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Decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre la reclamación 1187/2003/JMA contra la Comisión Europea


Estrasburgo, 5 de mayo 2004

Estimado Sr. A.:

El 24 de junio de 2003 presentó Ud. una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo contra la Comisión Europea referida a la decisión del Tribunal de selección del concurso interno COM/TB/99 de no incluirle entre los 60 mejores candidatos.

El 24 de Julio de 2003, transmití su reclamación al Presidente de la Comisión Europea. Recibí el informe de la Comisión el 6 de octubre de 2003, dándole traslado del mismo e invitándole a que formulara sus observaciones. Recibí sus observaciones el 5 de diciembre de 2003.

Por la presente, me sirvo comunicarle los resultados de las investigaciones efectuadas.


RECLAMACIÓN

De acuerdo con el demandante, los hechos son, en síntesis, los siguientes:

Con fecha de 5 de julio de 1999, la Comisión publicó la convocatoria de oposición restringida COM/TB/99 para crear una lista de reserva destinada a cubrir, entre otros, diversos puestos de asistente B3/B2. El demandante presentó su solicitud que fue registrada con el número 00458. En la misma, así como en su currículum vítae, el demandante indicó que su lengua materna era el español y que, asimismo, tenía un conocimiento alto de las lenguas inglesa y portuguesa. Tal como se establecía en la convocatoria, los candidatos que superaran con éxito las pruebas escritas tendrían que realizar una entrevista oral, a partir de la cual el Tribunal de selección elegiría a los 60 mejores candidatos y los incluiría en la lista de reserva del concurso-oposición.

Tras superar la prueba escrita, se invitó al demandante a participar en una entrevista oral ante el Tribunal de selección que tuvo lugar el 29 de junio de 2000. El 29 de julio de 2000, se informó al demandante de que la puntuación obtenida en la prueba oral era de 23 puntos sobre un total de 50. Dado que la puntuación mínima exigida para superar la prueba equivalía a 25 puntos, el Tribunal de selección le informó de que su nombre no podría incluirse en la lista de reserva del concurso-oposición.

El 8 de agosto de 2000, el demandante presentó un recurso ante el Tribunal de selección en el que aducía que desconocía los criterios empleados para la evaluación de sus capacidades lingüísticas y señalaba que no se le había formulado ninguna pregunta en portugués durante el examen oral. El 2 de septiembre de 2000, el Tribunal de selección confirmó su decisión previa de 19 de julio de 2000.

El demandante interpuso en consecuencia un recurso formal ante la Comisión con fecha de 14 de noviembre de 2000. La respuesta de la Comisión de 25 de junio de 2001, confirmó la posición adoptada por el Tribunal de selección y desestimó el recurso. En dicha respuesta se señalaba que todos los candidatos habían sido evaluados conforme a idénticos criterios. Dado que el concurso-oposición no estaba destinado a la selección de lingüistas, el Tribunal de selección había decidido examinar a todos los candidatos en su lengua materna y en su segunda lengua comunitaria.

El demandante adujo que en el proceso de selección de los candidatos, el Tribunal de selección aplicó una serie de criterios restrictivos que vulneraban las bases de la convocatoria. En particular, el demandante aludió al limitado número de idiomas que se evaluaron durante la prueba oral. La convocatoria del concurso se refería a las capacidades lingüísticas de los candidatos como uno de los criterios relevantes y, por tanto, el Tribunal de selección debería haber tenido en cuenta el conocimiento de idiomas. Al no hacerlo, el Tribunal no había contemplado el principio de igualdad de trato, dado que no había evaluado debidamente el conocimiento de otros idiomas por parte de algunos candidatos.

En su reclamación al Defensor del Pueblo, el demandante afirmaba, en síntesis, que el Tribunal de selección no cumplió las condiciones establecidas en la convocatoria del concurso-oposición dado que durante la entrevista oral, sus miembros no le formularon pregunta alguna destinada a evaluar sus capacidades lingüísticas.

INVESTIGACIÓN

Informe de la Comisión Europea

En su informe, la Comisión recordó los hechos del caso.

La institución describió los esfuerzos efectuados por el Tribunal de selección a fin de garantizar el respeto del principio de no discriminación. Señaló asimismo que los criterios de evaluación de los candidatos fueron establecidos antes de la realización de las pruebas.

En cuanto a la evaluación de los conocimientos lingüísticos de los candidatos, el Tribunal de selección decidió entrevistarlos a todos primero en su lengua madre para, posteriormente, evaluar los conocimientos de la segunda lengua indicada en sus respectivas solicitudes. En vista de que la convocatoria del concurso-oposición no proporcionaba más detalles en relación con la evaluación lingüística, el Tribunal de selección aplicó los criterios establecidos en el Estatuto de los funcionarios, conforme a los que los candidatos deben poseer un conocimiento exhaustivo de una lengua comunitaria y un conocimiento satisfactorio de otra de ellas, en la medida necesaria para el desempeño de las funciones que puedan ser llamados a ejercer.

Las preguntas formuladas a los candidatos por parte del Tribunal de selección pretendían facilitar la evaluación de sus capacidades de expresión oral y, desde un plano más general, su aptitud para desempeñar sus obligaciones futuras como funcionarios de la Comunidad.

La Comisión explicó que el currículum vítae que los candidatos debían presentar junto a su solicitud, no estaba destinado a la evaluación por parte del Tribunal de selección sino que se transmitía a los servicios de la Comisión, dada la posibilidad de que el nombre del candidato hubiera de incluirse en la lista de reserva de la oposición.

Observaciones del demandante

En sus observaciones, el demandante repitió las afirmaciones expuestas en su reclamación. Subrayó que, aunque el Tribunal de selección había justificado la evaluación de las capacidades lingüísticas de los candidatos en virtud del artículo 28 del Estatuto de los funcionarios, dicha disposición establece únicamente los requisitos mínimos que los funcionarios comunitarios deben cumplir. Según el demandante, al limitarse a dichos requisitos mínimos, el Tribunal de selección no había evaluado sobre las mismas base los méritos de cada candidato. El demandante concluía que no se había respetado el principio de igualdad, ya que no se había tenido en cuenta los méritos de los candidatos que poseían conocimientos lingüísticos superiores a los exigidos por los criterios mínimos establecidos en el Estatuto de los funcionarios.

DECISIÓN

1. Evaluación de los conocimientos lingüísticos de los candidatos

1.1 El demandante alega que el Tribunal de selección no cumplió las condiciones establecidas en la convocatoria del concurso-oposición, en tanto que durante la entrevista oral, sus miembros no le formularon pregunta alguna tendente a evaluar sus conocimientos lingüísticos. Asimismo, el demandante arguye que el Tribunal de selección limitó su evaluación de las capacidades lingüísticas de los candidatos únicamente a dos idiomas, lo que vulnera lo establecido en la convocatoria.

1.2 La Comisión argumenta que, en ausencia de una formulación más clara en lo tocante a los requisitos de evaluación lingüística contenidos en la convocatoria de la oposición, el Tribunal de selección aplicó los criterios establecidos en el Estatuto de los funcionarios, conforme a los que los candidatos deben poseer un conocimiento exhaustivo de una lengua comunitaria y un conocimiento satisfactorio de otra de ellas, en la medida necesaria para el desempeño de las funciones que puedan ser llamados a ejercer.

1.3 El Defensor del Pueblo señala que, conforme a la jurisprudencia establecida, el Tribunal de selección goza de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto a la determinación de los requisitos y el contenido detallado de las pruebas que se efectúan en el marco de un concurso(1). El contenido detallado de una prueba no puede ser objeto de verificación judicial a no ser que rebase los límites establecidos en la convocatoria del concurso, o que esté en conflicto con los objetivos de la prueba o del concurso(2).

1.4 En vista de la información que el Defensor del Pueblo ha recabado en el transcurso de su investigación, parece que el objetivo y el contenido de la prueba oral del concurso, tal como se establece en la sección IV de la convocatoria, son los siguientes:

"La prueba oral consistirá en una entrevista que el Tribunal de selección efectuará a los candidatos admitidos en esta fase del concurso.

Con dicha entrevista se tratará de examinar la expresión oral y la capacidad de los candidatos (incluida la lingüística) para ejercer las funciones descritas en la sección I de la convocatoria […].”

La sección I de la convocatoria describe la naturaleza de las tareas que deben llevar a cabo los funcionarios comunitarios de categoría B5/B4 (asistente adjunto), B3/B2 (asistente) y B1 (asistente principal). En dicha disposición no se alude a la necesidad de cumplir unas condiciones lingüísticas específicas basadas en el interés del servicio.

Los conocimientos lingüísticos exigidos por el Estatuto de los funcionarios con el fin de poder ejercer las funciones que desempeña normalmente un funcionario comunitario se establecen en la letra f) del artículo 28, en la que se dispone que el candidato deberá poseer:

"el conocimiento en profundidad de una de las lenguas de las Comunidades y un conocimiento satisfactorio de otra de ellas, en la medida necesaria para el desempeño de las funciones que puedan ser llamados a ejercer."

1.5 Tras verificar las disposiciones enunciadas en la convocatoria del concurso, el Defensor del Pueblo señala que en parte alguna del texto se hace referencia ni a los conocimientos lingüísticos de los candidatos, ni a otros requisitos lingüísticos particulares que hubieran debido tenerse en cuenta en vista de la naturaleza de los puestos vacantes.

A tenor de la formulación de la convocatoria del concurso, el Defensor del Pueblo considera que el Tribunal de selección no excedió su autoridad legal al decidir que, en lo que respecta a la evaluación de las capacidades lingüísticas de los candidatos, los criterios establecidos en el Estatuto de los funcionarios según los cuales los candidatos estaban obligados únicamente a poseer un conocimiento exhaustivo de una lengua comunitaria y un conocimiento satisfactorio de otra de ellas, debían aplicarse por analogía. En razón a todo ello, el Defensor del Pueblo concluye que no ha habido mala administración por parte de la Comisión Europea en relación a este asunto.

2. Conclusión

Sobre la base de las investigaciones del Defensor del Pueblo en esta reclamación, no se constató mala administración por parte de la Comisión Europea. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo ha decidido proceder al archivo de este asunto.

El Presidente de la Comisión también será informado de esta decisión.

Le saluda atentamente,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Véase el asunto T-132/89 Gallone contra Consejo, [1990] ECR II-549, párrafo 27.

(2) Véanse los asuntos relacionados 64, 71 a 73 y 78/96 Sergio y otros contra Comisión, [1988] ECR 1399, párrafo 22 y el asunto T-156/89 Valverde Mordt contra Tribunal de Justicia, [1991] ECR II-407, párrafo 121.