

1.7 El Defensor del Pueblo concluye, por consiguiente, que el razonamiento de la Comisión no parece insuficiente.

1.8 En lo que concierne al fondo de la cuestión, el Defensor del Pueblo indica que el objeto de la Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente(2) es asegurar el libre acceso a la información sobre medio ambiente en posesión de las autoridades públicas y la libre difusión de la misma. En consecuencia, las autoridades públicas de todos los Estados miembros están obligadas a poner la información relativa al medio ambiente a disposición de cualquier persona física o jurídica que lo solicite y sin que dicha persona esté obligada a probar un interés determinado. Este tipo de información se limita a los datos sobre el estado de las aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora, las tierras y los espacios naturales, y sobre las actividades o medidas que puedan afectarles. Sin embargo, las autoridades públicas pueden denegar el acceso a determinada información de carácter ambiental. El artículo 3 de la Directiva establece una serie de excepciones basadas, entre otros factores, en la confidencialidad de las deliberaciones, la existencia de asuntos que sean objeto de pesquisas, los secretos comerciales e industriales, datos personales y datos proporcionados por un tercero.

1.9 Habiendo considerado tanto las disposiciones aplicables de la Directiva 90/313/CEE como las pruebas documentales facilitadas por las partes en el transcurso de la investigación, el Defensor del Pueblo concluye que la decisión de la Comisión según la cual, en razón de la información de que la que disponía, no había habido infracción alguna de la legislación comunitaria por las autoridades españolas, parece razonable.

Por consiguiente, el Defensor del Pueblo no constata mala administración en relación a este caso.

2 Conclusión

Sobre la base de las investigaciones del Defensor del Pueblo acerca de la presente reclamación, no parece que se haya producido un caso de mala administración por parte de la Comisión Europea. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo decide archivar el asunto.

El Presidente de la Comisión será también informado de la presente decisión.

Le saluda atentamente,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Sección 3, Anexo, Decisión de la Comisión, de 17 de octubre de 2000, por la que se modifica su Reglamento interno (DO L 267, 20.10.2000, p. 63).

(2) DO L 158, 23.6.1990 p. 56.