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Decisión en el asunto 108/2018/FOR en relación con la denegación por parte de la Comisión Europea de acceso a documentos relacionados con un procedimiento de infracción contra España

Available languages: es.en
  • Case: 108/2018/FOR
    Opened on 09 Feb 2018 - Decision on 12 Apr 2018
  • Institution(s) concerned: European Commission

El asunto se refiere a la denegación de acceso, por parte de la Comisión Europea, a documentos relativos a un procedimiento de infracción en curso contra España relacionado con la Directiva marco sobre el agua y la Directiva sobre hábitats.

El reclamante argumentó que existía un “interés público superior” en la divulgación de los documentos.

La Defensora del Pueblo constató que la decisión de la Comisión se ajustaba a las normas aplicables en materia de acceso a documentos. Por lo tanto, la Defensora concluyó que no hubo mala administración por parte de la Comisión y cerró el caso. 

Contexto de la reclamación

1. El 7 de septiembre de 2017, el reclamante, una asociación española, solicitó a la Comisión Europea el acceso al expediente de un procedimiento de infracción abierto contra España (en adelante, «los documentos solicitados»). El procedimiento de infracción en cuestión se refería al cumplimiento de España con la Directiva 92/43/CEE[1] («Directiva sobre hábitats») y la Directiva 2000/60/CE[2] («Directiva marco sobre el agua»), especialmente en lo que respecta al uso excesivo de acuíferos que suministran agua al Parque Nacional de Doñana[3].

2. El 3 de octubre de 2017, la Comisión respondió al reclamante denegándole el acceso a los documentos en cuestión. La Comisión se refirió a una excepción establecida en las normas de la UE en materia de acceso público a documentos (Reglamento 1049/2001)[4], en virtud de la cual se puede denegar el acceso a documentos en aras de la «protección del objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría».

3. El 6 de octubre de 2017, el reclamante solicitó a la Comisión que revisara su decisión (mediante la denominada «solicitud confirmatoria», tal como se establece en el Reglamento 1049/2001).

4. La Comisión respondió el 19 de diciembre de 2017, confirmando su decisión anterior.

5. Insatisfecho con esta respuesta, el reclamante se dirigió a la Defensora del Pueblo. 

La investigación del Defensor del Pueblo Europeo

6. La Defensora abrió una investigación basándose en la inquietud expresada por el reclamante de que la Comisión había cometido un error al denegar acceso al expediente de infracción.

7. La Defensora analizó los argumentos del reclamante, la decisión inicial de la Comisión y su respuesta a la solicitud confirmatoria. La Defensora también inspeccionó el expediente de la Comisión.

Argumentos presentados por el reclamante y la institución

8. El reclamante se refirió a las normas de la UE sobre acceso a información en materia de medio ambiente (Reglamento de Aarhus), en particular la disposición según la cual «se considerará que la divulgación reviste un interés público superior cuando la información solicitada se refiera a emisiones al medio ambiente»[5]. El reclamante consideró que la contaminación por nitratos en las marismas del Parque de Doñana, originada por el uso de pesticidas y actividades agrícolas intensivas, constituye un caso de «emisiones al medio ambiente» en el sentido de esta disposición. Por lo tanto, la Comisión debería dar acceso a los documentos solicitados, ya que existe un interés público superior en su divulgación.

9. La Comisión basó su decisión de denegar el acceso en la jurisprudencia consolidada de la UE con respecto al acceso a los documentos relativos a los procedimientos de infracción en curso[6]. Argumentó que la divulgación de los documentos durante la fase administrativa del procedimiento de infracción socavaría «el clima de confianza mutua» entre la Comisión y el Estado miembro investigado.

10. Además, la Comisión subrayó que la presunción de interés público en la divulgación dispuesta en el Reglamento de Aarhus no se aplica en este caso, ya que los documentos solicitados se refieren a una investigación sobre una posible infracción del Derecho de la UE y no contienen información sobre «emisiones en el medio ambiente».

Evaluación del Defensor del Pueblo Europeo

11. La jurisprudencia de la UE ha dispuesto que, para que un procedimiento de infracción sea efectivo, es necesario garantizar que el procedimiento se lleve a cabo en un «clima de confianza mutua» entre la Comisión y el Estado miembro en cuestión. La divulgación pública de documentos relacionados con el procedimiento de infracción podría, según afirmó el Tribunal, socavar ese clima de confianza mutua. Como tal, la Comisión puede invocar esta presunción general para denegar acceso a documentos relacionados con un procedimiento de infracción en curso.

12. Dado que el procedimiento de infracción contra España sigue en curso, la Defensora acepta que la presunción general de confidencialidad es aplicable a los documentos solicitados. Sin embargo, si la persona o entidad que solicita el acceso a los documentos puede demostrar que existe un interés público superior en la divulgación, dicha presunción general puede ser refutada.

13. El reclamante alega que, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento de Aarhus, existe un interés público superior en la información relacionada con las «emisiones al medio ambiente» y que, por consiguiente, se debe dar acceso público a dicha información.

14. El equipo de investigación del Defensor del Pueblo pudo constatar que el expediente de infracción se refiere a información sobre el supuesto uso excesivo de acuíferos en el Parque Nacional de Doñana. Por lo tanto, no contiene «información referida a emisiones al medio ambiente» en el sentido del artículo 6, apartado 1, del Reglamento de Aarhus.

15. En cualquier caso, cabe señalar que el artículo 6, apartado 1, del Reglamento de Aarhus también establece que la obligación de divulgar información relativa a las emisiones no se aplica a «investigaciones, en particular aquellas relativas a posibles incumplimientos del Derecho comunitario».

16. En consecuencia, la Defensora acepta que la presunción de un interés público superior en la divulgación no es aplicable en este caso.

17. A la luz de lo anterior, la Defensora considera que la decisión de la Comisión de no dar acceso a los documentos solicitados se ajusta a las normas aplicables en materia de acceso a documentos.

Conclusión

Basándose en la investigación, la Defensora del Pueblo archiva el asunto con la siguiente conclusión:

No hubo mala administración por parte de la Comisión Europea al denegar el acceso a los documentos solicitados.  

Se comunicará la decisión al reclamante y a la institución.

 

Emily OʹReilly

Defensora del Pueblo Europeo

Hecho en Estrasburgo el 12/04/2018

 

[1] Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, DO L 206, 22.7.1992, p. 7–50.

[2] Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DO L 327 de 22.12.2000, p. 1-73.

[3] El Parque Nacional de Doñana ocupa la margen derecha del estuario del río Guadalquivir, cerca de su desembocadura en el Océano Atlántico. Es notable por la gran variedad de sus biotopos. Véase http://whc.unesco.org/en/list/685

[4] Artículo 4, apartado 2, tercer guión, del  Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, DO L 145 de 31/05/2001 p. 43.

[5] Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006 , relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, DO L 264 de 25.9.2006, p. 13-19.

[6] Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de noviembre de 2013 en los Asuntos acumulados C-514/11 P y 605/11 P, LPN y República de Finlandia contra Comisión Europea, ECLI:EU:C:2013:738, párrafos 65, 66 y 68 y sentencia del Tribunal de Justica de 16 de julio de 2015 en el caso C-612/13 P ClientEarth contra Comisión Europea, ECLI:EU:C:2015:486, párrafo 79.