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Decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre la reclamación 579/99/JMA contra el Consejo de la Unión Europea


Estrasburgo, 5 de septiembre del 2001

Estimado Sr. X:

El 26 de mayo de 1999 presentó Ud. una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo alegando el carácter discriminatorio de la Decisión 1999/307/CE del Consejo relativa a la integración de los miembros de la Secretaría de Schengen por parte del Consejo de la Unión Europea. Dado que la Decisión en cuestión se aplicó únicamente al personal de Schengen contratado antes del 2 de octubre de 1997, a Ud. no se le permitió participar en dicho proceso.

El 18 de junio de 1999 transmití la reclamación a la Secretaría General del Consejo, cuyo informe me fue remitido el 14 de octubre de 1999. Le envié dicho informe el 5 de noviembre de 1999, invitándole a realizar las observaciones que considerase pertinentes, en particular respecto uno de los puntos subrayados por el Consejo, a saber, que el Tribunal de Primera Instancia estaba tratando entonces dos casos cuyo contenido parecía estar muy relacionado con su reclamación (asuntos T-164/99 y T-166/99). El 6 de diciembre de 1999 recibí sus observaciones.

El 6 de enero de 2000 le informé de mi decisión de suspender las investigaciones sobre la reclamación hasta que el Tribunal de Primera Instancia hubiera dictado sentencia en los dos casos. Las sentencias del Tribunal de Primera Instancia fueron adoptadas en ambos casos el 27 de junio de 2001.

Me dirijo a usted para informarle sobre el resultado de las investigaciones llevadas a cabo.


RECLAMACIÓN

El 13 de enero de 2000 el demandante presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, que fue registrada con el número de referencia 534/99/JMA. En la misma alegaba que la Decisión 1999/307/CE del Consejo de 1 de mayo de 1999, por la que se establecieron las modalidades precisas para la integración de la Secretaría de Schengen en la Secretaría General del Consejo [en lo sucesivo, la Decisión del Consejo], era arbitraria y discriminatoria, debido a que el apartado (e)(i) de su Artículo 3 excluía al personal de la Secretaría de Schengen contratado después del 2 de octubre de 1997. El demandante presentó diversos argumentos para apoyar su demanda.

En razón de la información facilitada por el demandante en su carta, no parecía que se hubiera llevado a cabo ningún trámite administrativo previo ante la institución responsable. De conformidad con el apartado 4 del Artículo 2 del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, la reclamación se declaró inadmisible y el Defensor del Pueblo Europeo decidió archivar el caso.

El demandante, no obstante, volvió a enviar información complementaria el 25 de mayo de 1999, en la que explicaba que ya se había dirigido a la Secretaría General del Consejo denunciando el carácter discriminatorio de la Decisión del Consejo. Sobre la base de estas nuevas informaciones, el Defensor del Pueblo Europeo decidió abrir una nueva reclamación (579/99/JMA) e iniciar una investigación al respecto. La nueva información incluía copia de la correspondencia que el demandante había mantenido con las Representaciones Permanentes de varios Estados miembros, así como con la Secretaría General del Consejo.

En resumen, el demandante solicitaba en su reclamación ante el Defensor del Pueblo que el Consejo reconsiderase su decisión de excluirlo del proceso de integración en la Secretaría General del Consejo, pese a haber iniciado sus funciones en la Secretaría de Schengen después del 2 de octubre de 1997.

INVESTIGACIÓN

Informe del Consejo de la Unión Europea

El Consejo indicó, a título preliminar, que la reclamación no entraba dentro de las competencias del Defensor del Pueblo Europeo. Así, argumentó que el demandante había invocado la ilegalidad de una Decisión del Consejo, esto es de un acto con efecto general adoptado por la institución en calidad de instancia legislativa, no como Autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Además, el Consejo subrayó que ya la posible ilegalidad de la Decisión estaba también siendo considerada por el Tribunal de Primera Instancia en el marco de varias demandas que habían sido introducidas ante esa institución (asuntos T-164/99 y T-166/99).

El Consejo explicó que después del 1 de mayo de 1999, todas las decisiones respecto a este tema adoptadas por la Secretaría General del Consejo en calidad de Autoridad facultada para proceder a los nombramientos tenían como objetivo aplicar la Decisión impugnada. El Consejo concluyó que el resultado de las demandas judiciales en curso era fundamental para determinar si la Secretaría General del Consejo debía cambiar su posición respecto a este tema.

Observaciones del demandante

En sus observaciones el demandante se refirió de nuevo a los argumentos esgrimidos en su reclamación.

En cuanto a los casos pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia, el demandante explicó que conocía las demandas, y que había estado en contacto con uno de los demandantes. No estaba seguro, sin embargo, de las implicaciones que las sentencias en ambos litigios pudieran tener respecto a su reclamación.

INVESTIGACIONES ADICIONALES

Decisión del Defensor del Pueblo Europeo de suspender el examen de la reclamación

En el curso de las investigaciones del Defensor del Pueblo Europeo, se puso de manifiesto la existencia de dos demandas contra el Consejo de la Unión Europea ante el Tribunal de Primera Instancia (asuntos T-164/99 y T-166/99), cuyo fundamento jurídico era idéntico al de la reclamación presentada ante el Defensor del Pueblo Europeo.

Pese a que la diferente identidad de los litigantes en los casos ante el Tribunal de Primera Instancia y del demandante de la reclamación presentada ante el Defensor del Pueblo Europeo, en ambos casos se planteaban idénticas cuestiones jurídicas. A la vista de estas circunstancias, el Defensor del Pueblo Europeo decidió el 6 de enero de 2000 suspender sus investigaciones sobre la reclamación hasta que el Tribunal de Primera Instancia dictara sentencia en los dos casos en curso.

Sentencias del Tribunal de Primera Instancia en los dos asuntos de referencia

El 27 de junio de 2001 el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en los asuntos T-164/99 y T-166/99.

La demanda T-164/99, resuelta de forma conjunta con los asuntos T-37/00 y T-38/00, había sido interpuesta, entre otros, por un funcionario del Consejo y un candidato admitido en un concurso general organizado por el Consejo. Los demandantes alegaban que la Decisión 1999/307/CE del Consejo de 1 de mayo de 1999, por la que se establecían las modalidades precisas para la integración de la Secretaría de Schengen en la Secretaría General del Consejo, era ilegal, y, por consiguiente, debía ser anulada. Estos eran sus argumentos: (i) que su adopción infringía el Protocolo del Tratado de Amsterdam por el que se integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea (Art. 7: integración de las funciones de la Secretaría de Schengen), varias disposiciones del Estatuto de los Funcionarios (Arts. 7, 10, 27 y 29: contratación de funcionarios comunitarios por concurso), la jerarquía de normas jurídicas y el principio de no discriminación, y, (ii) que estaba viciada por un error de Derecho. Tras haber estudiado los argumentos de las partes el Tribunal rechazó todas las alegaciones en favor de la anulación y desestimó las causas.

El caso T-166/99 fue interpuesto por antiguos miembros del personal de la Secretaría de Schengen. También solicitaban la anulación de la Decisión 1999/307/CE del Consejo. El Consejo, no obstante, propuso una excepción de inadmisibilidad y pidió al Tribunal que sobreseyera la causa sin estudiar los argumentos principales de los demandantes. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que no se podía considerar que la decisión impugnada afectara individualmente a los demandantes, y por consiguiente desestimó la causa.

DECISIÓN

1 Competencia del Defensor del Pueblo Europeo para declarar admisible el caso

1.1 Según el Consejo, el Defensor del Pueblo Europeo carece de competencias para tratar la reclamación presentada por el demandante, en tanto que la misma cuestionaba la legalidad de una Decisión del Consejo, que es un acto de efecto general adoptado por la institución en calidad de instancia legislativa, no como autoridad facultada para proceder a los nombramientos.

1.2 El Defensor del Pueblo Europeo debe señalar que de conformidad con el Artículo 195 del Tratado CE, está facultado para investigar posibles casos de mala administración en las actividades de las instituciones y organismos comunitarios, a excepción del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia cuando desempeñan funciones judiciales. El Defensor del Pueblo Europeo recuerda que, según la definición de mala administración, adoptada mediante una resolución del Parlamento Europeo, ésta tiene lugar cuando un organismo público no actúa conforme a una norma o principio que le es vinculante.

En el caso presente, el demandante había alegado que el Consejo infringió un principio general del derecho comunitario que excluye la discriminación arbitraria. El Defensor del Pueblo Europeo considera por ello que está facultado para tratar la reclamación como una acusación de mala administración.

2 Fecha fijada para la integración de la Secretaría de Schengen

2.1 El demandante argumenta que la Decisión 1999/307/CE del Consejo de 1 de mayo de 1999, por la que se establecen las modalidades precisas para la integración de la Secretaría de Schengen en la Secretaría General del Consejo, es arbitraria y discriminatoria, ya que el apartado (e)(i) de su Artículo 3 no permite que se integre al personal de la Secretaría de Schengen que había sido contratado después del 2 de octubre de 1997.

2.2 El Consejo explicó que todas las decisiones de su Secretaría General relativas al personal de la Secretaría de Schengen se habían tomado en aplicación de la Decisión 1999/307/CE del Consejo. Señaló que la ilegalidad de dicha decisión ya se había alegado mediante varias demandas ante el Tribunal de Primera Instancia (asuntos T-164/99 y T-166/99). Por ello, el Consejo concluyó que consideraba fundamental el resultado de los procesos judiciales para determinar el contenido de la reclamación.

2.3 En el curso de las investigaciones del Defensor del Pueblo Europeo, se puso de manifiesto la existencia de dos asuntos en curso ante el Tribunal de Primera Instancia y dirigidos contra el Consejo de la Unión Europea (asuntos T-164/99 y T-166/99), cuyos argumentos jurídicos parecían idénticos a los presentados en la reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo.

Pese a que la diferente identidad de los demandantes en los asuntos ante el Tribunal de Primera Instancia y del demandante de la reclamación presentada ante el Defensor del Pueblo Europeo, en ambos casos se habían planteado similares cuestiones jurídicas. En estas circunstancias, y en virtud del apartado 7 del Artículo 2 de su Estatuto, el Defensor del Pueblo Europeo decidió el 6 de enero de 2000 suspender sus investigaciones sobre la reclamación, hasta que el Tribunal de Primera Instancia dictara sentencia en los dos asuntos referidos anteriormente.

2.4 El 27 de junio de 2001, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en los asuntos T-164/99 y T-166/99. En su sentencia en el asunto T-164/99, emitida de forma conjunta con los asuntos T-37/00 y T-38/00, el Tribunal consideró la cuestión de si el Consejo había actuado de forma arbitraria y/o discriminatoria al fijar la fecha de 2 de octubre de 1997, como momento temporal a partir del cual el nuevo personal contratado por la Secretaría de Schengen no podría integrarse en la Secretaría General del Consejo. El Tribunal de Primera Instancia realizó las siguientes consideraciones:

74. "Procede señalar que el 2 de octubre de 1997 es el día en que se firmó el Tratado de Amsterdam, que incluye el Protocolo. Por tanto, en dicha fecha quedó evidenciado que, sin perjuicio de la ratificación ulterior del referido Tratado, el personal de la Secretaría de Schengen se integraría en la Secretaría General del Consejo, con arreglo a las modalidades precisas que éste debía establecer.

75. En tales circunstancias, no cabe reprochar al Consejo que determinara, en el régimen de contratación autónomo creado mediante la Decisión 1999/307, la categoría de personas que podían beneficiarse de dicha integración al fijar el 2 de octubre de 1997 como fecha del inicio del periodo en el que dichas personas debían estar empleadas en la Secretaría de Schengen. En efecto, al estar el Consejo facultado para determinar las modalidades de dicha integración independientemente del Estatuto y del RAA teniendo en cuenta la situación de las personas empleadas en la Secretaría de Schengen, podía prevenir un aumento artificial del número de dichas personas tras hacerse notorio el principio de integración el 2 de octubre de 1997. Por consiguiente, no cabe considerar arbitraria la elección de la fecha del 2 de octubre de 1997".

2.5 A la vista de los anteriores pronunciamientos del Tribunal de Primera Instancia, el Defensor del Pueblo Europeo considera que la elección de la fecha de 2 de octubre de 1997, tal y como se establece en el apartado (e)(i) del Artículo 3 de la Decisión 1999/307/CE del Consejo, no puede considerarse arbitraria y/o discriminatoria. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo no ha establecido la existencia de mala administración en relación con este aspecto de la reclamación.

3 Conclusión

Sobre la base de las investigaciones efectuadas por el Defensor del Pueblo en relación con esta reclamación, no se constata ningún caso de mala administración por parte del Consejo de la Unión Europea, por lo que el Defensor del Pueblo ha decidido proceder al archivo del caso.

Se informará también de esta decisión a la Secretaría General del Consejo.

Atentamente,

 

Jacob SÖDERMAN